Los Mitos del Franquismo.

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Al día de hoy Franquismo no es más que la defensa de los valores nacionales ante la falsificación interesada de la historia de España por parte de la izquierda política, pero también por parte de la derecha conservadora y liberal.

Este blog tratará de esclarecer, recurriendo a diversas fuentes fidedignas, el motivo por el que los políticos españoles continúan luchando contra Franco 41 años después de su muerte en la cama.

Para ello es necesario dar a conocer las motivaciones económicas de nuestra transición política puesto que los mayores pecados del franquismo son aquellos de los que nunca se habla:

Durante el franquismo las multinacionales solo podían instalarse en España si contaban al menos con un 50% de capital español. Lo que impedía el fenómeno de la deslocalización industrial. La Banca estaba controlada, no existía el despido libre y proliferaba el pluriempleo.

España era la 8ª potencia industrial del mundo (con empresas españolas) y la 4ª en construcción de los mayores buques petroleros y cargueros.

Las perspectivas de futuro en 1975 apuntaban claramente que superaríamos a la economía francesa en pocos años (Y si esto tardó tanto en conseguirse fué como consecuencia del boicot internacional). Y además su sistema político afirmaba ser una Democracia Orgánica.

Naturalmente el mundo capitalista no podía permanecer de brazos cruzados.

La costosísima campaña publicitaria de la Transición liderada por el sucesor oficial del “Régimen”, que consiguió desmontar poco a poco todo lo que el Estado Nacional o “Régimen de Franco” significaba desde el punto de vista económico, ideológico, político y espiritual, no nos salió gratis a los españoles ya que tuvimos que compensar los apoyos extranjeros desindustrializándonos con el fin de ser completamente dependientes de EEUU y de las grandes potencias europeas. Así mismo hubieron de reducirse las fuerzas armadas a su mínima expresión para exorcizar el mínimo temor a un “golpe”.

Hoy, falseando los datos, todavía hay quien nos toma por idiotas y afirma que somos una “potencia económica mundial” (concretamente la 18 en Índice de Producción Industrial según Expansión) gracias a las multinacionales extranjeras que compraron las industrias españolas que no se hundieron durante la transición (ENASA-Pegaso, SEAT, INI…), como si lo hubieran hecho para perder dinero y no para llevarse los beneficios.

Gracias también a un concepto elástico de “industria” que parece referirse a pequeñas industrias, transportes, alimentación o talleres más que a la ahora exigua industria pesada.

Y en esto consiste la gran diferencia: ¿A qué llaman Industria? ¿a donde va a parar la riqueza que generan estas industrias? ¿que porción de lo generado en España se escapa al exterior? ¿Por qué la crisis nos afectó 8 veces más que a los países verdaderamente industrializados?

“Obviamente, un estudio sobre la Transición debe aclarar, aun si someramente, su punto de partida, es decir, el franquismo, en torno al cual se ha acumulado una ingente masa de información falsa o dudosa, que en parte he tratado en otros libros, por lo que me limitaré aquí a señalar esquemáticamente algunos errores corrientes:

1. El franquismo nació de un golpe militar contra el Gobierno legítimo de la II República.

Tras las elecciones de febrero de 1936, no democráticas, entre otras cosas por no haberse publicado sus votaciones y porque la huida de los gobernadores civiles en varias provincias dejó toda la documentación electoral en manos del Frente Popular durante vatrios días, comenzó en España un proceso caracterizado por unos trescientos muertos y asesinados y más de mil heridos en sólo cinco meses, el incendio de cientos de iglesias, registros de la propiedad, locales y prensa de derechas, invasión de fincas, huelgas salvajes, eliminación de la independencia judicial, depuración de aparatos del Estado, destitución ilegal del presidente de la república, anulación también ilegal de numerosos escaños ganados por derechistas en las Cortes, y otros muchos fenómenos similares, culminados en el asesinato del líder más significado de la oposición, Calvo Sotelo, por policías y milicianos socialistas.

Así, desde febrero, la legalidad cayó por tierra, abriendo paso a un proceso revolucionario. Contra este, y no contra un Gobierno legítimo, se produjo el alzamiento derechista de julio del 36. 
Pío Moa: “La transición de cristal” Libros Libres. 

Hay que recordar que ya anteriormente las izquierdas, valiéndose del Presidente de la República, no permitieron gobernar al derechista Gil Robles pese a tener una mayoría a su favor en el Congreso. La excusa es que “ponía en peligro la continuidad de la República”.

a)    El escrutinio de los votos fue falseado al realizarse bajo violencias y presiones amenazantes de las izquierdas, como reconocen claramente Azaña (ambiente de “motines”, señala este) o Alcalá-Zamora, entre otros. Por lo demás, nunca se publicaron recuentos fiables de los votos, ofreciendo los historiadores estimaciones muy disímiles. Este mero hecho ya destruye todo el argumentario legalista o democrático izquierdo-separatista. Como observa Stanley Payne, da la puntilla al último de los grandes mitos del siglo XX,

b)    El proceso no se limitó a las votaciones del 16 de febrero sino, que, en rigor, continuó hasta la destitución de Alcalá-Zamora, el 7 de abril, con nuevos fraudes en la segunda vuelta electoral, robo de escaños a las derechas en una “revisión de actas” con derroche de una brutal demagogia, y nuevas lecciones en Granada y Cuenca bajo el signo de coacciones realmente mafiosas.

c)     La destitución de Alcalá-Zamora, asimismo ilegal desde todo punto de vista, coronó el proceso de liquidación de la república. Aunque tuvo algo de justicia poética, pues aquel botarate había sido el principal causante de la situación creada. El régimen fue titulado “república de profesores” por la posterior propaganda comunista, pero “república de botarates” podría resultar un título más acorde con los hechos.

d)    Los sucesos que siguieron a aquellas elecciones, repito,  fraudulentas, consistieron en un movimiento revolucionario desordenado pero extremadamente violento, arbitrario y abusivo en todos los sentidos, provocando una situación extrema y el levantamiento – evidentemente justificado– de una parte (menor) de las fuerzas armadas, seguido inmediatamente por una gran masa de la población.

e)     No menos significativa fue la campaña electoral previa por parte de izquierdas y separatistas (el Frente Popular las agrupaba a todas de hecho, aunque de fachada la Esquerra, por separatismo, siguiese al margen). En dicha campaña  desapareció toda contención y respeto a la ley: propaganda amenazante, literalmente propaganda de guerra. La misma continuaba la que les había llevado a lanzarse textualmente a la guerra civil en octubre de 1934, y de cuyo fracaso no habían aprendido nada. Líderes tan significativos como Largo Caballero o Azaña se permitieron advertir que no tolerarían una victoria de las derechas en las urnas, en cuyo caso recurrirían a otros medios.

2. El Frente Popular representaba la democracia y la república. 

Ya en 1934, los partidos del posterior Frente Popular habían asaltado la república o contribuido al asalto, planteado textualmente como guerra civil y que, aun vencido, dejó una estela de muerte y destrucción.
En las elecciones de febrero de 1936, el Frente Popular se hizo con el poder entre violencias y coacciones, sin publicar los datos de las urnas. Los partidos que, de derecho o de hecho, integraron dicho frente, fueron los marxistas revolucionarios (PSOE), los estalinistas (rca), los republicanos de Azaña y otros que, al perder las elecciones democráticas de 1933, habían intentado golpes de Estado, los nacionalistas catalanes que habían participado en el asalto al poder de 1934, los anarquistas que habían organizado insurrecciones contra la república, y los secesionistas vascos, de un racismo extremado.
Ninguno de ellos demócrata, defensor de la libertad o de la república, como, contra toda evidencia, los ha presentado la propaganda, sobre todo la estaliniana, aceptada sin crítica por numerosos políticos e historiadores incluso de derecha. Olvidando esta clave, la historia posterior de España se vuelve ininteligible. 
Pío Moa: “La transición de cristal” Libros Libres. 

3. El franquismo nació como régimen fascista y gracias a la ayuda de las potencias fascista italiana y nacionalsocialista alemana. 

Es profundamente rechazable la denominación de “régimen de Franco” o de “régimen franquista”, porque no se trata de una situación política que emana de la voluntad de Francisco Franco, sino de un régimen que caracteriza a la España que va de 1939 a 1975, donde hay hombres y mujeres que sacaron nuestra patria adelante: singularizar en Franco tal régimen implica atribuirle toda la responsabilidad, como una actuación dictatorial, en lo bueno y en lo malo, y parece que ahora sólo en lo malo y supone sencillamente desconocer la Historia.

El franquismo aunó a sectores conservadores, eclesiásticos, militares y de la derecha moderada de la república ajenos al fascismo. La Falange estaba próxima al fascismo italiano (no al alemán), pero con demasiada carga católica para secundar las tendencias paganizantes y ateoides propias de los fascismos. (En realidad la Falange de José Antonio Primo de Rivera había evolucionado hacia la democracia orgánica y el cooperativismo distanciandose progresivamente del fascismo conocido).

Durante la guerra, los nacionales recibieron ayuda de Hitler y de Mussolini, y también de Usa, en particular el esencial petróleo, pero Franco nunca se sometió a sus directrices. La ayuda de Stalin al Frente Popular supuso una verdadera tutela, al disponer Moscú del grueso del oro español, del control sobre el suministro de armas; y, sobre todo, del poderoso Partido Comunista, agente directo de Stalin. 

Sus consejeros militares obraron en España con autoridad, y la policía soviética operó al margen del Gobierno español, cosa que no ocurrió en el bando franquista, cuya independencia de Roma y de Berlín nunca ofreció duda. Por entonces, Hitler no había perpetrado aún los genocidios de años posteriores, mientras que Stalin ya había exterminado a millones de personas, diferencia frecuentemente olvidada. 
Pío Moa: “La transición de cristal” Libros Libres. 

4. La represión franquista durante la guerra y la posguerra superó en mucho a la practicada por el Frente Popular o por otros países europeos. 

Se trata de un nuevo mito, desmontado por Ramón Salas Larrazábal, Ángel D. Martín Rubio, Julius Ruiz y otros, entre quienes me encuentro. 

Ambos bandos emplearon el terror durante la guerra, con similar número de víctimas, aunque mayor en el Frente Popular en proporción a la extensión y población decrecientes de su territorio
El terror entre las mismas izquierdas causó también muchos miles víctimas. Ocasionadas por la represión de la República a numerosos anarquistas y disidentes de su propio bando.
A lo que habría que añadir los ocasionado por la táctica del ejército Rojo de situar las ametralladoras junto con los guardias de asalto en la retaguardia con la finalidad de impedir la retirada, aunque no se consideran asesinados entre los historiadores de la izquierda. Cuando los nacionales avanzaron durante la batalla del Ebro, al parecer, encontraron los cadáveres de los servidores de estos puestos de ametralladoras ¡atados a los árboles!
Al terminar la guerra, los vencedores aplicaron una represión por vía judicial , estimada en unas veinticinco mil ejecuciones (cifra pendiente de revisión)(50.000 condenas a muerte con juicio – 25.000 indultados por Franco para evitar la condena de inocentes = 25.000) a las que habría que añadir pocos miles de “víctimas” ejecutadas por venganzas durante la contienda. En total menos de 30.000 ejecuciones, muchas menos que las doscientas mil, ciento cincuenta mil o cien mil que a menudo se esgrimen incluyendo entre ellas los muertos en combate y por otras causas. Esta represión, sin duda brutal, debe ponerse en su contexto europeo. 
Tanto en Francia como en Italia, la represión de posguerra causó una o dos decenas de miles de víctimas, casi todas por asesinato sin juicio, y tras una guerra interna de mucha menor intensidad que la española
Harto más masivos fueron los asesinatos de posguerra en Yugoslavia y la URSS. Deben contarse, asimismo, los prisioneros alemanes muertos en los campos useños y franceses al acabar la contienda, con cifras muy superiores a las españolas.
Las ejecuciones en España afectaron a miles de chekistas y practicantes del terror contra los católicos, los cuales, abandonados por sus jefes, cayeron en manos de los nacionales.
Los jefes, a su vez, huyeron al exilio con inmensos tesoros saqueados al patrimonio histórico-artístico español y a los particulares. Motivo por el que tubieron que ser internados en campos donde se llevaron a cabo las investigaciones para recuperar el patrimonio tanto histórico como particular.
Muchos de los ajusticiados no lo habrían sido en condiciones legales menos rígidas o de recuerdo menos intenso de las recientes atrocidades puesto que dichas ejecuciones eran exigidas por la sociedad misma. 
La mitad de las condenas a muerte fueron conmutadas por cadena perpetua que, normalmente, no pasó en la práctica de seis años de cárcel. 
Pío Moa: “La transición de cristal” Libros Libres.  Adaptación

5. El franquismo fue un sistema totalitario.  

El franquismo solía proclamarse totalitario en sus primeros años, pero poco tenía que ver con los países comunistas o el nazismo.

El «totalitarismo» franquista consistía en la reglamentación de aspectos de la economía por el Estado, fenómeno en auge también en los países democráticos desde 1945
Hoy entendemos por totalitarismo la ocupación o absorción de la sociedad por el Estado: en los países comunistas el Estado era el patrón en todas las actividades

El Estado franquista fue siempre pequeño, con muchos menos funcionarios que en la España actual, y absorbía una proporción del PIB también mucho menor.

Como resumía Leszek Kolakowski, pensador polaco ex estalinista

«Los españoles tienen las fronteras abiertas, y ningún régimen totalitario puede funcionar con las fronteras abiertas».

La caracterización adecuada del franquismo es más bien la de un régimen autoritario que permitía una amplia libertad económica y personal, como señalaba el pensador antifranquista Julián Marías. Fue un régimen evolutivo, dentro del cual se movían tendencias (“familias») diversas, y su oposición no era democrática (no había demócratas en las cárceles franquistas). 
Pío Moa: “La transición de cristal” Libros Libres. 

6. El Franquismo, en su oscurantismo, redujo al país a un «páramo cultural». 

Los hechos muestran un panorama distinto. Desde sus mismos comienzos, y pese a las restricciones nacidas de la Guerra Mundial, el franquismo prestó atención a la enseñanza, y empleó contra el analfabetismo no sólo las escuelas, sino también el servicio militar y las mismas cárceles, según testimonia Julián Marías, que pasó por alguna de ellas al terminar la guerra civil.
La enseñanza media y superior superó pronto los niveles de la república, lo mismo la proporción de mujeres, y la proporción de alumnos por maestro mejoró ostensiblemente. El analfabetismo quedó reducido a proporciones marginales y cientos de miles de peones fueron transformados en obreros especializados. 

Es cierto que hubo una emigración considerable de intelectuales con motivo de la guerra, pero la gran mayoría de ellos quedó en España o volvió, y la intelectualidad joven que surgía en los años de la república optó mayoritariamente por los nacionales. 

Durante los años cuarenta cundieron formas de cultura popular, en especial literarias y musicales, se escribieron o compusieron varias de las obras españolas más traducidas o conocidas fuera de España, y hubo una floración de novelistas, poetas, y un pensamiento notable.

El citado Julián Marías replicó en un célebre artículo al bulo del «páramo cultural”. Desde el punto de vista cualitativo cabe decir que España vivió una época de creatividad cultural que no ha vuelto a alcanzarse luego. 
Pío Moa: “La transición de cristal” Libros Libres. 

7. La espectacular mejora económica de los últimos dieciséis años del régimen sólo reflejaba la prosperidad europea, y ocurrió contra las ideas de Franco. 

Hasta 1959, el modelo de crecimiento fue el llamado «autárquico», producto, en parte, del aislamiento internacional, en parte de una tradición ultraproteccionista desde finales del siglo XIX, con mayor industrialización (el INI), que absorbiera el exceso de población agraria, cuya pobreza no podía remediarse con reformas agrarias, como había demostrado la república.

Ese modelo consiguió un crecimiento económico notable, pero a finales de los años cincuenta quedó agotado. Lo sustituyó una mayor liberalización, por decisión y autoridad de Franco, asesorado por el grupo de economistas del régimen y por el Fondo Monetario Internacional. La primera facultad de Ciencias Económicas de España se fundó en 1944, pesando la iniciativa personal de Franco. 

La nueva orientación económica produjo el «milagro español». Durante los tres últimos quinquenios del régimen, España superó en ritmo de crecimiento a los demás países europeos, alcanzando el 80% de la renta per cápita del grupo de países ricos

Se auguraba que en los años ochenta España superaría a Italia y Gran Bretaña. El «milagro» fue, desde luego, mucho más “que un «reflejo» de circunstancias externas, sino que lo produjo la formación de una clase empresarial nutrida y eficaz, una masa de obreros especializados antes inexistente, y una expansión muy fuerte de la enseñanza.

Las expectativas de superar a Italia y Gran Bretaña no se cumplieron, yel porcentaje de renta respecto a los países ricos bajó, lo cual cabe considerar un coste económico de una transición. 
Pío Moa: “La transición de cristal” Libros Libres. 

8. Fue un régimen muy corrupto.

Ningún régimen está libre de corrupción, pero debe observarse que esa acusación procede a menudo de políticos cuya corrupción ha sido a su vez bien demostrada

El franquismo produjo algunos escándalos, inferiores a los ocurridos después. Uno de ellos, el de Matesa, en 1969, es de los pocos que suele hablarse y afectó al inicio del proceso de Transición. 

Cuando el PSOE llegó al poder, en 1982, anunció «auditorías de infarto» en las empresas públicas, sugiriendo que estaban plagadas de corrupción. Pero la investigación no detectó anomalías reseñables. 

Ya en 1978 el ministro de Hacienda de UCD Fernández Ordóñez, procedente del franquismo, quiso hacer méritos democráticos cribando las cuentas de numerosos altos cargos del régimen anterior. Un afectado, Gonzalo Fernández de la Mora, expone en sus memorias:
 
«Me adscribieron un inspector al que sus compañeros apodaban el Tanque, por su implacabilidad. ( … ) Hube de visitarle una decena de veces para aportar justificantes incluso sobre las más ínfimas minucias. Un calvario. ( … ) Las comparecencias parecían orientadas al agotamiento de la víctima. Me citó la que sería última vez el día de Nochebuena de 1978 y, cansado de sus apremios ( … ), le dije: «Si no firmamos hoy el acta de conformidad, haga usted lo que quiera, y en los tribunales nos veremos. Aquí no vuelvo». Comprobó que mi decisión era definitiva y, algo desconcertado, me replicó: «Espere unos minutos, que voy a consultar al ministro». Me asombró que el inquisitorialismo del titular de Hacienda, señor Fernández Ordóñez, le llevara al dispendio administrativo de vigilar personalmente el curso de las pesquisiciones sobre los ex ministros. ( … )

Ni a uno solo de las decenas de altos cargos investigados se le pudo acusar“.

Sin embargo muchos de aquellos inquisidores estarían luego implicados en una corrupción que viene siendo uno de los mayores peligros para la democracia actual.
Sobre todos estos aspectos habrá ocasión de insistir a lo largo de este estudio. 
Pío Moa: “La transición de cristal” Libros Libres. 

9.  El pueblo español tuvo que pagar por igual la ayuda militar extranjera durante la Guerra Civil.

Lo cierto es que la República saqueó, entre otras muchas cosas, todo el Oro del Banco de España para llevarlo a la URSS.
Con el que llevaron a Rusia pretendían pagar la costosísima ayuda militar soviética (los aviones, tanques, artillería,  armas ligeras etc… más modernos de su época) y con las joyas también robadas pretendían costear su propio asilo. Cabe añadir que la URSS aún reclamaba que no se le había pagado la totalidad del importe.
Pero ¿que pasó con la ayuda alemana al bando nacional? Puesto que de esta ayuda se pagó hasta el último céntimo y en metálico.
Pues la respuesta es que no costó nada, o mejor fué compensado,  por los ingresos obtenidos a partir de los envíos de wolframio y otros minerales a Alemania. Lo cual no significó ninguna pérdida para las reservas minerales españolas debido a la gran riqueza en este metal estratégico (que solo subió de precio a consecuencia de la II GM) que aún hoy en día existe en nuestro subsuelo al igual que el plomo, cobre y pirita.
En cuanto a la gran ayuda italiana al bando nacional poco se pagó, pues Mussolini jamás tuvo una intención seria de cobrársela. Posteriormente se quejó y culpó de sus fracasos militares a la pérdida de gran cantidad de material y recursos en la guerra de España. Pero lo cierto es que, para entonces, ese material ya estaba obsoleto.
Yo: “Aquí mismo” .

10. El Franquismo Sociológico.

Solo es un intento de la izquierda política para exculparse de su propia incompetencia. Pretendiendo continuar culpando a Franco de las corrupciones de los políticos de esta Partitocracia 40 años después de su muerte.

Y eso que durante el franquismo la corrupción sucedía a una escala mínima comparado con lo que tenemos ahora. Sin embargo la corrupción es una constante en todas las democracias de partidos y en el caso de EEUU forma parte componente del sistema político.

Es absurdo negar que la mayoría de los políticos que juraron defender los principios del Movimiento traicionaron su juramento tras la muerte de Franco y el cambio de rumbo de su sucesor. A consecuencia de ello España se desindustrializó como pago a las potencias extranjeras que apoyaron la transición.

En otra acepción se aplica a los movimientos políticos vínculados con el Movimiento Nacional que se opusieron a la transición por considerarla una ruptura destructiva de todo lo conseguido en 40 años de paz y prosperidad.

11. La ideología Franquista es el Nacional-Catolicismo.

Completamente falso, ya que el franquismo no tuvo una ideología en concreto, sino la suma de muchas representadas en el Movimiento Nacional. Solo se trata de un apelativo supuestamente “despectivo” empleado por los comunistas y otros opositores en sus publicaciones (Cuadernos para el diálogo, cambio 16 etc…) durante la etapa final del Régimen, pretendiendo hacer alusión a la confesionalidad del Estado.

12. Franco creía ser un elegido de Dios.

Independientemente de que fuera o no un Caudillo providencial en su momento, lo cierto es que no se endiosó, creyéndose igual o superior a Dios. A diferencia de Hitler, Mussolini o cualquier político socialista o comunista actual.

13 El Estado Nacional “secuestraba” y “reeducaba” a los niños del bando perdedor.

Pocas insidias quedaban ya por inventar y pocas falacias nos quedaban por ver, pero confieso que incluso ésta me ha llegado a sorprender por la abyección que supone.

Estas frases introductorias tratan de prevenir acerca de la penúltima, recalco lo de penúltima, de las atrocidades a escuchar y rebatir, que ha sido la de considerar que a propósito de la Ley de Adopción de 1941, el “régimen franquista”, se dedicaba a secuestrar niños de familias “rojas” para dárselos a familias de nacionales.

Hay que entender que el régimen de ese período de tiempo se articula sobre dos bases, que son la legalidad y la acción social, y sólo así puede entenderse la Ley de Adopción de 1941, que trata de solventar, después de una guerra civil, el problema de la orfandad y de la protección de los menores abandonados, recalco, en las Casas de Beneficencia.
Hay que analizar con detenimiento la Ley para ver que estamos ante una figura jurídica que trata de cubrir una situación complicada y difícil: después de la guerra, los huérfanos, en vez de quedar recluidos en centros asistenciales, práctica habitual hasta ese momento, debían gozar de una integración en un entorno familiar, como se señala en la Exposición de Motivos de la Ley.

Por lo tanto, no es un secuestro de menores sacados de un ambiente familiar, lo que sería reprobable, sino que se trata de la existencia de huérfanos como consecuencia de una guerra civil, a los que se trata de dotar de protección jurídica y social.

La Ley además acuerda la intervención, en el proceso de adopción, de la Administración de la Casa de Beneficencia y que el proceso se inste ante el Juez de instrucción competente y con intervención del Ministerio Fiscal. Es decir, la máxima garantía jurídica para el adoptando, que además si era mayor de 14 años podía ser oído en el expediente. El Juez, en todo caso vigilaría por el cumplimiento de los requisitos de conducta exigidos a los adoptantes, de forma que el proceso de adopción podía ser revocado. Desde el punto de vista del Derecho, ni una pega, ni una objeción.

¿Qué por qué se le daban los apellidos de la familia del adoptante? Porque esto es lo habitual en cualquier proceso de adopción, no en otras figuras jurídicas similares, proceso en el cual no se conserva el apellido de la familia o madre biológica y en esos momentos estamos hablando pura y llanamente de orfandad.

En cuanto a si las presas tenían a sus hijos con ellas en los centros penitenciarios, también se contempla ahora en la Ley de Vigilancia Penitenciaria y eso como una medida en beneficio del penado y de su familia.

Y se educaba en los principios del régimen. Pues sí, porque el régimen era nacional y se educaba en los principios de la nación. Me faltó decir, y qué más.

Por otro lado me permito sugerirle otra investigación: el destino y la suerte que siguieron los niños enviados por el Gobierno de la República a la URSS en la guerra civil.

(Artículo completo en nuestra entrada El Auxilio Social en el Estado Nacional).

 

Los mitos del Franquismo

 

Precisiones sobre las supuestas “Fosas” y “Víctimas” del “Franquismo”. Las víctimas ocultas del Frente Popular

 

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Milicianos de ERC llegados de Barcelona llevan a los detenidos hacia el castillo de Dalt Vila donde acabaran ametrallados – Ibiza

No sería exagerado afirmar que la “memoria histórica” no es más que un “gran engaño”, una maniobra de viejo cuño propia del comunismo desde los años treinta. Un “gran engaño” surgido de la mano de unas asociaciones pantalla aparentemente neutras, pero vinculadas a la izquierda extrema o no tanto (si se rastrea el origen de muchas de las asociaciones se acaba invariablemente en Izquierda Unida), apoyada por un conjunto de historiadores con patente de corso para convertir las consignas en aparente “historia académica” -vitola que se autoimponen para así intentar invalidar cualquier otra investigación esquivando el debate-, casi todos ellos discípulos directos o indirectos de aquel gran manipulador llamado Tuñón de Lara (llegó a escribir que las derechas incendiaron los templos para echarle la culpa a los republicanos).

Viene al caso la breve introducción porque la correa de transmisión y retroalimentación que une, como necesario cordón umbilical, a las asociaciones de “memoria” con estos historiadores “académicos”, tratando de alentar el mito de la represión franquista desmesurada y carente de toda explicación -el holocausto español según Preston y el genocidio según nuestros historiadores, memorialistas y tontos útiles-, está funcionando a la perfección con el aliento del dinero público y el apoyo gubernativo. Así, sus conclusiones se convierten casi en doctrina para los poderes públicos, quienes además, naturalmente, solo admiten esta versión parcial de los hechos como realidad, rechazando en sus “comisiones” -¡faltaría más!- a quienes les contradicen, esos para los que ya han inventado un descalificativo: “antimemorialistas”.

Un ejemplo: estamos cansados de oír hablar de los miles de fosas del franquismo y del mapa de las fosas elaborado por los poderes públicos –“toda España era una fosa” repiten historiadores “académicos” y charlatanes varios-; y, ciertamente, así tenemos un mapa visualmente impactante -lo que es una forma de manipular-, con tantos puntos/fosa que se pierde la silueta de España, pero si se revisa atentamente el resultado veremos que lo que se señalan son las fosas comunes existentes en casi todos los cementerios de España que, como se indica pero no se borran de mapa, en gran parte de los casos, no contienen restos de represaliados.

Los historiadores “académicos” se escudan en la metodología para avalar sus escritos y deslegitimar cualquier otra investigación. Pero es precisamente en su metodología donde aparece la trampa: uno de los “padres” de la investigación de la “represión franquista” no tuvo reparo metodológico alguno a la hora de incluir los soldados muertos en combate en las listas de represaliados por el franquismo; otro reputado investigador, en las tierras de Castilla-La Mancha, probablemente porque no le gustaban los datos, decidió que los ejecutados por los republicanos por sentencia de los Tribunales Populares -algo que mantienen los memorialistas- no debían de ser considerados como víctimas de la represión republicana y por tanto quedaron excluidos de su estudio (los demás historiadores “académicos” utilizan su número como el total de la provincia); otros, víctimas del localismo, excluyen a los asesinados por los republicanos en una provincia que no eran de la provincia, y así es posible que acaben desapareciendo de los cómputos; alguno elimina a los no identificados que figuran en los registros de cementerio que, naturalmente, en parte, no están en los listados de “Caídos” realizados en el franquismo en los cuarenta, que algunas investigaciones indican que debe ser revisada al alza; un manto de silencio oculta las otras víctimas de la represión republicana, los anarquistas y troskistas asesinados en su retaguardia por socialistas y comunistas, por no hablar de los ejecutados en el frente por las unidades comunistas –“el campesino” fue tristemente famoso por ello- por retroceder (recientemente los de la “memoria” han abierto una fosa, que han vuelto a cerrar con el silencio, de soldados republicanos asesinados por sus compañeros) y estaríamos hablando de algún que otro millar que no sé si alguno de los “académicos” los endosará al franquismo -Garzón se negó a investigar el caso-.

Un día sí y otro también nos encontramos con las cifras especulativas de las víctimas de la “represión franquista”: 100.000, 150.000, 200.000. Aunque a los historiadores “académicos” les guste el cuento -tampoco es plan de que en unos años alguien les saque los colores- suelen hablar de 100.000 o, los más atrevidos, de 150.000, pero sin ninguna base empírica.

¿Cómo llegar a tan mágica cifra? Sumando cosas, es más, atribuyendo al guarismo de la “represión” a cualquiera que falleciera por enfermedad en prisión, campos de prisioneros y hasta de hambre en la posguerra.

Dejando a un lado la validez metodológica y teórica del aserto debemos preguntarnos: ¿qué pasaría si aplicáramos el aserto a la represión republicana?

Me quedo con los 80.000 asesinados por los republicanos atendiendo a los datos de la Causa General. Y ahora sumemos la sobremortalidad de la zona republicana derivada del hambre, penalidades, enfermedades de prisión –en la zona republicana hubo varias decenas de miles de internados en prisiones y en los campos de trabajo, constituidos a finales de 1936 por el gobierno presidido por el socialista Largo Caballero-, tal y como hacen algunos historiadores “académicos” y memorialistas, unas 140/150.000 personas que murieron víctimas del hambre y la enfermedad, debido a lo que fue la incontestable incompetencia del gobierno republicano (en la zona nacional la sobremortalidad difícilmente alcanzaría las 17.000 personas).

Las víctimas de la república del Frente Popular superarían así, ampliamente, las 200.000 personas, según este modo de contar y endosar responsabilidades.

También aquí cabría hablar, dado el número, del genocidio cometido por los republicanos (en puridad tendríamos los minigenocidios, entendiendo como tales el intento de exterminio absoluto, perpetrados contra los troskistas, los religiosos y los falangistas).

Pero vayamos más allá, las privaciones de la posguerra que llevaron a la muerte a muchas personas y que se registran en ocasiones como víctimas del franquismo, en paridad, podríamos afirmar que lo fueron de la república. El hambre fue consecuencia de la fusión de ambas zonas pues la republicana vivía en el hambre desde finales de 1937. Franco durante la guerra siempre prestó especial atención al mantenimiento de las cosechas, la industria, los salarios y los abastecimientos; los republicanos hundieron la producción agraria e industrial.

La victoria trajo el hambre para todos, porque la producción se tornó insuficiente y es necesario recordar que el semibloqueo en que vivió España por decisión de Inglaterra contribuyó a mantener el hambre y una lenta recuperación en los años posteriores.

Ahora que tan de moda está la revisión de la historia al viento de la “memoria”, no estaría de más que se recordara, exaltara y homenajeara a estas víctimas ocultas de la república.

 – Francisco Torres García / Diario YA

 Valance de un Sistema Político y Social.

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El Régimen del General Francisco Franco y sus años de gobierno (1936-1975) representan el mayor esfuerzo reformista y la mayor transformación social y económica vivida por España desde el reinado de Carlos III (1759-1788).

España vivió un proceso de desarrollo económico y crecimiento industrial sin precedentes, junto con un aumento drástico de la renta per cápita.

Todo ello acompañado de la construcción del Estado de Bienestar y un nivel de protección social totalmente desconocido hasta entonces. La Seguridad Social, la Sanidad pública, el pago de pensiones de jubilación, seguros agrarios y un largo etcétera dieron un vuelco al nivel de vida de los españoles que no puede ser negado por ningún historiador serio.

Sobre los años de la política de la Autarquía económica (a grandes rasgos entre 1939-1959) se han acumulado gran cantidad de mitos, versiones falsas o directamente mentiras. Se habla de política ruinosa, megalómana y absurda, insinuando que una política económica liberal hubiera sido mucho mejor (y lo suelen decir aquellos que desde ópticas marxistas suelen abominar habitualmente del libre mercado. La coherencia nunca ha sido un principio básico del marxismo cultural).

Nada de eso es cierto.

Los años de la Autarquía económica dotaron a España y a su economía de una base industrial necesaria, sostenida por el Estado para suplir la falta de capacidad de la inversión privada.

La política autárquica vino en gran medida impuesta por la propia realidad internacional, pues como es lógico la II Guerra Mundial redujo a casi cero el comercio internacional, pues en aquel momento las grandes potencias necesitaban para sí mismas todas las materias primas, bienes industriales y capacidad de crédito (es algo que suelen pasar por alto los detractores de la Autarquía como si fuese un pequeño detalle sin importancia).

Al mismo tiempo, durante los años 40 y en medio de innumerables dificultades, el Gobierno supo poner las bases del sistema de Pensiones y de la Seguridad Social. Los años 40 fueron, sin duda, un período de grandes dificultades económicas. A los estragos de la Guerra Civil se vinieron a sumar a partir de 1945 los efectos de la condena internacional y la negación de créditos impuesta a España por las grandes potencias y las nuevas instituciones internacionales como la ONU, culminando en la negación a España de las ayudas del Plan Marshall, base de la recuperación económica de Europa Occidental.

Se suele olvidar que los años más difíciles de la década en España están directamente vinculados al embargo petrolífero decretado por Estados Unidos y Gran Bretaña contra España en 1944 y a la condena internacional contra España, dictada por la ONU, a partir de 1946 en lo que fue una virtual imposición de sanciones económicas contra nuestro país, más que a los efectos de la Guerra Civil (por importantes que fueran estos, sin duda) algo que hoy está plenamente comprobado.  Fue probablemente vital en ese momento el acuerdo económico con la Argentina del General Perón. Pese a todo, a partir de finales de la década, empezaron a advertirse claros síntomas de crecimiento económico y de recuperación de industrias clave como la eléctrica y la producción de carbón.

Los años 50, todavía bajo la política autárquica o semiautárquica fueron ya una época de fuerte crecimiento económico, algo que por lo general suele ignorarse.

Entre 1951 y 1956 el PIB español creció a una media del 7,9 % anual, una de las más altas del mundo. La reconciliación con los Estados Unidos, a partir de 1953 y la llegada de sus créditos fue importante, pero más importante aún fue la propia política de fuerte inversión estatal.

El INI (Instituto Nacional de Industria) fue una pieza clave para proporcionar a España una base industrial en sectores fundamentales como la energía, la siderometalurgia, la construcción naval, el carbón, los carburantes o el transporte (SEAT, PEGASO etc… además de potenciar empresas estatales como IBERIA Y RENFE) que hicieron posible la supervivencia de la economía española, manteniendo una política económica y monetaria soberana y sin depender de la inversión y el crédito extranjero.

El Decreto de Estabilización de 1959 tendría consecuencias trascendentales para nuestro país al abrir la economía española a la inversión extranjera y posibilitar un período de crecimiento económico sin precedentes durante los años 60 y principios de los 70 con una media de crecimiento anual del 7,2 del PIB , la mayor de Europa Occidental y la segunda del mundo tras Japón (estadísticas que tristemente hoy en día sonarían a ciencia ficción para nuestra economía).

Todo ello con el paro a un nivel mínimo de apenas el 2 % y mientras se universalizaban las prestaciones sociales del Estado del Bienestar. Se suele argumentar que el Decreto de Estabilización supuso una rectificación que venía a reconocer lo desacertado de la política autárquica. Sin embargo este punto de vista está básicamente desenfocado.

La causa del Decreto de Estabilización no fue la política autárquica de las décadas previas sino los efectos de la fuerte inflación y el déficit de la balanza de pagos provocadas por la importante subida del salario mínimo decretada por el ministro D. José Antonio Girón de Velasco (autor de la mayor parte de la política social del Régimen durante los años 40 y 50) en 1956. Pero eso no cuestionaba lógicamente los méritos de la política económica de las 2 décadas previas.

 También se podría mencionar el extraordinario impulso a la reforestación de España y la política de construcción de pantanos, esenciales en épocas de sequía.

 El Gobierno de Franco ha sido sin duda el de mayor sensibilidad social de toda la historia de España.

La Seguridad Social y el sistema de Pensiones se desarrollaron gradualmente. Entre 1938 y 1942 empezaron a concederse ayudas a las familias numerosas y necesitadas, un programa que ya en 1942 beneficiaba al 10 % de la población. El Seguro de Vejez de 1939 y el de Enfermedad de 1942, junto con el del Seguro Agrario, supusieron el embrión de la Seguridad Social.

El recién creado Ministerio de la Vivienda ya subvencionaba la construcción de unas 30.000 viviendas anuales a finales de los 40 y pronto la cifra aumentó mucho más. El Ministro de Trabajo D. José Antonio Girón de Velasco entre otros dirigentes como el Vicesecretario de Obras Sociales Don Fermín Sanz Orrio (una figura injustamente olvidada), dirigieron la mayor parte de la política social en esta época, bajo la supervisión del Caudillo.

En 1964 la población agrícola fue incluida en la Seguridad Social y tras la reforma de 1972 el sistema ya cubría al 80 % de los trabajadores españoles.

La otra gran pata del Estado de Bienestar era la Sanidad Pública. Se construyeron más de 80 hospitales y numerosos ambulatorios para poder atender al mayor número posible de personas. Hay que destacar la reducción de la mortalidad infantil a cifras muy bajas, un problema que había sido muy grave en España anteriormente.

Durante las décadas de gobierno del Generalísimo Franco se erradicaron en España el analfabetismo y el hambre por primera vez en nuestra historia.

Se hizo un esfuerzo enorme por extender la educación a todas las capas sociales.

El Ejército se convirtió en una gran herramienta de alfabetización. A los jóvenes procedentes de provincias desfavorecidas que cumplían el servicio militar y eran analfabetos les enseñaban gratuitamente a leer y no podían licenciarse hasta que no supiesen hacerlo.

 Se respetaron y ampliaron al máximo los derechos laborales.

Se aprobaron toda una batería de medidas legales para proteger a los obreros: convenios colectivos, Salario Mínimo Interprofesional, pagas extraordinarias, los Juzgados de lo Social… Gracias al programa de Educación y Descanso miles de trabajadores de escasos recursos pudieron ir de vacaciones.

Las Universidades Laborales fueron una pieza clave del sistema educativo que permitieron estudiar y encontrar salidas profesionales a miles de personas de extracción social baja.

 La Ley de Ordenación Bancaria de 1962 estipulaba que los Bancos debían entregar el 20 % de su beneficio anual para financiar los Planes de Desarrrollo, que a partir de los años 60 jugaron un importante papel en la política económica, dirigiendo inversiones públicas hacia provincias desfavorecidas y sectores industriales necesitados. Una medida así sería hoy en día impensable con la actual legislación de la Unión Europa.

 La transformación económica y social de España fue extraordinaria durante los años de Franco.

Fue la época en la que surgió en España la clase media como elemento mayoritario de la sociedad. Fue un período de creciente prosperidad nacional y justicia social. Y todo ello con el nivel impositivo más bajo de Europa, puesto que no era necesario financiar al gigantesco entramado de las Comunidades Autónomas, que hoy en día sufrimos.

En resumen el Régimen del General Franco, lejos de ser una época de atraso fue el momento en el que España pasó del subdesarrollo a ser la novena potencia industrial del mundo (un puesto que hace tiempo perdimos y que no tiene visos de recuperarse).

Rafael María Molina Sánchez.

 

El ‘Pucherazo’ del 36.

Lo que para muchos pueda ser una “novedad” es algo que siempre se ha conocido y reconocido por el propio Presidente de la República y otros altos cargos republicanos:  El Triundo del Frente Popular solo fue un Fraude Electoral masivo.

Ahora dos historiadores, tras cinco años de investigación, aportan al gran público las cifras y las pruebas del desvío de votos.

Acta manipulada a lápiz para atribuir más votos al frente Popular. Aparece en el libro 1936 Fraude y Violencia. Procede del archivo de la Diputación de Jaén.

Así fue el fraude en las elecciones del Frente Popular, con falsificaciones en el recuento:Hubo un ‘baile’ de 50 escaños a favor de las izquierdas

Actas con raspaduras y dígitos cambiados para añadir más votos que los reales a los candidatos del Frente Popular en Jaén, donde hubo urnas con más votos que votantes;

Recuento adulterado gravemente en La Coruña;

Fraude en Cáceres, Valencia -con escrutinios a puerta cerrada sin testigos- o Santa Cruz de Tenerife, donde “la victoria oficiosa del centro-derecha se convirtió en un corto triunfo del FP, que se anotó los cuatro escaños de las mayorías; desvíos de votos en Berlanga, Don Benito y Llerena para perjudicar a la CEDA.
Al menos el 10% del total de los escaños repartidos (lo que supone más de 50) no fue fruto de una competencia electoral en libertad, sostienen Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, los autores de ‘1936: Fraude y Violencia‘.
El libro supone, según el historiador Stanley G. Payne,
“el fin del último de los grandes mitos políticos del siglo XX”.
“España se ha vuelto Coruña”, dejó escrito Niceto Alcalá-Zamora para referir cómo se generalizó lo ocurrido en La Coruña, que para el ex presidente de la República ejemplificaba “esas póstumas y vergonzosas rectificaciones” acontecidas con las actas electorales.

Si a los 240 asientos conseguidos por el Frente Popular se le restan los que fueron fruto del fraude, las izquierdas solas no habrían llegado al Gobierno.

Ilustración realizada a partir de un cartel del PCE, obra de Josep Renau, de 1938

Tras un meticuloso empeño detectivesco, consultar y desempolvar los archivos y actas, una a una, de cada provincia, además de otras fuentes primarias -memorias y prensa-, los prestigiosos historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García han reconstruido, casi minuto a minuto, el relato del recuento de las últimas elecciones generales anteriores a la Guerra Civil. Y publican, por primera vez, tras consultar todas las actas, los resultados oficiales de las elecciones del 16 de febrero de 1936, que pasaron a la historia como las de la gran victoria del Frente Popular y situaron a Manuel Azaña al frente del Gobierno de la II República.

No sólo confirman que la derecha se impuso por 700.000 votos en el conjunto de España, sino que explican los casos más escandalosos de fraude.

Vuelcos increíbles y recuentos de papeletas interrumpidas.

Papeletas que aparecen a última hora, en bloque y a veces en sobres abiertos, para decantar el resultado en una mesa. Otras con tachaduras, borrones y raspaduras… En La Coruña, Orense, Cáceres, Málaga, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Granada o Cuenca ocurrieron cosas muy raras. Todas influidas por una circunstancia sabida pero que ha pasado relativamente desapercibida: en mitad del recuento -que ocupaba varios días- dimitió el Gobierno de Portela -a quien los autores responsabilizan en gran parte del desaguisado-. El nuevo Gobierno, “sólo de Azaña, como diría el presidente de la República, Alcalá Zamora, para subrayar que lo integraban figuras secundarias de la Izquierda Republicana y Unión Republicana, condicionó las horas decisivas del escrutinio.

Las elecciones de febrero de 1936 fueron limpias; la campaña, muy sucia y el recuento fraudulento.

Se cerró, precisan los autores, con 41 muertos y 80 heridos de gravedad. La violencia se instaló en las calles y los comicios adquirieron un carácter plebiscitario en un ambiente viciado, radicalizado, polarizado y caníbal. Fueron unos comicios en pie de guerra en los que parecía ventilarse el futuro de la República.

Ahora el libro de los historiadores y expertos en el periodo Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, que recogen en la obra 1936. Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular (Espasa), descubre la verdad de lo ocurrido.

Se trata de una mastodóntica y absolutamente novedosa investigación que, como subraya el hispanista Stanley Payne, pone fin a uno de los “grandes mitos políticos del siglo XX”.

Porque los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos (Álvarez imparte allí Historia del Pensamiento Político y Villa, Historia Política) desmontan leyendas construidas en torno a la victoria de las izquierdas.

Lo que sucedió durante los días posteriores a la votación no fueron manifestaciones de entusiasmo, celebración y alborozo de simpatizantes del Frente Popular, sino prácticas coactivas y de intimidación organizadas e instigadas por las autoridades interinas provinciales, que aprovecharon el cambio repentino de Gobierno el día 19. Se extendieron por todo el país, generaron un clima de inseguridad jurídica en torno al recuento e influyeron en los resultados finalmente admitidos.

Los autores, además de publicar por vez primera los resultados oficiales de aquellas elecciones, identifican los casos de fraude, falseamiento y manipulación. Detallan caso a caso, vuelcos inexplicables y recuentos interrumpidos; papeletas que aparecen a última hora, en bloque, para decantar el resultado en una mesa y otras con tachaduras, borrones y raspaduras. Demuestran que algo más del 10% del total de escaños de esas nuevas Cortes, más de 50, no fue fruto de una libre competencia electoral.

Nunca hubo un acta única con los resultados oficiales. Las Juntas Provinciales informaban del recuento a la Central, que lo trasladaba al Congreso. El cómputo final debía aparecer en los anuarios estadísticos del año siguiente. No fue así. Hasta el momento, los historiadores hacían proyecciones sobre la base de la relación entre las cifras publicadas en prensa y la asignación final de escaños.

El fraude fue directamente promovido o pasivamente respaldado por las autoridades provinciales interinas del Frente Popular, que obraron con total impunidad y pudieron hacerse con la documentación electoral tras el cambio de Ejecutivo, hecho que propició la dimisión de los gobernadores civiles y presidentes de Diputación o simplemente su expulsión o detención -en algunos casos para preservar “su seguridad”-. Por supuesto, la ola de violencia desatada entre los días 16 y 19 precipitó los acontecimientos. En algunos lugares los alborotadores obligaron a las autoridades de un hospital de leprosos a dejar marchar a los enfermos.

Las elecciones se falsearon fundamentalmente en mesas de Málaga y Santa Cruz de Tenerife, donde hubo de repetirse la votación. Aunque sin la fiscalización y presencia de apoderados de centristas y representantes de las derechas. Fueron, según se desprende del nuevo libro, una auténtica farsa.

El día 20 debían abrirse de nuevo 57 colegios de la capital malacitana. Se disputaban nada menos que 29.000 votos. Los resultados del día 16 favorecieron con holgura al FP. Por eso resulta un misterio que la coalición cambiara de candidato (práctica legal), el socialista Luis Dorado, que tenía que sacar 13.000 votos de diferencia respecto del cedista para asegurar su escaño. Militantes del FP ocuparon en la víspera la sede del Gobierno Civil y sustituyeron al gobernador por un concejal afín. Lo mismo hicieron en el Ayuntamiento y la Diputación.

El nuevo gobernador clausuró las sedes de la CEDA y Falange y detuvo a varios afiliados. Finalmente, el cedista Emilio Hermida retiró su candidatura (lo que no impedía que fuera votado).

Hubo disturbios y tiroteos, pero votó todo el mundo: unos 29.000 censados. Casi 28.000, al socialista Dorado.

En Santa Cruz de Tenerife el triunfo parecía asegurado para el representante de centro-derecha, que llevaba, según el Gobierno Civil y a falta de abrir los últimos colegios, una ventaja de 11.000 votos. El centrista Félix Benítez de Lugo, dándose por vencedor, pidió el voto por las candidaturas republicanas para frenar a socialistas y comunistas (el sistema electoral era de lista y mayoritario en circunscripciones plurinominales).

El día 19 se produjo un giro inesperado: candidatos del FP “invitaron” al gobernador a dejar su puesto. La razón era sencilla: no tenía sentido que siguiera en él si su Gobierno había dimitido.

Ugetistas, cenetistas y miembros del FP exigieron a Azaña en varias ciudades la apertura de cárceles para liberar a los “presos sociales” y la entrega a las izquierdas de los ayuntamientos, esto último para impedir que la derecha alterase los resultados.

El día 20 se declaró el estado de guerra en la ciudad. El candidato radical se retiró. Proclamada una huelga general, las elecciones no se celebraron. No obstante, en ocho de nueve colegios aparecieron las papeletas del FP: 3.700 votos fantasma que contribuyeron, junto con otras manipulaciones de las actas, a dar un vuelco al resultado de la provincia.

También tenían que votar el día 20 los electores del pueblo jienense de Alcaudete. Acudieron a las urnas mientras la Junta Provincial procedía al escrutinio. Total, que las izquierdas se impusieron en ese feudo de tradición conservadora por 599 a 0. En Linares aparecieron urnas sin precintar y en cinco de la provincia había más votos que votantes censados. Asimismo, en Valencia, La Coruña o Cáceres se rompieron o interceptaron urnas.

En Valencia las fuerzas estaban igualadas. El cambio de Gobierno precipitó un aparatoso recuento de 21 municipios: las izquierdas ganaron por 400 votos, los suficientes. La Junta Provincial se negó a un recuento oficial, porque “ya se había hecho a puerta cerrada”.

En La Coruña el cómputo se prolongó hasta el día 24: los resultados de 188 actas no se correspondían con las certificaciones de las mesas. “España se ha vuelto Coruña”, escribió Alcalá Zamora. Allí las autoridades interinas exigieron la presentación inmediata de las actas de 56 colegios y amenazaron con una huelga general si no se encontraba una solución “satisfactoria para las izquierdas”. Los candidatos de las derechas fueron arrestados por un día acusados de fraude.

Y en siete municipios de Cáceres la documentación llegó a la Junta Provincial con el lacrado roto y los sobres abiertos. En cinco mesas desapareció el acta de la votación. Los investigadores ilustran con muchos ejemplos de maniobras similares que el cambio de autoridades modificó el reparto final de escaños. Interrumpieron el recuento donde la contienda estaba más ajustada.

El día 20, cuando se reunían las Juntas Provinciales, el procedimiento para introducir confusión fue parecido en muchos sitios: las izquierdas denunciaban a las derechas por manipulación y fraude, impugnaban los resultados e incluso detenían a sus representantes. Hasta ese momento, la mayoría del FP sólo se daba “por supuesta”.

El propio Portela, cuyo escaño por Pontevedra estaba en el aire, rehusó avanzar resultados antes del día 20. Algunas embajadas adelantaban el día 18 un empate, lo cual convertía en decisiva la segunda vuelta, que a la postre fue irrelevante, a pesar de tener que realizarse en un buen número de provincias. Las izquierdas pusieron en marcha su aparato propagandístico: el FP “no se dejaría arrebatar la victoria”; “¿Tienen el mismo valor, políticamente, el medio millón de sufragios logrados en Madrid y Barcelona que los 50.000 arrancados a los campesinos palentinos por el caciquismo?“. Las consignas del PCE iban dirigidas al nuevo Gobierno, cuyo deber era ajustar las Cortes, “desembarazadas de impurezas”, a las preferencias electorales, que nada tenían que ver con las de “un capitán de industria como March”.

Las izquierdas no estaban dispuestas a admitir un escrutinio que no les otorgara la victoria. Según el estado de opinión que se creó, partiendo con la ventaja adquirida, cualquier vuelco durante el escrutinio era fraudulento. El FP se impondría en número de escaños, pero estaba en juego la mayoría parlamentaria suficiente: 240 asientos.

¡Bingo!, obtuvieron más de 50 escaños de manera dudosa. Los números salieron tras el cambio de Gobierno, pues antes de esa fecha y en los dos primeros días de recuento, los datos de Alcalá Zamora, Azaña y el embajador británico coincidían: entre 216 y 217 diputados para el FP. Si a los 240 asientos conseguidos por el Frente Popular se le restan los que fueron fruto del fraude, las izquierdas solas no habrían llegado al Gobierno. En total había 473 escaños en liza.

El Gobierno de Azaña era legal y legítimo, pues correspondía al presidente disolver y nombrar otro, pero su “inteligencia política” no sale bien parada. Este libro precisa todo lo que ocurre en esos cuatro días.

El 19 lo cambió todo. Tras la “huida” de Portela, el FP se hizo con el poder local, hecho decisivo para condicionar el recuento y crear una atmósfera intimidatoria. Los desórdenes no se produjeron como reacción a los rumores de golpe sino para asegurar una mayoría parlamentaria al FP. El Estado de Derecho quedó de facto suspendido.

La tarea que han hecho Tardío y Villa es prodigiosa.

Para demostrar el fraude han seguido un escrupuloso método de verificación de los aspectos legales y formales de las elecciones. Después han comparado votos escrutados en las mesas y los resultados proclamados por las juntas -aquí está la madre del cordero del falseamiento-. Y por último, han analizado la justificación de las impugnaciones.

Han sido más de cinco años de investigación.

No recurren a documentos secretos. Todos son públicos. Había que expurgarlos, ordenarlos y construir el puzle. La mayoría de los papeles no habían sido consultados antes. Los autores han recorrido España y han escudriñados los archivos del Foreign Office, el Quai d’Orsay y el archivo del Vaticano para contar desde distintos ángulos seis meses decisivos en la historia de España, desde diciembre de 1935 hasta la primavera del 36.

Los autores testan la calidad democrática de la República y sostienen que la CEDA resistió electoralmente.

Demuestran que había una sólida base sociológica para construir una República inclusiva.
Por desgracia, sostienen en conversación con Crónica,
“la estrategia del Frente Popular en la discusión de las actas en el Congreso y el hecho de que la izquierda republicana, con Azaña a la cabeza, no se plantara ante el radicalismo socialista, fue lo que una vez más dinamitó los puentes de diálogo con la oposición conservadora. Eso constituyó un duro golpe para la consolidación de la joven democracia republicana.
En todo caso, no dan pábulo a las “tesis revisionistas” (cuando el revisionismo es lo que publicitan los medios de comunicación apesebrados del Sistema)  que proyectan determinados acontecimientos sobre el Golpe del 36. Cuentan hechos desnudos, con máximo rigor y sin prejuicios.

Muy pocas veces se puede decir de un libro que es definitivo. 1936. Fraude y Violencia lo es.

Historiadores profesionales… del fraude.

Creado el por Pío Moa

Pío_MoaHace ya bastantes años que vengo, no diciendo, sino documentando y demostrando, que las elecciones del Frente Popular fueron un fraude. Y  que en ese fraude se apoyan la gran mayoría de las versiones circuladas a partir de la universidad sobre la guerra civil y el franquismo,  así como gran parte de las políticas actuales y, por supuesto, la infame ley de memoria histórica.

Puede admitirse que en un primer momento muchos de esos historiadores creyesen de buena fe lo que decían, pero hace bastante tiempo que no es así.  Sus historias, contengan más o menos datos reales, están desenfocadas y en lo esencial son tan fraudulentas como las bases de que parten, y ellos lo saben perfectamente. Viven en el fraude y del fraude. 

En diversos libros, en particular Los orígenes de la Guerra Civil y El derrumbe de la república, he tratado todo lo referente al significado de la revolución de octubre del 34 y su repercusión en las elecciones del Frente Popular; a la conducta golpista o guerracivilista  de la izquierda en general, también de Azaña; a la utilización electoral de una campaña falsaria sobre la represión de Asturias, campaña que he analizado y cuya transcendencia histórica nadie había señalado; al tono de violencia y amenaza de guerra civil en que se desarrollaron las elecciones, con avisos de AzañaLargo Caballero y otros de recurrir a “otros medios” si ganaban las derechas; a la ausencia de garantías en el escrutinio y las falsificaciones evidentes en varias provincias; a la continuación de un proceso de ilegalidades hasta la destitución de Alcalá-Zamora; a la ausencia de investigación sobre la supuesta represión de Asturias, pese a haberlo prometido las izquierdas como eje de su campaña electoral;  al estallido inmediato, desde el 16 de febrero, de una violencia extrema con cientos de muertos y de incendios de iglesias, registros, periódicos y sedes de la derecha; ea significado y muy probable autoría intelectual del asesinato de Calvo SoteloConjunto de hechos tiránicos y totalitarios que hicieron inevitable la guerra civil. Estas y otras cuestiones decisivas las he adelantado en mis trabajos hace ya bastante tiempo.

Por supuesto, no he sido el único, pues unos u otros aspectos han sido tratados por Ricardo de la Cierva, Tusell y otros historiadores; pero creo que sí  he sido  quien más ha documentado esa historia en conjunto y  más ha insistido en ella, contra la marea de distorsiones pque nos ha abrumado durante tanto tiempo.

Pues bien, el reciente libro Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular  recoge gran parte de mi trabajo anterior –sin citarme–  y lo completa en un aspecto: el examen de muchas de las actas que fueron falsificadas. Esto realmente no era imprescindible para decidir sobre el carácter, ya aclarado,  de aquellas elecciones, pero es importante porque pone el último clavo en el ataúd de las versiones (engañosas) que han circulado durante tantos años de manera imperiosa y a menudo amenazante.

Me pregunto qué dirán los historiadores, intelectuales y políticos que han cultivado el fraude desde hace tanto tiempo, hasta hacerlo una seña de identidad profesional. Sospecho que pasará como cuando cayó el muro de Berlín (y el fraude de  aquellas elecciones ha elevado un verdadero muro contra la verdad histórica en España): seguirán como si nada pasara, sin el menor debate de alguna enjundia. Y, por supuesto, los autores de este último libro, procuran desde el principio contentar a los falsarios advirtiendo que no ponen en cuestión la legitimidad del Frente Popular.

Son cómicos en su falta de honestidad intelectual y de valor moral.

Uno de los “argumentos” de los historiadores de este género, sean de derechas o de izquierdas, es que ellos son profesionales y yo no puedo serlo porque no he recibido sus sabias lecciones en la universidad. Y no cabe duda de que son profesionales… del fraude.

Y  en una universidad degradada que produce cosas como Podemos. Su pedantería solo tiene comparación con su ineptitud y majadería.

En Nueva historia de España he señalado cómo el Siglo de Oro de España tiene relación con una enseñanza superior más nutrida que en otras naciones europeas, y de una calidad a menudo muy elevada. Hoy, la cantidad es mucho mayor, pero la calidad ha descendido  a niveles pedestres. A ver si denunciándolo logramos ir demoliendo este muro de Berlín y abriendo vías a la verdad que, según el dicho,  ”nos hace libres”.

 

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Mi memoria histórica: Apuntes nostálgicos del hombre que tuvo la suerte de ser niño en la España de Franco

Los Payasos de la tele, ídolos de nuestra infancia.

Hay periodos indisolublemente unidos al patrimonio emocional de cada uno.

Los últimos años de la España de Franco fue uno de ellos para quien esto escribe.

Coincidieron con una niñez plenamente feliz. Tan feliz que su rememoración hace crujir mis emociones, que estoy seguro son también las de muchos lectores. Nací y y transcurrieron mis primeros años bajo la sombra de un régimen que de entrada garantizó mi derecho a la vida. Como a mi, a esos miles de españoles, hoy convertidos al progresismo, que fueron concebidos y alumbrados antes de 1975 y que hoy tanto se afanan en borrar cualquier huella y en profanar cualquier recuerdo cálido de una época en la que tuvieron la oportunidad que ésta, mucho más democrática y avanzada, le niega a cien mil nonatos cada año.

Nací y transitó mi niñez en una España que me sigue reconfortando el ánimo al recordarla tal y como era y que, sin saber por qué, hizo feliz a toda la gente que alcanzan mis recuerdos.

En la España de mi niñez las personas vivían con alegría, les ilusionaban las cosas que hoy son despreciadas, a las patologías se las llamaban por su nombre, había una frontera natural entre el bien y el mal, la fealdad y la belleza, lo falso y lo verdadero, lo grotesco y lo sublime…

Todo lo que se percibía alrededor era un alto compromiso moral.

Los niños éramos felices, a salvo de psicólogos infantiles y de la fétida influencia del adoctrinamiento ideológico que hoy sufren los futuros votantes. Era aquella una España de gente responsable, de personas de bien, de libertad sin más freno que la exigencia de no atropellar el principio de la autoridad, que todos aceptaban. Los padres exigían severidad a los maestros. Algunos la llevaban al extremo, tal era el caso de don Juan Carlos, con su amenazante regla de madera, de aquellas grandes y pesadas, que tanto temíamos. Lo vi hace poco en el paseo marítimo de Málaga, ya frisando los ochenta, y no pude evitar que una emoción intensa me obligara a abrazarlo y agracederle aquellas enseñanzas que primaban el esfuerzo y la formación en valores inmutables.

No tengo constancia de que ninguno de los alumnos de entonces precisara de ayuda psicológica, ni arrastrara alguno de los traumas que en los niños de hoy son tan habituales. Que crecieran en el seno de familias responsables y estructuradas acaso fuese una buena razón de fondo.

Los programas televisivos eran didácticos y buscaban el sano entretenimiento.. En la imagen, Kiko Ledgard y Don Cicuta,protagonistas del legendario "Un, dos, tres"

 

La seguridad en el ambiente se trasladaba a los hogares.

Los españoles eran ya padres y madres a los veintipocos años. Eso obligaba a que el instinto de la responsabilidad tomase el control de sus vidas. Las familias estaban unidas, los viejos formaban parte del cálido paisaje de los hogares, la fatuidad y el postureo no tenían cabida en aquella España de gente tan aferrada a los fundamentos.

Los programas televisivos eran didácticos y buscaban el sano entretenimiento.

Se aprovechaba cualquier ocasión para estar juntos y disfrutar de una existencia entrañable y sencilla, al resguardo de gente tan infecta como la que cabildea en instituciones y tertulias. Qué paradójico que cuarenta años después de aquel oasis de salud moral y de prosperidad general, unos políticos sin alma pretendan que abjuremos de aquel periodo de nuestras vidas, en nombre de lo que ellos llaman la memoria histórica. Como el que reivindica los grilletes para hacernos libres. Quieren convencerme que el universo que impregnó de vida y de luz mi niñez, se construyó sobre corrompidos materiales morales. Frente a esos palpitantes recuerdos, la disolvente remembranza izquierdista del nuevo frentepopulismo. Sobre la sangre y la traición se persigue hoy desde el gobierno y sus aliados ganar la guerra revolucionaria que provocaron y perdieron hace 78 años. Ya de entrada les digo que se vayan a la mierda, que no me dan ningún miedo, y mucho menos si ese miedo es para que renunciemos a lo que todavía nos hace soportable la existencia.

El resentimiento de unos y la cobardía de otros coinciden en la pasión común por borrar toda huella del régimen de Franco en el que la mayoría de ellos crecieron y prosperaron.

Era lógico que la Constitución de 1978 naciera infectada de relativismo, reverberos laicistas, añoranzas de lo peor de la República y un apenas soterrado revisionismo. Resultó así que, en vez de a una democracia, se pusieron los cimientos a una forma infrademocrática de alternancia totalitaria de partidos. Se creó un sistema de instituciones que ahí están, funcionando mejor o peor, pero casi ausencia de valores. Hasta el punto de que, a estas alturas, pueden algunos hablar de democracia sin políticos que piensen, sientan y actúen como demócratas y como españoles enterizos. Ese oneroso vacío alcanza en la actualidad términos extremos. Aniquilados los últimos valores que, aunque debilitados, todavía subsistían, las perspectivas de futuro son dantescas para España, para el Estado y para una sociedad que, desguazada de valores, asiste impasible a su destrucción.

Los Chiripitifláuticos, en acción

Hay sin embargo una circunstancia que debería alimentar nuestra esperanza. Si tienen que aprobar leyes como la de la memoria histórica, si pretenden debilitar nuestras convicciones con la razón de la fuerza, si tras cuarenta años de ataques, tan demoledores como continuados, contra Franco y su obra, se ven obligados a desenfundar el revólver, es porque persiste en España un número nada desdeñable de ciudadanos que ama nuestra fe y nuestro rumbo, ama nuestro paisaje histórico y nuestras señas afectivas, ama a nuestros héroes y nuestros ideales, ama nuestra independencia intelectual y nuestra rebeldía cívica. Comprendo que pocos nos aventuremos a expresar de forma clara y rotunda lo que pensamos y defender aquello en lo que en conciencia creemos.

Hablar bien de la España de Franco no es un buen negocio.

No te hace prosperar laboralmente. No te otorga prestigio social. No te encumbra al paraninfo de los que viven de la mamandurria. No te acerca a los contratos públicos ni a las subvenciones. No te granjea el favor de la prensa ni de los amos del momento. Ese odio infinito a Franco se debe sobre todo a que no han podido borrar la figura inspirativa y el modelo que sigue siendo para muchos españoles. Me atrevería a decir que para millones de españoles. Y ello pese a las megatoneladas de basura propagandística que se han vertido contra su memoria, sin parangón con ningún otro personaje de nuestra historia.

Ese odio inmarcesible, imperecedero, sin la más mínima posibilidad de sosiego y apaciguamiento, se crece por la inmensa humillación de que a Franco sólo le pudo la muerte, y se crece también por la seguridad de su creciente recuerdo en las gentes más sencillas cuando comparan su obra con la de este y otros gobiernos de la democracia.

Franco saluda al hoy rey Felipe VI. Al fondo, Juan Carlos I, observa la escena.

Ver que el odiado vive cada día más y que esa supervivencia creciente la logra, en parte, por la comparación con quienes le sucedieron; palpar que ese odio no hace sino agigantar al odiado, es causa a su vez del odio que millones de españoles ya sentimos. He aquí el dramático círculo vicioso de un proceso político que, según se nos dijo, restañaría para siempre las heridas de las dos España: para vengarnos, hay que destruir su obra y cualquier cosa que nos recuerde aquella época. Pero al destruir lo más genuino y representativo de aquella España, lo que hacen es engrandecer el pasado. Y yo no he cambiado más que en la medida necesaria, indispensable, que exigen el paso del tiempo, la variación de las circunstancias y el mantenimiento de una terca y hermosa ilusión. Mis ideas básicas son las mismas, los valores idénticos a los inculcados entonces al niño que soñaba con ser hombre y que hoy sueña con recuperar al niño que, pese a todo, aún sigue llevando dentro.

Y para terminar, una pregunta nada maliciosa: ¿afectará la nueva ley de memoria histórica que pretenden sacar adelante PSOE, Podemos y Ciudadanos a la familia que recuperó el trono en julio de 1969, cuando las Cortes franquistas aprobaron, con la obediencia debida, a Juan Carlos como sucesor del Caudillo “a título” de Rey? A las siete de la tarde del 23 de julio de 1969, el nuevo Príncipe heredero del general Franco introdujo su juramento con estas palabras: “Estoy profundamente emocionado por la gran confianza que ha depositado en mí Su Excelencia el Jefe del Estado…Formado en la España surgida el 18 de julio, he conocido paso a paso las importantes realizaciones que se han conseguido bajo el mando magistral del Generalísimo”.

¿Hará algo el Rey Felipe para evitar que se siga persiguiendo y criminalizando a los defensores de un periodo de nuestra historia al que su familia tanto debe? Lo dudo. Fiel a su estirpe, el Rey borboneará y mirará de soslayo la deriva hacia la catástrofe. Nosotros, no. Esto es AD. Lo natural, señores, cuando uno ha crecido rodeado de gente tan digna y tan libre.

AR.-

Ver artículo original en Alerta Digital.

La Neutralidad de Franco.

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El Franquismo y la Neutralidad de España en la 2ª Guerra Mundial.

 

Los errores historiográficos de interpretación pueden producirse cuando se considera a un personaje o ideología como algo monolítico.

Desde mi percepción Hitler contó con los católicos para alcanzar el poder e incluso hizo todo lo posible por buscar su voto a pesar de que los principios de su partido nacionalsocialista eran contrarios a la religión.  Además no cabe la menor duda que ayudó a España militarmente. Pero es que estaba estratégicamente obligado a evitar que Rusia se instaláse en la Península y pensaba que Franco podía ser un “aliado” más, pese a cobrarse la totalidad de esa ayuda en minerales metálicos como el Wolframio (lo que no ocasionó ningún perjuicio a nuestra minería, siendo ahora explotados por empresas australianas, canadienses, eeuu etc..).

Pero el bando Nacional recibió también ayudas vitales, en forma de combustible, de Texaco y de los católicos norteamericanos.

Franco, que respetaba al Vaticano y obedecía al Papa en lo posible, intentaba contentar a los alemanes con concesiones, como pueda ser el sistema de localización de submarinos (primitivo GPS) instalado en Galicia o la División Azul de voluntarios, para mantener su neutralidad. Cosa que consiguió y es uno de sus numerosos logros.

Para hacerse una idea bastante completa sobre este importante tema, de gran transcendencia política, basta con la magnífica conferencia de Fernando Paz, que recomendamos vívamente porque merece la pena.

Y por eso la hacemos constar a continuación:

Pero la izquierda comercial no para en su intento por continuar viviendo a costa de Franco y del Franquismo rebuscando en cada mínima anécdota para desvirtuarla.

Afortunadamente hay historiadores que no se muerden la lengua y saben responder, como es el caso de Fernando Paz entre otros muchos.

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El primer ministro británico, Winston Churchill, y el jefe del Estado español, el general Francisco Franco

Franco, Hitler y la guerra mundial.

Sobre la  permanencia de España al margen de la II Guerra Mundial  deben hacerse varias consideraciones  esquemáticas de entrada:

  1.  Fue un hecho sumamente improbable en una Europa en llamas, con presiones de todas partes y variaciones extremas y rápidas de la contienda. Más improbable  por  la posición geoestratégica del país, entre Europa y África y entre el Mediterráneo y el Atlántico, escenarios los cuatros de la enorme confrontación de potencias. Solo hubo un hecho que pudo alterar la  neutralidad, y fue el envío de la División Azul a Rusia, pero que no lo hizo por el modo como se planteó la operación.
  2.  Para entender mejor la cuestión conviene señalar que muchas razones pesaban a favor de la entrada de España a favor de Alemania e Italia, dado que estas habían ayudado en la guerra al bando nacional, tenían cierta afinidad ideológica –aunque no debe ser exagerada—con el  régimen de Franco y no existían agravios históricos con ambas potencias. En cambio sí existían serios agravios con Francia, Inglaterra y Usa. Con Inglaterra  pesaba (y pesa) especialmente su invasión de una porción estratégica del territorio español en Gibraltar. Debe recodarse, además, que el Hitler que ha pasado a la historia como uno de los mayores genocidas de la historia, es el Hitler de la guerra mundial desde 1942, no el anterior. Mientras que el carácter genocida de Stalin estaba ya sobradamente acreditado de mucho antes.
  3.  Para España, la neutralidad  tuvo las siguientes consecuencias:a) Libró al país de las devastaciones, bombardeos y deportaciones, etc., que sufrió el resto del continente;

    b) No la libró de cierta hambre, menor que en la mayor parte de Europa pero bastante aguda durante dos años, debida tanto a la herencia desastrosa de la zona roja como al semibloqueo inglés;

    c)  Evitó a España la enorme carga moral que supusieron las atrocidades y crímenes de guerra cometidos, en distinto grado, por todos los bandos en pugna.

  4. En el plano internacional, las consecuencias fueron:a)  Ahorró a Inglaterra un revés desastroso, al tener abierta durante toda la guerra la salida occidental del Mediterráneo;

    b) Hizo posible la Operación Torch de los aliados anglosajones  en el norte de África.

    c) Facilitó a alemanes e italianos algunas ventajas tácticas menores, muy inferiores desde el punto de vista estratégico a las recibidas por los anglosajones. (Sobre esto se ha afirmado con fotos que existió en galicia una instalación con las antenas del “GPS” alemán que controlaba todos los submarinos alemanes. Lo que no sería una ayuda menor. Pero ignoro la credibilidad que D. Pío Moa otorga a esta noticia que podría ser falsa).

Estas breves consideraciones pueden servir para enmarcar la situación y la actitud de los gobiernos españoles por entonces.

Sería un error creer que la neutralidad –el período de “no beligerancia” no la alteró en la práctica—fue una decisión mantenida sistemáticamente y como un principio por España, y más concretamente por Franco. Decisiones de ese enorme alcance y con tan enormes riesgos casi nunca se toman sin vacilaciones y cálculos contradictorios. La decisión inglesa de no aceptar la paz con Hitler, muy firme en Churchill, no lo era tanto en otros dignatarios ingleses, y no estuvo lejos de ser impedida, como ha explicado el historiador useño John Lukacs.

Los documentos que vamos a tratar tienen un gran valor para explicar precisamente cómo tomó Franco sus decisiones y en virtud de qué cálculos según avanzaba y cambiaba el cariz de  la guerra. Son una serie de cartas, algunas manuscritas y otras pasadas a máquina, intercambiadas con Serrano Súñer, con Hitler y Mussolini.

Debe tenerse en cuenta que al Caudillo no le gustaba en absoluto, de principio, la perspectiva de una guerra europea. Así, ya con motivo de la crisis de Munich, en septiembre de 1938 y durante la batalla del Ebro, crisis que estuvo cerca de provocar la guerra, Franco declaró que en tal caso España permanecería neutral. El posterior pacto entre Hitler y Stalin le llenó sin duda de estupefacción,  y en septiembre de 1939, el ataque a Polonia, un país católico con régimen autoritario, le llevó a extremar su desagrado, pidiendo a todos la limitación del conflicto. Poco antes, en mayo, había advertido en Medina del Campo que la guerra estallaría pronto e iba a ser

“más terrible de lo que la imaginación  alcanza”.

Y había advertido al embajador italiano que no contase con una alianza militar, dado que España iba a dedicarse a la reconstrucción interna.

Las razones de Franco son fácilmente discernibles: la anterior guerra europea había dado como resultado una revolución comunista y movimientos revolucionarios por todo el continente, uno de los cuales acababa de derrotar él, precisamente en España. No parecía pensable que una confrontación entre las potencias fascistas y las democracias, por poco que le gustasen estas últimas, terminase en otra cosa que un continente arruinado  donde el  comunismo encontrarían su mejor oportunidad para imponerse.  Por otra parte, en la I Guerra Mundial, España, permaneciendo neutral había hecho grandes negocios vendiendo diversos materiales a los aliados, y quizá podría volver a hacerlos con los dos bandos. No es probable que esto último pesara en el ánimo de Franco pero no dejaba de ser una experiencia conocida.

Sin embargo, la guerra  en el oeste, en 1940, había resultado increíblemente fácil y poco destructiva para Alemania, que en pocas semanas barrió a los ejércitos inglés y francés –este último considerado generalmente  el mejor del mundo en tierra— Relativamente pocos muertos y pocas devastaciones, ningún caldo de cultivo para nuevas revoluciones comunistas. El propio Stalin felicitó entusiásticamente a Hitler. Se percibía el triunfo de un Nuevo Orden en Europa.

Eso cambiaba radicalmente las perspectivas, y a España le convenía entrar en el Nuevo Orden en las mejores condiciones posibles. El único obstáculo parecía el rechazo de Inglaterra a aceptar  la paz que le ofrecía Hitler;  e Inglaterra era mucho más que Inglaterra: era el inmenso Imperio inglés, con recursos en principio inagotables. Aun así, de momento  no parecía un gran problema, pues las posibilidades inglesas de invadir el continente eran nulas. El 3 de junio, Franco expresóa a Hitler su deseo de

“no permanecer ajeno a sus preocupaciones” y de rendirle “los servicios que Vd. considere más valiosos”.

La carta ha solido interpretarse como un deseo de entrar en guerra, pero para entonces esta parecía ganada, de modo que probablemente estaba pensada con vistas al Nuevo Orden. En aquel momento, Hitler no creía tener la menor necesidad de España, por lo que la carta no dio ningún resultado práctico. Y, dato importante, faltaba todavía un mes para que comenzase la batalla de Inglaterra.

La prolongación de esta batalla, que duraría tres meses y medio hizo que Hitler empezase a valorar seriamente la colaboración española, y que Franco, cuyo interés principal estaba en la reconstrucción del país, se mostrase cada vez más escéptico bajo palabras de apariencia entusiasta.  Serrano Súñer fue a Alemania a preparar la entrevista entre Franco y Hitler, en la que debería decidirse la beligerancia española. Para ello expone unas condiciones que sabe son muy difícilmente cumplibles para Hitler: expansión en África a costa de Francia y grandes cantidades de víveres y armamento. Pero lo esencial es la instrucción que da a Serrano Súñer:

Si nos garantizan una guerra corta, no hay más que completar los preparativos. Pero si la guerra es larga, no nos pueden arrastrar sin tener resueltos los problemas en forma soportable para nuestro pueblo”.

Importa mucho la fecha de esta carta: 24 de septiembre, cuando la batalla de Inglaterra está ya perdida para Alemania, con Franco muy consciente de que la estrategia inglesa consiste en aguantar hasta que Usa entre en guerra (por el momento se mantenía neutral, pero ayudando a Inglaterra y provocando a Alemania). En esta carta de concentra toda la política que iba a seguir Franco hasta el final: la guerra será, por tanto, larga y él con las divisiones alemanas en la frontera, no podía dar una negativa abierta a  Hitler, por lo que seguirá una política evidentísimamente dilatoria. No quería engañar a Hitler, a quien estaba agradecido, pero tenía en cuenta, por encima de todo, los intereses españoles. Y para él esos intereses consistían en la reconstrucción del país después de la guerra civil.

Siempre me asombra que en sus interminables discusiones bizantinas sobre la política de Franco, nadie, que yo recuerde, haya dado a esta carta el valor decisivo y demostrativo que tiene.

 

 

Fernando Paz: “No hay indicios de que los militares cobraran de Londres por la neutralidad de Franco”

 

El historiador autor de “La neutralidad de Franco”, sostiene en contra de las tesis más extendidas últimamente que Franco evitó que España participara en una guerra para la que no estaba preparada. Y señala que no hay indicios de que el dinero que Londres destinó a influir en la neutralidad española llegara a los generales.

La neutralidad española en la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un tema de continuo debate para la historiografía. El encuentro en Hendaya entre Hitler y Franco en 1940 ha sido interpretado -especialmente en las últimas décadas- como la constatación de que si España no participó en el conflicto fue porque el Fürher alemán no lo permitió al no ceder antes las altas exigencias del Generalísimo.

En este punto difiere de manera notable la historiografía española de la extranjera. El motivo, sostiene Fernando Paz, autor de La neutralidad de Franco (Ediciones Encuentro), es de carácter ideológico y por la perspectiva más certera sobre Franco que, a su juicio, tienen los historiadores foráneos.

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“Los análisis más negativos hacia Franco que, en general, se han producido desde España se deben a razones ideológicas. La historiografía extranjera suele demostrar una perspectiva más amplia que la española, la ideologización es menor y en consecuencia se puede hacer una valoración más neutra de la figura de Franco”, asegura a Actuall.

En su opinión el jefe del Estado español hizo todo lo posible por evitar que España participara en una guerra para la que no estaba preparada.

Para llegar a esa conclusión Paz ha acudido a documentación británica, norteamericana, francesa, italiana, alemana y española.

Hitler y Franco
Encuentro entre Adolf Hitler y Francisco Franco en Hendaya

En los últimos tiempos incluso se ha especulado (el historiador Ángel Viñas en su libro Sobornos) con la posibilidad de que varios generales españoles fueran sobornados por el Reino Unido a cambio de influir en Franco para que España no entrara en la guerra del lado alemán.

La catadura moral de Juan March

¿Qué hay de verdad en todo ello? Es verdad que los britanicos realizaron pagos para consolidar la neutralidad de España, cantidades muy importantes para la época, pero no hay documento o persona que acredite que algún general cobró, así lo dice el propio Viñas.

“Los britanicos pagaron para llevar a cabo una operación que frustrara la entrada de España en la guerra al lado de Alemania. Y pagaron bien. Es el dato esencial”, señala Paz.

El historiador madrileño (autor también de “Europa bajo los escombros”, “El fracaso de una utopía” o “Núremberg: juicio al nazismo”, entre otras obras), recuerda que esta operación fue cocinada en la embajada británica en Madrid por el secretario naval, Alan Hillgarth.

“El dinero pasaba por él y por un personaje tan sospechoso como el millonario balear Juan March, se suponía que ellos tenían que hacer llegar el dinero a un par de decenas de generales españoles”.

“Es muy probable que ni siquiera Hillgarth, March ni nadie se dirigiera a los militares, no hay ningún documento que lo acredite. Además estos dos sujetos son altamente sospechosos”

La pregunta es evidente: ¿por qué no llegó ese dinero?

“Se envió un dinero a estos dos hombres con el fin de ‘convencer’ a los generales españoles de que ese dinero procedía de empresarios españoles que querían evitar la entrada de España en la guerra. Se hizo así porque de esta manera los militares no estarían cometiendo un acto de traición, pero sí de soborno”.

El banquero balear Juan March
El banquero balear Juan March

Es decir, que Londres sí pagó, ese dinero llegó a la embajada británica en Madrid, los documentos existen, pero…

“todo hace apuntar a que los militares nunca cobraron”,

dice una y otra vez Fernando Paz.

¿Acaso los generales no tuvieron constancia de que querían ser comprados por el Reino Unido?

Esposas con grandes fortunas

“Es muy probable que ni siquiera Hillgarth, March ni nadie se dirigiera a los militares, no hay ningún documento que lo acredite. Estos dos sujetos son altamente sospechosos. March era mundialmente conocido por ser un verdadero pirata, no hay mucho que decir acerca de su catadura moral. En cuanto a Hillgarth…”

¿Qué pasa con Hillgarth? ¿Acaso un miembro de la embajada se la jugaba a su propio gobierno?

“Hillgarth era muy sospechoso en el manejo de fondos, porque hacía tiempo que le sacaba dinero al gobierno inglés alegando que tenía que pagar a sus intermediarios para obtener información”.

“Hillgarth obtenía la información sin la necesidad de pagar nada, así que se estaba lucrando de su propio Gobierno. Es un indicio evidente de que Hillgarth tenía un afán desmesurado por sacarle dinero a los suyos”

En realidad, nada nuevo en el escabroso mundo del espionaje.

Kim Philby, jefe de la contrainformación de la OTAN que en teoría tenía que espiar a los soviéticos… ¡estaba al servicio de Moscú!

Pero volvamos a Hillgarth, el secretario naval británico.

“En realidad obtenía la información sin la necesidad de pagar nada, así que se estaba lucrando de su propio gobierno. Es un indicio evidente de que Hillgarth tenía un afán desmesurado por sacarle dinero a su gobierno. No sabemos si el embajador inglés Samuel Hoare estaba compinchado o directamente no sabía nada de la operación”.

Alan Hillgarth
El secretario naval de la embajada británica en España, Alan Hillgarth

Entonces, ¿qué hay de la obra de Ángel Viñas titulada Sobornos? En ella el historiador cita a algunos generales españoles que vivían por encima de sus posibilidades.

“Eso es una trampa porque algunos de esos generales se habían casado con mujeres con importantes fortunas, otros directamente el dinero les venía de su propia familia”,

sostiene Fernando Paz.

A las órdenes del generalísimo

Se habla, entre otros, del general Antonio Aranda.

“Es un disparate, Aranda murió prácticamente en la pobreza. Viñas insinúa que los generales tienen el dinero porque lo han cobrado de los ingleses, lo cual está muy lejos de haber sido demostrado”.

Hay otro punto, sin embargo, que parece importante no pasar por alto. La información que la propia embajada británica tenía sobre la política exterior española. ¿Acaso cualquier movimiento de España no lo decidía el generalísimo?

“No tiene sentido lo de comprar generales cuando la propia embajada británica sabía que en política exterior todo lo decidía Franco”

“El embajador inglés sabía que el único que decidía en política exterior era Franco e incluso los ministros de Exteriores españoles reconocían que acataban las órdenes de Franco. Es absurdo desde todos los puntos de vista creer que la embajada en Madrid pidiera a Londres esos dinerales, ya que sabían que no podían influir de facto en la política española”.

Para finalizar, Paz sostiene que incluso el propio Viñas dice al final de su libro que lamentablemente no dispone de la lista concreta de los generales españoles.

“¡Es que muy probablemente no existen tales documentos!”

Entrevista de Actuall realizada a: Fernando Paz.

 

El día que Hitler quiso el Peñón y Franco se hizo el sueco

En un intento de desestabilizar a Churchill, Hitler planificó la conquista del Peñón.

Gibraltar, la llave del Mediterráneo, ha sido, es y será objeto de deseo, debido a su importancia estratégica. El peñón es un punto vital para Reino Unido, que junto con Malta y el canal de Suez, forma el trípode que sostiene una ruta comercial de trascendental peso en la economía británica.

La Operación Félix fue el nombre dado al plan hispano-germano elaborado durante la Segunda Guerra Mundial (IIGM) con la intención de arrebatar Gibraltar a los ingleses.

Fue programado para el 10 de enero de 1941, pero nunca llegó a ejecutarse.

El plan de Adolf Hitler consistía en lanzar una ofensiva conjunta contra el Peñón, Malta y el Puerto de Alejandría con el fin de desestabilizar a Churchill y obligarle a firmar una paz conjunta, ya que, según sostienen algunos historiadores, Hitler siempre soñó en un mundo gobernado entre las dos potencias, Alemania e Inglaterra.

El oficial nazi que ideó el plan fue el General del Alto Mando de la Wehrmacht Alfred Jodl. El nombre de la operación lo sacó de las antiguas legiones romanas formadas por hispanos que habían luchado en Germania, las cuales eran conocidas por “Félix”.

En junio de 1940, la Alemania nazi de Hitler era dueña y señora de Europa. Mediante la llamada “Guerra Relámpago” arrasó en Bélgica, Holanda y Francia, firmando esta última un armisticio que dio lugar a la llamada Francia de Vichy.

España, ante el avance de Hitler hasta la frontera, cambia su posición en la Guerra de “neutral” a “no beligerante”.

El Estado Mayor advierte a Franco que tarde o temprano los choques entre las potencias europeas terminarían afectando al Mediterráneo, y con ello a España debido a su posición estratégica. Ante esto, Franco fortifica y refuerza las zonas consideradas especialmente sensibles a ser atacadas como eran el Protectorado marroquí, la zona limítrofe con Gibraltar y las islas Baleares.

Durante el verano de 1940, el Estado Mayor alemán aconsejó a Hitler la toma de Gibraltar, ya que consideraba que significaría la rendición de Reino Unido al no poder aguantar mucho tiempo sin su principal red de comercio y suministros. En el caso de que Churchill se hiciera fuerte y decidiera seguir con la ayuda de EEUU, los alemanes tenían planificada una invasión a Gran Bretaña, que finalmente fue la conocida “Operación León Marino” que significó una victoria decisiva para el bando Aliado, configurándose ésta como la mayor batalla aérea de la historia.

Churchill blinda Gibraltar

Tras la caída de Francia, Inglaterra era consciente del peligro y convirtió a Gibraltar en una auténtica fortaleza. Todas las zonas de entrada se llenaron de minas, se reforzaron las guarniciones, se llenó literalmente el Peñón de cañones antiaéreos y, lo más importante, se excavaron 48 kilómetros de túneles, además de convertir su antiguo aeródromo de emergencia en una base aérea.

El General Jodl sabía que de nada servía planificar una operación sin el apoyo de España. Franco debía de dar su visto bueno para que las tropas alemanas atravesasen la península para poder llevar a cabo el asalto.

El III Reich envió a España una unidad de Inteligencia (OKW) al mando del Almirante Canaris. Realizaron observaciones en la zona colindante al Peñón, especialmente en la zona de la Línea de la Concepción.

A finales del verano de 1940 el III Reich mandó a su ministro de Exteriores reunirse con Franco para conocer las exigencias de éste por permitir entrar a la Wehrmacht para realizar la operación.

Mientras, Franco no llegaba a aceptar el trato de manera formal.

Dentro de su ejecutivo existían dos corrientes contrapuestas, aquellos que estaban a favor de unirse a Alemania, como el Serrano Súñer, y otra vertiente favorable a los Aliados, que desaconsejaba entrar en el conflicto debido al estado lamentable del país después de una Guerra Civil.

España pedía para llevar a cabo la invasión el apoyo de los alemanes para defender las Islas Canarias de una posible ofensiva inglesa, numerosas posesiones en África de los franceses y la comida, el combustible y las materias primas que necesitara el Ejército español.

Todas estas exigencias eran inadmisibles para Hitler, principalmente, porque estaba en plenas negociaciones con el mariscal francés Petain, quien no iba a permitir semejante robo. Muchos historiadores alegan que fue una estrategia lanzada por Franco para quitarse de en medio las presiones de Hitler, ya que el Ejército español no tenía entidad suficiente para hacerse cargo de todo lo que había pedido.

Aún así los alemanes confiaban cerrar de forma fructífera la operación en una futura reunión bilateral con la dictadura española. Tras contactos entre Serrano Suñer y Berlín, llegó el famoso encuentro entre Hitler y Franco en Hendaya el 23 de octubre de 1940. Dicho encuentro no sirvió para mucho.

Urge el ataque

En noviembre de 1940 Hitler piso el acelerador y empezó con los preparativos de la operación. Se seleccionó una División de Asalto formada por 16.000 hombres a la vez que se planificó un ataque conjunto por tierra, mar y aire. Además, otra División se desplegaría cubriendo la frontera con Portugal para evitar una posible reacción británica. El 15 de noviembre Serrano Súñer es convocado por Hitler en su residencia de Baviera para ultimar los preparativos.

El almirante Canaris fue clave en la decisión final que toma Franco de no intervenir. Canaris no era un oficial más del III Reich. Él, que no era miembro del partido nacionalsocialista, quedo horrorizado por la campaña desempeñada por las SS en Polonia. Organizó varias conspiraciones internas contra Hitler, siendo descubierto en la famosa Operación Valquiria, arrestado por las SS y ahorcado en un campo de concentración.

Franco no se atrevía a dar el paso, ya que no confiaba que Reino Unido caería una vez conquistada Gibraltar. Además, Canaris en contra de lo que el III Reich le pidió, desaconsejó a Franco seguir con la operación, advirtiéndole que la guerra sería larga y que el Eje no tenía todas las de ganar.

Finalmente Hitler, ante la falta de decisión por parte de España de llevarla a cabo, desestimó la operación.

Los preparativos de la ansiada Operación “Barbarroja” soñada por Hitler en su Mein Kampf fue el límite temporal establecido por el III Reich para llevar a cabo la conquista del Peñón. La planificación militar ultimada en la Operación Félix nunca fue realmente desestimada por el régimen franquista, al pensar éste que era factible poder llevarla a cabo con éxito.

Santiago Orduña. libertad Digital.

Los Crímenes de Guerra del Franquismo 2ª parte.

La Izquierda Roba los Muertos.

Fusilamiento frentepopulista.

Esta famosa imagen de milicianos fusilando a un “espía” nacional fue muy difundida como propaganda frentepopulista. En internet la encontramos como “fusilamiento desconocido” o más absurdamente “falangistas fusilando a un republicano”.

 

Una de las mayores manipulaciones de la Memoria Histórica es igualar a las víctimas con los verdugos, a los asesinados con los criminales, a los inocentes con los culpables de delitos de sangre, al agresor con el que exige justicia y reparación, a los reprimidos sin motivo con los AJUSTICIADOS, a los Alzados frente al Golpe de Estado con los Golpistas. En definitva, considerar igual al Policía y al Delincuente.

Por lo tanto la Memoria Histórica, en lo que al bando Nacional se refiere, computa juntos a los Ajusticiados, en juicios militares serios (con pruebas y numerosos testigos), con los verdaderamente reprimidos. Y aún así no les salen las cuentas…

Por ese motivo han recurrido al “maquillaje” de los datos y a la difusión de las más burdas patrañas. Como culpar al bando Nacional de crímenes cometidos por el bando Rojo o elevar a la categoría de “dogma de fe” las masacres publicitarias inventadas por periodistas comunistas al servicio de la República, como el cuento de La Matanza de Badajoz, con entrevistas imaginadas por el propio Jay Allen. Sin por ello ocultar algunos bailes de cifras que también se produjeron en los cómputos de los nacionales.

Recurren además a la justificación de los crímenes así como a insistir torpemente en que fueron obra de algunos “descontrolados”. Historiadores de prestigio internacional refutan estas falsedades con suma facilidad como puede leerse en esta página.

Ciertamente la Guerra de Liberación, según reconocen los historiadores solventes, fue un Guerra Civil poco cruenta, en lo que a los caídos en combate se refiere. La mayor parte de las víctimas lo fueron por:

1º La represión del Terror Rojo mayoritariamente (se conocen 80.000 víctimas con nombres y apellidos aunque hubo más), pero también por el “Terror Blanco” de los primeros momentos del Alzamiento contra el Golpe de Estado del Frente Popular.

2º Por la respuesta legal, a la que el Estado Nacional estaba obligado a dar, frente a los crímenes de guerra republicanos (50.000 condenas por los juicios militares de las que Franco indultó a la mitad, motivo por el que el fusilamiento de inocentes se redujo a la mínima expresión . Éstos se integraron poco a poco en la vida social).

En relación con las víctimas de la Guerra Civil española se han creado y difundido los que podemos llamar mitos de la represión, formulaciones con algún fundamento en una realidad que ha sido deformada y que enjuicia con distinta medida la represión en una y otra zona (falacias).

Todo al servicio de un proyecto concreto: la reivindicación del bando frentepopulista y la definitiva proscripción de los principios sostenidos por el Alzamiento y la España de Franco.

Uno de estos mitos trata de justificar lo injustificable: El asesinato de los prisioneros en las cárceles y checas como causa directa de los bombardeos aéreos. Algo así como si,a causa del bombardeo de Londres, Churchill hubiese ordenado la matanza de los prisioneros alemanes. En este contexto se nos presenta como algo impensable.

El comportamiento de los milicianos y las autoridades republicanas resulta atrozmente egoista hasta límites inimaginables. No tanto por asesinar cruelmente a los prisioneros enemigos como por el absoluto desprecio a sus propios correligionarios presos del bando Nacional. Ya que, como cualquiera puede darse cuenta, lo único que podría esperarse del bando contrario en lo referente al tratamiento otorgado a los prisioneros, es una respuesta similar.

Sin embargo la república jugó con la ventaja de que la España de Franco no se comportó igual y respetó la vida de los presos en las prisiones hasta su juicio (puesto que es evidente que muchos de ellos eran culpables de crímenes atroces).

Otro Mito consiste en la represión ejercida por el bando Nacional cuando entraba en las poblaciones, ocultando el hecho de lo que verdaderamente había ocurrido antes. Es decir, ocultando lo que hacían los republicanos justo antes de abandonar esas poblaciones, que no era otra cosa que asesinar a todos los prisioneros y rivales políticos que podían encontrar.

Estas páginas permiten comprobar lo necesario que resulta acudir a los objetivos y al método de la investigación histórica, sin necesidad de emplear conceptos equívocos como el de la “recuperación de la memoria” que encubren la voluntad de servirse del pasado como arma de combate en el empeño de degradar la convivencia entre los españoles.

No furon iguales sino muy diferentes.

¿Realmente fueron iguales unos y otros en la auténtica Memoria Histórica? Se pueden sacar conclusiones verdaderas de la lectura de los, magníficos aunque demasiado asépticos, textos que proponemos. El conocimiento de la verdad demuestra un comportamiento bastante diferente en las autoridades, pero también en los autores de crímenes. Mientras los nacionales se limitaban a fusilar a los inductores de los asesinatos, los crímenes republicanos parecen sacados de películas de terror vampíricas. Tal es el grado de animalización en los milicianos y sus mandos que la Iglesia ha llegado a la conclusión, con sobradas razones, de que padecían una posesión diabólica.

 

La Manipulación de las Cifras de la Represión.

 

______________________________INE                                 INE (Rectificadas)

Represión Republicana:        71.744                             56.577

Represión Nacional.               57.693                            74.792

Acción de Guerra:                 136.913                          132.266

Las Cifras Oficiales de la Represión (En realidad las cifras de la Represión Roja no bajan de 80.000 con nombres y apellidos)

angel david martin rubio.En el libro Víctimas de la guerra aparece una tabla en la que se dice que un total de 22 provincias de la retaguardia republicana suman un total de 37.843 víctimas de violencia de los revolucionarios.

Extrapolando esos datos, se acaba rebajando notablemente los valores de la represión frentepopulista. Sin embargo, basta hacer algunas precisiones para comprobar que las cifras reales son más elevadas:

– En Alicante las 840 víctimas de Y. Gabarda se sitúan en torno a las 1.000 según Ors Montenegro y el Martirologio de Vidal Tur.

– En Granada la cifra se situaría por encima de los 994 y por debajo de los 1120 que incluyen al

«Total de víctimas, residentes o no, que son imputables específicamente a ajusticiamientos frentepopulistas o por causas legales (restando los desaparecidos, las muertes producidas por enfrentamientos con la Guardia Civil durante las jornadas de la sublevación, o los óbitos no certificados)»

ya que, por ejemplo, los vecinos de Almena asesinados en el campo de Turón (Granada) no fueron recogidos por R.Quirosa en aquella provincia ni fueron contabilizados en Valencia los granadinos fusilados allí.

En el caso de Jaén, Coba Romero señala, efectivamente, 1.368 bajas pero él mismo reconoce que faltan datos correspondientes a una serie de pueblos que no aparecen en la Causa General. Completando estas lagunas con los Informesde la Guardia Civil existentes en el Servicio Histórico Militar la cifra final se podría situar alrededor de los 1.600.

– En Zaragoza frente a las 742 bajas que se señalan hemos identificado a 839 entre las que se incluyen víctimas de la violencia roja y de la represión desencadenada tras la ocupación de Quinto, Codo y Belchite. Como un número imposible de determinar de éstas no han sido identificadas la cifra real será más elevada.

– En el caso de Córdoba, se da la cifra de 2.060 muertes, eliminando así a los que perdieron su vida fuera de los límites provinciales y en especial a un numeroso grupo de vecinos que fueron llevados a Valencia y fusilados allí. Como Vicente Gabarda en su estudio sobre dicha región advierte que tampoco ha contabilizado a los muertos procedentes de otros lugares, vemos que se siguen quitando víctimas de la suma total. (Una reciente investigación de un autor de izquierdas ha elevado las víctimas de las hordas marxistas a más de 8.000 ¿?).

«De forma paralela, en el País Valenciano se llevaron a cabo numerosas ejecuciones y
asesinatos de personas procedentes de otras comunidades autónomas, bien previamente
encerrados en las prisiones provinciales, donde esperaron la aplicación de la sentencia
de pena de muerte impuesta por los tribunales militares (de su provincia de origen en
ocasiones, como los vecinos de los pueblos de Córdoba y de Granada), bien trasladados
desde sus domicilios por los miembros de los comités revolucionarios locales o los pisto-
leros a sus órdenes y asesinados en un descampado, la puerta de un cementerio, una cu-
neta, etc., del pueblo vecino, en este caso ya perteneciente a la Comunidad Valencia;
estas víctimas, aunque sí listadas y analizadas, no han sido contabilizadas».GABARDA CEBELLÁN, Vicente, La represión en la retaguardia.

– Por último hay una serie de personas asesinadas en lugares distintos al de su residencia habitual y que, igual que se corre el riesgo de una doble contabilidad, pueden pasar sin ser recogidos en ninguno de los dos lugares. Por ejemplo, a las víctimas de Badajoz habría que sumar varias decenas de asesinados en Madrid procedentes de allí y que no aparecen en las relaciones de Casas de la Vega. Las cifras de la capital de España se
incrementarán, por tanto, en la medida en que se constaten los casos similares con origen en otras provincias.

En resumen, los autores de Víctimas de la guerra calculan que el número de bajas ocasionadas por la represión republicana fue inferior a las 50.000 y se basan para ello en que de 22 provincias deducen un número de 37.843.

Analizando con más detalle esta afirmación hemos visto que las víctimas consideradas en ellas deben incrementarse y aún habría que revisar las cifras que se dan para otros lugares.

Al contrario de lo que ocurre con la represión republicana, las cifras propuestas por los autores de Víctimas de la guerra para la represión en la retaguardia nacional y en la posguerra se disparan, llegándose a hablar de 130.000 muertes sin descartar que pueda llegarse a un valor todavía mayor.

De nuevo, un análisis detallado de las cifras provinciales nos permite descubrir que esto se consigue sumando cifras obtenidas a partir de monografías no suficientemente contrastadas en las que las víctimas se contabilizan a partir de misteriosos informantes o de una voz pública que tiende a exagerar lo que no conoce. Se olvida así

«la fragilidad de las fuentes orales, pues los testimonios, aun los más honestos y veraces, deben ser sometidos a muy rigurosa crítica por su subjetividad y por la ignorancia que del asunto global suelen tener los informantes» .

Podemos prestar atención a una serie de monografías sobre Andalucía, Aragón y Extremadura tomándolas como ejemplo para comprobar cómo se han obtenido las cifras que se proponen para la represión nacional.

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Las Cifras de la Represión y los Álbumes del Santuario de la Gran Promesa.

Ricardo de la CiervaEn los Álbumes del Santuario de la Gran Promesa en Valladolid se encuentran los nombres de 113.178 Caídos por Dios y por España. Del examen de estos libros se deduce, ante todo, que en sus datos totales están incluidos sólo nombres de asesinados en zona roja y de muertos del bando nacional en acción de guerra, aunque sin la certeza de que en estas listas estén comprendidos todos los habidos por uno u otro concepto.

Salas Larrazábal en su libro Pérdidas de la Guerra establece el siguiente resumen:

Españoles Muertos en campaña               59.500                      60.500

Españoles Víctimas de la Represión        72.500                       35.500

Muy posteriormente, en el año 1999, en su libro Salvar la Memoria, el sacerdote D. Ángel Martín Rubio, estimando que “las afirmaciones de Salas Larrazabal constituyen un paso de gigante”, entiende, no obstante, que con las monografías publicadas después de 1977 “resulta posible un empleo de las cifras del I.N.E.  para acercarnos a la realidad de la represión”, y sin ofrecer los datos en forma tan detallada como lo hacía aquel presenta escuetamente las cifras del INE, obtenidas según los estudios del propio Salas Larrazabal, junto con las adecuadas correcciones introducidas por él mismo sin especificar el detalle de los muertos en campaña de cada bando, pero arrojando un total de 132.266 muertos por este concepto, contra los 120.000 que señalaba Salas Larrazabal. lo que supone un aumento de 12.266 equivalentes al 10,22%

Nacionales muertos en Campaña: 59.500 x 1,1022 = 65.580

Nacionales Asesinados según Martín Rubio =             56.577

Suma TOTAL =           122.157

Y ahora comparemos estas cifras con la relación nominal de los álbumes del Santuario

que TOTALIZAN:       113.178

La diferencia es de solo 8.979 lo que significa que los libros del Santuario contienen solo el 93,65% de los caidos del bando nacional en ambos conceptos.

Sobre la represión del Bando Nacional  hay que hacer observar que los historiadores de izquierdas no tienen en cuenta una serie de consideraciones:

-De una parte no distinguen entre las muertes ocasionadas ilegalmente y las ejecuciones llevadas a efecto como consecuencia de sentencias de los Tribunales de Justicia, aún cuando, con todos los defectos que se quieran atribuir a ambos tipos de Tribunales, no haya punto de comparación entre los Tribunales de Guerra del bando nacional y los llamados Tribunales Populares republicanos, como bien sabemos los que vivimos en ambas zonas, lo que eran unos y otros. 

Sobre este extremo, harto elocuentes fueron los ejemplos de los llamados “Padres de ls República”, Ortega y Gasset, Marañón y Pérez de Ayala, que abandonando lostres al Gobierno del Frente Popular, se exiliaros de la zona Roja y sus hijos combatieron como voluntarios en el Ejército Nacional.

-Por otra parte, a lo largo de la guerra, los nacionales paulatinamente fueron ocupando todo el territorio frentepopulista, teniendo que juzgar, posteriormente, los brutales desmanes que en él se habían cometido durante la dominación roja. (Esto se podrá ver en los nuevos estudios del general Casas de la Vega titulados “Masacre – Asesinados en la zona Republicana durante la Guerra Civil”).

Los Nacionales se encontraban en la obligación de juzgar todos estos crímenes.

Cuando las fuerzas republicanas abandonaban una población mataban previamente a cuantos civiles consideraban “de derechas”.

memoria Histórica de las matanzas de Bilbao.

Las matanzas de presos permitidas por la policía del Gobierno Vasco.

Las Cifras de Córdoba.

Intentando desacreditar esta sugerencia de que es preciso examinar críticamente los testimonios orales, Moreno Gómez ha repetido en dos lugares distintos que yo había puesto en cuestión sus datos sobre Lucena mientras que la investigación de un estudioso había añadido algunos nombres más (de 103 a 121).

De nuevo nos encontramos con una afirmación que se saca de su contexto y sin una referencia para que el lector pueda contrastar lo que se dice.

Basta acercarse a mi libro Paz, piedad, perdón … y verdad (pp. 204-205) para comprobar que el de Lucena únicamente era un ejemplo, entre otros, para demostrar cómo se había obtenido la suma total de más de 9.000 bajas que se atribuyen a Córdoba, no a partir de relaciones nominales sino, en la mayoría de los casos, basándose en estimaciones, misteriosos informes, o siguiendo las exageraciones de la opinión pública.

Estos eran los ejemplos que se ponían y que son toda una prueba de rigor documental:

«El encargado del Registro asegura que existen más víctimas sin inscribir, que en Doña Menda se produjeron tres o cuatro “sacas”, de media docena cada una, en la carretera de Monturque, en la carretera de Cabra a “El Salinero”, etc.» (p. 67).

«Por otra parte, tenemos conocimiento de la existencia en Lucena de una lista de 103 fusilados, que nos ha prometido incontables veces José Manján-Cabeza Lápez; pero al final se ha negado a facilitar ese documento. Con todo, no es verosímil que la represión en Lucena fuera inferior a esa cifra» (p. 107).

[Rute]: «El encargado del Registro Civil -así como otros testimonios solventes- asegura que la mayor parte de las víctimas no han sido inscritas y cifra su número entre 50 y 60» (p. 118).

«Las cifras que se escuchan entre la opinión pública son bastante elevadas. Inducimos que la represión de La Carlota puede situarse acertadamente en un centenar de asesinatos» (p. 123).

«La opinión pública de Baena habla de 2.000 fusilados, de 1.500, de 900 [ … ], pero nunca se baja de 700, con relación a lo ocurrido entre los días 28-30 de julio [ … ] En síntesis, a la hora de tomar como base una cifra sobre las víctimas de personas de izquierda en Baena en 1936, ésta no debe situarse por debajo de los 700, que guarda la proporción con el Registro Civil que venimos manteniendo, y a pesar de que las cifras manejadas por la prensa de la época y por la opinión pública son todos superiores. Hemos preferido un término medio entre la valoración popular y los datos del Registro» (pp. 232 Y 234).

Si una investigación local para un caso concreto ha obtenido cifras más elevadas (que siempre habrá que confrontar), esto no significa que sea así en todos los casos. En otras ocasiones, las cifras no se corrigen al alza sino a la baja como han comprobado otros autores:

«Aunque trivializar con más de mil ejecuciones es una cuestión verdaderamente escabrosa, lo cierto es que, si comparamos con otras provincias, la represión franquista en Albacete no fue tan grande. Las entrevistas que hemos practicado nos hablaban siempre de cifras mucho más altas que luego la documentación de los registros y libros de cementerios nos hacían revisar».

También Moreno Gómez ha atribuido al «afán de ocultación filofranquista» mi sugerencia de que tal vez se contabilizaran entre las víctimas de la represión nacional en Córdoba algunas bajas ocasionadas por los bombardeos aéreos o acciones militares. Se trata de buscar una explicación a una discrepancia, muy grande especialmente en algunos días, entre el Libro Registro del Cementerio y el Registro Civil (por mi experiencia en el caso de Badajoz, la coincidencia es mucho mayor y, en todo caso, son algo más altas las cifras del Registro pues siempre pudo haber muertes que no se recogieran en el Cementerio).

La suposición no es tan infundada y tenía su base en una afirmación del propio autor quien señala en las rectificaciones de la segunda edición que

«Manuel Guillén Parrado, ferroviario, que aparece como fusilado, murió a consecuencia de heridas de un bombardeo».

En todo caso yo nunca he afirmado

«”creer” que la multitud de “cadáveres desconocidos” del cementerio de Córdoba son víctimas de los bombardeos»,

mi precisión se refería únicamente a unos días muy concretos, se presentaba como una posibilidad y, a pesar de todo, se recogían las cifras dadas por el autor en el balance final:

«Aceptamos los datos que señala para la capital por falta de elementos de juicio aunque no sin hacer notar alguna anomalía como es la aparición de numerosos cadáveres de desconocidos los días 17 de agosto de 1936 y siguientes. No se olvide que el17 y el 20 del mismo mes tuvieron lugar importantes bombardeos de Córdoba por la aviación republicana y puede que se incluyan como víctimas de la represión algunas de las bajas causadas en el ataque de la aviación. De hecho no vuelven a encontrarse cadáveres no identificados en número tan alto ni es tan elevada en otras fechas la discrepancia con los inscritos en el Registro Civil como fusilados”.

El bombardeo del Pilar de Zaragoza.

El Crimen contra el Patrimonio y la Libertad Religiosa de la Memoria Histórica.

El Pasado Oculto de Aragón.

Ya Carlos Engel, en un balance de las publicaciones sobre la Guerra Civil a los sesenta años de su final, llamaba la atención acerca de cómo en el trabajo centrado en Aragón se atribuían a la represión nacional víctimas debidas a otras causas:

«El sistema de Salé Sabaté y Joan Villarroya fue, y es, profusamente imitado, pero mientras algunos autores lo hicieron con éxito, en algunos casos, como en el estudio de la represión en Aragón “El pasado oculto “, de varios autores, se han llegado a contabilizar como fusilados por los nacionales los defensores de Codo y de Belchite, los heridos en acción de guerra y los muertos ¡por septicemia!».

Llevando a cabo una exploración más detenida de las relaciones nominales que aparecen al final de la obra citada hemos podido comprobar cómo entre las que se presentan como víctimas de la represión nacional en la provincia de Teruel hay 65 que, con toda seguridad, perdieron la vida como consecuencia de la represión republicana o de operaciones militares y otras 105 presentan serias dudas. Esto supone reducir una relación nominal de 1030 a 860, porcentaje muy significativo (16,5%) si se tiene en cuenta que se trata de una segunda edición revisada.

En el caso de Zaragoza capital, podemos comprobar lo que ocurre si aplicamos el mismo criterio a las muertes que se atribuyen al mes de julio; son un total de 113, de ellas no aparecen identificadas nominalmente 35, por lo que cabe pensar en la existencia de una contabilidad duplicada y son en realidad nacionales fusilados o caídos en acción de guerra. En los meses siguientes se repiten casos semejantes y lo más curioso son 19 vecinos del Barrio de Santa Isabel que aparecen al mismo tiempo en esta presunta lista de represaliados por los nacionales y en una relación de Caídos de la provincia de Zaragoza entregado por la delegación provincial de FET a la Causa General.

Es decir, que no basta estar inscrito en el Registro Civil para que se pueda considerar a una persona como víctima de la represión nacional. Hay que probarlo en cada caso.

Si a ello añadimos los republicanos que pueden aparecer en estas listas y que en realidad no fueron fusilados sino muertos en acción de guerra y que resultan difíciles de identificar a partir de otras fuentes, cabe poner un serio interrogante sobre las cifras atribuidas a la represión nacional en Aragón por el equipo dirigido por Casanova.

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Las Cifras de la “Columna del Enredo”.

Las últimas aportaciones en torno a las cifras de la represión en Extremadura proceden de un libro de Francisco Espinosa Maestre que Pío Moa -haciendo un juego de palabras con su título sensacionalista- ha calificado agudamente como La Columna del enredo.

Aquí se nos ofrecen una serie de datos globales sobre la represión en la zona oeste de la provincia de Badajoz, es decir, en los pueblos ocupados hasta el 21 de septiembre de 1936.

La cifra propuesta por Espinosa Maestre se desglosa así:

Registros Civiles (Badajoz): 6.172

Otras fuentes:                           438

Total:                                       6.610

Fuente: ESPINOSA MAESTRE, Francisco: La columna.

Estas cifras van respaldadas por una serie de relaciones nominales y, aunque Espinosa afirma que esas 6.610 víctimas de izquierda

«constituyen una aproximación a la represión llevada a cabo por la derecha, que aumentará notablemente a medida que surjan nuevas investigaciones de carácter local»,

hay que agradecerle habernos proporcionado la posibilidad de detectar con relativa facilidad los vacíos de su argumentación cuantitativa: no todos esos nombres pueden considerarse víctimas de la represión ni puede aplicarse a todos ellos el adjetivo de víctimas de izquierda. El siguiente recuento no es exhaustivo.

1. En la capital, de las 1.349 víctimas de izquierdas que aparecen en el Anexo VI, 35 murieron con anterioridad al 14 de agosto, es decir antes de que los nacionales entraran en la ciudad. Casos semejantes se encuentran en Aceuchal, Alange, La Albuera, Alconchel, Azuaga, Entrín Bajo, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Mérida, Montijo, La Nava de Santiago … aunque en algún caso podría tratarse de errores al señalar la fecha de muerte en el momento de hacerse la inscripción.

2. En localid ades donde hubo combates de relieve -como Almendralejo, Azuaga, Badajoz, Llerena, Mérida y Los Santos de Maimona- las muertes correspondientes al día de lucha se incluyen en su totalidad como si fueran a causa de la represión. Ello nos llevaría al absurdo de tener que admitir que no fue inscrita ninguna baja en acción de guerra.

3. Aunque las víctimas fueran izquierdistas, no se pueden atribuir a la represión bajas como las producidas en Azuaga y Monesterio el 19 de julio; tampoco otras como la del Carabinero Antonio Escobar Sánchez, dirigente de una partida de huidos que fue abatido en combate con las fuerzas de la Guardia Civil, Falange y de Asalto y, menos aún, las muertes de izquierdistas a manos de sus correligionarios rojos como es el caso de Francisco Márquez Ramos (Oliva de la Frontera) o Antonio Zoido Díaz (de Jerez de los Caballeros, muerto en Madrid con motivo de las luchas entre socialistas y comunistas en marzo de 1939).

4. Son contabilizadas víctimas de bombardeos y explosiones en Almendralejo, Badajoz, Calamonte, Mérida, Puebla de Sancho Pérez, Torremejía …

5. Rastreando en las listas se pueden encontrar víctimas de la represión republicana como Antonio Bravo González (Badajoz); Miguel Mólina Puertas (Barcarrota); José Prieto Uña (Badajoz); Francisco Rodríguez Fuentes (Santa Marta); Francisco Anaya Anaya, Manuel Melchor Cano y Ramón Ordóñez Ardila (Talavera la Real); Francisco Borrego Ardila (Valencia del Mombuey) … ; derechistas que figuran en las relaciones del Santuario de la Gran Promesa o en la Causa General como Dionisio Vera Blanco (Alconera); Felipe Díaz Toro (Badajoz); Manuel Marín Gómez, BIas Muñoz Herrera y José Tena Chaparro (Llerena); José Tienza Tienza (Talavera la Real); Gonzalo Cortés Puerto (Val verde de Mérida) … ; miembros del Ejército nacional muertos en acción de guerra como Abdón Alonso Gutiérrez y Rogelio Delgado Álvarez (Llerena) …

Espinosa ya contabilizaba a José Prieto Uña como víctima de la represión nacional en su
anterior trabajo sobre la provincia de Huelva. Ahora lo vuelve a incluir en el de Badajoz
advirtiendo que

«aunque domiciliado en Huelva, Prieto Uña, natural de Maguilla, fue asesinado el día cinco de septiembre en la propia ciudad de Badajo; o, según otros documentos, en Berlanga» (ESPINOSA MAESTRE, Francisco, La columna, 515). En realidad, fue fusilado por los republicanos en Berlanga junto a otros vecinos de Maguilla.

6. Son frecuentes las repeticiones:

– Nombres que aparecen en varias localidades: Luis Martín Briones (Almendralejo y Mérida); Bias Guzmán Vélez (Badajoz y Montijo); Raimundo Hidalgo Corcovado (Puebla del Prior y Hornachos); Eugenio Campos Lora (Badajoz y Ribera del Fresno); Antonio Angel Facila y Francisco Chaves Cortés (Torremejía y Almendralejo); Juan Abegón Antúnez (Badajoz y Val verde de Leganés); Isabel González Sánchez (Oliva de la Frontera y Val verde de Mérida) …

– Un nombre aparece varias veces en un mismo pueblo: Arturo Comas Torres (tres veces en Fregenal de la Sierra); Juan Domínguez Otero, Antonio Tavero Risco y Valeriano Álvarez Rodríguez (Ribera del Fresno); Alonso Blanco Guisado (Salvaleón); José Castañón Osuna (tres veces en Los Santos de Maimona); José López Cansado (Talavera la Real); Francisco Chaves Cortés (Torremejía); Eladio Castro García (Villafranca de los Barros) …

– Otras veces encontramos ligeras variantes en los apellidos bajo los que es difícil sospechar que no se esconde una misma persona: Martín Gutiérrez Meca (Mérida) y Martín Gutiérrez Mela (Montijo); Isidoro Hernández Jareña e Isidro Hernández Jareño (Burguillos del Cerro) ….

7. En muchos pueblos se añade una serie de defunciones sin fecha que pueden estar tomadas de fuentes distintas al Registro Civil. Aquí es donde son más frecuentes las duplicidades (En Monesterio aparecen catorce nombres repetidos, un 13% del total) y la inclusión de muertes debidas a otras causas como acción de guerra en el Ejército Popular (Francisco Fernández Torres, de Salvaleón).

La ortografía le juega otras malas pasadas como afirmar que

«Según los “Papeles de Cuesta” (AGMA) en Higuera fue asesinado el falangista Ramón Alvano Torrado, hecho del que no existe ninguna otra referencia»

y añadir, siete líneas más abajo, que

«meses después aparecería el cadáver del vecino Ramón Albano Torrado … », cfr. ESPINOSA MAESTRE, Francisco, La columna, 481.

Durante una intervención pública en las Jornadas Memoria Histórica y Guerra Civil: Represión en Extremadura, celebradas en la Universidad de Extremadura (marzo-2004), José Luis Gutiérrez Casalá afirmaba que son dos mil los nombres que en estas listas han sido agregados indebidamente o duplicados.

Hoy por hoy carecemos de elementos de juicio para contrastar la cifra pero tenemos que reconocer que esperábamos más rigor de alguien como Espinosa Maestre, quien -al introducir las listas que estamos comentando- valora las que yo había proporcionado sobre la represión republicana en Badajoz en términos tan peyorativos como injustificables:

«El primer listado recoge los nombres de los derechistas asesinados en la zona investigada. En teoría no haría falta estudiar esta represión, ya que existe un libro titulado “La represión roja en Badajo;”, escrito en la década de los noventa por Ángel D. Martín Rubio al amparo de la Universidad de Extremadura en el que, con la Causa General como fuente principal, se traza una peculiar visión de la represión “roja” en esta provincia. Sin embargo, tanto por motivos formales como metodolágicos este trabajo no puede ser tomado en serio. Bastará decir que el listado de víctimas -una larga relación de 1.534 nombres que debía ser la columna vertebral de la obra- adolece de errores y confusiones de todo tipo, incluso de repeticiones, que no pueden adjudicarse a la Causa General. Incluye además un centenar de casos de personas de pueblos de Badajoz asesinadas fuera de provincia que deberían figurar en lista aparte. En fin, ni siquiera los datos parciales numéricos, plagados igualmente de inexactitudes y ayunos de criterio alguno, coinciden con la lista final. Desgraciadamente, pese a basarse en fuente tan fiable para las víctimas de derechas como la mencionada Causa General, debe ser revisada por completo y si aquí se alude a ella es exclusivamente por respeto al criterio de tener en cuenta toda la bibliografía existente sobre la materia investigada».

La descalificación de Espinosa, de tener algún fundamento, también afectaría al Tribunal Académico de la Universidad de Extremadura que otorgó la calificación de sobresaliente a esta Memoria de Licenciatura y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas que publicó un resumen de casi treinta páginas en una de sus revistas.

Una vez más comprobamos que su criterio es «tener en cuenta toda la bibliografía existente sobre la materia investigada» para aprovechar su contenido y las fuentes que se citan (como ocurría en este caso, inéditas en su mayoría hasta entonces) sin dejar por ello de denigrar a los autores que no comparten unos prejuicios ideológicos que le llevan a manifestar -entre tantas cosas- su admiración por los archivos soviéticos y por los artículos panfletarios publicados en la prensa republicana.

En todo caso, no se piense que vamos a caer en las descalificaciones radicales que Espinosa Maestre prodiga con tanta facilidad.

En primer lugar porque -aunque hubiera sido conveniente especificarlo en cada caso- un buen porcentaje de los nombres que aparecen aquí está respaldado por el Registro Civil, una fuente generalmente minusvalorada y que en el caso de la zona estudiada recoge de manera escrupulosa no solo a los que fueron ejecutados tras sentencia de los Tribunales Militares -como ocurre en otros lugares- sino a la inmensa mayoría de las víctimas de la represión de los primeros momentos que fueron inscritos a partir de 1937.

Y, sobre todo, porque en la medida en que estas listas sean depuradas y se pueda fijar con exactitud el número de víctimas, éste sufrirá una reducción a la baja pero, a mi juicio, la cuestión cuantitativa tiene una importancia relativa y deja intacta la necesidad de llegar a una explicación (no una justificación) de aquella tragedia.

Volviendo a la cuestión que estábamos tratando antes de poner nuestra atención en estos ejemplos concretos, podemos concluir que no resulta legítimo obtener cifras a partir de trabajos tan diferentes en su metodología científica ni en los criterios empleados. Para que esto fuera posible sería necesario un verdadero proceso de depuración de la información que poseemos y dar, al menos, los siguientes pasos:

– Precisar qué se entiende por represión y qué víctimas se pueden considerar con propiedad causadas por esa forma de violencia.

Delimitar el marco crooológico distinguiendo entre las víctimas de la violencia durante la Segunda República, la Guerra Civil y la posguerra, para llegar a una valoración conjunta del período.

– Hacer homogéneos los resultados de las monografías provinciales y llevar a cabo la valoración final, evitando así la posibilidad de repeticiones .

«Este tipo de trabajos para que tengan una validez más allá de los límites de la provin-
cia o de la región han de tener una metodología común con la finalidad de que, a partir
de ellos, pueda realizarse una síntesis fiable del tema a nivel estatal», QUIROSA-CHEY-
ROUZE, Rafael, «Procedencia social de las víctimas».

«Esta es una de las razones por las que no puede hacerse caso de esas contabilidades testimoniales que hacen figurar a estos fallecidos hasta en cuatro relaciones distintas: en las de su pueblo, en las del lugar de residencia, en las de la localidad de inscripción y en las del municipio en que fueron ejecutados». SALAS LARRAZÁBAL, Ramón, Los fusilados en Navarra, 33.

Por ejemplo, en el Cuadro 2 de Víctimas de la Guerra (p. 412) se señala una serie de víctimas para 4 pueblos de La Serena (885) y otras para Almendralejo (414).

Esta uniformidad de criterio no es cuestión de poca importancia porque, por citar un ejemplo, Vicente Gabarda ha eliminado a importantes sectores que pueden considerarse con toda propiedad víctimas de la represión izquierdista:

«Por causas similares, no se han contabilizado aquellos casos atribuibles a “acciones de guerra “, tanto los soldados muertos en los frentes (que aparecen en la Causa como víctimas de la represión), directamente en acción bélica o por represalia (ejecución sumaria) tras intentos frustrados de deserción, como aquellos vecinos de distintos pueblos de la provincia de Castellón muertos “por soldados del Ejército rojo en retirada”, ante la negativa a la evacuación forzosa de los pueblos por la inminente entrada de las tropas “nacionales”, o aquellos otros muertos por soldados del Cuerpo de Recuperación, “desertores” ante su llamada afilas».

En cambio, Ortiz Heras en su trabajo sobre la represión de posguerra en Albacete ha contabilizado también a 573 víctimas (sobre un total de 1600) después de reconocer que

«presentan características claramente definidas como para que las atribuyamos a los efectos de la represión franquista, pero no podemos considerarlas como producto de la institucionalizacián del sistema».

Para terminar, no debe olvidarse la necesidad de que exista un nombre detrás de cada cifra, evitando así que se diga haber identificado a miles de víctimas de la represión que no existen más que en la imaginación de misteriosos testigos (sean anónimos o no), en la llamada opinión pública, o en difícilmente justificables estimaciones.

Como algunas de aquellas muertes son vecinos procedentes de estos pueblos fusilados, entre otros lugares, en Almendralejo, necesariamente se producen algunas duplicidades que en este caso no serán demasiado importantes pero que, si no se evitan, pueden intro-
ducir una distorsión en cálculos mayores.

Un autor nada sospechoso de minimizar la represión nacional reconoce que

«en general la represión (del bando Nacional) se ha magnificado”.

“El propio clima militar y político de la guerra y la posguerra, sumado a las vejaciones que padecieron las personas de filiación republicana, las denuncias, los juicios, las sentencias y las ejecuciones han provocado mucha confusión y variaciones en la memoria.

Como consecuencia se han confundido los muertos en el frente, los desaparecidos, las víctimas de la retaguardia, los detenidos y los exiliados. Además, es preciso tener en cuenta el considerable movimiento de la población en la posguerra». ORTlZ HERAS, Manuel, Violencia política, 257.

Esta es la Dignitat Catalana de Lluys Companys

El héroe de la Memoria Histórica Lluys Companys era un maniaco-depresivo criminal que odiaba la Sardana por haber sido inventada por un sevillano.

Otras consideraciones sobre las cifras.

Desde una perspectiva distinta a la de los autores de Víctimas de la guerra, las cifras y valoraciones que hemos apoyado en los datos del INE han sido también objeto de impugnación por Francisco Torres quien, en su biografía de Franco, se ocupa de una serie de cuestiones relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil.

Se trata sobre todo de una exposición de testimonios y apreciaciones del autor acerca del papel del protagonista del libro en relación con el tema que venimos tratando, pero también se hacen algunas referencias a la cuestión de las cifras que nos sugieren ciertas puntualizaciones.

Las Bajas en acción de Guerra.

«De las cifras que usualmente se publican sorprenden dos cosas: primero, el número, quizás corto, de los muertos en acción de guerra o por causa de la misma, en un conflicto tan largo y con tantos frentes, con, al menos, tres grandes choques de desgaste con fuerzas de tamaño considerable (120.000-130.000 muertos)».

En el bando republicano, los improvisados combatiente de los primeros momentos, cuando están inscritos, no figuran generalmente en los Registros con rasgos que permitan su identificación con certeza como muertos en acción de guerra diferenciados de las víctimas de la represión.

Tampoco puede ser rigurosa la cuantificación de los combatientes nacionales fallecidos en las mismas circunstancias.

Con el tiempo, la situación se regularizaría y cada bando comenzó a realizar la inscripción de sus propios soldados, trámite aun más fácil cuando las muertes se producían en hospitales de campaña o retaguardia. Por el contrario, en las grandes ofensivas no había tiempo material para hacerla y las anotaciones se llevarían a cabo con posterioridad, incluso en la posguerra.

Ignoro si la sorpresa del autor significa que también cuestione las cifras proporcionadas acerca de las bajas en acción de guerra.

Seguramente nuevas investigaciones permitirán hacer luz sobre la cuestión y se confirme laexistencia de un sub-registro de combatientes republicanos pero esta cifra no debe resultar demasiado sospechosa si tenemos en cuenta que la Guerra Civil ha sido calificada de contienda poco cruenta.

En eso coinciden los autores desde diversas perspectivas, como Tomás Vidal y Joaquín Recaño, quienes ponen de relieve, sin el menor ánimo de subvalorar la tragedia, que, medida en promedios anuales, la mortalidad en 1936-1939 no superó a la provocada por la gripe de 1918.

Como respaldo de esta afirmación, y sin que ello reste dramatismo a los casos respectivos, podemos comprobar el número relativamente bajo de víctimas en sucesos de tanto relieve como la ocupación de Badajoz (que costó al ejército nacional 44 muertes) y el bombardeo de Guernica (Jesús Salas Larrazábal ha identificado algo más del centenar).

Franco Indultó a la mitad de los condenados por los Tribunales Militares.

Franco evitó la condena de Inocentes.

Las Cifras de la Posguerra.

«A todo ello habría que sumar los ejecutados tras la guerra, que inexplicablemente saltaban de 23.000 a 30.000, cuando en este caso sólo sería necesario ir a los archivos para establecer un número casi exacto. La realidad es que desde el 1 de enero de 1939 al 20 de noviembre de 1975, en España fueron ejecutadas, por causas de guerra en los cuarenta, bandolerismo o terrorismo en los cincuenta, delitos comunes en todo el período y terrorismo en los setenta, 22.721 personas».

El paso de 23.000 a 30.000 no es inexplicable sino que responde a una estimación perfectamente lógica. La razón que la hace necesaria es que no resulta cierto que baste acudir a las estadísticas para saber el número de ejecutados en la posguerra; éstas, de nuevo, nos proporcionan una orientación o tendencia, pero necesitan ser corregidas.

Según Francisco Torres las ejecuciones entre 1939 y 1975 fueron 22.721.

Nos centramos ahora en los años más inmediatos a la guerra que son los que nos ocupan.

Entre 1939 y 1950 se atribuyen a Ejecución judicial (por lo tanto no se trataba de inocentes) 22.641 muertes en el Anuario Estadístico pero ¿son todas las que se produjeron?

La única forma de comprobarlo es acudir al desglose provincial y comparar las cifras allí proporcionadas con las que se obtienen en los Registros Civiles, lugares éstos donde las ejecuciones judiciales pueden contabilizarse con toda nitidez.

Por desgracia, únicamente poseemos el detalle provincial en los años 1939-1940 pero es suficiente para comprobar que no todas las ejecuciones (ni siquiera las inscritas en el Registro) fueron después contabilizadas en la clave referida. Analizando caso por caso y confrontando con estudios regionales que merecen todo crédito podemos estimar una cifra siempre superior a las 23.000 muertes y que, tal vez, se sitúe en torno a las 30.000 sin por ello olvidar que no faltaron en la posguerra muertes irregulares que no se contabilizaron en ninguna estadística oficial.

El caso de la provincia de Badajoz no deja lugar a dudas. Según el I.N.E. se produjeron 36 ejecuciones en 1939 y ninguna en 1940. Acudiendo a los Registros Civiles puede comprobarse que, en realidad, fueron varios centenares y a ellas habría que añadir las que no se inscribieron o lo fueron tardíamente. Y no se trata de monografías discutibles pues he tenido ocasión de verificar personalmente muchas de estas partidas.

Las destrucciones del Patrimonio de la Memoria Histórica.

Es más fácil Destruir como hace la Memoria Histórica que Construir. Sin embargo el Franquismo respetó los monumentos históricos dedicados a masones e izquierdistas. El error del Franquismo fue olvidar y perdonar sin informar al pueblo a través de la radio y las dos únicas y apolíticas cadenas de tv

La Represión Republicana.

«Afortunadamente, Ángel David Martín Rubio, que acepta muchos trabajos realizados como si fueran exactos y en base a ellos realiza su errónea estadística, no se atrevió a seguir el disparate de la revisión de Santos Juliá, que dejaba los asesinados en zona roja en la exasperante cifra de 37.843».

Pienso que en todos mis libros queda clara mi valoración general acerca de las monografías regionales llevadas a cabo sobre la represión y no se me puede reprochar darles más valor del que merecen. Pero, aunque no me corresponda a mí salir en defensa de Santos Juliá y sus compañeros, debo advertir que ellos no rebajan la represión republicana a 37.843 víctimas sino que ésta es la suma de una serie de recuentos parciales únicamente en 22 provincias.

Por razones que ignoro, en la tabla que figura en Víctimas de la guerra no han incluido datos de las restantes provincias cuando acerca de la mayoría de ellas existen datos muy precisos como los que he proporcionado en Paz, Piedad Perdón … y verdad. En todo caso yo no podía seguir «el disparate de la revisión de Santos Juliá» (son palabras de Francisco Torres) y ello no se debe a una simple circunstancia afortunada sino a que mi libro citado es anterior al suyo y a que creo haberlo analizado con espíritu crítico
pero también con rigor en Salvar la memoria.

«Al finalizar la guerra, con toda la información y recogiendo pacientemente los testimonios en expedientes, se diligenció la denominada Causa General, que no debe confundirse con el libro-resumen editado. Las fichas personales abiertas, con los posibles errores que pudieran contener, colocaban la cifra de asesinados, con nombres y apellidos, en zona roja, en algo más de 85.000 personas. Los historiadores que revisan los registros locales los reducen a cifras que van de las 37.000 a 60.000.

¿Puede haber errores en 30.000 ó 40.000 nombres?

En los cincuenta se realizó una relación nominal, provincia a provincia, de los caídos que, magníficamente encuadernada en cincuenta y nueve libros, fue depositada en el Santuario de la Gran Promesa, en Valladolid. Es cierto que las listas contienen algunos errores, al incluirse algunos nombres a los que se quiso dar esa consideración (como fue el caso de los falangistas asesinados en los sucesos de Salamanca), pero en varias comparaciones puntuales efectuadas la exactitud es casi rigurosa. Esa relación nominal ascendía a 119.960 asesinados; por eso Franco solía utilizar el número de cien mil».

Como dijimos anteriormente, el número de víctimas de la represión republicana podrá oscilar en torno a las 60.000 personas pero no parece que se pueda esperar un incremento notable de esta cifra y menos aún a partir de las dos fuentes citadas. La cifra de 85.000 víctimas aparece en el libro-resumen citado:

«En definitiva, los crímenes cometidos por el Frente Popular en la zona de España que estuvo bajo su dominio revisten tal magnitud, que solamente los asesinatos debidamente investigados alcanzan la cifra de 85.940, sin incluir, como es consiguiente, las bajas y víctimas de guerra».

Aunque en el texto no se justifica la procedencia de este dato, cualquiera que haya estudiado la documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional en la que se basa dicho cálculo, sabe que se obtuvo a partir de una serie de recuentos provinciales en los que son frecuentes las repeticiones de nombres que aparecen en varios municipios y la inclusión de algunas víctimas que no pueden considerarse causadas por la represión. Un estudio, pueblo por pueblo, obliga a rebajar siempre en varios centenares los valores propuestos y las monografías parciales que hemos realizado sobre numerosas provincias no inclinan a pensar en que pueda producirse un incremento sustancial de las cifras obtenidas a partir de los datos del I.N.E.

Menos aún cabe esperar dicho aumento de los libros conservados en el Santuario de la Gran Promesa de Valladolid. En este caso se trata de una serie de listas nominales elaboradas provincia por provincia de las que se obtiene, efectivamente, una cifra superior a las cien mil personas.

Dejando aparte las repeticiones, no podemos olvidar que en estos listados no se pretendía únicamente recoger a las víctimas asesinadas en la retaguardia republicana sino a todos los denominados Caídos por Dios y por España, es decir, también a los muertos en acción de guerra.

En el resumen por provincias 130 se llega a esas 119.000 víctimas a las que alude Torres pero puede fácilmente comprobarse cómo las provincias de la retaguardia nacional (Burgos, Cáceres, La Coruña, León, Logroño, Navarra … ) en las que se señalan cifras muy abultadas son la mejor prueba de lo que venimos diciendo pues es evidente que en ellas no existió represión republicana o ésta fue muy limitada. Basta comprobar personalmente las relaciones nominales correspondientes a estas provincias para encontrar a los fallecidos como consecuencia de las operaciones militares.

Ángel David Martín Rubio: Los Mitos de la Represión en la Guerra Civil.

Calvo Sotelo, víctima de la Memoria Histórica.

La muerte de Calvo Sotelo, como la de los demás líderes de la “oposición” (aunque habían ganado las elecciones), fue ordenada por la Masonería.

Nicolás Salas. La otra memoria histórica.

En 1987, Televisión Española realizó una de sus habituales manipulaciones de la historia de la Guerra Civil.

Nicolas_SalasEstas ocho impresionantes fotografías, incluidas en el Segundo avance del informe oficial sobre los asesinatos, violaciones, incendios y demás depredaciones y violencias cometidos en algunos pueblos del Mediodía de España por las hordas marxistas al servicio del mal llamado Gobierno de Madrid (julio, agosto y septiembre, 1936), junto a otras similares que se custodian en diversos archivos, no hubieran sido incluidas en este artículo, por respeto a la memoria de los muertos, sin la manipulación histórica hecha por Televisión Española en su programa titulado «España en Guerra», emitido el miércoles 27 de mayo de 1987.

Sadismo psicópata contra hombres mujeres y niñas. Aniquilación de familias enteras.

Sadismo psicópata contra hombres mujeres y niñas. Aniquilación de familias enteras. Otro de esos crímenes horrendos “culpa de la guerra”. Guerras ha habido muchas y no han llegado a este nivel de sadismo.

La atroz matanza de las familias Gala y Llera, y allegados, en el pueblo extremeño de Granja de Torrehermosa, obra de los milicianos del Frente Popular el día 24 de septiembre de 1936, fue presentada como cometida por las tropas nacionales. El cruel engaño fue descubierto por supervivientes de las familias citadas con tanto dolor
como estupor.

Sin embargo el veneno de la televisión del partido gobernante no se quedó en el mencionado subproducto televisivo sino que, para completar la hazaña, las fotos circulan por internet con la información falsa y son de las mejor posicionadas en los buscadores. En consecuencia desmentirlas se hacía necesario.

Descubierta la manipulación histórica de Televisión Española y los autores del programa, el diario ABC publicó el 31 de mayo de 1987 las fotografías de la matanza y los datos correctos.

Dicho texto decía así:

España en guerra: una manipulación constante de la Historia.

El pasado miércoles TVE ofreció en su programa «España en guerra» un capítulo cuajado de tendenciosidad, manipulación y partidismo, como todos los anteriores. Con ser graves muchas de las afirmaciones que allí se hicieron sobre la vida cultural en ambos bandos de la España dividida por la contienda, lo peor fue ofrecer a los espectadores unas fotografías pavorosas de unos asesinatos de mujeres y niños achacándoselos a las tropas de Franco.

Los menguados supervivientes de aquella matanza reconocieron, con dolor y estupor, a
los suyos.

Los que aparecían asesinados por la represión franquista no eran otros que los miembros de una ilustre familia de Granja de Torrehermosa (Badajoz), que fueron brutalmente masacrados en su domicilio por milicianos del Frente Popular el 24 de septiembre de 1936.

En la matanza cayeron desde el abuelo, Sebastián de la Gala Ortiz, de setenta y ocho años, hasta su nieta de dos años, María de las Nieves de la Gala Durán, y así hasta catorce miembros de la familia, amén de las dos sirvientas y una hija de la costurera de once años.

Los hombres jóvenes de la casa, Francisco, Ernesto y Felipe de la Gala Llera, ya habían sido asesinados semanas antes.

El asunto, a más de tendencioso, es estremecedor.

Junto a estas líneas ofrecemos algunas de las imágenes de aquella brutal matanza que obran en poder de la familia y que ahora son bochornosamente manipuladas por los que dicen ofrecer «un programa objetivo» de la guerra de España.

El texto siguiente corresponde al informe forense redactado tres días después de la matanza e incluido en el folleto titulado Segundo avance del informe oficial sobre los asesinatos, violaciones, incendios y demás depredaciones y violencias cometidos en algunos pueblos del Mediodía de España por las hordas marxistas al servicio del llamado Gobierno de Madrid, editado por el Estado español con fecha de julio, agosto y
septiembre, 1936.

Durante el tiempo que estuvo este pueblo en poder de los rojos, se cometieron toda clase de desmanes, calculándose aproximadamente en un total de treinta y cinco hombres, once mujeres y dos niñas las víctimas de la barbarie marxista.

Sádismo criminal de las Hordas Marxistas.

Sadismo psicópata contra hombres mujeres y niñas. Aniquilación de familias enteras. Otro de esos crímenes horrendos falsamente atribuídos a la “represión de Yagüe en Badajoz”.

Los templos fueron saqueados y destrozadas las imágenes y objetos de culto, con cuyos
restos hicieron hogueras. Todos los domicilios de personas de orden fueron objeto de saqueos, llevándose los rojos dinero, joyas y enseres y, destrozando lo restante.

Igual sucedido en el cementerio, donde fueron profanadas numerosas tumbas (como es costumbre habitual en los rojos de todas la épocas).

A continuación damos un informe médico pericial sobre los cadáveres insepultos hallados a las puertas del cementerio al llegar las tropas libertadoras, y de los cuales insertamos algunas fotografías.

Sádismo criminal de las Hordas Marxistas.

Sadismo psicópata contra hombres mujeres y niñas. Aniquilación de familias enteras. Otro de esos crímenes horrendos “culpa de la guerra”. Guerras ha habido muchas y no han llegado a este nivel de sadismo.

El estado de descomposición de tales cadáveres dificultaba extraordinariamente un reconocimiento minucioso y detallado de los mismos.

Con toda seguridad la muerte violenta que han sufrido estas víctimas se produjo de cuarenta y ocho a setenta y dos horas antes de hacerse este informe.

Sádismo criminal de las Hordas Marxistas.

Cuando las mujeres son víctimas de la izquierda política ¡se acabó el feminismo! Otro de esos crímenes horrendos “culpa de la guerra” cuando la víctima es políticamente incorrecta.

La identificación de las víctimas se hizo difícil por la causa antes dicha y no pudo ser completa. Sin embargo los datos conseguidos son los siguientes:

1º Cadáver de hombre de unos 60 años de edad, herida de hacha en la región parietal izquierda y herida de bala en la región precordial

2º Cadáver de niña de unos 5 años de edad, herida de hacha u otro instrumento cortante y pesado, en el parietal derecho, fractura completa del cráneo con magulIamiento, fractura completa del brazo y antebrazo derecho y extensas contusiones en la región lumbar y dorsal.  La muerte fue producida, al parecer, por golpe violento de la víctima contra el suelo o pared, con fractura de la extremidad superior derecha y contusiones, y una vez en el suelo herida en el cráneo.

3.° Otro cadáver de niña de unos 9 a 10 años, fractura con magullamiento del cráneo, sin herida aparente, fractura completa del brazo derecho y signos de violación o intentos.

4.°- Cadáver de joven de 22 a 26 años, con tremendo golpe entre el parietal izquierdo y el occipital, con hundimiento de la bóveda craneana, salida de la masa encefálica e inclusión del pelo dentro del cráneo, balazo en la región maxilar derecha, sin orificio de salida, seguramente producido por bala de plomo de un calibre de 44 a 48.

5.°- Cadáver de mujer de unos 58 a 60 años de edad, extensa herida por hacha al lado derecho del cráneo y cara.

6.°- Cadáver de joven de unos 30 años de edad, con desarticulación completa de la cabeza, contusión extensa en la región frontal izquierda y desgarramiento de la vulva por objeto contundente. En esta víctima hubo posible violación hecha con anterioridad.

7º. Cadáver de mujer con extensa herida cortante, posiblemente producida por hacha en la ingle derecha, con rotura del paquete básculo-nervioso y capas musculares, no pudiéndosele hacer una inspección por encontrarse debajo de los otros cadáveres.

8º. Cadáver de mujer con extensa herida en la cara interna de la pierna izquierda, producida por hacha, con desgarramiento de todos los tejidos.

9º. Cadáver de mujer de unos 24 a 26 años de edad, con magullamiento del cráneo, desarticulación de la cabeza, fractura del brazo derecho, exoftalmia del ojo izquierdo, contusiones en la región genital producidas por una posible violación.

10º. Cadáver de mujer con herida  extensa por instrumento muy cortante en la región maxilo-parietal-temporal izquierda.

11º. Cadáver de mujer que por encontrarse completamente debajo de los demás no pudo ser reconocido.

Granja de Torrehermosa a las trece horas del día 27 de Septiembre de 1936.

Firmado: Doctores Carlos J. Derqui y Goyena, Manuel Reyero Trulías y José Reyero Trulías. Rubricado.

Sádismo criminal de las Hordas Marxistas.

Sadismo psicópata contra hombres mujeres y niñas. Aniquilación de familias enteras fue algo corriente en la zona roja. Otro de esos crímenes horrendos “culpa de la guerra”.

Desde agosto de 1936 hasta final de 1939, el Gobierno nacional publicó una decena de documentos titulados Avance del informe oficial [ … ] que acumulan centenares de fotografías y miles de nombres de personas asesinadas por los milicianos del Frente Popular (hordas marxistas), que no se incluyeron en la Causa General de 1940.

Prácticamente desconocidos, estos Avances constituyen la base documental más completa de los horrores de la guerra civil en la retaguardia.

Sádismo criminal de las Hordas Marxistas.

La falta de un autocontrol proporcionado por la fe religiosa es lo que convierte a los hombres en animales y entonces redactan leyes como la de Memoria Histórica.

Sádismo criminal de las Hordas Marxistas.

Si este nivel de sadismo lo hubieran cometido los “franquistas” nos machacarían a todos con este recuerdo, permanentemente, en Televisión Española.

Sádismo criminal de las Hordas Marxistas.

Estas víctimas no interesan a la Memoria Histórica porque ya fueron “recompensadas” por el Franquismo ¿?.

Sádismo criminal de las Hordas Marxistas.

Las fosas que no importan a la mentirosa Memoria Histórica.

Sádismo criminal de las Hordas Marxistas.

Otro de esos crímenes horrendos “culpa de la guerra” cuando los cometen las izquierdas. Guerras ha habido muchas y no han llegado a este nivel de sadismo.

Nicolás Salas: La otra memoria histórica.

En España ya tenemos otra vez Comisarios Políticos.

Los nuevos Tiranos Comisarios de la Memoria Histórica son los “Hijos de otra Memoria” que ni siquiera conocen.

 

los-mitos-de-la-represion

El control de la represión.

 

angel david martin rubio.La represión republicana no fue, una realidad

«incontrolada y episódica, reducida en el espacio y en el tiempo» .

Además, las diferencias entre lo ocurrido en ambas zonas (salvando la evolución militar del conflicto que permitía la incorporación de nuevos territorios) no fue tanta. Como ya puso de relieve Salas Larrazábal:

«En zona nacional, y de forma mucho más acusada que en zona republicana, el período de furor ciego fue corto y las autoridades en ejercicio le pusieron coto tan pronto como la Junta Técnica del Estado adquirió consistencia y el régimen naciente fue afirmando su autoridad en el territorio bajo su control [ … ]. En zona republicana sucedió algo análogo, pero en forma mucho menos acusada [ … ]. Naturalmente el retroceso continuo de sus ejércitos hizo imposible que pidieran cuentas a los responsables de las ejecuciones de sus partidarios en territorio nacional lo que, por el contrario, sí pudieron hacer, e hicieron, los vencedores».

El siguiente juicio, sin dejar de ser crítico con lo ocurrido, viene a confirmar que esta disminución rápida de las cifras de la represión nacional en las zonas ya ocupadas hay que ponerlo en relación con el fortalecimiento de unas instituciones que permitieron un mayor control:

«Esta situación de extrema violencia sufrirá un giro notable a partir de la primavera de 1937, coincidiendo con el fortalecimiento político del Estado nacional, ya controlado casi en su totalidad por el general Franco y las fuerzas políticas y sociales que le respaldan. Si hasta esa fecha las autoridades regionales y locales habían logrado imponer su propia disciplina, su “ley” de una forma autónoma, a partir de ahora habrá un mayor control sobre la represión, por lo que cabe hablar de una Justicia militar -siempre excepcional- menos rigurosa, más cuidadosa con las formas y los tipos, aunque ideolágicamente permanezca viciada por graves limitaciones jurídico-ideológicas, sobre todo en lo que se refiere a la naturaleza de las inculpaciones y la facultad defensiva de los procesados».

Con semejante atención se deben valorar los cambios introducidos en la retaguardia republicana donde a lo largo de 1936 y 1937 se crearon, para la represión de los desafectos, una serie de jurisdicciones especiales que terminaron configurándose en varios tipos de tribunales populares.

Algunos han querido presentar la constitución de estos organismos como la manifestación del control de lo que ocurría en aquella retaguardia y del retorno a la normalidad.

Por lo tanto es de suponer que a estos tribunales se hace alusión cuando, hablando de la zona nacional, se pone de relieve que

«la fase del terror “legal” tardó mucho más en aparecer que en la zona republicana y sólo a partir del otoño de 1937 logró imponerse al terror “caliente”».

Aparte de las fechas que ya hemos señalado nosotros para el descenso de las cifras de la represión, resulta curioso que la, mayoría de los ejemplos que se citan a continuación en esas mismas páginas permiten retrotraer la actuación generalizada de los tribunales en zona nacional mucho antes del otoño de 1937, hacia febrero-marzo del mismo año (dejando aparte los inevitables rebrotes):

«En la provincia de Cáceres, menos de un centenar de personas fueron ejecutadas tras pasar por consejos de guerra hasta la primavera de 1937 [ … ] En Sevilla, la etapa de los consejos de guerra no comenzó hasta febrero de ese año [ … ] Tampoco en Huelva se necesitaron tribunales militares hasta marzo de 1937».

y en cualquier caso, no parece que pueda identificarse la aparición de los tribunales populares con una normalización o un sometimiento a norma jurídica del sistema represivo republicano. Basta comparar las cifras del siguiente cuadro con los datos que poseemos acerca de lo ocurrido en dichas provincias durante las mismas fechas para comprobar que a los tribunales populares solamente se derivó parte de la tarea represiva de la retaguardia.

Algunos afirman que, con su creación, el Gobierno pretendía hacerse de nuevo con el control de la administración de la justicia, cortar con la experiencia de los tribunales revolucionarios y terminar con la práctica indiscriminada de las sacas de presos de las cárceles para ser asesinados y con la existencia de las checas.

Como declaración de principios no está mal pero ninguno de esos objetivos se cumplió y el final de algunos de esos fenómenos se produciría a largo plazo y con relativa independencia de la trayectoria de estos organismos.

Así, con sus flamantes tribunales populares en funcionamiento, se produjeron las grandes sacas de Castellón, Valencia o Málaga por no aludir a lo ocurrido en Santander (diciembre-1936), Bilbao o Jaén ya en 1937.

Tribunal

Fechas

Vistas

P. muerte

Juzg,

Abs./sob.

Gijón

Hasta el 31-may-37

112

37

225

(1)

Bilbao

Hasta el 24-mar-37

172

463

Barcelona

11-ago al 23-dic- 36

140

427

(2)

Alicante

hasta mar-38

135

224

43

Castellón

hastajun-38

,

4

Ciudad Real

1936-1939

(3)

4

Málaga

6-sep a feb-37

11

1

(4)

Cartagena

5-dic-36 a 31-dic-37

121

(5)

343

116

Hay que aclarar que las absoluciones no significaban nada ya que los mataban igualmente.

(1) Hubo 25 causas más, en las que el fiscal retiró la acusación, no se indica el número de procesados (AHN: SGC)

(2) Estos datos están tomados de La Causa General, pieza S“. En el vapor «Uruguay» entre el 2 de septiembre y el 5 de diciembre de 1936, fueron juzgados 158 procesados, de los que 77 fueron condenados a muerte y 8 absueltos.

(3) Se incoaron 67 sumarios, la mayor parte se sobreseyeron y en 11 vistas hubo sentencia condenatoria (Causa General, pieza 5″).

(4) Se incoaron unos 300 sumarios. La mayor parte fueron sobreseimientos e inhibiciones. Se celebraron 11 juicios y hubo una sola pena de muerte.

(5) Corresponde al Tribunal número 2, en el que no hubo condenas a muerte; en cambio del número 1 no se conoce información general, pero de cuatro sentencias estudiadas resulta (septiembre-diciembre 1936): 44 procesados, 24 penas de muerte y 3 absoluciones.

Fuente: SÁNCHEZ, Glicerio, «Justicia ordinaria», 105

No tratamos ahora de valorar la forma en que estos tribunales cumplieron sus funciones sino de poner de relieve que no resulta posible idealizarlos.

En el clima que imperaba en la retaguardia, no se pretendía actuar con imparcialidad ni respetar las garantías de defensa jurídica de los que habían de ser juzgados por unos tribunales sin ninguna vinculación con la legalidad anterior en su composición y naturaleza 234 e integrados por miembros elegidos precisamente en relación con su militancia política:

«Era, de entrada, sectaria la consideración de que sólo los militantes activos de las organizaciones políticas y sindicales mencionadas eran el pueblo y que solamente ellos estaban capacitados para hacer justicia. Incluso el mismo ambiente de las salas en que se constituía y juzgaba el tribunal popular. .. no favorecía la independencia de criterio frente a la presión de los sectores exaltados. En suma, a través de los tribunales populares en sus diversas formas, la justicia se ejerció en la España republicana bajo un inevitable condicionamiento y de manera implacable, destacando en su actuación el frecuente empleo de medidas de seguridad impropias de un régimen que se tildaba de progresista, tales como las colonias de trabajo en común y los campos de trabajo; el hecho de juzgar sin otro criterio que la propia inspiración -no hay otra norma, otro código que la justicia revolucionaria, se proclamaba-, lo que otorgaba un amplio arbitrio judicial en orden a la graduación de penas; y, sobre todo, el normal recurso a la pena de muerte [ … ], máxima sanción, de hecho, contra la discrepancia ideológica y contra conductas que no constituían en realidad delito, pero que fácilmente eran presentadas como pruebas de peligrosa hostilidad contra el régimen».

Como ocurrió en la retaguardia nacional, la explicación de la caída de las cifras en la zona roja hay que buscarla en una conjunción de factores, también en la adopción de mecanismos de control por parte del Gobierno, pero no me parece la causa menos importante la que recoge Salas Larrazábal al recordar que:

«la depuración ya estaba hecha».

Y no se quiere decir con ello que hubiera una «ausencia de blancos a los que disparar»  (aunque en ocasiones ocurriera así porque era literalmente imposible, por ejemplo, encontrar a un sacerdote vivo) sino que no había tenido lugar una incorporación de nuevos territorios a la retaguardia frentepopulista y en los que habían permanecido en sus manos los considerados enemigos habían sido eliminados y sobre los que quedaban no se acumulaban en la inmensa mayoría de los casos verdaderas responsabilidades penales que hicieran necesaria la actuación de las nuevas jurisdicciones.

Y es que los tribunales populares no juzgaban sólo a los que habían participado en la sublevación militar y habían podido escapar a las matanzas de los meses anteriores; si era necesario, las acusaciones podían ser por razones exclusivamente religiosas: Hilario Jaime, hermano de la Salle que había pasado por las cárceles de Lérida y Tarragona desde agosto de 1936, fue sometido a juicio por el Tribunal Popular de esta última ciudad ya en enero de 1937 y condenado a muerte; a los demás que habían sido juzgados juntos les fue remitida la pena mientras él era ejecutado.

Otras veces, ser puesto en libertad no significaba nada:

«El 27 de febrero de 1937 fueron juzgados en Alicante por el Tribunal Especial Popular, D.Javier González Avellán, de cuarenta y nueve años, D.Ramón Calpena Cañizares, de setenta y dos años, y D.Luis Calpena Pastor, de treinta y tres años, siendo condenados D.Javier González y D.Luis Calpena a tres años de internamiento en un Campo de Trabajo, y D.Ramón Calpena a dos años de internamiento [ … ] Encontrándose los ya mencionados señores en el Campo de Trabajo de Totana (Murcia) cumpliendo la pena que les había sido impuesta, el 28 de junio de 1937 -y precisamente a instancia de los mismos obreros de la fábrica “Ramón Calpena Cañizares”, que estimaban indispensables los servicios técnicos de dichos señores para la buena marcha de la explotación- son indultados por el Tribunal Supremo que actuaba en Valencia; y puestos en libertad el 6 de julio del mismo año, se trasladaron a Novelda, a cuyo Juez expusieron el temor que sentían de presentarse en el pueblo de Aspe, siendo tranquilizados por aquella autoridad, ante cuyas seguridades se presentaron en el pueblo, cuyo alcalde también prometió que no les ocurriría nada. En la madrugada del día 7, las turbas inducidas por los dirigentes de las organizaciones sindicales afectas al Frente Popular, violentaron las puertas de los domicilios de los tres libertados, sacándolos violentamente a la calle y martirirándolos a palos, hasta que en la plaza del Ayuntamiento cayeron al suelo, falleciendo en aquel mismo lugar don Ramón Calpena y su hijo, y quedando gravisimamente herido don Javier González: El relato de estos hechos en términos de elogio para los asesinos, fue publicado en el periódico anarquista “Frente Libertario “, de Madrid».

Tampoco tendría efecto el indulto concedido al jefe de Falange de Murcia, Federico Servet, y otras nueve personas después de su condena a muerte por el Tribunal Popular. Dicha medida de gracia había sido gestionada por el azañista Ruiz Funes que tenía relaciones de parentesco político con uno de los condenados, el médico Ángel Romero, jefe de Acción Popular. Pero al enterarse los cabecillas de la CNT, para evitar la preponderancia política que significaba el éxito de la gestión de Ruiz Funes, decretaron la muerte de los indultados.

El 13 de septiembre de 1936, una masa concentrada en la puerta de la prisión pedía a voz en grito la vida de los condenados. Pareció calmarse el tumulto por la intervención del director de la cárcel y algún jefe militar pero pronto volvieron a recrudecerse las exigencias.

Convencido de que toda resistencia era inútil y, además, suponía poner en peligro a los centenares de detenidos, el jefe de Falange se ofreció como única víctima, siempre con la condición de que respetasen la vida de sus compañeros. Bruscamente, entraron fuerzas de Asalto que redujeron a los presos y, después de separar a las diez víctimas, las fusilaron en el mismo patio de la cárcel. Los cadáveres fueron arrastrados por las calles de Murcia y arrojados a los bancales de la huerta.

En conclusión, terminado un primer período de terror inicial (que se dio en ambas zonas) la represión discurrió por cauces de un mayor control, no exento de severidad, a partir de los primeros meses de 1937.

Al final de la guerra, el número total de víctimas causado por ambos bandos sería semejante con la diferencia sustancial de que los republicanos ejercieron su dominio en sólo una parte de la nación lo que supone una proporción de víctimas más elevada.

Ahora bien, los vencedores, pudieron someter a una exigente depuración a los que juzgaban responsables de lo que había ocurrido en los territorios que se iban conquistando y ésta es la principal razón de que se prolongase en el tiempo la violencia y de que unas cifras (víctimas de la represión en retaguardia nacional más las de posguerra) superen a las otras.

No sabemos qué hubiera ocurrido si la suerte de la guerra hubiera discurrido al revés (en realidad sí que lo sabemos) pero conociendo el comportamiento seguido en los pocos lugares que pudo ocupar el Ejército Popular (como es el caso de Belchite y Teruel) nada nos obliga a ser optimistas.

Dos represiones de Estado.

«La principal diferencia cualitativa entre ambas represiones es que la franquista fue siempre una represión de Estado, programada e impulsada desde arriba. La represión republicana no fue una represión de Estado, sino una acción revolucionaria incontrolada, aprovechando el vacío de poder inicial provocado por la sublevación».

En polémica con la anterior opinión, al definir la represión hemos puesto de relieve la responsabilidad, directa o indirecta, que en su articulación le corresponde a las instancias que ejercen el poder en la práctica. Ahora nos vemos obligados a insistir, porque así lo exige la manera en que algunos presentan la represión republicana, en que ésta no se debió a una actividad espontánea.

En la prensa y en la propia documentación contemporánea aparecen referencias a alcaldes, oficiales de las fuerzas armadas y otros personajes de escasa entidad moral pero que llegaban a los pueblos y ciudades rodeados de prestigio revolucionario y que podían alcanzar puestos de responsabilidad desde los que dirigir las actividades represivas.

Y eso sin olvidar que se podía hacer que no coincidieran los ejecutores de la represión y sus verdaderos inductores:

«Todos estos jefecillos revolucionarios habían sido los que ordenaron las medidas adoptadas para mantener el espíritu revolucionario y eran los que fomentaban los actos vandálicos [ … ] si bien ellos procuraban aparecer lo más alejados posible de todos estos actos en los momentos de su realización, se les señalaba como inductores de todos los desmanes cometidos por orden de los Comités».

Además del ejemplo ya citado de Madrid, lo que venimos diciendo se entenderá mejor si exponemos cómo se llevó a cabo la represión en un lugar determinado, la provincia de Santander.

Aquí puede afirmarse con toda certeza que la sangre que se derramó fue, en su mayor parte, fruto del cálculo frío de un puñado de cabezas revolucionarias, ajenas en mentalidad y procedimientos al sentir más común de la población santanderina.

Dejando aparte algunos casos aislados, la organización de los crímenes radicaba, casi por completo, en la Comisaría de Santander cuyo jefe era el socialista Manuel Neila.

Toda esta organización se convirtió en ejecutora de la mayoría de los crímenes, pero obrando siempre en virtud de denuncias e instrucciones de los respectivas organizaciones locales del Frente Popular y así, se comprueba que la Policía iba a los mas apartados pueblos a practicar las detenciones de personas que después salían de la checa central para no volverse a saber de ellas.

«Cuando se intenta cohonestar la conducta de quienes ejercen el poder en zona roja suele atribuirse la desenfrenada delincuencia imperante a elementos “incontrolables”, aludiendo a la F.A.I. y C.N.T. y a reacciones incontenibles del odio popular. Durante los trece meses rojos tuvieron en Santander los socialistas la dirección y control de las funciones de gobierno: socialistas eran [el diputado y comisario de guerra Bruno Alonso, su sucesor Antonio Sorriba, el Gobernador y delegado del Gobierno para Santander Palencia y Burgos Juan Ruiz Olazarán los consejeros de Obras Públicas, Comercio, Trabajo, Hacienda, el secretario del Consejo, el Presidente del Frente Popular, el alcalde, el Comandante Militar de Santander] y socialistas también, y ello es de capital importancia para determinar de dónde procedía la dirección del crimen, el Comisario de Policía del Frente Popular Manuel Neila, su lugarteniente Vicente Escribano y su secretario Máximo Castañedo, aquel Comisario estaba en constante contacto y comunicación con el Delegado del Gobierno su correligionario Juanito Ruiz Olazarán y junto a éste, y en las mismas oficinas, desarrollaban sus actividades, como Gobernador en mancomún primero y como Ministro de la Gobernación después, el diputado de Izquierda Republicana Ramón Ruiz Rebollo».

Los calabozos municipales fueron pronto insuficientes para dar albergue a los detenidos y tuvieron que ordenar que los encerrasen en un patio del Ayuntamiento.

Cambiada la guardia municipal por los milicianos, los presos empezaron a sufrir el rigor de las recién formadas checas. Las sacas se hacían previa presentación de recibo porque muchas veces este papel, firmado por Neila o por el director general de justicia, el anarquista Teodoro Quijano, era la conocida orden tras la cual se ocultaban siniestros propósitos.

Los detenidos, extraídos así, caían en la calle en manos de grupos ya preparados que se los llevaban al faro de Cabo Mayor, al cementerio o a las afueras de la población.

Cuando el depósito municipal contenía un número excesivo de detenidos se procedía a las sacas por grupos para dejar sitio a los que debían llegar pero aun así no era suficiente y fue habilitado el barco Alfonso Pérez como prisión, siendo otros conducidos al penal del Dueso.

La población encarcelada en las tres cárceles de la capital alcanzó la cifra de unos cuatro mil quinientos reclusos.

Acerca de la forma de producirse las muerte, resultan especialmente crueles los métodos empleados por los policías del Frente Popular santanderino.

Ahogados en el mar perecieron varios centenares de víctimas a partir de septiembre de 1936: les ataban las manos y en el extremo del cordel sujetaban un lingote de hierro o una pesada piedra.

En la casi totalidad de los cadáveres recuperados se comprobó que murieron a causa de asfixia y en muy pocos casos presentaban heridas por arma de fuego. También se recogieron cincuenta y cuatro cuerpos carbonizados de los cuales solo se identificaron dieciséis, las quemaduras eran producidas impregnando previamente de gasolina las ropas de las víctimas; algunas veces presentaban heridas de armas de fuego pero casi siempre esas quemaduras fueron causadas en vida y el tiro era el golpe de gracia.

«Erróneamente se ha creído, y sigue creyéndose, que fue el Faro de Cabo Mayor el lugar preferido para los crímenes marxistas y que los cadáveres eran arrojados por el acantilado existente al pie del mismo; la prensa de la España liberada ha divulgado rápidamente los relatos que sobre ello hacían los evadidos de Santander, en los que acostumbraban a incluir las noticias de que el torrero del faro había enloquecido de presenciar tanto crimen y que un buzo que descendió en aquellas aguas vio una impresionante multitud de cadáveres erguidos en elfondo del mar por tener atados los pies a gruesas piedras; tanta leyenda se había formado en torno a aquel paraje que aquí ya no se hablaba de “dar el paseo” sino de “llevar al faro ” debió nacer ese error de que los primeros asesinatos cometidos bajo el dominio rojo se perpetraron a un centenar de metros del faro, en que por allí se hicieron varios simulacros de fusilamientos y en que con frecuencia aparecían en el mar cadáveres ahogados.
Pero en aquello, como de ordinario, falló la “vox populi”. De las averiguaciones hechas en esta Causa aparece que ningún torrero perdió la razón; que ningún buzo ha visto cadáveres en elfondo del mar … ya se verá más adelante de donde procedían los cadáveres hallados en el mar; el Faro estaba habitado por dos torreros y sus familias y por una guardia permanente de vigilantes de costas, los que eran demasiados testigos para que ante ellas fuesen a cometerse tantos crímenes y los cuales no vieron nunca cadáveres en las lastras y peñas de al pie del acantilado las que tan sólo son cubiertas en la pleamar de las mareas vivas; los cuerpos que hubiesen sido lanzados desde tan gran altura sobre aquellas peñas del fondo quedarían con enormes traumatismos que no se observaban en los muchísimos cadáveres recogidos en el litoral».

El 27 de diciembre, aviones nacionales bombardearon la ciudad causando algunas víctimas. Media hora después, una multitud asaltaba el Alfonso Pérez donde se encontraban unos novecientos ochenta presos.

Desde las escotillas les bombardearon con granadas y les tirotearon ocasionando bastantes muertos y heridos. Pero lo peor fue cuando llegaron al barco el Delegado del Gobierno Ruiz Olazarán, el Consejero de Justicia Quijano, y el Jefe de Policía Neila. Acompañados por un grupo de milicianos armados, montaron allí mismo un tribunal que iba pronunciando sentencias de muerte hasta que se prescindió del trámite y diezmaron a los hacinados en las bodegas.

Se causaron algo más de ciento cincuenta víctimas y el escándalo traspasó las fronteras: el 27 de febrero de 1937 el Alfonso Pérez fue suprimido como prisión a instancia de las autoridades británicas.

Volviendo a la cuestión que estamos tratando, conviene advertir que, si bien se quiere atribuir a la zona nacional una homogeneidad que no existió en los primeros momentos, sí que hubo en la posibilidad real de control sobre la retaguardia una diferencia notable con la zona frentepopulista: en Madrid y en Barcelona se mantenían las instituciones estatales que, aunque cuarteadas, conservaban todos los resortes del poder: órganos de la administración central, del gobierno autónomo catalán, gobiernos civiles, diputaciones y ayuntamientos y las fuerzas armadas que permanecieron leales al Gobierno, algo mucho más consistente que los organismos improvisados que establecieron los sublevados, carentes de todo precedente que pudiera servirles como elemento de control y transmisión de órdenes. La única autoridad establecida era la militar- y ésta se veía totalmente absorbida por la dirección de la lucha y la organización de columnas con que alimentarla.

El caso de Navarra demuestra cómo en estos primeros momentos faltaba un poder centralizado capaz de imponer una decisión. El General Mola, en su triple función de Jefe del Ejército del Norte, miembro de la Junta de Defensa Nacional y encargado de la Sexta División, poca atención podía prestar a lo que ocurría hasta en los más apartados pueblos (aunque, como veremos más tarde, se esforzó por cortar las represalias); sus subordinados más significados estaban en los frentes y los que quedaban en Pamplona se veían obligados a atender a las necesidades de los que luchaban e ir creando unos nuevos órganos de la Administración provincial.

Los grupos campaban por sus respetos y de forma claramente incontrolada, no menos incontrolada que en la zona revolucionaria, y estos grupos, de los que también formaban parte conversos que querían hacer méritos ante las nuevas autoridades, fueron protagonistas de una explosión que duró hasta que se le puso coto: en dicha región más del 90% de las represalias se produjeron durante los primeros meses de la guerra y de éstas la casi totalidad entre julio y noviembre. Luego la violencia remitió de forma casi absoluta.

REPRESIÓN NACIONAL EN NAVARRA. CRONOLOGÍA

Año

Porcentaje

1936

89.25

1937

6.27

1938

1.90

1939

0.45

1941

0.11

No consta

2.03

Fuente: SALAS LARRAZÁBAL, Ramón, Los fusilados en Navarra, 124

54 víctimas de los policías del Comisario Neila.

El Genocidio de montañeses en Santander, por la Policía de la Memoria Histórica, fue terrible e incluyó la quema de 54 víctimas inocentes.

La actitud de los dirigentes.

«No se trata de minimizar la represión roja o republicana, sino de dejar claro que nunca fue alentada por el Gobierno, que la desautorizó e intentó poner orden en medio del caos [ … ] Este tipo de declaraciones, y otras similares de Manuel Azaña, no se produjeron en el otro bando (la oposición de Hedilla o del obispo de Pamplona fue totalmente silenciada; las tardías palabras de Yagüe fueron desautorizadas por el régimen). Los franquistas programaron una represión de Estado mientras que la República fue eliminando la represión incontrolada que en los primeros meses estalló en su territorio».

Volvemos sobre un tema estrechamente relacionado con lo que hemos dicho con anterioridad. Pero conviene advertir, en primer lugar, que para comprobar las semejanzas y diferencias entre lo ocurrido en cada bando no basta citar frases escritas y pronunciadas por determinados personajes en momentos de especial acaloramiento.

Como ha señalado Andrés-Gallego, incitaciones expresas al aniquilamiento y textos que reclamaban el respeto a la vida del enemigo son abundantes en las fuentes de ambas zonas.

El expediente habitual consiste en rechazar las llamadas a la serenidad que proceden del bando nacional aduciendo que se trata de voces aisladas y de escasa relevancia política, eso cuando se admite que existieron porque lo más cómodo resulta decir que no se produjo este tipo de manifestaciones.

Una valoración semejante podría hacerse de los pronunciamientos de la zona republicana, pues quienes realmente controlaban la situación allí no eran Azaña ni Prieto sino Largo Caballero, Galarza, García Oliver o Negrín, por citar a algunos, y las llamadas a la moderación las hicieron unos mientras que otros articulaban las medidas represivas. Según Julián Zugazagoitia, el Presidente del Gobierno Negrín, llegó a decir que

«El terror también es un medio legítimo cuando se trata de salvar al país»

«Precisamente fue en ese tiempo cuando Negrin, que creía que el terror estaba justificado en defensa de la República, autorizó al Comisariada para suprimir físicamente “a aquellos que no estuviesen de nuestra parte y fueran enemigos declarados del régimen”. Es una orden que lleva fecha de 18 de marzo 1938, siendo Prieto ministro de Defensa y que originó un número muy elevado de ejecuciones, especialmente en las unidades militares».

Negrín hizo realidad su teoría de "El Terror Legítimo".

Los Gangsters de la Memoria Histórica. El caso Negrín y el robo del oro y las joyas del Banco de España. Los Gangsters de la Memoria Histórica.

Pero lo cierto es que también en zona nacional hubo pronunciamientos en altas instancias para evitar las actuaciones arbitrarias e incontroladas.

Dejando aparte las conocidas intervenciones de Manuel Hedilla, Yagüe, Monseñor Olaechea y el Cardenal Goma o la orden dada por el jefe regional carlista de Navarra … podemos aducir algunos testimonios de los primeros meses. El 11 de agosto, el jefe del Ejército del Norte, General Mola, dirigió instrucciones:

«Ordenando a todas las agrupaciones políticas o militarizadas que luchan a nuestro lado por la causa de España que es necesario cesen los actos de violencia en las personas y cosas cometidos por iniciativas de individuos aislados o pequeñas agrupaciones pertenecientes a estas instituciones, así como las detenciones sin causa justificadas, por estimar podría ser causa que nos comparasen en procedimiento a los bárbaros empleados por las hordas comunistas, que en patriótica cruzada y en lucha noble y honrada tenemos que aplastar para salvar a nuestra querida Patria».

y pocos días más tarde concretaba:

«Prohíban en forma terminante que falangistas o fuerzas similares practiquen detenciones sin orden escrita y cometan actos de violencia.  Estoy dispuesto a castigar severamente, en juicio sumarísimo, los crímenes que se cometan, llegando incluso a la disolución de las agrupaciones que los realicen».

En el mismo sentido, una nota del Gobernador Civil de Valladolid volvía a recordar el 14 de agosto de 1936 las instrucciones que se habían dictado el 28 de julio anterior para restringir las detenciones y registros domiciliarios a los agentes directos de la autoridad:

«6°. Los registros y detenciones no se podrán efectuar sin orden de este Gobierno Civil, para lo cual los voluntarios de España que procedan a estas operaciones deberán solicitarlo por sus jefes responsables de este Gobierno, en la inteligencia de que, normalizadas por fortuna las circunstancias no son precisos los procedimientos expeditivos que en los pasados días se utilizaron para la salvación de la Patria».

El 14-septiembre se insistía:

«Por esto se hace otra vez público, que cuantos actos están relacionados con el citado orden público, como detenciones, registros, informaciones, etc. se ejecutarán por Guardia Civil, de Asalto, Seguridad o Cuerpos de Investigación y Vigilancia, utilizando solo en contados casos y cuando las circunstancias lo aconsejen individuos de las milicias patrióticas, los que serán provistos por las autoridades de la correspondiente orden por
escrito para cada caso particular.
Ello es una prueba más de la normalidad que reina en todo el territorio de la provincia».

En el sentido de evitar toda crueldad inútil hay que aludir a un informe del Comandante Militar Eduardo Cañizares, fechado en Badajoz el 22 de agosto de 1936, pocos días después de su ocupación por las tropas nacionales, y en el que informa a Franco sobre la situación de la ciudad y provincia. Entre otras cosas dice:

«HUIDOS: A mi juicio la posible excesiva represión en la totalidad de los mozos que se apresan va a originar un problema de fondo; el de las concentraciones primero y las partidas de bandoleros después.
En mi opinión hay muchos que no vienen a nuestro lado por temor a ser ejecutados y como creo que convendría atraerlos de no recibir contraorden inspiraré mi conducta en el sentido de exigirles un arma como promesa de que abandonan propósitos de lucha y solamente aplicar duras sanciones y muy ejemplares en los que tengan delitos de sangre y en los directivos, los demás así podrían volver sin temor y mi parecer es que están muchos deseosos de hacerla».

La nota lleva una anotación marginal manuscrita que indica «completamente conforme» y en el borrador de la respuesta de Franco puede leerse:

«Por lo que se refiere a los huidos estoy completamente de acuerdo con Vd. y deben proceder en la forma que expresa en su carta».

Comentando esta nota, afirma Luis Suárez que esta resolución responde a lo que sería criterio de Franco:

distinguir entre delitos de sangre, que merecen la muerte, y políticos, con penas de prisión, pero nunca recomendó blandura.

Iribarren recoge unas palabras de Millán Astray que confirman este modo de actuación:

«Habla de Franco, de su serenidad, de sus dotes de mando, de la presteza sagaz con que respondía a sus objeciones. Cuando recién tomado Badajoz le preguntaron qué se hacía con los prisioneros contestó: – Justicia implacable con los traidores, con los cabecillas. Y a esos pobres diablos engañados, dejadlos en paz».

El informe de un General Jurídico pone de relieve la sintonía de Franco y Yagüe en relación con este tema:

«Creo que las “normas” y los principios en que se basan están del todo conformes con las normas que ha dado el Generalísimo y con el espíritu de justicia que le ánima, que no es ciertamente de tiránica arbitrariedad; por tanto con urgir se cumplan las ordenaciones dadas por Su Excelencia se ha dado la solución por la que clama en las cartas y escritos del P. Huidobro.
He tenido la satisfacción de sostener una conversación esta mañana con el Coronel Yagüe e incidentalmente se ha tocado el punto de los castigos, cosa que ha suscitado él, y he visto que participa absolutamente de la mente del Generalísimo en esta materia y que él, el coronel Yagüe, lo aplica en todo lo que de él depende, y además condenaba agriamente el proceder de algunos que no lo hacen con las debidas cautelas».

Cuando don Carlos Díaz Varela, Teniente Coronel Ayudante del Jefe del Estado, hizo llegar las observaciones del P. Huidobro a Franco, la respuesta de éste fue en la misma línea:

«Pude al fin enterar de sus quejas a la persona que deseaba, que las encontró justificadísimas y condenó como se merecen los excesos que denuncia. Enemigo sincero de ellas, le aseguro que solo desea puedan ser señalados sus autores o inductores para ser sancionados con el rigor que merecen. Son muy lamentables esas extralimitaciones de algunos locos que solo sirven para desprestigiar la causa y ofender seriamente a Dios.
El mando ha prohibido taxativamente lo que en conciencia es rechazable, y velará porque esa desobediencia no se repita».

En octubre de 1936 apareció una traducción de la entrevista concedida por Franco durante su estancia en Cáceres al semanario de París le suis partout.

En ella volvía a insistir en la necesidad de castigar únicamente a los culpables de los terribles sucesos que habían ocurrido durante el período de control revolucionario:

«En la mayoría de las ciudades y de los pueblos que ocupamos, los horrores cometidos por los rojos exceden a cuanto puede imaginarse.
En mi visita a Talavera, he visto a una desgraciada mujer cuyos hijos habían sido largamente torturados y muertos ante sus propios ojos. A veces los agonizantes piden justicia a nuestros soldados, cuando éstos vienen a libertarlos. En estas condiciones la ejecución de los culpables es imposible de evitar, tanto más cuanto que un falso humanitarismo en estos casos parecería una culpable tolerancia de los crímenes cometidos, tendría un efecto moral lamentable; nadie que tenga conciencia de su responsabilidad puede adoptar semejante actitud» .

El 4 de marzo de 1937, Radio Castilla de Burgos dio a conocer unas declaraciones hechas a R.Churchill, corresponsal del Daily Mail, y en las que Franco no hablaba precisamente de exterminar a todos los enemigos:

«Clemencia y generosidad para los que se encontraron entre los rojos, obligados a seguirles y para los engañados por sus campañas. Sanción capital para los dirigentes y asesinos. El acto de haber hecho armas contra nuestras fuerzas no’ será considerado por nosotros como un crimen. Preferimos considerar/o cómo una locura o una desgracia.
Somos bastante fuertes para ser humanos. Al restaurar la Ley y el orden y construir la nueva España evitaremos dejar huellas de cicatrices».

Mola se había manifestado en enero de 1937 en términos semejantes:

«Están fueran de la ley y la ley ha de ser inexorable con los traidores, con los incendiarios, con los asesinos y con los salteadores de Bancos.
Los demás nada tienen que temer, pues la España nacional y los hombres que la rigen, como buenos cristianos que son, gozarán practicando la caridad y el perdón.
En la España nacional no habrá ni rencores ni odios, ni tampoco miseria. Abiertos están nuestros brazos para recibir a cuantos equivocados nos han combatido y nos combaten. Pueden dar fe de ellos los cientos de milicianos y soldados que han pasado a nuestras filas. Si, una vez antenosotros, quienes vengan no encuentran cariño, pan y sosiego, franca tendrán la salida, que a nadie queremos retener. Pero tenemos la seguridad
absoluta, absolutisima, que ni uno solo nos abandonará».

Por último, al lado de testimonios airados como el de Sáinz Rodríguez sobre la intervención de Franco en la revisión de las sentencias que llegaban a sus manos hay que poner otros que no pueden silenciarse:

«Uno de los jefes más distinguidos del Cuartel General de Franco fue el comandante jurídico don Lorenzo Martinez Fusset, encargado de asesorar al Jefe en todo lo relacionado con la Justicia Militar. El Generalísimo, falto siempre de tiempo, aprovechaba sus largos viajes a los frentes, que, desde la muerte de Mola, realizaba en coche, para administrar justicia; sobre todo para examinar las causas en que la pena a que había sido condenado el procesado fuera la de muerte. El auditor iba sentado en la parte posterior del coche aliado del Generalisimo; yo iba delante al lado del chófer. Por lo anterior puedo dar fe de la minuciosidad con que mi general se enteraba de todas las causas que su auditor le leía, aclarando con todo detalle los aspectos que S.E. necesitaba conocer.

Muchas veces Franco decía a Fusset: “Léame usted literalmente la declaración del testigo A o B”. Otras, la acusación fiscal, otras la de defensa, etc. Se quedaba un momento pensando para decir: “Conforme con la sentencia, o indultarlo”.

Daba la sensación de la mayor serenidad y espiritu de justicia en sus decisiones. Si encontraba un resquicio para el indulto lo aplicaba inmediatamente. El competente asesor si alguna vez intervenía era para aconsejar benevolencia».

En el mismo sentido se expresaban unas cuartillas del general Millán Astray publicadas por la prensa nacional:

«He tenido el alto honor de presenciar el solemne acto del ejercicio de la justicia por el jefe del Estado.
El asesor jurídico daba cuenta detallada de cada caso que se presentaba al fallo supremo. Ni en su ademán, ni en su voz, ni en su mirada daba a entender aquel digno hombre, al que acompañaban todos los buenos sentimientos, cuál era su opinión o su criterio, reservando purisimamente para el jefe la augusta misión de juzgar por sí mismo.
El general, a pesar de la inmensa complejidad de los problemas que en cada momento tiene que resolver de guerra y de Estado, escuchaba atento e inmóvil el relato de cada sentencia. Después de una brevísima meditación, dictaba su fallo.
Yo contenía mi respiración y, después de escuchar el fallo del jefe, nuestras miradas se cruzaban y ni una sola vez la mía dio pruebas de duda. Lo que mi conciencia había faliado era idénticamente lo mismo que el fallo del jefe.
Dos veces, al cruzarse nuestras miradas, los ojos estaban empañados y no era porque el fallo hubiera sido terrible, sino porque la magnanimidad del corazón de Franco se había antepuesto en aras de una justicia tranquila y sin odios y había conmutado la pena, apartando de su mente cuanto pudiera en aquel caso separarle de la vía de la más serena justicia.

En todas cuantas causas -y eran muchas- que los tribunales proponían la aminoración de la pena, todas las aprobó.

En las que el fallo fue a condena definitiva, aprobando la sentencia dictada por los tribunales, las pruebas aportadas habían sido tan plenas y tan horrendos los crímenes contra la Patria y contra los semejantes, que no había camino posible de clemencia, atendiendo a los altos deberes de la defensa de la misma existencia de la Patria y del honor de los ciudadanos pacíficos. En los demás casos; Imperó siempre la generosidad.
Nadie, ninguno que no haya cometido crimen y el crimen haya sido probado plenamente en los autos y en el juicio ha sido condenado. Ante la menor duda, la pena ha sido conmutada o se ha elevado en consulta al Alto Tribunal Militar.
Al terminar aquellas dos horas tan inmensas de mi vida, me permití con todo el respeto que guardo al jefe del Estado, decir/e: “Mi general: perdón por mi atrevimiento; pero como español y como soldado he de manifestarte mi admiración al contemplar cómo administras la justicia y cómo se manifiesta tu corazón tan generoso, tan cristiano y tan español”».

También resulta falsa la impresión que se quiere dar de que Franco firmaba todas las penas de muerte:

«De acuerdo con la legislación española las sentencias dictadas por tribunales militares son ejecutivas cuando las confirma el jefe superior: pero al Rey, Presidente o Jefe de Estado corresponde ejercer la prerrogativa del indulto. Franco, que sabía que había indultado a más de la mitad de los condenados a muerte, y montado un sistema que permitió reducir la muy elevada población penal, tenía el convencimiento contrario, de que había tendido más a la indulgencia que a la crueldad. Lo mismo repiten quienes con él colaboraron en tareas de Gobierno. Y en cierta ocasión Serrano Suñer le hizo seria advertencia de los peligros que incluía la indulgencia “excesiva».

En el mismo sentido, García Escudero ha hecho también interesantes precisiones:

«Que Franco no era inmune a las peticiones de piedad lo demuestra el que, de las 40 veces que su antiguo ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, se dirigió a él para pedirle, no clemencia, sino que examinase personalmente las causas por las que aquél se interesaba, en 39 concedió el indulto. Pero recuérdese lo que hizo Franco: estudiar las causas, no saltarse una ley cuya inexorabilidad había aprendido a respetar desde niño y de la que incluso fue víctima, como demuestran los dos casos que voy a citar.

El primero es el de su primo, el comandante Ricardo de la Puente, que defendió el aeródromo de Tetuán contra los rebeldes en la noche del 17 de julio. Franco le tenía mucho afecto, pero todo lo que creyó que podía hacer fue poner la decisión final en manos del general Orgaz. El otro caso es el del general Campins, gobernador militar de Granada, que se niega inicialmente a secundar a Queipo, pero acaba sumándose al alzamiento. Había sido su segundo en la Academia de Zaragoza y Franco multiplicó los esfuerzos para convencer a Queipo de que al menos le conmutase la última pena. Campins, condenado a muerte, fue ejecutado”.

Como puede verse, al lado de la antología de frases de Azaña, Prieto y algunos pocos más, puede presentarse una lista de parecida entidad en el otro bando.

Las diferencias no son tantas, excepto en un detalle de no poca importancia: en la retaguardia nacional estas intervenciones resultaron mucho más eficaces, el período de furor ciego fue más corto y las autoridades en ejercicio le pusieron coto tan pronto como el Gobierno de Burgos adquirió consistencia y el régimen naciente fue afirmando su autoridad en el territorio bajo su control.

Además de la implantación de los Consejos de Guerra Permanentes, otra medida concreta que se comprueba en diversos lugares es la destitución de los que habían sido responsables del orden público en los primeros momentos de la guerra. Por ejemplo, en Sevilla, el General Queipo de Llano había nombrado Delegado de Orden Público al Capitán de Infantería Manuel Díaz Criado. Su actuación desde julio de 1936 fue muy severa hasta el punto que finalmente cesó por orden del propio Queipo y fue enviado forzosamente al frente. Tras su relevo por el Comandante de la Guardia Civil Santiago Garrigós en febrero de 1937, se registró un notabilísimo descenso del número de fusilamientos. El propio Franco ordenó el 5 de marzo de 1937 la destitución fulminante del Teniente Coronel de la Guardia Civil Bruno Ibáñez, jefe de Orden Público en Córdoba y el 6 de febrero de 1937, Haro Lumbreras había pasado de la Comandancia de Huelva a Zaragoza.

Aunque no crea en la sinceridad de las medidas, Espinosa Maestre se hace eco de la mejora notable de la situación en Huelva gracias a numerosas intervenciones que se habían producido durante los meses anteriores y a las que se sumaron las medidas tomadas a comienzos de 1937:

«Para ello trasladaran. a otros lugares a los máximos responsables de la represión, modificaron la imagen de ésta introduciendo los Consejos de Guerra Sumarísimos de Urgencia (Bando de 8 de febrero) entre las detenciones y fusilamientos, realizados hasta entonces al amparo del Bando de Guerra, y controlaron férreamente a los grupos paramilitares -especialmente a Falange- mediante el Decreto de Unificación. Entre las personas alarmadas por el rumbo de las cosas aunque adeptas, tales medidas surtieron efecto al creer que corregían errores iniciales. Cuando en febrero de 1937 vieron partir al comandante Gregario Haro Lumbreras, el “Héroe de La Pañoleta “, y que poco después los falangistas eran controlados -el 21 de enero el Gobierno Militar ordenó a las diversas milicias que entregasen en los cuarteles de la Guardia Civil el armamento que se les dio en los primeros momentos-, y los “rojos”, detenidos y juzgados, aunque fuera por militares y sin garantías procesales, prefirieron creer que la etapa anterior había sido inevitable y que la violencia se debió exclusivamente a la actitud desmesurada de unos cuantos individuos.
Les tranquilizaba saber que el “Caudillo”, enterado por fin de aquellos excesos, había sabido reconducir a tiempo la situación».

La exigencia de responsabilidades en las zonas que se fueron conquistado posteriormente fue la razón del rebrote y de la prolongación en el tiempo de una represión que no podía tener correspondencia por parte de los otros.

Muchos Catalanes fueron quemados con gasolina.

335 víctimas de la Memoria Histórica en Tarragona en un solo año. Muchas de ellas fueron quemadas vivas.

La represión como estrategia.

«Otra diferencia es la represión como estrategia. Los franquistas utilizaban el fusilamiento masivo, la razzia y el escarmiento al estilo rifeño, en el momento de ocupar los pueblos, con el objeto de impedir cualquier reacción, sojuzgando a la gente por el terror. No otra cosa era la teoría nazi de la guerra total o las prácticas de la guerra colonial».

Ya no se trata solamente de que la represión nacional se caracterizara por su dirigismo estatal y la voluntad de exterminio mientras que los republicanos habrían sufrido únicamente un desbordamiento revolucionario en los primeros meses. Llegados a este punto, hasta la crueldad parece- exclusiva de los sublevados.

«Existen otras muchas diferencias cualitativas entre ambas represiones: la utilización sistemática de la tortura en la represión franquista, la vejación pública de la mujer, el uso de los campos de concentración y los trabajos forzados, aglomeración y exterminio en las cárceles, aplicación de la “ley de fugas” y otras sustanciales diferencias que sitúan a la represión franquista muy por encima de la republicana».

A este intento de plantear una superioridad moral de la represión practicada en zona revolucionaria sobre la desencadenada por los rebeldes, ha dado cumplida respuesta Luis de Llera:

«Los fusilamientos [está hablando de la zona republicana] no respetaron ni a viejos ni a niños. En muchos casos las condenas a muerte, que dependían del arbitrio de comités locales o de forajidos de localidades más o menos cercanas, fueron macabramente precedidas por palizones brutales, castigos físicos y morales espeluznantes. Por eso no podemos achacarlo a mala voluntad sino simplemente a ignorancia común cuando algunos historiadores, concediendo que existió violencia en ambas zonas, afirman, con ingenua seguridad y presunción desleída, que la represión fue mucho más dura en la España sublevada, este es el caso, entre otros, de F. Moreno Gáme: cuando escribe [ … ]».

En nuestras publicaciones acerca de la represión hemos procurado tratar con la mayor discreción y pudor este tema. No nos arrepentimos de ello, pero tampoco sería de desear que otros transmitan una imagen distorsionada de la realidad. Basta asomarse a los episodios ocurridos las zonas dominadas por el Frente Popular y perfectamente atestiguados judicialmente para encontrar entre las víctimas a jóvenes y ancianos, familias enteras exterminadas, violaciones, grupos de personas quemadas o enterradas con vida, sometidas a mutilaciones y torturas de todo tipo … y todo ello desde el primer día hasta los últimos momentos de la guerra. Algunos titulares de prensa resultan significativos:

«Treinta y cuatro asesinatos cometieron los rojos en Campanario. Entre las víctimas hubo niños de dieciséis años y ancianos de setenta. Todas las víctimas fueron horrorosamente martirizadas antes de ser ejecutadas».

«Los derechistas de Castuerafueron obligados a construir magníficos refugios. Arrastraron desde su casa a una plaza a un sacerdote para luego fusilario. Varios heridos en un fusilamiento fueron rociados de gasolina y quemados vivos».

«Cuarenta y siete asesinatos en Zalamea de la Serena. Mataron a un joven ante su padre. Luego hirieron a éste, y mientras se desangraba, le pusieron en sus brazos el cadáver de su hijo. Una señora fue violada delante de su esposo, al que tenían amordazado. Después la colgaron de los pies en una encina y le dieron muerte. Exhumaron los cadáveres del cementerio para enterrar a los milicianos muertos».

«Los rojos enterraron en Cabeza del Buey todavía con vida a don Rafael Donoso. La lista de los asesinatos comprobados hasta ahora consta de 107 nombres. Entre ellos figuran cinco sacerdotes y cinco médicos. Una miliciana dio muerte en un calabozo a dos jóvenes, salvados por milagro del fusilamiento».

Uno de los casos más conocidos es el de Granja de Torrehermosa (Badajoz). Dejando aparte otros asesinatos que se cometieron desde los primeros días de agosto, el 24 de septiembre de 1936 los milicianos llegaron en su retirada a esta población, lanzándose al saqueo y a la venganza contra los que huían o se encontraban refugiados. Penetraron en casa de doña Ventura Llera de la Gala y la mataron así como a tres criadas y a la hija de una de ellas de once años. Luego asesinaron a doña Piedad Llera de la Gala y a otras, siguiendo por el pueblo sembrando el terror. En la calle mataron a doña Paula Henao y a dos criadas, sin respetar la avanzada edad de aquella. Algunas mujeres fueron muertas yendo a buscar refugio y una joven y otra niña menor de edad fueron violadas, según se comprobó de forma oficial. Dos días más tarde, al entrar las tropas nacionales encontraron amontonados en la puerta del cementerio los cadáveres de los martirizados aquel día.

«Aquel funesto día, muchas de las quince balas del fusil de un hombre apodado “Zambomba” dieron en el blanco; en realidad, era difícil errar en la pequeña habitación donde se habían refugiado aquellas mujeres con un anciano y unos niños [ … ] El doctor del pueblo, Juan Merino, pidió permiso al presidente del Comité Revolucionario de Granja, Sr.Ramirez, para prestar sus servicios a las dos desgraciadas que aún quedaban con vida. La respuesta resultó tan equívoca (“no le damos ninguna seguridad”) que el médico tuvo miedo por su vida. Coraje no le sobró, pero las consecuencias hubieran podido ser desastrosas para él».

Sorprenden la edad y las circunstancias personales de estas víctimas entre las que hay niñas y ancianas:

MUERTES EN GRANJA DE TORREHERMOSA
(24-septiembre-1936)

Edad

Rafaela Barroso Sánchez

55

criada

Eloísa Calero Gallardo

45

sus labores

Josefa Antonia Corvillo Corro

25

criada

M”. de las Nieves de la Gala Durán

3

niña

Rosario de la Gala de Llera

15

escolar

Sebastián de la Gala Ortiz

78

propietario

Eloísa Gallardo Borrero

70

sus labores

Paula Henao Montero

70

sus labores

Felisa de Llera de la Gala

44

sus labores

Piedad de LLera de la Gala

47

sus labores

Ventura de LLera de la Gala

38

sus labores

Emilia Romero Calero

53

criada

Encarnación Rudilla Calero

10

escolar

Fuente: Causa General, Leg.1053 y Registro civil de Granja de Torrehermosa

En otro pueblo de la misma comarca, Campillo de Llerena, además de los numerosos asesinatos cometidos en otras fechas, hacia las cuatro de la tarde del día 25 de septiembre empezó a cundir el rumor de que había sido ordenado por el Comité que nadie circulara por las calles de la población a excepción de las milicias, rumor que fue confirmado por los que obligaron a que todo el vecindario se retirara a sus domicilios.

Inmediatamente empezaron a sacar de sus casas a las personas de orden que, bajo vigilancia de guardias, se hallaban detenidas en sus domicilios siendo conducidas unas veces en coche y otras a pie al cementerio donde eran asesinadas, habiendo sido violadas algunas mujeres, unas con vida y otras después de su muerte. La matanza duró aproximadamente hasta las tres de la madrugada.

Podemos, por último, referimos a lo ocurrido en la localidad de Siruela, en la misma provincia. El 23 de agosto de 1936 una de las mujeres pertenecientes a la familia de gitanos de El Frasquito, que llevaba varios días acampados en las afueras, mantuvo una discusión con una vecina del pueblo y tuvo la osadía de afirmar que

«cuando venga Franco ya arreglará esto».

La consecuencia fue el asesinato del matrimonio, hijos y nieto, once personas en total. Al más pequeño que tenía dos meses lo mataron arrojándolo contra la pared.

Con ejemplos como estos resulta imposible atribuir a buena voluntad cualquier deseo de reivindicar el terror republicano.

Y por si no es suficiente, por si alguien como Moreno Gómez y Espinosa Maestre creen que pueden seguir pregonando una presunta superioridad moral de los verdugos de la República, terminamos con lo ocurrido a una mujer de Almería:

«Detenida durante más de tres meses en el edificio del Comité rojo fue objeto de las mayores torturas por parte de sus guardianes. No solamente se le tuvo casi privada de alimentos, sino que cuando tenía sed se le daba de beber orines y se le obligaba a que hiciese sus necesidades en el suelo de la habitación en que se encontraba siendo además maltratada constantemente de palabra y obra. Momentos antes de ser asesinada todos sus asesinos tuvieron acceso carnal con ella y objeto de otras aberraciones impropias de citar por decoro. No siendo las heridas que se le causaron mortales de necesidad fue enterrada viva».

En cuanto al empleo de medidas violentas por los frentepopulistas como estrategia o método de guerra con finalidades políticas y militares muy concretas cabe citar dos ejemplos:

en primer lugar, la deportación-de importantes grupos de población tras la ocupación de algunas localidades con el objeto de controlar una retaguardia considerada hostil e insegura. Así ocurrió en 1937 cuando al entrar el Ejército Popular en Belchite

«fueron evacuados todos sus habitantes restituyendo luego a los elementos de izquierda, dejando a los de derechas confinados en los pueblos del Bajo Aragón hasta su liberación»

y en Quinto, de donde llevaron a unas dos mil personas a los pueblos del Bajo Aragón:

«Allí los presentaban al alcalde para que los repartiera por las casas; es imposible relatar con detalle los hechos y escenas cuantiosas y variadas que hubimos de soportar; casas en que se negaban a recibir, madres que no tenían ropita para mudar a sus chicos y tenían que pedirlas como mendigas; otras que tenían que fregar suelos y realizar otros quehaceres, recoger aceitunas, etc. cuando por su posición nunca lo habían hecho y dejaron aquí su casa llena de todo. Y la generalidad hubo que soportar constantes insultos y afrentas en aquellos pueblos por ser fascistas. Fueron días de horror y sufrimiento los primeros y para muchos los siete meses de dominación roja».

También fue práctica común la evacuación forzosa de prisioneros y vecinos derechistas en vísperas de la ocupación de las ciudades por los nacionales.

Está por escribir la odisea de estos cientos de forzosos exiliados, algunos de los cuales no podrían regresar jamás a sus pueblos por haber muerto fusilados o a causa de las penalidades sufridas en cárceles y campos de concentración:

«En 13 de marzo de 1938 los rojos evacuaron forzosamente a los presos de Caspe y, pasando por Maella y Mequineza, los condujeron a pie hasta Fraga, de donde fueron trasladados en camiones a Barcelona. Los caspolinos estuvieron en la cárcel instalada en el convento de la calle D’en Mata hasta el día 10 de abril en que fueron llevados al campamento de trabajo de Hospitalet de Mar o del Infante; en 11 de octubre fueron  casi todos ellos trasladddos a la sierra de Urgel, en los Pirineos. El martirio que los caspolinos sufrieron en las prisiones y en los campamentos de trabajo fue horrible: trabajos forzados superiores a las fuerzas físicas, golpes con el fusil, heridas, insultos, blasfemias, hambre, sed, desnudez, suciedad, amenazas de fusilamiento, terror nocturno con fusilamientos de otros compañeros … Ante el glorioso avance de las tropas españolas por Cataluña, quisieron los jefes y milicianos rojos varias veces matar a todos los presos; sin embargo, casi todos los caspolinos, providencialmente salvados, pudieron pasar a Francia por Puigcerdá en 9 de febrero de 1939».

También con ocasión del cierre de la Bolsa de La Serena en el verano de 1938, en Campanario y otras localidades de la provincia de Badajoz se practicó la evacuación forzosa de numerosas personas que servían de rehenes y facilitaban la huida con los carros y yuntas de su propiedad.

En Cabeza del Buey:

«No llegan a dos mil los vecinos que han podido burlar la orden de evacuación forzosa decretada por los dirigentes antes de su huida y puesta en ejecución, a punta de bayoneta, por los milicianos cobardes y criminales que prefirieron el saqueo libre de testigos a la lucha heroica en la defensa de un pueblo rodeado de alturas que eran posiciones magníficas para una resistencia fuerte [ … ] Estas dos mil personas lograron escapar de la trágica caravana de los evacuados internándose en el campo para volver al poblado cuando ya estaban en él las tropas liberadoras. Sus casas estaban totalmente
saqueadas».

En paralelo a ese abandono de las poblaciones se dieron casos tan dramáticos como el ocurrido en Zarza Capilla donde, como consecuencia de los bombardeos de aviación y artillería, fueron destruidas algunas casas en las que se hallaron monedas de plata que estaban enterradas y el Comandante del Ejército Popular ordenó fuese destruido el pueblo a fuerza de picos por los milicianos.

Un segundo ejemplo en el que se aprecia el empleo del terror como arma de control es la violencia en el seno del Ejército Popular que supuso la muerte, sin ninguna formalidad previa en su mayoría, de un número imposible de precisar de soldados movilizados. Insistimos en este tema porque, además, pone de relieve la participación de las autoridades en una represión que alcanzó gran virulencia entre 1937 y 1938.

Los métodos de intervención eran muy diversos:

– La jurisdicción castrense.

– Un organismo nacido para la investigación y vigilancia de todo el personal militar: Servicio de Investigación Militar (SIM).

– La extensión de responsabilidades a los parientes.

– La labor de las instituciones civiles como demuestra, por citar un caso, una circular del Gobierno Civil de Badajoz (noviembre, 1937) con Instrucciones a las fuerzas de seguridad, Agentes de Vigilancia y autoridades locales que en uno de sus puntos se refiere a las movilizaciones:

«Entrará también sin descuidarlo en ningún momento en esta labor la fiscalización de aquellos individuos que componen las quintas llamadas a filas y no lo hayan efectuado con la debida diligencia. Asimismo todo lo que sea resistencia pasiva, saboteo disimulado o falta de cooperación indispensable en todos los órdenes».

– La actuación directa sin sujeción a norma que se vio ratificada legalmente cuando se llegó a otorgar a los Comisarios autorización «tanto para degradar como para suprimir físicamente a aquellos mandos enemigos declarados del régimen» (25-marzo-1938).

Se puede comprobar la aplicación de todas estas formas represivas en numerosas unidades del Ejército Popular.

Por citar algunos casos, en enero de 1938 los batallones 10 y 20 de la 84 Brigada Mixta se declararon en plena insubordinación y, una vez controlada la situación, fueron pasados por las armas en Rubielos de Mora (Teruel) tres sargentos, doce cabos, treinta soldados y un tambor.

Al formarse en abril de 1938 la Bolsa de Bielsa en los valles del Pirineo, permaneció sitiada la 43 División hasta mediados de junio siguiente y tuvieron lugar numerosos fusilamientos de soldados:

«que no sintiéndose animados por el instinto destructor de la horda marxista mostraron frialdad o indiferencia por su causa. Estas ejecuciones tenían lugar en horas que la población civil estaba recogida en sus domicilios, las víctimas eran sacadas a las afueras del pueblo donde eran ejecutadas a tiros y enterradas en el acto en el mismo lugar donde morían aprovechando las depresiones del terreno para con menos trabajo cubrir los cadáveres con escasa cantidad de tierra. De los caídos en este termino en tales condiciones no existen dato ni antecedente alguno respecto a nombres, estado, naturaleza y demás circunstancias que pudieran servir para su identificación».

La Causa General investigó con especial detenimiento lo ocurrido en el Ejército del Centro (Madrid) y logró documentar multitud de crímenes 288, mereciendo citarse algunos casos como el de la 77 Brigada Mixta donde se dio el caso de que al incorporarse un reemplazo, fueron asesinados en dos meses unos doscientos, por lo que tuvo que ser reorganizada la Unidad sin haber entrado en combate y, ante la alarma causada, los mandos militares amenazaron con su disolución.

«Como en pura democracia resultaba conveniente dar a estos crímenes una apariencia de legalidad, se encargaban de esta misión de encubrimiento los Tribunales Militares rojos, en los que se seguía por cada caso -y no siempre- un procedimiento brevísimo, recibiéndose unas cuantas declaraciones de las que, invariablemente, aparecía que la víctima

“al intentar saltar las alambradas e ir corriendo en dirección a la zona facciosa”

era sorprendido por las guardias y “al darle el alto y no atender la llamada” dichos guardias tenían que disparar, “matándole en el acto” en vista de lo cual, el acuerdo de dichos Tribunales rojos era siempre el sobreseimiento y archivo de las diligencias, sin imposición de sanción alguna, en vista de que los asesinos habían cumplido con su deber; siendo dictadas tales resoluciones con perfecto conocimiento por parte de los
Tribunales de los crímenes cometidos, según resulta, entre otras muchas pruebas, de las declaraciones del Presidente de uno de estos Tribunales dependientes del Ejército del Centro. Por millares de declaraciones prestadas por familiares y amigos de soldados del Ejército rojo-que perecieron en esta forma, así como por individuos que pertenecieron a dicho Ejército, y hasta por los mismos asesinos en muchos casos, han quedado perfectamente esclarecidos estos asesinatos que se encubrían con la fórmula “al intentar pasarse al enemigo”. Y esto ocurre durante todo el dominio marxista, hasta la liberación de la zona roja por el Ejército nacional».

Pensar diferente no es delito ¡mientras pienses como yo!

La figura de Santiago Carrillo eclipsó la Memoria Histórica de éste cruel genocida, uno de los peores, que fue ministro de “justicia” Quemaba nuestro patrimonio y mataba presos.

Respuesta al terror revolucionario.

«Pero conviene, además deshacer la manipulación de que la represión franquista fue la respuesta al terror revolucionario, lo cual dejaría sin explicación los 2.500 fusilamientos de Canarias, los de Ceuta, Melilla, los miles de Galicia, de Salamanca, Valladolid, Zamora, Segovia, La Rioja, Navarra, etc., donde los republicanos no movieron un dedo, al igual que en otras muchas localidades de toda España. Otra falacia es asegurar que las ejecuciones de posguerra se debieron a “hechos de sangre” (“delitos concretos”, escribe el cura Martín Rubio), cuando los fusilados por este concepto no suponen ni el 10%, siendo el grueso de la represión exclusivas represalias políticas».

Efectivamente, la violencia desencadenada en zona nacional no fue exclusivamente una respuesta a los desmanes de los frentepopulistas, hubo otros componentes como el odio y el miedo al enemigo, pero hay un elemento determinante y es que las conductas represivas de los frentepopulistas desencadenaban una nueva oleada de violencia al cambiar de bando un determinado territorio.

Pero decir que «los republicanos no movieron un dedo» en lugares como Galicia, Castilla o Navarra es ignorar que la represión hunde sus raíces en el deterioro del Estado de derecho que se había producido durante los meses y años anteriores y olvidar el intenso grado de movilización revolucionaria que había tenido lugar con anterioridad a la propia sublevación.

Sembró Muertos y eso es lo que Cosechó.

Juan García Oliver fue el responsable de la “legalización” de los Campos de Trabajo de la Memoria Histórica. Afirmó tener una población reclusa de 100.000 “fascistas”. Estuvo a punto de dirigir las matanzas de Paracuellos en lugar de Santiago Carrillo.

Represión y Sublevación.

Tampoco es válido presentar la represión republicana exclusivamente como respuesta a la sublevación ya que entonces (volviendo al revés el argumento sobre Galicia, Castilla o Navarra) habría que preguntarse por qué se desencadenó sobre zonas en las que el Alzamiento no tuvo ninguna posibilidad y sobre personas (como los sacerdotes, religiosos y monjas) totalmente ajenos a él.

Menos cierta resulta aún la pretensión de que la prioridad en el inicio de los asesinatos corresponde a los sublevados. En una Historia de España dirigida por Tuñón de Lara se afirma:

«La represión la iniciaron los sublevados la tarde del 17 de julio. Se sublevaron asesinando y los días 18, 19 Y 20 se caracterizaron por una sucesión de asesinatos. Sus primeras víctimas fueron los generales, gobernadores civiles y militares que no se sumaron a la rebelión. Es el caso de los generales Romerales en Tetuán, Caridad Pita y Salcedo en La Coruña, Núñez de Prado en Zaragoza, Batet en Burgos y Campins en Granada; de F. Pérez Carballo, gobernador civil de La Coruña; de L.Lavín Gautier, gobernador civil de Valladolid; de Álvarez Buylla, Alto Comisario de Marruecos, etc., etc.».

La mayoría de los ejemplos que se citan corresponden a muertes que tuvieron lugar con alguna posterioridad al comienzo de la guerra, incluso la de Batet ya en 1937. Por el contrario, Tagüeña cuenta cómo en la mañana del 19 de julio, cuando en Madrid «no había sonado todavía un tiro» vio

«traer en un camión a los primeros detenidos, bajaban pálidos y los llevaban para que Mangada decidiera su suerte [ … ] me marché yo también; sabía que comenzarían los fusilamientos y no quería presenciarlos».

Otro ejemplo es el de la provincia de Badajoz: en Castuera y Villanueva de la Serena, pueblos que permanecieron cinco y diez días respectivamente bajo el control de los sublevados, éstos, aunque efectuaron detenciones, no llevaron a cabo ningún fusilamiento; sin embargo, el mismo día en que eran ocupados por las milicias y guardias de Asalto, empezaron los asesinatos de personas que en muy pocos casos eran
responsables de lo sucedido.

En esa misma provincia el primer acto de violencia también estuvo protagonizado por los frentepopulistas que en Fuente de Cantos, el mismo 19 de julio, prendieron fuego a la Iglesia parroquial en la que se encontraban numerosos detenidos y doce de ellos perecieron entre las llamas y la fusilería. Además de los asesinatos, se incendió el Juzgado, la Notaría, el Registro de la Propiedad, un convento y otros edificios.

Por encima de las características especialmente penosas de la acción desencadenada (entre los encerrados en la Iglesia había tres mujeres y dos niños de corta edad) llama la atención que la espontaneidad de los sucesos revolucionarios queda aquí, como en tantos lugares, en entredicho. De los casi doce mil habitantes de Fuente de Cantos, casi las dos terceras partes eran campesinos soliviantados a lo largo de años de propaganda por especialistas en la revuelta. Alguien que visitó la localidad unos meses después afirmaba:

«En este pueblo al iniciarse el movimiento, precisamente el mismo 19, y en las horas primeras de su día, se notó de manera patente el predominio y arraigo de las ideas exterminadoras de la ola soviética, pues es este pueblo extremeño, sin duda entre los de mi ruta, en el que existía más completa y precisa la organización criminal de extrema izquierda, tal vez por el efecto del eco de la voz de la Nelken y sus “conpiscuos”, que alcanzaron su candidatura por esta demarcación».

En Villarrobledo (Albacete), donde también triunfó el movimiento el 20 de julio de 1936, se cerró la Casa del Pueblo y los más notorios izquierdistas fueron detenidos sin encontrar resistencia y se encontraban en la cárcel cuando se concentró ante ella un grupo de vecinos que pedía que se hiciese en ellos rápida y ejemplar justicia:

«Acusábaseles de ser los causantes del desasosiego del pueblo en los últimos meses; de los quebrantos considerables causados en las haciendas por los continuos conflictos que promovían; de los sucesos sangrientos del año 34 y, por último, de abrigar criminales propósitos contra sus enemigos en el caso de que la nueva revolución que preparaban resultase triunfante.
Cuando mayor era la excitación pública se presento don Pedro Acacio, a quien todos abrieron paso respetuosos, y amonestó a los más irascibles.
Dijo que se opondría a que se atacase a los presos. Que no había que mancillar un movimiento tan puro y tan legítimo con excesos siempre reprochables. Consiguió con esto que los grupos se disolvieran, y la paz volvió a las calles alborotadas».

Por el contrario, cuando los republicanos ocuparon el pueblo, comenzó el derramamiento de sangre. La primera víctima fue el alcalde y los crímenes continuaron durante meses. El propio don Pedro Acacia, con otros miembros de su familia, formaría parte de un numeroso grupo de presos fusilados en el cementerio el 27 de julio.

En Zaragoza encontramos un fenómeno semejante. El 19 de julio, se había proclamado el estado de guerra en Caspe (cabeza de partido judicial y de comarca de unos 7.700 habitantes situada sobre el Ebro) dándose a la vez órdenes a los puestos de la Guardia Civil de Bujaraloz, Escatrón, Fabara, Maella y Sástago para que se concentraran el día 21 en la ciudad, donde se reunieron unos cuarenta guardias auxiliados por doscientos paisanos. Durante los días en que los sublevados habían ocupado el pueblo, éstos no ocasionaron ninguna baja a sus oponentes:

«Los izquierdistas detenidos por la Guardia civil en Caspe durante la Semana Heroica estaban sentados a la sombra, o se paseaban por la plaza del cuartel, y se les permitía ir a sus casas. Se tenía el propósito firme de no hacer víctimas por la conducta pasada; después de la victoria hubieran sido los izquierdistas incorporados en la cruzada nacional para engrandecer a España. En muchas ocasiones alabaron los mismos detenidos el trato cortés, el respeto y las atenciones de los héroes de Caspe.

“¿Me matarán?”

“No, señor; nosotros respondemos de que no se matará a nadie … ” – “¡Ay, que me van a matar!”

“No, eso no, esté tranquilo y siéntese que no le pasará nada [ … ] El mismo jefe de los requetés decía:

“Estoy muy contento, porque nadie se ha manchado las manos en sangre … A todos les hemos infundido confianza … No hemos quitado a ninguna criatura el cariño de su padre … Queremos que sepan por experiencia lo que somos los cristianos».

Durante dos días las fuerzas de Durruti asaltaron Caspe y en el combate murió el alma del Alzamiento en la comarca, el Capitán de la Guardia Civil don José Negrete. La resistencia fue durísima pero no logró evitar la ocupación definitiva el mediodía del 25 de julio. Inmediatamente comenzaron los asesinatos que causaron 78 muertes.

Por el contrario, en pueblos de la misma provincia donde los nacionales efectuaron duras represalias, éstas se iniciaron semanas después del alzamiento y cuando ya se había tenido ocasión de comprobar cuál era el comportamiento de las columnas republicanas en los pueblos aragoneses que habían ocupado dejando a su paso un rastro de terror.

Así ocurrió en Belchite, localidad donde se había alimentado una fuerte tensión durante la República entre los vecinos socialistas y la agrupación campesina de derechas y donde el desencadenamiento de la represión está en relación con lo sucedido durante los combates del 6 de agosto a partir de los cuales la población quedó en las inmediaciones del frente:

«En la mañana del jueves hizo su aparición en Belchite un avión al servicio de la Generalidad, quien lanzó unos petardos y unas proclamas.
Los elementos izquierdistas de la localidad creyendo que era el momento decisivo para entrar en acción, salieron a las calles con ánimo de realizar algunos gestos de salvajismo que se concentraron rápidamente en los disparos hechos contra el cura párroco que salía de la Iglesia y que afortunadamente no le alcanzaron.
Inmediatamente los elementos adictos al movimiento militar salieron a las calles para hacer frente a la turba. Rápidamente lograron aplastarla causando en ésta un gran número de bajas y sufriendo los elementos leales muy pocas y además de ninguna importancia.
En el día de ayer se iniciaron registros y cacheos para desarmar a los elementos extremistas que dieron un gran resultado y siendo duramente castigados aquéllos que apresados anteriormente quisieron huir».

En otros lugares, en otras provincias, la prioridad correspondería a los nacionales; lo que hemos intentado mostrar con estos ejemplos, siempre silenciados, es que no se puede hablar como si aquellos ya tuviesen un plan deliberado de exterminio de todos sus adversarios que comenzó a ponerse en práctica desde el primer momento.

Los primeros cuadros de violencia cometidos por unos y por otros y el miedo a un enemigo que se sabe presente en el propio territorio, servirán como detonante que encadene ambas represiones en un CÍrculo vicioso del que resulta tan inútil preguntar quien empezó primero como quién fue el que pudo matar más.

¿Represalias Políticas o Delitos Concretos?

Que «después de la guerra se juzgaba en un buen número de casos por delitos concretos» (este es el tenor literal de mi afirmación) resulta irrebatible.

Para negar esto pueden acumularse casos (que se dieron sin duda y de los que todos conocemos ejemplos) de inocentes denunciados para saciar venganzas personales pero eso no puede ocultar que la represión afectó, sobre todo, a los responsables de los brutales sucesos ocurridos durante el período rojo.

Sirva como ejemplo de lo que decimos, algunas de las sentencias firmadas en relación con los hechos de Barbastro (Huesca):

– T.A.P.: formó parte del Comité de Enlace que dictaba las órdenes de detención y las sentencias de fusilamiento, participó personalmente en muchos de esos actos. Su hija, la tristemente famosa Peiruza, siendo aún menor de edad, se ensayaba en el uso de las armas asestando el tiro de gracia a las víctimas en presencia, y al parecer, con la complacencia de su padre. Se le acusó entre otros muchos, de tomar parte en el acto de ejecución del Prelado en el cementerio el 9 de agosto de 1936. Desnudó a la víctima y le quitó los zapatos. Condenado a muerte, fue ejecutado el 3-sep- tiembre-1941.

– A.A.F.: Junto con otros tuvo parte en la detención y traslado del Prelado al Colegio de los PP. -Escolapios el día 22-julio-1936. Consta su activa participación en asesinatos entre ellos la del gitano Ceferino Jiménez. Fue condenado a muerte y ejecutado en Barbastro el 29-octubre-1939.

– M.C.A.: Interviene en numerosos asesinatos, algunos por él mismo confesados de modo activo. Quitaba la dentadura de oro y las alhajas que llevaban las víctimas. Desnudaba los cadáveres y lo hizo con el del obispo a quien quitó los pantalones que él usó personalmente. Detenido el 4- mayo-1939 fue juzgado en consejo de guerra sumarísimo, condenado a muerte y ejecutado el 22-octubre-1939.

– R.C.S.: Era ladrón habitual y procesado varias veces antes de la guerra. Durante los desmanes revolucionarios continuó y aún acrecentó aquella actividad hasta presumir que disponía de «más dinero que un torero».
Tomó parte en muchos asesinatos, presumía también de ser él quien mató al Obispo y usaba de sus zapatos, aunque luego rectificó diciendo que sólo hizo guardia ente la puerta del cementerio durante la ejecución del Prelado. Iba siempre armado de escopeta y asistía asiduamente a los fusilamientos. Detenido al terminar la guerra fue condenado en consejo de guerra y ejecutado el 13-agosto-1940.

– S.F.T.: Perito agrónomo, fue uno de los más destacados jefes del período revolucionario de Barbastro. Se distinguió por su carácter extremista y violento, participando en muchos de los atropellos, detenciones, torturas y asesinatos en la ciudad, entre ellos el del Obispo a quien maltrató y torturó siendo el instigador de su mutilación en la cárcel y uno de los participantes en su ejecución. Se alistó voluntario en el Ejército, fue nombrado capitán de Carabineros y destinado al frente de Madrid. Hecho prisionero y confinado en la prisión de A1calá de Henares, el 27-abril- 1940 fue trasladado a la cárcel de Capuchinas de Barbastro. Condenado a pena de muerte en consejo de guerra sumarísimo, fue ejecutado junto a las tapias del cementerio el 1 0-septiembre-1940.

– C.P.C.: intervino en la detención de Prelado, hizo guardias en la cárcel y trataba mal a los presos. No se le imputaron delitos de sangre y sufrió condena de doce años y un día.

– A.S.P.: en el sumario del Juzgado Militar los testimonios sobre él varían: desde el que alaba mucho su conducta como carcelero, hasta el que le recrimina los malos tratos recibidos. En general prevalece su conducta a favor de los reclusos. Fue condenado a la pena de doce años y un día de reclusión.

Los ejemplos podrían multiplicarse y, al lado de los conocidos por investigaciones sobre otros lugares, demuestran que los argumentos empleados contra el procesado eran no tanto su simple militancia en organizaciones de izquierdas cuanto su implicación en muertes ocurridas en retaguardia republicana.

Cuestión difícil de demostrar es el grado de su participación real en los hechos imputados (por eso resulta injustificable aquel pretendido 10% de que habla Moreno Gómez) pero resulta claro que después de la guerra la represión tuvo un componente jurídico-penal severo y, si se quiere, alejado de la mentalidad hoy dominante pero que resulta sustancial como factor diferenciador entre la represión en ambas zonas.

Los crímenes cometidos por los revolucionarios podían ser, en algunos casos, el desahogo frente un patrono con escasa conciencia social, ante la influencia de un sacerdote, la piedad de un joven de Acción Católica o el entusiasmo de un falangista … pero el terror frentepopulista nacía de una concepción del mundo que cultivaba abiertamente el odio como una imprescindible virtud revolucionaria.

Podrán alegarse las razones que se quiera, pero generalmente no nos encontramos ante la depuración de una responsabilidad penal; en zona nacional éste fue el principal componente de la represión y por eso se explica la abultada disparidad entre las cifras.

Sin negar la dureza de la represión de posguerra, tampoco se puede silenciar que se atenuó por la conmutación de las condenas y por el régimen de Redención de penas por el trabajo que permitieron a muchos la reinserción a la vida civil una vez superadas las tensiones de los primeros momentos.

El sistema de redención de penas aludido se basaba en los estudios del jesuita padre Pereda, quien había puesto de relieve la inutilidad y degradación que suponía la sola privación de libertad. Con el trabajo, el recluso se rehabilitaba y encontraba la justificación y la dignidad además de un modesto salario.

Ya en el Decreto de 20 de mayo de 1937 se había afirmado que

«el derecho al trabajo que tienen todos los españoles como principio básico declarado en el punto 15 del programa de FET y de las JONS, no ha de ser regateado por el Nuevo Estado a prisioneros y presos rojos, en tanto no se opongan, en su desarrollo a las previsiones que en orden a vigilancia merecen, quienes olvidaron más elementales deberes de patriotismo».

El penado cobraría 2 pesetas diarias, de las cuales 1,50 eran destinadas a su manutención y el resto para él; en caso de tener familia en la zona nacional, su mujer percibiría 2 pesetas y 1 peseta por cada hijo menor de quince años, posteriormente se ampliaría la subvención a los mayores de quince años inútiles para el trabajo. La normativa se complementó con la Orden ministerial de 7-octubre-1938 y el Decreto de 9-junio-1938.

En 1942 existían sesenta y ocho destacamentos penales en los que trabajaban cinco mil cuatrocientos un presos afectos a las siguientes empresas y trabajos:

Fundación del Generalísimo Franco o Industrias Artísticas Agrupadas; Regiones Devastadas (reconstrucción de Belchite, Brunete, Oviedo, Teruel, Potes, Quinto, Mediana de Aragón, Puebla de Albortón, Boadilla del Monte y Lérida); Minas; Obras públicas (ferrocarril directo Madrid-Burgos, pantano del Generalisimo, cuarteles de Carabanchel, Academia de Caballería de Valladolid, catedral de Vich, túnel de Viella) y Metalurgia.

También se aplicaron de forma continua indultos y la conmutación de las condenas por las inferiores de menos gravedad.

Estas conmutaciones muestran en su número una evolución ascendente  y atenuaron considerablemente las penas iniciales. Su aplicación fue un tanto desigual, debiendo influir factores como el comportamiento del preso, situación personal y familiar … para que se rebajasen más o menos años. Todos los grupos podían verse agraciados con conmutaciones de lo más diversas hasta el extremo de quedar, en casos determinados y por poner un ejemplo, reducida la condena de reclusión perpetua a un total de dos años.

Una disposición del 25 de enero de 1940 reguló la revisión general de las condenas para conseguir una unificación de criterios que simultáneamente significó una atenuación. Además, pronto empezaron las concesiones generales de libertad condicional: el 4 de junio de 1940, para los condenados a menos de 6 años y un día; el 1 de abril de 1941, para los de penas que no excedieran de 12 años; por ley del 30 de marzo de 1943 para los que no pasaran de 20; la del 17 de diciembre del mismo año se aplicó a los condenados a 20 años y un día. Y en 1945, un decreto del 9 de octubre dispuso el indulto de los condenados por rebelión militar que no hubiesen cometido hechos repulsivos para toda conciencia honrada.

En la prensa del momento se valoraba así la medida:

«En la hora presente se lleva a cabo la cancelación de la guerra interior al otorgarse el indulto a cuantos hayan participado con la acción política y con las armas contra el Régimen establecido en 1936. La división entre vencedores y vencidos, inevitable después de una lucha de cinco años, se ha ido mitigando en el transcurso de los últimos hasta su definitivo cierre, iniciado con el decreto de 9 de octubre de 1945».

Más tarde, el 1 de abril de 1964 se ordenó borrar de los registros los antecedentes correspondientes a los delitos indultados; el 10 de noviembre de 1966 se aplicó el indulto a las responsabilidades políticas de cualquier clase y, por último, el 31 de marzo de 1969 se declararon prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al término de la Guerra Civil

«cualesquiera que sean sus autores, su gravedad o sus consecuencias»

invocando la convivencia de 30 años que había seguido a

«lo que en su día fue una lucha entre hermanos unidos hoy en la afirmación de una España común».

Fueron todas estas medidas, no las ejecuciones, las que permitieron que una población reclusa que había crecido rápidamente al incorporar a los vencidos y llegaba a finales de 1939 a 270.000, se situara ya en 1943 por debajo de las 75.000 personas, y fuera disminuyendo progresivamente hasta llegar a finales de los años cincuenta a valores inferiores a los que son normales hoy día.

García Lorca, los intelectuales y la procedencia de las víctimas.

La muerte de Federico García Larca, desgraciada y lamentable como tantos otros asesinatos, ha servido para que se difundiera la idea de que el Frente Popular tuvo a su lado a los primeros intelectuales de España y de todo el mundo mientras que los sublevados no habrían contado con ningún apoyo relevante en el terreno de la cultura.

«Sobre Lorca se ha cebado de tal forma la propaganda de la izquierda cultural en la posguerra y en la transición, con la cooperación sospechosísima de grandes órganos de la derecha, y con tal sentido de la unilateralidad y la manipulación, que provocan la hartura de la opinión pública y el propio desdoro del poeta, cada vez más convertido en instrumento y en tópico. Dígase tal cosa como muestra de respeto por su vida -ya tan lejana cuando llegaba a su tumba perdida el final de la guerra- y su obra, donde la militancia política sólo tuvo un lugar secundario».

También, por lo que a la represión se refiere -y siempre según estas visiones parciales– los nacionales habrían tratado de eliminar a todos los relacionados con el mundo de la cultura que se identificaba con el socialismo y el progresismo, ya que lo demás sería clericalismo y reacción.

En el colmo de la instrumentalización, se ha pretendido establecer un vínculo entre la llamada represión franquista y la persecución al mundo de la cultura por sí mismo.

Así, en un libro sobre la Guerra Civil en varios pueblos de la provincia de Badajoz, no se dedica ni una línea al hablar de las «individualidades destacadas entre las víctimas de la represión en Don Benito» al ilustre escritor Francisco Valdés Nicolau pero, poco más adelante, se dice que Severo Ramos Almodóvar, secretario del Ayuntamiento de Orellana la Vieja (“aficionado a publicaciones periodísticas y con incursiones en el campo de la literatura») fue fusilado por los nacionales

«seguramente por el peligro que representaba para el bando vencedor la cultura y la inteligencia de sus oponentes, no en vano Millán Astray había dirigido a Unamuno en Salamanca, al iniciarse el conflicto, el famoso grito de “¡Mueran los intelectuales! ¡Viva la muerte!, lo que se convertiría más tarde en norma de conducta para los nacionalistas».

Conviene advertir que Severo Ramos no fue fusilado por sus aficiones culturales: el sumario de la causa seguida contra el mismo le imputaba ser uno de los promotores del vandalismo desatado en la localidad de Orellana.

Recogemos a continuación una nómina de personalidades eliminadas en zona republicana, aunque entre ellos no se incluye a políticos que también destacaron por su valía intelectual como José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma o Víctor Pradera ni a eclesiásticos de relevancia también en este terreno como Zacarías García de Villada (1879-1936) jesuita que fue eminente historiador de la Iglesia en España y autor de importantes obras de investigación; Pedro Poveda Castroverde (1874-1936) sacerdote jienense que fundó en la segunda década del siglo la Institución Teresiana, especialmente dedicada a la educación y Julián Zarco Cuevas (1887-1936) agustino de El Escorial, donde llevó a cabo una importantísima tarea como investigador y bibliotecario.

En cambio, sí aludimos a un notable grupo de políticos de trayectoria democrática, liberal e incluso al servicio de la República que fueron eliminados por los frentepopulistas. El simple hecho de su presencia en las cárceles pone en cuestión muchas de las justificaciones que se intentan acerca del régimen implantado en esta
zona durante la Guerra Civil.

– Melquíades Álvarez González: Gijón (Asturias) 1864 – Madrid, 22- agosto-1936. Político: fundador del Partido Reformista (1912), presidente del Congreso (1922) y diputado durante la República. Abogado (Decano del Colegio de Madrid).

– Francisco Beceña González: Oviedo (Asturias) 1889 – Sama de Langreo, agosto-1936. Jurisconsulto y catedrático.

– Rufino Blanco Sánchez: Mantiel (Guadalajara) 1861 – Madrid, 2-octubre-1936. Pedagogo y publicista, gobernador civil de varias provincias.

– Manuel Bueno Bengoechea: Pau (Francia) 1874 – Barcelona, 11- agosto-1936. Escritor y periodista de trayectoria internacional.

– Andrés Manuel Calzada Echeverría: Barcelona, 1892 – Costas de Garraf, 4-abril-1938. Arquitecto y escritor (Falange).

– José Canalejas Fernández: Madrid, 1904 – Madrid, 21-septiembre- 1936. Abogado y escritor, Duque de Canalejas, hijo del político liberal asesinado en 1912.

– Jesús Cánovas del Castillo y Vallejo: Madrid, 1877 – Paracuellos del Jarama (Madrid) 7-noviembre-1936. Abogado, economista y agricultor.

– Luis Carpio Moraga: Baeza (Jaén) 1884 – agosto-1936. Poeta y autor dramático.

– Manuel Delgado Barreto: San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife) 1879 – Paracuellos del Jarama, 7 -noviembre-1936. Periodista (director de La Nación) y político.

– Enrique Estévez Ortega: Madrid, 1898 – Madrid, 6-septiembre- 1936. Escritor, periodista y crítico de arte.

– Manuel Font y de Anta: Sevilla,1895 – Madrid, 1936. Compositor.

– Joaquín Font y Fargas: Prats de L1usanés (Barcelona) 1879 – Gerona, 30-octubre-1936. Pedagogo, político y periodista (Comunión Tradicionalista).

– Manuel González-Quevedo Montfort: Barcelona, 1898 – Madrid, 29-octubre-1937. Ingeniero (Comunión Tradicionalista).

– Luis Huidobro Laplana: Madrid, 1870 – Madrid, julio-1936. Pintor y escritor.

– Francisco Javier Jiménez de la Puente: Madrid, 1883 – Madrid, 23-agosto-1936. Abogado y político, diputado; Conde de Santa Engracia.

– Emilio Juncadella Vidal: Barcelona, 1887 – Barcelona, 29-julio- 1936. Conferenciante y deportista.

– Álvaro López Núñez: León, 1865 – Madrid, 30-septiembre-1936. Escritor.

– Ramiro de Maeztu y Whitney: Vitoria (Álava) 1875 – Aravaca (Madrid) 29 octubre-1936. Tras la proclamación de la República, colaboró en Acción Española, revista de la que llegó a ser director y fue diputado por Guipúzcoa en 1933.

– Francisco Martínez García: Molina de Segura (Murcia) 1889 – Tribaldos (Cuenca) 5-agosto-1936. Abogado y político.

– José Martínez Velasco: Madrid, 1875 – Madrid, 22-agosto-1936.

Abogado y político, durante la República fue diputado, presidente del Congreso y ministro en los gabinetes presididos por Lerroux, Chapaprieta y Portela Valladares.

– Leopoldo Matos Massieu: Las Palmas (Gran Canaria) 1878 – Fuenterrabía-Fuerte Guadalupe (Guipúzcoa) 4-septiembre-1936. Político y jurisconsulto, durante la monarquía de Alfonso XIII fue gobernador civil de Barcelona, diputado y ministro de Trabajo, Fomento y Gobernación.

– Honorio Maura Gamazo: Madrid, 1886 – Fuenterrabía-Fuerte Guadalupe, 4-septiembre-1936. Comediógrafo y político.

– Pedro Muñoz Seca: Puerto de Santa María (Cádiz) 1881 – Paracuellos del Jarama, 28-noviembre-1936. Autor de numerosas obras cómicas que alcanzaron gran éxito.

– Fernando de la Quadra-Salcedo y Arrieta-Mascarua: Güeñes (Vizcaya) 1890 – Bilbao (id.) 25-septiembre-1936. Escritor (Comunión Tradicionalista).

– Rafael Salazar Alonso: Madrid, 1895 – Madrid, 23-septiembre- 1936. Político y abogado, durante la República fue ministro de Gobernación en uno de los gabinetes presididos por Lerroux (Partido Radical).

– Francisco Valdés Nícolau: Don Benito (Badajoz) 1893 – Don Benito, 4-septiembre-1936. Abogado y escritor.

– Ramón de Vilanova de Roselló Donato: Barcelona, 1879 – Barcelona, 4-agosto-1936. Historiador, conde de Vilanova.

Resultaría injusta cualquier comparación acerca de la mayor o menor calidad literaria o científica de las víctimas de cada bando.

Lo cierto es que también por los frentepopulistas fueron asesinados intelectuales de primera fila como Ramiro de Maeztu, y toda una nómina de abogados, notarios, escritores, artistas … Si a ellos sumamos los que tuvieron que abandonar la retaguardia republicana por su propia seguridad como Ramón Menéndez Pidal, Manuel García Morente, América Castro, Claudio Sánchez Albornoz y Gregario Marañón, por citar a algunos, el mito de la identificación entre el mundo de la cultura y la zona republicana resultará difícilmente sostenible. Como escribió Ortega y Gasset:

«Mientras en Madrid los comunistas y sus afines obligaban, bajo las más graves amenazas, a escritores y profesores a firmar manifiestos, a hablar por radio, etc., cómodamente sentados en sus despachos o en sus clubs, exentos de toda presión, algunos de los principales escritores ingleses firmaban otro manifiesto donde se garantizaba que esos comunistas y sus afines eran los defensores de la libertad».

Por cierto, que el trato que recibían intelectuales de la talla del mismo Ortega y Gasset en la prensa republicana, debería ser suficiente para que no se puedan vincular las causas del Frente Popular y de la cultura:

«Pepe Ortega y Gasset, taumaturgo averiado y filósofo de pacotilla, se ha equivocado. Ha cumplido, pues, su misión filosófica. Ahora, que siga de “espectador”. En nuestra compañía no le queremos; para actor no tiene categoría, y en cuanto a comparsa, los hemos suprimido».

Por último, la destacada presencia de intelectuales y periodistas entre las víctimas de la violencia revolucionaria lleva a Carlos Gregorio Hemández a la siguiente conclusión:

«Los “hombres de orden” que años atrás habían dado testimonio público de sus ideas, fueron detenidos desde las primeras horas del alzamiento. Los periodistas que escribían para La Nación, ABC o Informaciones fueron primero seleccionados, delatados por los que antes habían sido sus compañeros de profesión, luego perseguidos por los frentepopulistas que mantenían en sus retinas los artículos en que años atrás habían leído letras contrarias a la revolución y al régimen de caos imperante en el país y por último asesinados por los ejecutores del plan calculado desde los tiempos de la guerra civil antes de la Guerra Civil».

La Procedencia Social de las Víctimas en la Retaguardia Republicana

Pero este apunte nos da pie, sobre todo, para referimos a un aspecto importante de la represión que durante años ha sido especialmente deformado: la procedencia social de las víctimas.

Dejando a un lado aquellos sectores no integrados propiamente en la población activa y a los eclesiásticos, que suponen un importante porcentaje, las víctimas de la represión republicana pueden clasificarse en los siguientes grandes grupos de acuerdo con los términos que suelen emplearse en el Registro Civil y la Causa General.

1. La denominación de propietarios engloba a dueños de tierra que normalmente viven de su renta sin que pueda determinarse su entidad, que sería muy variable. Junto con los profesionales liberales (médicos, farmacéuticos, juristas … ) y algunos de los industriales (dueños de pequeñas fábricas de ha- rina, aceite … ) formaban un grupo de notables locales, bien situados económicamente (aunque también perjudicados por la coyuntura crítica de los años anteriores) y vinculados a posiciones conservadoras. En algunos casos, ya habían mantenido posturas de enfrentamiento con las movilizaciones revolucionarias en los años de la Segunda República.

2. Los labradores eran representantes de un campesinado modesto pero que trabajaba terrenos de su propiedad o eran arrendatarios. Se trata de medianos propietarios que también empleaban con cierta regularidad mano de obra asalariada en la realización de las faenas agrícolas que requerían sus explotaciones. Un testimonio referido a la localidad cacereña de Alía, enclavada en la retaguardia republicana, alude a ellos:

«Ha tenido lugar el número normal de ejecuciones y la tierra de los muertos ha quedado en manos de los comités pero no hay obreros que cultiven estas tierras de campesinos expropiados, las cuales antes eran trabajadas por sus dueños».

Presentar a estos labradores como pertenecientes a un sector socialmente privilegiado resulta arriesgado al no ser que se empleen exclusivamente las categorías propias del análisis marxista, considerando como tal a todo el que ostenta la propiedad de los llamados bienes de producción, en este caso la tierra. Con independencia del número de hectáreas que estuviesen bajo su control, está claro que durante los últimos años se habían producido hundimientos muy importantes en el nivel de vida de los pequeños y medianos labradores, causa de una importante irritación rural contra los sucesivos gobiernos de la República que puede ser interpretada en términos de coyuntura económica y postergación por parte de los poderes públicos no tanto como la consecuencia necesaria de la lucha de clases.

3. Otro grupo está constituido por los obreros urbanos y asalariados y en él se incluyen trabajadores agrícolas (jornaleros), empleados, funcionarios municipales, artesanos … su presencia es mayor en las que se pueden denominar agro-ciudades, núcleos en los que junto al relevante peso específico de la población ligada a la tierra existían actividades secundarias y terciarias en torno al artesanado y al comercio.

Esta presencia es interpretada a veces en términos de amarillismo se trataría de

«aquellos obreros fijos de las haciendas de los grandes señores rurales, los capataces y manigeros que habían mostrado una actitud hostil en el período anterior a cuantos campesinos plantearon exigencias contrarias a los intereses de sus protectores»

pero, a nuestro juicio, pone de manifiesto cómo el factor determinante a la hora de la muerte no era la clase social sino la pertenencia a sectores radicalmente opuestos a los grupos que se habían adueñado del rumbo de la República y cuya misma vida era considerada un grave riesgo para el nuevo orden revolucionario que se intentaba implantar.

Las creencias religiosas, una confusa pero patente exigencia de orden público, la defensa de una pequeña propiedad y otros factores ideológicos no deben ser olvidados como elementos de cohesión de los más diversos sectores sociales.

4. Otro grupo que representa un importante porcentaje de víctimas son las Fuerzas Armadas y la importancia numérica de los militares no caídos en acción de guerra sino fusilados en la retaguardia es una prueba más de los componentes que caracterizaron a la Guerra Civil como enfrentamiento ideológico.

De los dieciséis mil oficiales (incluidos los que servían en las fuerzas de orden público), Ramón Salas Larrazábal calculó que quedaron en zona republicana más de siete mil quinientos, dos mil doscientos en el Ejército de África y unos cinco mil en la zona nacional de la península e islas. De ellos, fueron fusilados en zona republicana unos mil quinientos y condenados o encarcelados en esa misma zona, por sospechosos otros tantos a los que hay que añadir los mil que se escondieron o refugiaron en embajadas de la misma zona.

En la Marina la hecatombe alcanzó grandes proporciones. Hasta el 14 de agosto de 1936, aparte de paseos aislados en lugares como Madrid, habían sido ejecutados dos oficiales del Cervantes el 30 de julio; veintidós oficiales de Mahón el 3 de agosto y ese mismo día, tres en el Libertad; catorce en el Cervantes el 7 de agosto y una decena de oficiales del Jaime 1 el 13 de agosto. Contra lo que se cree, las ejecuciones en la Marina fueron tardías, hecho que se ha interpretado como prueba de su premeditación y de la frialdad con
la que se llevaron a cabo.

De los jefes y oficiales de las unidades de la Armada sometidos a prisión en Málaga, algunos serían fusilados como consecuencia del consejo de guerra celebrado a bordo de un buque el 19 de agosto. Otros morirán en estos días, hasta el 20 de septiembre, en un lento goteo que elevará a treinta y seis los muertos aquí.

En Cartagena, la noche del 17 al 18 del mismo mes fueron asesinados ochenta y un miembros del Cuerpo General de la Armada que habían permanecido en prisión a bordo del España n° 3 y del Sil.

En total, sumando a todas estas muertes las ocurridas en los enfrentamientos armados de los primeros momentos y los asesinatos perpetrados en otros lugares y momentos (como es el caso de Paracuellos), las pérdidas del Cuerpo General de la Armada en la zona controlada por el Frente Popular alcanzan la cifra de doscientas cincuenta y cinco, casi un tercio de sus efectivos en activo. A ellos hay que sumar otros sesenta y cuatro mandos pertenecientes a los distintos cuerpos de oficiales de la Armada.

En conclusión, la represión desencadenada por los revolucionarios se ha venido presentando durante mucho tiempo como un fenómeno espontáneo, fruto de la lucha de clases y protagonizado por unas masas enfurecidas que eliminaron a los responsables de su penosa situación: terratenientes, profesionales de alto nivel, militares y sacerdotes:

«Las detenciones, saqueos y asesinatos se dirigieron hacia la aristocracia y la burguesía que ejercían el poder económico, y hacia los militares y políticos no integrados en el Frente Popular, “facciosos” en el lenguaje del momento. Era la expresión de una guerra de clases que impulsó a matar a muchos solo por la posición social que tenían».

Sin embargo, cuando nos hemos acercado a lo que realmente sucedió y se ha logrado reconstruir la nómina de los que fueron asesinados, se ha podido comprobar que las víctimas proceden en realidad de dos grandes sectores sociales: se asesinó a personas acomodadas y notables locales en general, especialmente donde la muerte fue más selectiva, pero en otros lugares el fenómeno se convirtió en una persecución masiva que afectaba a empleados, obreros de distintos oficios, jornaleros y otros de más difícil clasificación aunque siempre de categoría modesta.

Por dejar constancia de varios casos, podemos referimos en primer lugar a las detenciones: en la provincia de Badajoz, desde el primer momento los presos eran

«de todas las clases sociales, desde el humilde jornalero hasta el más acomodado».

La anterior afirmación, empleada por González Ortín para referirse a lo ocurrido en Valencia del Ventoso, es semejante a las que se repiten en otras fuentes en relación con Alange, Oliva de la Frontera, Alconera, Burguillos del Cerro, Carmonita, Olivenza, Trujillanos, Granja de Torrehermosa, Salvatierra de los Barros, Hinojosa del Valle, Talavera la Real y tantos otros lugares en los que predominaban los presos de ideas derechistas o falangistas y de condición humilde. Como testimonio muy expresivo, valga el siguiente:

«Observaciones (Crueldades especiales): Llevarse a uno solo a un calabozo que hay en el ayuntamiento y allí a uno solo le maltrataban de palabra y obra para que dijera quiénes eran los fascistas, haciendo estas cosas generalmente con los más humildes y pobres de espíritu.
Además hay que tener en cuenta que en este pueblo a excepción de dos, todos éramos obreros pero en particular había el caso de Jesús Pérez Ferrete y Salvador Mayorga Sánchez que de no haberle dado de comer entre los demás se hubiesen muerto de hambre, pues son pobres de solemnidad no tienen ni casa ni nada más que hijos y el día que no ganan el jornal no comen y el resto pues desde luego todos como ya queda dicho obreros menos uno que era abogado y propietario y el Cura Párroco».

En relación con los asesinados, podemos hacer referencia a lo ocurrido en Montejícar (Granada) donde fueron detenidos mientras se dedicaban a las faenas de recolección tres campesinos, Francisco Piñar Navarro (presidente de la Juventud Católica), Adolfo López Guzmán (secretario) y Juan Ramón Domingo Hayas (miembro de la misma organización) que serían fusilados en fechas diferentes:

«El capitán, teniente o lo que fuera, mostraba viva extrañeza ante las manos encallecidas de Juan Ramón: “Tú no eres como éstos; teniendo tus manos encallecidas, ¿no te da vergüenza ser católico?”. “Es mi mayor honra”. “Una sola palabra te va a salvar. Dime que no eres católico, que no crees esas beaterías, y te dejaré ir”. “Soy católico”. “Si lo repites, te vaciaré la pistola en la cabeza”. “Soy católico”. Fueron sus últimas palabras. El propio cabecilla le hizo dos disparos a bocajarro y le vio caer fulminado al grito de “¡Viva Cristo Rey!”» .

En esa misma provincia:

«La actuación de la Guardia Civil y paisanos de los pueblos citados es digna de todo elogio por su virilidad y patriotismo y sólo ante la superioridad enemiga e inminencia de los ataques evacuan los pueblos y se echan a la sierra en busca de Granada con tan mala fortuna como decisión. Es curioso y prueba el entusiasmo que despertó el Movimiento y la confianza que en la Guardia Civil tenían todos los ciudadanos que dos familias de gitanos, cuyos cabezas eran hermanos, se sumaron al mismo, distinguiéndose en cuantosservicios se les encomendaron y cayendo asesinados en Cortes de Baza juntamente con el primer alcalde nacionalista, un sacerdote y varios falangistas» .

Los Campos de Concentración del SIM

Todos los Campos de Trabajo Nacionales fueron antes Campos Republicanos. Se dice que contenían menor número de presos, pero eso es porque el genocidio ya se había producido en las Checas.

 

Recomendamos la lectura de estos libros.

Los Buques Prisión.

Los Barcos-Prisión fueron Checas paralelas. En ellos, a parte de las torturas, diarias en estos centros, también se llevaron a cabo los juicios del denominado tribunal popular.

Desconocemos el número exacto de personas que perdieron la vida en estos Barcos-Prisión. Tan solo sabemos la cifra mínima.

Normalmente eran sacados de ellos para asesinarlos en otros lugares aunque, como iremos viendo, hubo alguna excepción remarcable.

Los barcos-prisión sólo los encontramos en la costa mediterránea y en Bilbao. Así hubo barcos-prisión en Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, palma de Mallorva, Mahón, Bilbao y Santander, y, cocmo ya hemos dicho, merecen, desde luego, el calificativo de Checas paralelas.

César Alcalá.

Checas paralelas quiere decir que lo peor no es la existencia de estos barcos, sino su gran número y, fundamentalmente, el pésimo trato que recibían los presos. No se respetaba ninguno de los derechos humanos. Así constantemente recibían vejaciones, torturas, castigos de todo tipo, humillaciones, trabajos forzados e incluso eran utilizados como escudos humanos.

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Monumento a unas víctimas torturadas que no durará ante la Memoria Histórica.

La desverguenza de la Memoria Histórica no tiene límites. Se cagan en los torturados y asesinados de media España y a nadie le importa. Hoy solo importa ganar mucho dinero.

Buque Prisión Uruguay.

El tétrico, por los sucesos que en él acaecieron Buque Prisión Uruguay.

El vapor Uruguay, la Sinistra Prisión Flotante.

El Gobierno de aquellos días, presidido por el masón de turno, Manuel Azaña Díaz, junto al de la Generalidad, presidido por el “honorable” Companys, habilitaron como prisión el buque “Uruguay”, anclado en el puerto. A él fueron trasladados los militares detenidos, entre ellos los generales Goded y Fernández Burriel y muchos más presos civiles, de los que se salvaron de la matanza instantánea de los primeros días. Con las prisiones abarrotadas, no era extraño que a los pocos días el buque-prisión estuviese completamente repleto.

El Uruguay, anclado en el puerto de Barcelona, sirvió de prisión a los generales sublevados Manuel Goded Llopis y Alvaro Fernández Burriel. También se les sometió allí a Consejo de Guerra en el que fueron sentenciados a muerte, y, posteriormente, fusilados.

También albergó a otros cientos de presos políticos, que eran sometidos a los correspondientes juicios en los que actuaba de fiscal el siniestro Chorro Llopis, que instaba al jurado “popular”, fuesen cuales fuesen las pruebas presentadas a favor de los acusados a dictar siempre sentencias de muerte.

El 12 de agosto tuvo lugar el primer acto de administración de Justicia Roja, al constituirse en el barco-prisión Uruguay el Consejo de Guerra para juzgar a los generales Manuel Goded Llopis y Álvaro Fernández Burriel.

Según versión de Federico Escofet, comisario de orden público de la Generalidad en julio del mismo año, sabemos que el general Goded y su ayudante Burriel, fueron conducidos al Palacio de la Generalidad por dos oficiales que les habían detenido. Inmediatamente fueron introducidos en el despacho de Companys. Éste al ver al general dijo-

General: Cuando se juega y se pierde se ha de asumir la responsabilidad. El 6 de octubre de 1934, ante la imposibilidad de continuar con la resistencia y viendo que tenía perdida la victoria, yo también me rendí, tal como usted acaba de hacer. Entonces, para evitar derramamientos de sangre inútiles, me dirijí por la radio a todos los que habían salido a la calle y les aconsejé que mantuvieran la resistencia. Usted ha de hacer lo mismo.

– Yo no me he rendido -respondió el General- me han abandonado. Si lo cree conveniente, señor presidente, diré que he caído prisionero.

Goded, después que el locutor anunciase a los radioyentes que les dirigía la palabra, anunció lo siguiente:

“El destino me ha sido adverso y yo he caído prisionero; por esta razón libero de sus obligaciones hacia mí a todos los que me han seguido”.

Después fue trasladado al buque-prisión Uruguay.

El consejo de guerra fue visto y fallado por un tribunal integrado por un coronel de infantería, como presidente; como vocales, un coronel de infantería, dos tenientes coroneles de infantería y dos tenientes coroneles de ingenieros; actuando de vocal ponente un teniente auditor de primera. Actuando como juez instructor un coronel de Caballería y como fiscal un teniente auditor de primera. Actuó como defensor Antonio Aymat Mareca y como fiscal Pedro Rodríguez Gómez.

Éste fue el único Consejo de Guerra que se constituyó en los primeros días de la contienda, dado que, poco después, empezó a funcionar lo que se llamó Tribunal Popular, el cual juzgó a todos los militares que habían participado en Barcelona en el Alzamiento Nacional.

El Tribunal Popular, que juzgaba indistintamente a militares y civiles, sospechosos del “delito” de “fascismo”, fue creado por Decreto del Gobierno de la República, con fecha 24 de agoste de 1936, estaba integrado por José Pérez Martínez, como presidente, Ángel Samblancat y Jesús Pinillas, abogados elevados a la categoría de magistrados; y 14 vocales que pertenecían a los sindicatos CNT-FAI. Estos últimos eran los que realmente fallaban los juicios. Actuaba permanentemente de fiscal, en todas las causas que se instruyeron, el abogado Chorro Llopis. Dicho Fiscal aplicaba las mismas conclusiones para la calificación de los delitos, tanto si el inculpado era un jefe de categoría, con mando, como si se trataba de un oficial  o clase subalterno.

Como muestra de la forma de actuar del Tribunal Popular, y en especial la del fiscal Chorro Llopis, citaremos el juicio celebrado el 10 de octubre de 1936 contra el teniente de infantería Sebastián Tortella Pons -nacido en Campanet (mallorca) en 1908.

Fue fusilado en el Castillo de Montjüic el 11 de octubre de 1936-, en el  que, después de examinadas las pruebas testificales, que fueron totalmente favorables al inculpado, y una vez terminados los informes del fiscal y la defensa y, por lo tanto, el juicio concluido para sentencia, el fiscal Chorro Llopis introdujo en la sala a un testigo amañado, que no pertenecía a la unidad del procesado, un músico militar de 3ª, el cual declaró que le había visto participar de forma activa en la madrugada del 18 a 19 de julio de 1936, en los sucesos que se desarrollaron en Barcelona, abriendo fuego desde la ventana del cuartel contra el pueblo.

Este testimonio manipulado fue suficiente para cambiar la condena favorable por la pena de muerte.

Era desquiciante la suspensión de los juicios al mediodía, hora del almuerzo, en que todo el tribunal se retiraba a comer, lo que se efectuaba alegre y copiosamente en el mismo barco Uruguay, gastando toda clase de bromas trágicas y de mal gusto a costa de los procesados, que a pocos metros de ellos esperaban la continuación del juicio.

Los abogados defensores de los presos que en cumplimiento de su deber profesional acudían a las defensas eran objeto de contínuas amenazas y coacciones por parte de los milicianos de guardia y los mismos vocales del Tribunal Popular, lo que obligaba a que el presidente recordase al empezar cada juicio que actuaban por obligación profesional y que no debían caer sobre ellos sanciones o represalias de ningún género. Las amenazas llegaron a tal extremo que era difícil encontrar quien quisiera encargarse de las defensas, siendo protegidos por la fuerza pública al trasladarse al barco-prisión.

El buque Uruguay fue construido en 1913 por William Denny Bros. Tenía una capacidad de carga de 10.348 toneladas, con 145 metros de eslora, 18,4 de manga y 10,8 de puntal.

Era propiedad de la Compañía Trasatlántica. Bautizado inicialmente como Infanta Isabel de Borbón, cambió el nombre con la llegada de la República. Estaba provisto de tres hélices impulsadas por dos máquinas de vapor de triple expansión, que le dieron 18,64 nudos en pruebas. En 1934 fue apartado de su destino en las líneas de América, requisado por el gobierno Republicano y amarrado en Barcelona para servir como cárcel. En 1939 fue hundido por un bombardeo y reflotado en 1942, para luego ser desguazado en Valencia.

El buque-prisión Uruguay conoció desgraciadamente desde el primer momento de la contienda un protagonismo infausto y su nombre llenó las primeras planas de los diarios.

El Gobierno de aquellos días presidido por Manuel Azaña, junto al de la Generalidad, presidida por Companys, habilitaron  como prisión el buque Uruguay, anclado en el puerto. A él fueron tansladados los militares detenidos y muchos más presos civiles de entre los que se salvaron de la matanza inmediata de los primeros días.

Con las prisiones abarrotadas, no era extraño que a los pocos días el buque prisión estuviese completamente repleto.

Hacinados en los camarotes, sobre cubierta, bajo las toldillas, en los departamentos inferiores, en la bodega, solo quedaban los lujosos camarotes para los guardianes, que frente a los ojos de los detenidos celebraban cada noche grandes orgías y bacanales en que se derrochaba lo robado en las casas principales y en los establecimientos de la ciudad.

La incomunicación de los detenidos era total con respecto al mundo exterior. No podían recibir visita alguna ni siquiera de familiares. La suciedad era la nota dominante, conviviendo los presos con las ratas.

Para cada 400 detenidos, había una letrina.

Asimismo, en el Uruguay abundaban presos republicanos caídos en desgracia encarcelados por sus correligionarios, en muchos casos por venganza personal.

El Uruguay fue, desde los inicios de la guerra, el complemento de las checas de tierra firme de Barcelona.

No bastará con decir que el Régimen carcelario era muy duro. Casi todos los presos estaban afectados de pérdida de memoria, disminución auditiva, visión defectuosa e hinchazón de las piernas. Los parásitos anidaban en los cuerpos y en las prendas de vestir, y las ropas sólo las podían lavar con agua, pues no había jabón.

Sobre este barco Josep Blanch Requesens nos ofrece el siguiente testimonio:

“Cada día iba menguando el rancho y era a primeros de mayo que nuestras piernas ya no podían sostener nuestros cuerpos y todo el día casi, y toda la noche, las teníamos que pasar tumbados en nuestros asquerosos camarotes cargados de miseria. Teníamos que hacer un máximo esfuerzo para subir unos quince escalones cuando era la hora de comer ya que era imposible del todo sostenernos. Unas ratas como conejos eran dueñas de los camarotes destinados a enfermería. Algunos reclusos que por su estado de salud tenían que trasladarse a dicho departamento, volvían al cabo de unos pocos días completamente desesperados por aquellos animales, dueños absolutos. De vez en cuando también se paseaban con descaro por nuestro sollado”.

También tenemos el testimonio de José María Puntas Comella, natural de Granollers (Barcelona). Tradicionalista. Abogado. Soltero. 25 años. Estudió en el Seminario-Colegio de Santa María de Collell, como su padre Manuel Puntas Viñas, y en la Universidad de Barcelona. Se destacó en las luchas estudiantiles como católico militante. Fue detenido en su domicilio de Granollers el 19 de julio de 1936, el día del Alzamiento en Cataluña. Su padre, antes de ser llevado a un lugar ignorado, le dijo:

“Valor hijo mío; acuérdate de que eres católico y tradicionalista, cumple con tu deber”.

Fue conducido al barco-prisión Uruguay, en donde sufrió mil penalidades.

El Comité de Granollers lo sacó de dicho barco alegando que iban a ponerlo en libertad. Todo era mentira. José María Puntas fue asesinado en el cementerio de Mataró el 3 de noviembre de 1936. Su padre había sido asesinaso en octubre de 1936 en el cementerio de Montcada y Reixach.

El director del buque-prisión era un tal Monroy, un aventurero que había ingresado en Madrid, poco después del 18 de julio de 1936, en el Cuerpo de Asalto, donde alcanzó el empleo de teniente. Era un personaje oscuro al que temían tanto los carceleros como el personal de servicio.

En los primeros días, abofeteó a varios ordenanzas, porque a su paso no se le cuadraban militarmente. A los detenidos les hacía levantarse a las cinco de la mañana, prohibiéndoles que, durante el día, descansaran en la litera.

Hizo disminuir la ración de comida y el trozo de pan y cuando se le antojaba daba orden de que se suprimiese el reparto de agua. Así pues, la vida de los encarcelados trancurrió en un torbellino de sufrimientos y enfermedades. Gracias a los doctores, también presos, Letang, Bordas, Gómez Ulloa, Barjau, Isamat, y Piulachs, recibieron los detenidos atención y remedios profesionales.

Buque Prisión Cabo Cullera.

Buque Prisión Cabo Cullera.

El Cabo Cullera.

La relevancia trágica del Cabo Cullera como Cheka debió de ser relativamente escasa a juzgar por la ausencia de información sobre este barco.

El Río Segre resultó ser una de las más nefastas prisiones de la República.

El Río Segre resultó ser una de las más nefastas prisiones de la República. En él se martirizó a numerosos religiosos entre un total de 218 sentenciados a muerte.

El Río Segre.

En el puerto de Tarragona funcionaron dos cárceles flotantes: el buque Cabo Cullera y el buque Río Segre, que fueron complemento de las prisiones de tierra firme.

De los dos buques amarrados en el puerto de Tarragona, el que desempeñó mayor protagonismo fue el Río Segre. En él se habilitaron las bodegas de proa y popa. Cuando se incrementó en número de detenidos, se recurrió a las bodegas inferiores.

Los detenidos eran presos preventivos en espera de juicio, de cuya vista transcurrían muchos meses.

Con frecuencia se les enviaba a la cárcel Modelo de Barcelona y al castillo de Montjuich, aunque lo habitual eran las sacas que realizaban las patrullas de control con detenidos elegidos, sin juicio previo, que eran asesinados.

El Río Segre dejó de utilizarse como buque-prisión cuando el puerto de Tarragona fue declarado zona de guerra, y puesto de nuevo en navegación, fue utilizado para transportar víveres desde la URSS a los puertos españoles. Los prisioneros fueron internados en otra cárceles de la provincia, y algunos en las de Barcelona.

En el Río Segre estuvo encarcelado Pablo Gil Pascual. Había nacido en Vandellós (Tarragona) el 11 de febrero de 1898 y fue asesinado en Vilarodona, el 25 de agosto de 1936. Su profesión era agricultor. Estaba casado y con hijos. Una de sus hijas, maría Lourdes Gil Casanovas nos hizo llegar, a través de tres cartas, su testimonio sobre la persecución y muerte de su padre:

Reus 12 de julio de 1999. Voy a darme a conocer. me llamo María Lourdes Gil Casanovas y, cuando el 25 de agosto del 36 tenía 11 años, asesinaron a mi padre, por el solo hecho de ser carlista y cristiano precticante. Si yo hubiera sabido escribir, habría ya hace tiempo hecho un buen libro sobre todo lo que pasamos en nuestra casa desde el 25 de julio hasta terminar la guerra. Ahora ya soy mayor, 74 años y muy castigada físicamente, pero debo decirle que recuerdo, paso a paso, todo lo que pasó aquél tiempo ya lejano y siempre he tenido la impresión de que todo quedó en “agua de borrajas”, ya que ni mi familia más cercana ha sabido reconocer el sufrimiento pasado, y por lo tanto el recuerdo de mi padre (que yo adoraba) ha ido borrándose de todos, no por mala voluntad, sino que han preferido ignorarlo, para darme a mi la opción de olvidar.

Estoy muy contenta de que se haga justicia con todos nuestros muertos, y que haya alguien que se preocupe de que no sean olvidados tan impunemente.

Mi padre se llamaba Pablo Gil Pascual y era natural de Vandellós, pero de joven pasó a vivir a Reus, donde entró a formar parte de un nutrido grupo de Carlistas. No es raro ya que venía de familia carlista, así como mi madre a quien conoció en Reus, que también lo era, mi madre me decía que un retrato del Rey Carlos presidía la sala de la casa de sus padres, así que fue fiel a los suyos.

Era el año 1936, el día 18 de julio fue la última noche que durmió en casa. Cuando vio como iban las cosas se fue al campo, a una finca propiedad se su amo. Él era agricultor, pero no tenía campo propio, era un simple trabajador asalariado.

El 21 de julio se marchó a Vandellós a donde estaba mi abuelo haciendo carbón de una finca que tenía allí. Y de allí le fueron a buscar un grupo de socialistas de Reus y le metieron en prisión. Cuando supimos que estaba allí, mi tía mMaría fue a ver a un primo nuestro que era de la FAI, para ver qué podía hacer, y que si lo llevaban al barco de Tarragona, ya le podíamos dar por muerto, ya que de allí no saldría nadie vivo. Y así fue. El 25 de julio de 1936 lo llevaron allí y de allí, el 25 de agosto lo asesinaron junto a 17 personas más de Reus, y casi todos tradicionalistas. (…).

Los 14 beatos del 11 de noviembre fueron víctimas de una matanza, en el cementerio de Torredembarra, de presos del barco-prisión Río Segre, de Tarragona.

Ese día tampoco hubo fusilamientos en Paracuellos, pero en la sesión de la Junta de Defensa de Madrid presidida por el comunista Antonio Mije, en la que el consejero de orden público Santiago Carrillo explica que las masacres se han interrumpido por las protestas de los diplomáticos, se acuerda dar un voto de confianza a Carrillo para que resuelva el asunto de las “evacuaciones”.

30 beatos de 218 condenados en el Río Segre.

El Río Segre, de 5.000 toneladas llegó a alojar a 300 presos, de los cuales, según Antonio Montero, salieron 218 sentenciados a muerte. Las fechas con mayor número de ejecuciones fueron las del 25 de agosto –60 fusilados: seis beatificados, más tres al día siguiente- el 28 de agosto -siete beatificados- y el 11 de noviembre de 1936.

Los mártires del 11 de noviembre son cuatro carmelitas terciarios de la enseñanza -orden que prácticamente se extingue de esta forma en su rama masculina-, otros tantos carmelitas descalzos, tres sacerdotes seculares, dos hermanos de La Salle y un claretiano.

En la madrugada de ese miércoles, los milicianos de la FAI entraron en el sollado de proa leyendo nombres a los que nadie respondía, porque estaban equivocados.

Formaron la expedición de una manera más simple, despertando a puntapiés a los presos:
– Tú, ¿qué eres?
– Sacerdote.
– ¡Pues, arriba!
– ¿Y tú?
– Religioso.
– ¡Arriba también!
De los 24 que se llevaron, ocho eran sacerdotes, ocho laicos y ocho religiosos. No fueron más porque un claretiano -según relata el miembro de esa congregación Pedro García-, al ver la enorme cofusión que se creó, y dada la poca luz que los alumbraba, se deslizó por la escalerilla lateral y se fue al otro sollado para avisar a los demás:

– ¡Que nos matan! ¡Hoy nos vienen a buscar a todos!

Y así fue.

Porque al poco rato volvían los milicianos de la FAI con una nueva lista (luego alguna autoridad se las proporcionaba). El primer nombre leído fue el de un párroco:

– Enrique Rosanes.
– ¡No voy!

La negativa produjo un efecto psicológico fulminante. Los milicianos, furiosos, iban llamando a todos, y todos respondían “¡no voy!”.

Emplazaron una ametralladora en la semioscuridad, pero nadie se levantó. Pasó el tiempo, y los asaltantes se fueron.

Llevaron a los 24 sacados al cementerio de Torredembarra para ser allí asesinados. En el puente del barco empezaron a rezar todos juntos un salmo -según un testigo, el Miserere-, y ya en fila delante de la tapia del cementerio, gritaron “¡Viva Cristo Rey!” antes de que terminaran con sus vidas los tiros de ametralladora.

De los 14 beatificados, eran hermanos carmelitas de la enseñanza:

Julio Alameda Camarero, de 25 años;

Bonaventura Toldrá Rodón, de 40;

Lluís Domingo Oliva, de 44; e

Isidre Tarsá Giribets, de 70.

Los carmelitas descalzos beatificados eran:

Damián Rodríguez Pablos (de la Santísima Trinidad), de 40 años;

Felipe Arce Fernández (fray Elipio de Santa Teresa), de 58;

Pedro (de San Elías) Heriz y Aguiluz, de 69; y

Josep Alberich Lluch (fray Josep Cecili de Jesús Maria), de 71.

Los sacerdotes seculares eran:

Joan Roca Vilardell, de 31 años, beneficiado salmista de la catedral de Tarragona (su hermana Dolores, misionera de la Inmaculada Concepción, había sido asesinada el 9 de agosto en l’Arrabassada);

Miquel Saludes Ciuret, de 59 años, adscrito a Riudoms; y

Josep Maria Bru Ralduà, de 66 años, canciller secretario. Este había sido ordenado en 1896, además de canónigo y profesor del seminario era juez metropolitano. Lo detuvieron el 27 de julio en casa de unos amigos.

Los lasalianos eran

Mariano Navarro Blasco (hermano Jenaro, de 32 años, tomó el hábito en 1919 y estuvo en Cuba de 1928 a 1931) y

Josep Boschdemont Mitjavila (hermano Gilberto de Jesús, de 56 años, trabajó durante 17 en la librería Bruño de Barcelona).

El claretiano era

Federico Vilà Bartolí, de 52 años, que en 1924 había publicado en Barcelona una Reseña histórica, científica y literaria de la Universidad de Cervera.

Puede leer la historia de los mártires en Holocausto católico.

El Buque Prisión Argentina es otro de esos nombres de la Memoria Histórica que se han ganado a pulso la definición de "Buque del Terror Rojo". Hoy pocos lo saben.

El Buque Prisión Argentina es otro de esos nombres de la Memoria Histórica que se han ganado a pulso la definición de “Buque del Terror Rojo”. Hoy pocos lo saben.

El  Buque Prisión Argentina.

Antiguo Reina Victoria Eugenia, su capitán Ferrer procedía de la Guardia Civil. El buque fue gestionado como centro de torturas y prisión por el siniestro S.I.M. Siguiendo, por lo tanto, aventajadamente los métodos soviéticos.

El Argentina era el buque gemelo del Uruguay, en el cual los presos también sufrieron lo indecíble, tuvo el mismo fín que su gemelo; ambos fueron hundidos durante bombardeos en 1939.

El Buque Prisión Villa de Madrid es otro de esos nombres de la Memoria Histórica que se han ganado a pulso la definición de "Buque del Terror Rojo". Hoy pocos lo saben.

El Buque Prisión Villa de Madrid es otro de esos nombres de la Memoria Histórica que se han ganado a pulso la definición de “Buque del Terror Rojo”. Hoy pocos lo saben pero en él se tortur a mujeres.

El Villa de Madrid

El Villa de Madrid, atracado también en el puerto barcelonés, pertenecía al siniestro SIM (Servicio de Información Militar), y el calvario de los presos en él tuvo las mismas características de los dos anteriores.

Un estremecedor testimonio que nos habla de Pablo Gil Pascual y su paso por el barco-prisión Río Segre, fondeado en el puerto de Tarragona. Las checas del S.I.M. fueron las siguientes:

Anglí. Situada en la calle Anglí 46, esquina con el paseo de la Bonanova. Era de La CNT-FAl y del SIM.

Busutil. Situada en la plaza de Berenguer el Grande 1, en la vía Layetana. Estaba dirigida por miembros del SIM de Madrid, afiliados tanto al PCE como al PSOE.

Bar Ténninus. Situada en el paseo de Gracia 54, principal Lt..dependía de miembros del PSOE venidos de Madrid. Estaba bajo el mando del Director General de Seguridad.

Barco Villa de Madrid. Amarrado en el puerto de Barcelona. Del SIM. En este barco estuvo presa Trinidad Mariner, la cual nos aporta el siguiente testimonio:

Estando en la pensión del paseo de Gracia número 65, vino una noche, hacia las diez, el Capitán Mario Soler con tres o cuatro agentes del SIM, y nos detuvieron a mi madre y a mí. Hizo pasar a mi tío, a los huéspedes y a las sirvientas al comedor, sin que pudiera moverse nadie de allí. A nosotras nos hizo bajar abajo y nos metió en un coche, vigiladas por otro agente, y registró toda la casa, sellando nuestra habitación. Estuvimos mucho tiempo las dos solas en el coche. Yo llevaba siempre encima una carta de mi amadísimo tío sacerdote. Fui haciéndola bolitas pequeñas y me la tragué para que no la vieran.

»Llegamos a oscuras, pues había poca luz por las calles, al puerto y mi madre preguntó:

“Capitán, ¿adónde nos lleva?” Y respondió:

“Al barco. A mi casa.”

Y un agente gritó:

“Bote, bote para el capitán Mario,”

Y a los pocos minutos subíamos en el bote.

»Al llegar, los agentes nos metieron en distintos camarotes a mi madre y a mí, y cuando le dijimos llorando que por qué no estábamos juntas, dijo que era mejor así. Allí también nos encontramos en medio de grandes sufrimientos y de modo especial por la separación entre mi madre y yo, con el peligro de que a las dos nos hicieran lo peor.

»Continuo a mi camarote, y como que el tabique era de madera, no hablábamos y ellos me animaban. Estaba: don Sebastián Moll Carbó, un capitán de Palma de Mallorca, y el administrador de la embajada de Argentina, don Máximo Alonso, ambos condenados a muerte, aunque no sé si al llevarlos al Villa de Madrid les habían conmutado la pena.

El Villa de Madrid era el barco-prisión donde nos habían conducido desde la prisión del paseo de Gracia”.

»El barco era, por estar en el puerto, zona portuaria y de guerra, y los bombardeos nos llenaban de horror; pero, sinceramente, puedo decirle que los interrogatorios eran aún más horrorosos. Igual nos interrogaba el capitán, que se autodenominaba el «Juez», en su despacho de la proa, como en la habitación del día, o por la noche, o a la madrugada. Siempre diciéndome que mi madre ya le había dicho la calle donde vivían esas personas: familia Junyent y, de modo especial, doña Ángeles de Janer y don Mauricio de Sivatte, que sólo faltaba la calle y era mentira, ya ella le decían que yo había dicho otro detalle, y también era mentira”.

»En los camarotes de cubierta estábamos todos incomunicados y yo sólo conocí a mis vecinos, el capitán y el administrador de la embajada de Argentina y a los jóvenes libertarios, que muy orgullosos me decían que ellos estaban presos por ideas. Yo les contestaba que yo también, y ellos replicaban: Usted por feixista. Les contestaba que yo no tenía nada de fexista que ser feixista era una idea “dolenta”. Como la desgracia une a los infelices, teníamos buen trato y nos ayudábamos mutuamente en lo que podíamos. A ellos también les dieron unas enormes palizas, y dos iban todavía cojos por los golpes”.

»Me presentaron a las hermanas Lasaga, una a una. Estaban las tres, sus padres, dos hermanos y una cuñada; pero los enfrentamientos eran con las chicas y de una en una. Cuando las vi la primera vez, les acababan de dar unas palizas horribles, echaban sangre por la boca y por la nariz Margarita y Angelita, y a Patrocinio, que era la más joven, me la presentaron con palillos entre los dedos de las uñas de las manos y no sé si de los pies, de esto estoy segura; pero no podía ni hablar, del dolor que sentía”.

»Tuvimos varias veces los careos. A mí, creo que por ‘lo que mi padre rogaría por mí, no me pegaron, ni a mi madre tampoco; pero las amenazas eran continuas, y muchas veces el capitán me acorralaba contra la pared y me decía:

“Si quieres ser tan cínica como las Lasaga, como ellas tendrás.”

Y así los dos meses, con los bombardeos e interrogatorios.

»El capitán Ferrer, jefe de la prisión flotante, procedía de la Guardia Civil y era buenísimo. Siempre que había bombardeo venía a mi camarote y me decía:

“¿ Te asustas “peque”? Ya se están marchando los aviones. Ahora voy a ver cómo está tu madre.”

Y a ella también la consolaba.

A los que trabajaban; normalmente, o sea, a la tripulación, los hacían ir todos los días. Y el administrador, un señor al que llamaban don Vicente, ya mí me extrañaba mucho el “don”, también se asomaba a mi ventana y me decía alguna palabra, animándome. Un día se dio cuenta que estaba descalza y me preguntó si no tenía zapatos. Le dije que me hacían daño y al día siguiente me tiró por la ventana unas cómodas zapatillas.

»Carlos Pérez, un médico de Madrid, que hacía de timonel del bote, también asistió muy bien a mi madre cuando, pensando que a mí se me habían llevado del barco, le dio un fuerte ataque que la dejó sin conocimiento y le impidió venir al Club Náutico.

A raíz de la toma de Lérida, el capitán Mario huyó a Francia con la documentación de todos los presos que él había detenido, y nos hicieron ir a todos a declarar allí y estuvimos tres días y tres noches con las declaraciones y tal vez otros presos estarían más, pues cuando regresamos al barco todavía quedó gente por declarar.

»Entonces, el capitán Ferrer me abrió el camarote, y todos los días me dejaba ir por las tardes a estar con mi madre, que ya fue conociéndome y estando mejor al verme a su lado. Pronto se cumplieron dos meses de nuestra estancia en el barco, y dijeron que por una orden internacional, las mujeres teníamos que ser trasladadas a otras prisiones.»

El Club Nautico de Barcelona.

Centro de Detención.

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barco prisión Aranzazu Mendi

Sobre el Aranzazu Mendi existe gran cantidad de información. Suficiente para presentar en un blog monográfico aparte. La vida de los presos a bordo era una tortura constante siguiendo los métodos marxistas. No resultó tan mortal como otros buques que andaban cerca contagiando a la tripulación del Aranzazu. En varias ocasiones estubo a punto de repetirse la matanza del Cabo Quilates.

El Aranzazu Mendi.

Bodega del barco de prisióneros Aránzazu Mendi.

Bodega del barco de prisióneros Aránzazu Mendi.

Dormitorios.

Dormitorios del barco de prisióneros Aranzazu Mendi.

Vejaciones en el barco de prisióneros Aránzazu Mendi.

Vejaciones en el barco de prisióneros Aránzazu Mendi.

Torturas en el barco de prisióneros Aranzazu Mendi.

Torturas en el barco de prisióneros Aránzazu Mendi.

Escudos Humanos en el Buque Prisión Aránzazu Mendi.

Escudos Humanos en el Buque Prisión Aránzazu Mendi.

Torturas y vejaciones en el barco prisión Aránzazu Mendi.

Torturas y vejaciones en el barco prisión Aránzazu Mendi.

Castigos físicos en el barco prisión Aranzazu Mendi.

Castigos físicos en el barco prisión Aranzazu Mendi.

Trabajos Forzados en el barco prisión Aránzazu Mendi.

Trabajos Forzados en el barco prisión Aránzazu Mendi.

Trabajos Forzados de los presos del buque prisión Aránzazu Mendi.

Trabajos Forzados de los presos del buque prisión Aránzazu Mendi.

Traslado de los presos del Aránzazu Mendi a la Prisión de El Carmelo.

Traslado de los presos del Aránzazu Mendi a la Prisión de El Carmelo.

Memoria Histórica de las cárceles vascas.

Memoria Histórica de las cárceles vascas.

Comisaría de Telesforo Monzón.

Barco Prisión Bizkargui Mendi y Comisaría Flotante del Gobierno Vasco. A cargo de Teleforo de Monzón y los hermanos Irujo.

 

El Bizkargui Mendi.

Durante la guerra civil tuvo su lado oscuro al actuar como buque prisión llevando presos políticos desde San Sebastián a Bilbao, donde los tomo el ARANTZAZU-MENDI. Se interno en Hull, Inglaterra, el 13 de agosto de 1937.

Buque prisión Bizkargui Mendi.

Buque prisión Bizkargui Mendi.

Carcel flotante de la Memoria Histórica.

Desde esta prisión flotante a cargo de Telesforo Monzon el gobierno vasco hacía Memoria Histórica.

 

Buque Prisión Aritz Mendi-Monte Navajo

Buque Prisión Aritz Mendi-Monte Navajo

Aritz-Mendi.

Tras la guerra cambió el nombre a Monte Navajo.

Barco prisión Altuna Mendi.

Barco prisión de triste recuerdo Altuna Mendi.

El Altuna Mendi.

 

Matanzas en el buque prisión Altuna Mendi.

Matanzas en el buque prisión Altuna Mendi.

Las Matanzas de presos de Bilbao.

Las Matanzas de presos de Bilbao.

Crímenes del Gobierno Vasco.

Memoria Histórica del Barco Prisión del PNV Cabo Quilates.

Memoria Histórica del Barco Prisión del PNV Cabo Quilates.

El tristemente famoso buque-prisión Cabo Quilates.

Una de las mayores atrocidades de la Memoria Histórica.

El Cabo Quilates.

Especialmemte horroroso fué el trato que se daba a los prisioneros así como la matanza de presos realizada en el Cabo Quilates.

Por que el 25 de Septiembre, tras un bombardeo de la aviación nacional-o rebelde-
grupos de hombres y mujeres se dirigieron a los muelles para tomar venganza en
los prisioneros.

A primeras horas de la noche, con la complicidad de los guardianes, comenzaron las masacres.

Subían a los presos a cubierta en grupos y los fusilaban a mansalva. En total 42 asesinados. A la semana siguiente regresaron y asesinaron a otros cincuenta, de los cuales 15 eran sacerdotes -para que luego digan que los “nacionalistas vascos” no fusilaban a curas- completamente inocentes.

Existe un caso, especialmente sangrante con respecto al Cabo Quilates, publica
do por José Díaz Herrera en su obra “Los mitos del nacionalismo vasco”. Así lo
relata…

“Gregorio Balparda, abogado y diputado liberal por la circunscripción electoral de Valmaseda, recibió el 24 de Agosto de 1936 una comunicación de la Junta de Defensa de Vizcaya. Le reclamaba sin excusa ni pretexto de ninguna clase para actuar como fiscal militar de los tribunales sumarísimos que se estaban organizando en la provincia de Guipúzcoa.

Como Balparda creía que la Justicia militar era cualquier cosa menos justicia y pretendían que acusara de rebelión militar al general Muslera, decidió no prestarse a la comparsa y se dió de baja en el Colegio de Abogados. Detenido poco después, fué interrogado en el Gobierno civil por el ugetista Paulino Beltrán, delante del Gobernador
Echevarría Novoa.

-O sea, que ya no es abogado y no puede intervenir en el asunto.

-En efecto, no voy a actuar contra mis convicciones. No voy a servir de Caifás.

-Está bien. Si el gobernador no ordena otra cosa, que lo fusilen en el acto, bramó Beltrán.

En lugar de fusilarlo le internaron en la Comisaría Elcano, de donde saldría el 31 de Agosto con otros 18 presos con destino al barco prisión Cabo Quilates, un antiguo mercante de la naviera Ybarra, fondeado frente al Abra, en el término municipal de Erandio.

Aquél mismo día lo molieron a palos hasta que perdió el conocimiento. Luego lo ataron a la grúa del barco y un miliciano ordenó:

-¡Al agua con éste cabrón!

Desnudo, atado de pies y manos, le zambulleron en la cloaca del Nervión una y otra vez hasta que perdió de nuevo el conocimiento. Acto seguido, le subieron a la cubierta y le descerrajaron un tiro de gracia.

-¡Otro fascista menos!

Concluida su hazaña, sus verdugos se quedaron con sus zapatos de Villarejo color marrón y su traje de Moronati, sucio por los días de cautiverio”.

El 2 de Octubre se asaltó de nuevo el Quilates y se asesinó a doce sacerdotes seculares, dos dominicos y un marista.

Como en tiempos de la Inquisición, primero la Junta de Defensa de Vizcaya y posteriormente el Gobierno interino vasco crearon en todo el País Vasco una Junta Calificadora Central. Su misión, al igual que la po­licía política de Stalin, consistía en “purgar” a todos los enemigos del nacionalismo, detenerlos y enviarlos a los campos de exterminio anclados en la ría del Nervión, las chekas inventadas por los seguidores de Sabino Arana.

Bastaba con haber militado en la Liga de Acción Monárquica, en el requeté o en las filas de los liberales o mauristas para ser tachado de “fascista”, “traidor a la causa”, “enemigo del pueblo” y ser pasaportado a los barcos-prisión, en donde era muy fácil entrar pero de donde se salía con el cuerpo lleno de agujeros y los pies por delante con demasiada facilidad.

Los nacionalistas vascos, “la primera democracia del mundo”, extremaron su celo en perseguir a sus compañeros de clase y de religión y no pusieron demasiados reparos a que fueran liquidados a ráfaga de metralleta o a machetazos en las cubiertas de las prisiones flotantes. Así, los dueños de los barcos-prisión a menudo fueron encerrados en sus navíos, que se convirtieron en su cámara de tortura, de iniquidad y en su cementerio. Para pintar en toda su magnitud la tragedia y el horror generado por el PNV, o con su complicidad, se hubiera necesitado toda una generación de Picassos.

Por eso, no se puede ocultar el terror originado en la época de gobierno de quienes llevan un siglo culpando a los demás de “violencia institucional” y paseando un falso victimismo por el mundo entero o de sus cómplices.

Aquel 4 de marzo de 1937 quedaría inscrito a sangre y a fuego en la conciencia colectiva de la sociedad vasca. Tras un bombardeo de la aviación franquista, varios batallones de la izquierda, con el concurso de los carceleros nacionalistas, habían asaltado las prisiones El Carmelo, Los Ángeles Custodios, Larrinaga, Casa Galera, Altuna Mendi y Cabo Quilates, los dos últimos cárceles flotantes.

Más de 230 personas encarceladas, muchas de ellas ancianos y enfer­mos indefensos, son pasados por las armas sin ningún miramiento.

Los asesinatos en masa provocaron la primera crisis en el Gobierno de José Antonio Aguirre. Indignado, el presidente del Euskadi Buru Batzar, el máximo órgano de gobierno del PNV, Juan Ajuriaguerra, pidió la cabeza del consejero de Gobernación, Telesforo Monzón, pero el lehendakari no se atrevió a remodelar su Gobierno.

“Si ceso a Monzón, los comunistas exigirán que le entregue esa cartera”, fue su excusa.

Los nacionalistas, que alardeaban constantemente de mantener el orden y la disciplina en los territorios bajo su dominio por medio de la Ertzaña y su flamante policía motorizada, se negaron a asumir la responsabilidad de una de las páginas más negras de toda su historia.

“Los responsables fueron la chusma, favorecida y alentada por algunos batallones llamados rojos”,

repiten constantemente.

Lo cierto es, sin embargo, que en ninguna otra parte de España se produjeron asaltos a las prisiones, a la luz del día y a menos de doscientos metros de la Consejería de Gobernación. Y aunque la mayoría de los asaltantes de las prisiones y barcos-prisiones eran miembros de los batallones de UGT y anarquistas, entre las turbas también hubo nacionalistas –y muchos–, especialmente de los mendigoizales y de Acción Nacionalista Vasca, partidarios de aniquilar a los “españolistas” para crear lo más rápidamente posible la “República de Euskadi”.

La responsabilidad de la matanza no se puede atribuir, por tanto, a la “masa de desarrapados” españolistas que dice el PNV. Bien al contrario, debe atribuirse al Gobierno Vasco, que mantenía una milicia bien armada y perfectamente coordinada cuidando las pocas iglesias y monasterios que por esas fechas no se habían convertido todavía en cuarteles de milicias, mientras dejaba a los presos a la buena de Dios.

Lo que realmente pasó aquel 4 de enero de 1937 fue que los dirigentes nacionalistas, especialmente Telesforo Monzón, no quisieron enviar a uno de los diversos batallones de su partido que se hallaban acantonados en Bilbao para restablecer el orden y evitar la matanza.

Temían que se vieran obligados a disparar sobre la gente que rodeaba las cárceles para abrirse paso y que esta acción les creara problemas con socialistas, comunistas y anarquistas, que poco antes se habían negado a ir al frente, exigiendo para ellos una consejería en el Gobierno Vasco.

La vida de centenares de personas, que estaban siendo brutalmente asesinadas a tiros, con bombas de mano e incluso con cuchillos y palos, les traía sin cuidado. Lo importante era que el Partido Nacionalista Vasco no se manchara las manos con la “sangre del pueblo”.

Según el periodista británico George L. Steer, esperaron horas hasta localizar a un batallón de la UGT, hablar con sus mandos y que éstos tuvieran la autorización de sus jefes políticos para intervenir.

Tras la masacre, a los familiares se les permitió oficiar funerales por sus muertos, enterrar los cadáveres, pero la preocupación de Telesforo Monzón era otra.

¡Qué opinarán de nosotros los ingleses!

Sesenta y ocho años después de concluida la guerra en Bilbao, el saldo de aquella matanza es recordado con pavor por los pocos supervivientes que aún viven. Más del diez por ciento de los 2.217 presos custodiados en siete cárceles de Vizcaya, Larrinaga, Ángeles Custodios, Cabo Quilates, Altuna Mendi, Casa Galera, Monte Carmelo y Aránzazu Mendi, fueron exterminados sin piedad, compasión ni respeto a las edades ni jerarquías.

De hecho, la mayor parte de los presos –1.693– eran personas mayores de edad y, por lo tanto, personas sin capacidad ni fuerzas para defenderse y, además, no combatientes. Los comprendidos entre los 20 y 26 años, es decir, en edad militar, ascendían a 624.

Se trataba, pues, de un castigo por sus ideas a gente que no podía tomar las armas ni por el Frente Popular ni a favor de los llamados “rebeldes”.

El Gobierno de Burgos respetó la vida de sus rehenes pese a que poblaciones como Zaragoza, Pamplona, Palencia, Burgos, Valladolid o Palma de Mallorca fueron bombardeadas por los aviones soviéticos. En Bilbao, en cambio, con el pretexto de los bombardeos se tomaron represalias sobre los prisioneros y los rehenes de guerra.

El Barco del Terror del PSOE y la CNT

Memoria Histórica para los 160 presos arrojados al mar con pesos atados en los pies y para los miles de montañeses asesinados.

Barco Prisión Alfonso Perez de triste memoria histórica.

Barco Prisión Alfonso Perez de triste memoria histórica.

El Alfonso Pérez.

Vuelven a darse en Santander, cuando ya se cierra 1936, numerosas coincidencias con lo acaecido en otras ciudades costeras, fuesen éstas mediterráneas o cantábricas.

El puerto y sus buques anclados brindaban fácilmente un alojamiento a buen resguardo para, los detenidos políticos que había que retirar de la circulación.

De prisión flotante hizo esta vez el “Alfonso Pérez” (La mayor parte de los detenidos en Santander fueron encarcelados en el penal del Dueso. A él fueron a parar numerosas expediciones de presos procedentes del Alfonso Pérez, que figuraba allí como prisión auxiliar), buque de 7.000 toneladas, anclado en un principio en el fondeadero de los Mártires, en la bahía antigua, y posteriormente en la dársena de Maliaño o “El Cuadro”, en la parte del muelle de la Junta de Obras del Puerto.

La vida en sus bodegas ofrecía durante el último trimestre de 1936 una imagen menos tétrica que la recogida en otras embarcaciones habitadas por presos políticos en las ciudades costeras de la España roja. Esta impresión podía recogerse sobre todo durante los meses que el “Alfonso Pérez” estuvo anclado en “El Cuadro”. Aunque para que no todo fuese bien, aquí empezó su zozobra por la vecindad de los barrios urbanos, donde los sindicatos de la C. N. T. actuaban sin cortapisas, como absolutos dueños y señores.

Las cifras espeluznantes de fusilados que obraban ya en la hoja de servicios del Frente Popular santanderino a finales de 1936 no restaron alientos a los milicianos más bizarros para matar en un rato a 160 presos, pasados dos días de la fiesta de Navidad de 1936.

Abundaron los contrasentidos en aquella semana memorable, que vio alternarse sucesivamente la alegría de las visitas familiares y los regalos navideños a bordo del -Alfonso Pérez. con la sangre, inesperada y violenta, derramada brutalmente cuarenta y ocho horas después. La ocasión volvió a ofrecerla un bombardeo nacional a cargo de 18 trimotores, que sembraron el terror y la indignación en las ya crispadas masas rojas de Santander. Eran poco más de las doce del día 27 de diciembre.

El drama tuvo dos actos, entre un prolongado cierre de telón. La primera parte estuvo protagonizada por las turbas sin control; que cayeron sobre Maliaño a los veinte minutos escasos de desaparecer los bombarderos. Su actuación, y la más organizada de los milicianos, que iban a consumar la gesta como actores del segundo acto, está recogida para la historia por testigos presénciales o, mejor dicho, por personajes de la gesta, sustraídos providencial- mente a la lista del exterminio. Sirve aquí de guía Ramón Bustamante y Quijano, que dedicó todo un libro (A bordo del “Alfonso Pérez”. Escenas del cautiverio rojo en Santander –Madrid 1940) a su odisea de prisionero.

La masa de asalto pudo reclutarse con facilidad al grito proferido por barrios y plazas de “¡Al barco! ¡Al barco! ¡A por los presos!” Cada cual a su modo, todos iban armados: fusiles, pistolas, escopetas, cuchillos de cocina e instrumentos agresivos de toda índole. Algún profesional de la guerra debía figurar en la anárquica expedición, puesto que entre las municiones prestaron buen servicio las         bombas de mano. Situados los más audaces sobre cubierta, se asomaron a las escotillas y ordenaron airadamente a los presos que se colocaran en filas compactas sobre el centro de la bodega.

“Naturalmente, el engaño era demasiado burdo. La voz de mando de la bodega fué rebelde:

¡Nadie salga al centro; todo el mundo a los ángulos muertos! Nos quieren asesinar cómodamente. ¡Preparemos los colchones!

La palabra colchones corrió de boca en boca y todos comenzamos a parapetamos en ellos…

-¡Salir al centro de la bodega, que nada os pasará! ¡Salir, canallas, perros! -repetían ya descaradamente las voces de los asaltantes-. Si no lo hacéis, será peor, porque bajaremos y no quedará uno vivo.

Nadie hacía caso y comenzaron a hablar las armas asesinas… Hablan empezado también las bombas de mano. El efecto de las explosiones sobre         la chapa era extraordinariamente mortífero. Empezaban los primeros ayes lastimeros y las ametralladoras de nuestros verdugos seguían segando vidas…

Poco a poco se fueron distanciando las detonaciones; indudablemente había pasado la agresión principal. De vez en cuando un         tiro o una bomba de mano nos hacía pensar de alguien que había llegado tarde a la fiesta. Por fin, el silencio. Se contentaban con lo hecho y no bajaban a la bodega”.

Un compás de espera de más de dos horas separó las incidencias descritas de las más organizadas que montaron conscientemente los milicianos profesionales. El paréntesis sirvió a varios presos, médicos algunos de ellos, para practicar una cura de urgencia a sus compañeros malheridos. Estos y los muertos habían sido subidos a cubierta.

¿Esperaban los supervivientes la reacción del asalto? Los responsables, si así podían llamarse, de la vigilancia del “Alfonso Pérez” les aseguraban con toda seriedad que ningún otro desmán ocurriría, puesto que se había reforzado la guardia.

Dos horas después de la matanza del Cabo Quilates, una multitud al frente de la cual iban Ruiz Olazarán delegado del Gobierno y miembro de las Juventudes Socialistas, Quijano consejero de justicia, Neila jefe de la policía acompañados del anarquista Hermenegildo Torres, se presentó en el barco-prisión Alfonso Pérez. Estos iban acompañados de varios piquetes de milicianos. Los presos se dieron cuenta de que la tregua, tras los sucesos del Cabo Quilates, no había servido para salvarlos, todo lo contrario. Llevaban listas preparadas y montaron un tribunal de urgencia. Éste sólo sirvió para preguntar a los presos nombre y procedencia para dictar seguidamente la pena de muerte.

Continuando con el testimonio de monseñor Montero:

“Luego de varios titubeos decidieron jueces y fusileros diezmar ordenadamente las bodegas desde la primera a la cuarta. Bajaban primero lista en mano al recinto de los presos y obligaban a los designados a subir a cubierta. Ya aquí, y a veces en la misma escalera de la escotilla, disparaban a quemarropa sobre ellos y volvían por otra tanda. Si estas primeras ejecuciones respondieron a un plan selectivo, ciñiéndose a los marcados en la lista, lo que luego se siguió fue una auténtica embriaguez de sangre a costa de los indefensos reclusos de las bodegas, señalados a bulto y sin cuidar apariencias.

A ver -decían, señalando con el índice de la mano-, ese que tiene cara de cura…

Por el hacho de vérsele a un preso un trozo de escapulario que llevaba en el pecho fue ordenada su muerte.

Está comprovado que la menor apariencia religiosa motivó aquel día la condena inmediata de quien la presentaba, ya fuese seglar o clérigo. Si con estos últimos se hizo una tanda especial, no es fácil de probar, aunque así lo exprese claramente otro testigo:

Aparte de los que fueron ejecutados de esta manera, luego la tropa de pistoleros se dirigió a las otras bodegas y ordenaron que los sacerdotes dieran un paso al frente. Sin más preguntas, ni siquiera un simulacro de justicia, se asesinó de esta forma a todos los sacerdotes que había en el barco.

Resulta casi imposible señalar con precisión los nombres correspondientes a la primera matanza en las bodegas y que luego sucumbieron a las descargas sobre cubierta. En la lista nominal de 160 víctimas publicada por Mazorras (Cincuenta y siete semanas de angustia. Trozos de las memorias de un caballero de España, Santander 1937) hemos podido identificar a diez miembros del clero secular y a un seminarista, un capuchino, un escolapio y un carmelita”.

Sacerdotes seculares: don Eliseo Alonso Pumarejo, don Hilario Arce Cañete, don Lorenzo Diez Morana, don Francisco González de Córdoba, don Bernardino Hoyos Bustamonte, don Vicente Poo Noriega, don Aurelio Velasco Martínez, don Serafín Villar Laso, don Eloy Martínez Muñoz (diócesis Madrid), don Manuel Navarro Martínez (diócesis Plasencia).

Seminaristas: don Jesús Serrano Calderón (de la diócesis de Solsona).
Capuchinos: Fr. Ambrosio de Santibáñez.
Escolapios: P. Alfredo Parte.
Carmelitas: Fr. Maximino de la Virgen del Carmen (Maximino Sáez Martínez).

El sacerdote don Lorenzo Diez Morana no murió instantáneamente en el asalto al Alfonso Pérez, sino en el sanatorio Morales algún tiempo después y a consecuencia de las heridas.

La incansable labor apostólica desarrollada con los presos por estos sacerdotes de ambos cleros tocó cimas de heroísmo en la angustia indescriptible del asalto.

Entre las explosiones de las bodegas o bajo el rumor espeluznante de las descargas de cubierta; administraron. con alta presencia de ánimo, el sacramento de la penitencia a los que estaban muriendo o esperaban la muerte inmediata. Del P. Ambrosio, capuchino (“Un silencio profundo siguió a cada explosión, y únicamente, según dice don José María de Udías, se oyó luego la voz del P. Ambrosio, que invitaba al arrepentimiento, e incorporándose un tanto sobre su colchoneta, trazaba la señal de la cruz sobre aquellos cuerpos en agonía, mientras pronunciaba las palabras sacramentales: Yo os absuelvo…), y de los dos sacerdotes, don Eloy Martínez y don Manuel Navarro, se sabe testificalmente que ejercieron este ministerio momentos antes de ser ellos mismos sacrificados.

Y finalizamos con las palabras de Mazorras Setién en el libro citado:

A eso de las cinco de la tarde cesaron los tiros, los milicianos que estaban en la bodega subieron a la cubierta y comenzó a alejarse el espantoso rumor del populacho. La noche se echaba encima. Las bodegas, lóbregas, tristes, silenciosas, no se podían iluminar, porque las bombas habían roto todas las luces. En cubierta estaban hacinados y calientes los cadáveres del padre, del hijo, del hermano, del amigo…

Ya muy entrada la noche, los cuerpos fueron arrojados por una rampa a una lancha, después de que les despojaran de cuanto llevaban de algún valor, y luego cargados en camionetas, operación que llevaron a cabo unos veinte presos, quienes asimismo, por voluntad de los milicianos, les acompañaron en las camionetas y abrieron la fosa, una fosa grande en el cementerio de Ciriego, donde fueron depositados los 160 hermanos de un mismo ideal.

El escándalo internacional llegó al punto de que por exigencia de las autoridades británicas el buque Alfonso Pérez fue suprimido como prisión el 27 de febrero de 1937.

Monumento destruido por la Memoria Histórica

Así era el Monumento a los Caídos del Alfonso Pérez antes de la Memoria Histórica.

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El Sebastián Martín.

Entra en el puerto de Castellón el carbonero Sebastián Martín, procedente de Avilés. El 30 del mismo mes por orden del Gobernador Civil de Castellón Fernando Muñoz Ocaña, se convierte en barco-prisión, fondeado a unos 50 m. del muelle de poniente.

Sirvió de prisión desde el 31 de Julio de 1936 al 3 de Agosto del mismo año

Viejísimo barco asturiano de 1.063 toneladas de registro y 1.570 de desplazamiento, dedicado al transporte de carbón. Llega a nuestro puerto el 18-07-1936 siendo utilizado como barco prisión. Cumplido su cometido hizo viajes con sal desde Almería a Barcelona y algunos a Francia. Chocó contra una mina en Benidorm, escapando de la explosión, finalmente fue hundido por la aviación nacional en el puerto de Valencia el 30 de mayo de 1938, por impactos de metralla. Se refoltó en julio de 1939.

El Celta.

El 6-08-1936 se le quiere asignar la función de cárcel para presos políticos, pero debido a las precarias condiciones en que se encuentra el buque, los presos son trasladados al Sebastián Martín.

57 asesinados en el Buque Prisión Isla de Menorca.

57 asesinados en el Buque Prisión Isla de Menorca.

Isla de Menorca.

Actúo como buque prisión en el puerto de Castellón. Participo en la evacuación de la isla de Ibiza por los republicanos en septiembre del 36. Fue hundido el 15 de marzo de 1938 por la aviación nacional a la altura de Cambrils

El Isla de Menorca, de muy triste recuerdo para las familias castellonenses…En la noche del 29-8-36 es asaltado por miembros de comités antifascistas de Castellón, el Grao, Burriana, Borriol y Almazora, siendo los 57 presos fusilados (se salvará uno, pues suponiéndole muerto no se le dió el tiro de gracia, pudiendo escapar posteriormente), por las inmediaciones del Grao de Castellón (en el Serrallo, en la playa del Pinar y por la carretera del Grao a Almazora) y posteriormente recogidos los cadáveres por un camión del Servicio Municipal de Limpieza, que los trasladará al cementerio municipal registrándose su ingreso.

La custodia de los presos corría a cargo de la marinería del barco y de dos grupos de carabineros-uno en el puerto y otro en el barco-comandados por un brigada del Cuerpo”.

 

Buque Prisión Cabo Palos

Buque Prisión Cabo Palos

Barco Prisión Cabo Palos.

El Barco Prisión Cabo Palos también se manchó de sangre con prisioneros que se arrojaban al mar.

Cabo de Palos.

CHEKA DEL BARCO “CABO DE PALOS”.- A este Barco eran llevados los detenidos mientras eran Juzgados por los Comités.

Me consta que en agosto de 1936 el Cabo Palos era un buque prisión fondeado en el puerto de Valencia. Allí encarcelaron a varios militares de los tres cuerpos del Ejército -no sé si marinos mercantes también – que posteriormente fueron fusilados y sus cadáveres fueron arrojados al mar.

Un tío mio, Coronel de Intervención, corrió esa suerte.

Anónimo.

El Barco Prisión Cabo Palos.

El Barco Prisión Cabo Palos hundido como su triste recuerdo..

 

 

Memoria histórica del Mar Cantábrico.

También presos de este bonito barco fueron fusilados.

Mar Cantábrico.

La brillante carrera comercial de este hermoso buque vivió un paréntesis impuesto por la Guerra Civil el Gobierno Republicano incautó la nave dejando constancia de ello con un asiento en el Registro Oficial de Buques que lee (sic)

“En virtud de oficio de fecha 31 de octubre último, de la Dirección General de la Marina Mercante trasladado por el señor Delegado Marítimo de esta Provincia en 20 del actual, se hace anotar que el buque de este asiento debe ser considerado como propiedad del Estado desde el 29 de octubre del año actual en que por decreto de dicha fecha quedó incautado por el Estado. Bilbao, 21 de Noviembre de 1936”.

Comenzaba una azarosa etapa en la que debió realizar funciones completamente ajenas al propósito para el que fue construido.

Al igual que otros buques mercantes y marinos que los tripulaban, se vio envuelto en un torbellino de imprevisibles consecuencias que iría dando cuerpo al papel que cada cual estaría abocado a representar en el gran drama nacional que se vivió en aquellos años.

Desde un sombrío comienzo realizando funciones como improvisada prisión en el puerto de Valencia hasta convertirse junto a su gemelo en uno de los cruceros auxiliares estrella de la Armada Nacional y su retomo final al armador en 1939 el buque vivió una serie de experiencias que le darían un especial protagonismo dentro de la contienda: Participó como buque de transporte de tropas republicanas en la toma efectiva de Ibiza y Formentera y la frustrada de Mallorca.

El MAR CANTABRICO en su nueva función de crucero. Del libro La Marina Mercante y el Trafico Maritimo en la Guerra Civil.JPG

CHEKA DEL BARCO “MAR CANTÁBRICO”.- En este Barco estuvieron detenidos muchos militares por orden del entonces capitán general Martínez Monje, siendo fusilados en Paterna entre ellos D. José Cavellos Díaz de la Guardia Tte. coronel, D. Luis Alfonso Gordo comandante, D. Anselmo Bañon Rodríguez capitán, D. Ramón Fontán Esteve capitán, D. Félix Santelo Junco capitán.

Barco Prisión Rita Sister.

Barco Prisión Rita Sister.

El Rita Sister.

CHEKA DEL BARCO “RITA SISTER”.- Este barco estuvo al servicio del tristemente célebre S.I.M. de Alicante, donde eran llevados los detenidos mientras los interrogaban y juzgaban. El Rita Sister fue un Barco prisión en el que fueron encarcelados un grupo de ilicitanos, en abril de 1938.

Entre otros, Joaquín Lucerga Sánchez, Alejandro Ramos Folqués, Tomás Ródenas Chilar, Francisco Martínez, Quesada, Aurelia Coquillat Samper, Francisco Rodríguez Torregrosa, Ernesto Alonso Cifuentes, María Sánchez Aznar, María Serrano Sánchez y Lola Maruenda Jiménez -en cuya casa tuvieron lugar las reuniones del grupo-.

Fueron detenidos el 6 de abril de 1938, llevados a la Diputación Provincial de Alicante y encarcelados por pertenecer a “Socorro Blanco” y haber proporcionado dinero a presos de derechas, cuando en realidad se trató de una operación policial, organizada probablemente por el Servicio de Investigación Militar y un personaje llamado Felipe de Burgos, al parecer, fusilado en la posguerra en Murcia.

En el Buque Prisión Legazpi se dió muerte a 46 oficiales.

En el Buque Prisión Legazpi se dió muerte a 46 oficiales extrajudicialmente más los 7 condenados a muerte.

Legazpi.

Fondeado en el puerto de Valencia. La sublevación queda apagada en Valencia al mediodía del domingo 2 de agosto, cuando tras una larga noche de tiroteos, un oficial del Lusitania afín a la República, el alférez Alba, abrió las puertas del regimiento, el último reducto de los sublevados en Valencia.

«La mayoría de los oficiales son capturados y condenados a muerte, otros logran escapar mezclados entre los asaltantes tras vestirse de paisano e incluso algunos se declaran republicanos para luego pasarse a las fuerzas de Franco cuando son enviados al frente de Teruel»,

dice Mainar.

En el juicio que los tribunales populares iniciaron el 10 de septiembre de 1936 por la «rebelión militar» del regimiento Lusitania 8 se procesó a 2 tenientes coroneles, 7 capitanes, 3 tenientes y otros 30 oficiales y civiles que se habían introducido en el cuartel para sumarse a los sublevados.

La vista concluyó con siete condenas a muerte —cuatro militares y tres civiles—, pues la mayoría de procesados habían sido víctimas de varias «sacas» registradas en el barco prisión «Legazpi» en los últimos días de agosto, en las que fueron asesinados extrajudicialmente 46 oficiales.

Memoria Histórica del barco prisión Legazpi.

Tétrica Memoria Histórica la de este Buque Prisión con un total de 53 muertes.

Componentes de la Cheka del buque Legazpi:

En este barco fueron detenidos también militares y su dirección estuvo a cargo del tristemente célebre sargento Fabra, que con elementos del cuartel se dirigió a detener a todos los militares que suponía de derechas.-

De JOSE OTERO, jefe, – Se suicidó en el barco Mar Cantábrico.-

Secretario JOSE COMPANYS DE LOS SANTOS JUANES, fusilado.-

MANUEL RODRIGUEZ PIÑANA, tomó parte en el asesinato de los capitanes de la Guardia Civil en el Anduz-Mendi, fusilado.-

RAMON MONFORT, perteneció a la Fraternidad de Pescadores del Cabañal, afiliado a la C.N.T. y A.I.T.- Tomó parte en los mismos actos delictivos que el anterior, y murió en la Cárcel Modelo.-

MANUEL RODRÍGUEZ (a) Andaluz. Iguales antecedentes que el anterior (fusilado).-

VICENTE NADALET, fusilado por los mismos rojos.-

Un tal BERNAT, chófer, este sujeto conducía el coche donde eran llevados los detenidos del barco para fusilar. Ha sido ajusticiado.-

RUFINO RODRIGUEZ. Este sujeto perteneció a la Columna de Hierro. Fue también jefe de la Cheka del Grao y uno de los componentes del Comité de Salud Pública de Valencia. Muy significado en cuenta a sacar presos del Legazpi. Tomó parte en el asalto al Cuartel de Caballería. Fue fusilado.

Buque Prisión Jaime II.

El Buque Prisión Jaime II.

Jaime II.

Fondeado en el puerto de Alicante. Poca información hay disponible sobre este barco prisión. Resulta sorprendente como las navieras ocultan la historia de sus barcos cuando ésta no les conviene. Se completará cuando sea posible.

Interior del Buque Prisión Jaime II.

Interior del Buque Prisión Jaime II.

 

En el Jaime I se realizaron las primeras ejecuciones.

No fue un Buque Prisión pero sí un Barco del Terror Rojo. En el Acorazado Jaime I comenzaron las ejecuciones que luego se hicieron masivas en el España Nº3 y el Río Sil. Para la Memoria Histórica verdadera. A la llegada del Jaime I a Cartagena, la nave aún tenía la cubierta manchada de sangre ya que durante la travesía habían ejecutado a 10 jefes y oficiales de su dotación.

Buque Prisión españa Nº3

El Barco de la Muerte Roja de 153 presos asesinados

España Nº3,

 

“Cartagena roja se hacía cruel pesadilla en el pensamiento de los españoles cada vez que la recordaban. La fastuosa y exuberante ciudad, llena de tradición marinera, trataba en la historia de la revolución bolchevique española capítulos alucinantes de terror, y se nos aparecía a todos, desde los otros lugares de la zona roja o desde la zona nacional, como una gran mancha de sangre. Apenas si se conocían los hechos. Pero se intuían. Sabíamos que a partir de la orden terrible de Giral, que disculpaba los asesinatos de los jefes y oficiales de la Armada, y era a modo de una excitación velada para que continuasen. Cartagena se había convertido en una inmensa “cheka” donde caían a diario centenares de víctimas y los ejecutores se contaban por miles”. 

Fracasada la sublevación militar contra el gobierno en la Base Naval de Cartagena fueron detenidos y sustituidos sus mandos principales, que eran el Jefe de la Base Naval, Vicealmirante Francisco Márquez Román, y el segundo jefe de la Base y Jefe del Arsenal, Contraalmirante Camilo Molins Carreras. 

En el mismo acto de destitución fue nombrado por el concejal del Ayuntamiento de Cartagena Alejandro del Castillo Roda un nuevo Jefe de la Base Naval, el Teniente de Navio Antonio Ruiz Gonzalez y se proclamó así mismo Jefe del Arsenal al auxiliar segundo maquinista Manuel Gutierrez Pérez, ambos fueron ratificados en sus cargos por el Ministerio de Marina en Madrid.

Barco prisión españa Nº3

Una vez fracasada la sublevación militar, quedando Cartagena en manos del Frente Popular, en la Base Naval de dicha ciudad fueron detenidos y sustituidos sus jefes principales. Lo mismo ocurrió en la base aérea de San Javier, cuyos jefes y oficiales fueron trasladados a Cartagena donde fueron encarcelados en la bodega del barco mercante “España nº3″, donde ya estaban instalados antiguos mandos de la Base Naval, Guardias Civiles y personal civil.Como nuevos mando supremo de la Base Naval, fue nombrado el Teniente de Navio Antonio Ruiz González y como Jefe del Arsenal alauxiliar segundo maquinista Manuel Gutierrez Pérez. En la foto que encabeza este artículo aparecen con los números 1 y 2, respectivamente.

Las detenciones en la Base de jefes y oficiales afines a los sublevados comenzaron el 20 de julio, los detenidos fueron encerrados en distintos puntos de la Base, concretamente en el castillo de San Julian, transporte “Almirante Lobo” y en el buque mercante “España nº3” que desde el día 21 se habilitó como prisión.

A primeros de agosto fueron embarcados en el “España nº3” y encerrados en sus bodegas todos los jefes y oficiales detenidos, procedentes de los buques y dependencias de la Marina en Cartagena y los sublevados en la Base aérea de San Javier.

La tardanza por parte del gobierno de la República en nombrar tribunales y fiscales para la instrucción de las causas, motivó que en los buques de la Armada donde los Comités que dirigian los miembros más radicales y anárquicos de las dotaciones, empezaran a impacientarse, reclamando ante la falta de orden y autoridad, tomarse la justicia por su mano.

Para evitar más desmanes, (habría que dedicar un capítulo especial para narrar los actos de vandalismo que tuvieron lugar en ésas fechas contra todo aquel sospechoso de confabulador, tampoco se salvaron las iglesias, saqueadas e incendiadas sus imágenes en muchos casos y los religiosos) el gobierno designó un Tribunal especial para juzgar a los jefes y oficiales sublevados, nombrando juez al abogado y diputado Benito Pabón, que a principios de agosto se trasladó a Cartagena y nombró juez instructor al maestre radiotelegrafista que habilitó como Capitán de Navío José Balboa López

De todas formas las condenas ya estaban dictadas por el Comité del buque y por el jefe de operaciones Teniente de Navio Pedro Pardo Mendizábal, por lo cual el tribunal a los cuatro días de iniciar el proceso lo único que hizo fue ratificar la sentencia a muerte de todos los encausados, así como una comunicación con el “enterado” del gobierno recomendando que la sentencia se cumpliera en breve plazo, lo cierto es que no habían sido ejecutados antes por las presiones del Jefe de la Flota Fernando Navarro, cuando éste se ausentó, el Comité decidió que las ejecuciones se llevarían a cabo en las primeras salidas a la mar del acorazado. 

El 13 de agosto se produjo el bombardeo del buque por aviones alemanes, que causó varios muertos y heridos, éste bombardeo fue efectuado por dos HE-51, con base en Sevilla y pilotados por Rudolf Von Moreau y Max Hoyos que arrojaron tres bombas causando dos grandes incendios en el acorazado, fue la primera acción de guerra de la Luftwaffe desde la primera guerra mundial.

Los daños sufridos hicieron necesario que el buque fuera a reparar a Cartagena. Los oficiales condenados fueron ejecutados en la travesía Malaga-Cartagena. 

Los jueces nombrados por el gobierno republicano no impusieron su autoridad a los Comités de las dotaciones, otras fuentes indican que, o bien por temor a los Comités, o bien en algún caso , por estar de acuerdo con su actitud, no quisieron evitar las ejecuciones indiscriminadas en la Flota.

La situación en Cartagena.

Mientras tanto en Cartagena se habilitó el mercante “España nº3” como buque prisión y fueron embarcando los prisioneros que se hallaban en otras dependencias.

Intencionadamente se fue cambiando poco a poco la mayor parte de su dotación. De ésta forma llegaría al buque el que sería su segundo Crisanto López Carrasco, ingresado en la Marina en agosto de 1936, y destinado al Arsenal como maestre eventual.

También se incorporaron el cabo fogonero Juan Fernandez Sanchez, los cabos de marinería José Garcia Nájar y Cristóbal Pérez Martinez, los fogoneros preferentes Vicente Gutierrez Cuenca y Antonio Paredes Zamora, éste último en la misma noche del 14 de agosto, así como el fogonero Angel Mula Siles.

El comandante Francisco Llorca Soriano que fue procesado en los consejos de guerra de 1939 fue acusado de no evitar los malos tratos a los detenidos impidiendo además que los presos enfermos fueran atendidos por personal sanitario.

En los días que siguieron a la sublevación del 17 y 18 de julio salió de Cartagena una columna que dominó la ciudad de Albacete apresando a los sublevados, guardias civiles en su mayoría que fueron trasladados a Cartagena y Alicante. Los presos de Alicante con posterioridad fueron trasladados a Cartagena en el “Rio Sil”, donde permanecieron encerrados.

Llegada del Jaime I a Cartagena.

El 14 de agosto se produjo el hecho crucial que precipitaría los trágicos acontecimientos.

Fue la llegada del Jaime I a Cartagena, tras haber sufrido el bombardeo en Málaga, la nave aún tenía la cubierta manchada de sangre ya que durante la travesía habían ejecutado a 10 jefes y oficiales de su dotación. 

Amarrado el buque en el muelle de la Curra, se reúnen en el buque, el Jefe del Arsenal, el delegado de Trabajo del Frente Popular, Manuel Garrido Contreras y la Guardia Roja, en la reunión se decide la ejecución de los detenidos en los buques prisión, comunicando posteriormente la decisión al presidente del Comité del Jaime I Antonio Antunez Aguilar y demás miembros que dieron su beneplácito a la bárbara resolución tomada.

Las ejecuciones en el España Nº 3.

A las 2 y media de la mañana del 15 de agosto el España nº 3 se hizo a la mar. Serían sobre las 7 de la mañana cuando el maestre Crisanto López comenzó a dar las órdenes sobre la forma de poner a los detenidos en la borda del barco para fusilarlos.

Encontrandose a unas 5 millas al sur de Cartagena, según Crisanto López, el comandante Llorca y él mismo dieron orden de formar dos piquetes para cumplimentar la ejecución de dos grupos de oficiales, uno a proa y otro a popa.

El propio Crisanto fue el que nombró los que habían de mandar el piquete, siendo designados el auxiliar de maquinas Francisco Morer a proa y el maestre de marinería José Sanchez Rodríguez a popa.

Mientras tanto el maestre de marinería Javier Ruso Rey desde el entrepuente iba nombrando a los oficiales que tenían que subir a cubierta.

Los del primer grupo, compuesto por diez hombres, fueron amarrados a la banda de estribor.

Crisanto desde el puente dirigiéndose al pelotón de proa hizo la siguiente y amenazadora advertencia:

“descargaré el cargador de mi pistola al que dude en cumplimentar mis ordenes”,

cuando se disponía a dar la orden de fuego se le adelantó Llorca quien dio la primera orden cayendo aquel grupo mortalmente acribillado a balazos, recuerda Crisanto que en ese primer grupo se encontraban el Teniente de Navio José Maria Martin y Garcia de la Vega y el coronel de intendencia Julian Pellón López. El propio Crisanto remató a las víctimas.

Asesinados los oficiales, el maestre Sanchez ordenó al cabo Francisco Abenza y al marinero Miguel Martin Olivo sacar del pañol las parrillas y los diversos objetos de hierro, que serían destinados para fondear los cadáveres, tarea que realizaron a proa el cabo Moya y Francisco Abenza y a popa el cabo Moya, Miguel Martin y el fogonero preferente Vicente Jiménez Cuenca que arrojó diez cadáveres al mar.

El propio Vicente Jiménez era el encargado de baldear la cubierta tras los fusilamientos sirviendose de las bombas contraincendios del buque.

Se produjo un intervalo de varios minutos en los fusilamientos, momento en que los detenidos en la bodega pidieron papel para despedirse de sus familias, se les dio papel higiénico por parte del auxiliar Balandrón que se hizo cargo de ellas recogiendoselas a los detenidos. Las cartas nunca llegaron a su destino porque el mismo auxiliar las tiró a continuación al mar.

Los asesinos se organizaron de nuevo y decidieron cambiar la forma de efectuar las ejecuciones, ésta vez decidieron llamar a las victimas una a una para matarlos al llegar a cubierta.

En la puerta de proa de la bodega, sentados en un tambucho, se colocaron los hermanos Garcia Rego del “Jaime I” y Nicolas Infante, escondiendo las pistolas bajo el brazo. Los detenidos eran llamados y al salir a cubierta recibían un tiro por la espalda dirigido a la nuca, ejecutado por Daniel, a continuación su hermano Joaquin les daba un tiro en la frente, siendo arrastrados los que caían para dejar paso a los siguientes y arrojados al agua por parejas con parrillas a los pies. 

Mientras tanto Nicolas Infante se encargaba de meter los cargadores en las pistolas, haciendose cargo de éstas cuando estaban descargadas y recalentadas.

De la misma forma procedieron el maestre Javier Ruso Rey y los cabos Antonio Moya Romero del “Jaime I” y Francisco Abenza para cometer los asesinatos en la puerta de popa de la bodega, siendo Moya quien disparaba a la nuca de los que iban subiendo a cubierta.

Llegó un momento en que no pudieron seguir por estar cansados, ofreciéndose los milicianos que iban a bordo, voluntarios para continuar la matanza, un miliciano que habia ido con los Rego continuó en lugar de Moya, cuando hubo gastado cuatro cargadores acabó aquella orgía de sangre. Todos, al menos eso creían estaban muertos.

Finalizadas las ejecuciones se baldeó la cubierta y el “España nº3” puso rumbo a Cartagena, el barco entró en el Arsenal sobre las diez y media de la mañana del 15 de agosto a gritos de su comandante Llorca “Viva la República y mueran los traidores”, que eran contestados con entusiasmo por los que iban en el barco y la tropa que desde el muelle y la Constructora Naval saludaba con el puño en alto.

Los asesinos desembarcaron, no sin antes ser reunidos por el comandante y decirles

“Si os preguntan en tierra por los presos decir que se han entregado a otro buque”. 

Tras comprobar la lista de asesinados en la Ayudantía Mayor, notan en falta los nombres de varios presos. Crisanto es informado de la falta de cinco, decidiendo entonces realizar un registro minucioso en el barco. Junto a él en la madrugada del dia 16, volvieron al buque Juan Fernandez, Ramón Preciados, Antonio Moya y Mariano Serrano. 

El grupo de marinos bajó a las bodegas encabezado por Mariano Serrano, conocedor del buque, localizando a dos de los detenidos en la bodega de proa y tres en la de popa, cuando los encontraron los subieron a cubierta y los llevaron a tierra, asesinandolos, disparando cada uno de ellos los cinco tiros correspondientes a la munición de un peine de fusil.

Estos últimos ejecutados fueron: Capitán de Corbeta Francisco Moreno de Guerra Fernandez, Teniente de Navío José Rodríguez-Guerra Guernica, Alferez de Navio Ignacio Alfaro Fournier y los tenientes de Infantería de Marina Fernando Ruiz de Valdivia Diaz y Valentin Ariza Arroniz.

El total de muertos que están documentados en el “España nº3” fue de 153. 

En total se contabilizaron 215 muertes entre oficiales de Marina, del Ejército y de la Guardia Civil, además de algunos suboficiales y personal civil. 

En los hechos que aquí se relatan falta lo ocurrido en el buque “Rio Sil” tan dramáticos y sangrientos como en el “España nº3”. 

El comandante del España número 3 envió una comunicación al jefe del Arsenal tras el regreso del buque:

«Tengo el honor de poner en su conocimiento que a las dos horas treinta minutos de hoy salió este buque a la mar para dar cumplimiento a la orden muy urgente de usted, que así lo dispuso.

Hallándose este buque fondeado en la bahía, como en días anteriores, pude notar en la dotación cierto nerviosismo, del que en distintas ocasiones he tenido que dar cuenta, a usted por parecerme en algún momento peligroso para la seguridad de los detenidos.

En el día de ayer, con motivo de la llegada a este puerto del «Jaime I», averiado y con muertos y heridos por bombardeo aéreo, se observó una mayor indignación en las personas que presenciaban cuantas operaciones se hacían en el citado acorazado y que pedían noticias de lo sucedido.

Una vez en el mar, la indignación subió de punto, pidiendo que se hiciera justicia más rápida con los detenidos, porque según ellos lo que se pretendía era substraer a los presos a un castigo ejemplar, ya que no se había tomado una resolución acerca del juicio sumarísimo.

Tuve que intervenir, recomendándoles calma y diciéndoles que ya estaban actuando los jueces, pero esto, lejos de calmarles, los excitó más, hasta el punto de que “perdí el control sobre ellos”. Armados como estaban y con una superioridad numérica manifiesta, me era imposible hacer nada que pudiera evitar sus propósitos.

Cuando llevábamos navegando unas cinco millas hacia el Sur con cien grados al Este, fuimos obligados a poner el barco a media marcha. En estos momentos procedieron a llamar a cubierta a las personas detenidas, y colocándolas en la banda de estribor, eran fusiladas por grupos y luego lanzadas al agua con unos pesos en los pies.

Cumplidos sus propósitos, después de baldear la cubierta, decidimos volver al puerto, a lo que ellos no se opusieron, marchando el barco entre aplausos, vivas y mueras significativos, de la dotación del «Jaime I», al arsenal donde se produjeron las ovaciones y gritos cuando pasaba frente a los talleres de la Sociedad Española de Construcción Naval y hallándose los muelles y arsenal completamente ocupados por operarios y marineros».

Hundimiento del españa Nº 3

Hundimiento del españa Nº 3 en el puerto de Barcelona el 8 de Junio de 1.937

El martes 15 de agosto de 1939, justo a los tres años del brutal fusilamiento por las hordas marxistas de jefes y oficiales de la Armada y del Ejército, se celebró en Cartagena una emocionante ceremonia en memoria de estos gloriosos mártires.

La ciudad entera apareció cubierta de banderas nacionales y del Movimiento, con crespones negros. En los edificios oficiales ondeaba la bandera nacional, a medio asta.

Hacía precisamente tres años que las hordas marxistas embarcaron en el “España nº. 3” a todos los jefes y oficiales nacionales que se hallaban detenidos en las distintas checas de Cartagena, y tras colocarles una parrilla a los pies, los asesinaron, arrojándolos después al mar, lejos del puerto.

Una inusitada animación se observaba desde las primeras horas de la mañana en torno al puerto. Estaban anclados los minadores “Marte” y “Júpiter”, a los que había acudido una gran multitud para tributar su testimonio de elevada admiración y gratitud a cuantos murieron heroicamente en aguas de Cartagena por Dios y por España.

Mujeres enlutadas, todas ellas esposas, madres e hijas de los mártires, llegaron en gran número, portado ramos de flores. Acompañadas de sus familiares, subieron a bordo del minador “Júpiter”.

Acudieron a rendir honores las principales autoridades, tales como el secretario general del Aire, don Luis Lombardo; el almirante comandante general del Departamento Marítimo de Cartagena, Agapino; comandantes de los destructores “Churruca”, “Alcalá Galiano”, “Sánchez Barcáiztegui, “Alcedo” y “Lazaga”; jefe provincial del Movimiento de Murcia; alcalde de la ciudad; jefe local de Falange; jefe local de la Sección Femenina del Movimiento; jefe del Aeródromo de los Alcázares; coronel jefe de Milicias de la tercera Región; gobernador militar de la provincia, coronel Martínez La Pina; cónsul de Alemania y de Portugal; representantes de las Armas y Cuerpos de la guarnición, y otras personalidades, todas las cuales subieron al “Júpiter”.

El número de coronas y flores que fueron subidas a bordo de los minadores fue incalculable.

A las nueve desatracaron los minadores que se internaron cinco millas en el mar, hasta el lugar donde se supone que fueron asesinados los heroicos marinos y militares españoles. Una vez en el sitio en cuyas aguas fueron arrojados los mártires, el “Júpiter” y el “Marte” se detuvieron diciéndose a bordo de ellos una misa en la parte de popa, ante altares colocados allí y enmarcados con las banderas nacionales, sirviéndoles de fondo imágenes de la Virgen del Carmen. En babor y estribor formaron la marinería e infantería de marina, respectivamente. En la misa celebrada en el “Júpiter”, en la elevación se interpretó el Himno Nacional.

A las diez de la mañana las banderas de los minadores se izaron a media asta y dispararon veintiún cañonazos, mientras, simultáneamente lo hacía también las baterías de costa en memoria de los caídos.

El segundo comandante del “Marte” dictó seguidamente con voz vibrante: “Caídos por Dios y por la Patria”, contestando todos los asistentes con el “Presente” de ritual. A continuación el general Lombardo dijo, profundamente emocionado, las siguientes palabras:

“Quiero hablar y voy a intentarlo. En estos momentos solemnes, sobre el mar, arca que guarda tesoros inmensos de heroísmo -los cuales pertenecen en gran parte a nuestros marinos-, en estos momentos mi pensamiento se eleva al Creador y le envía lo que puede mandarle un cristiano: la expresión de gratitud y de súplica. Gracias Señor, es la que nos disteis a los que lloramos a los héroes. ¡Bendito seáis, Señor, que os los llevasteis siendo fieles a su Dios y a su Patria. Muchas gracias, Señor, porque pensasteis que sus sufrimientos ayudarían al nacimiento de la España Una, Grande y Libre. Y ahora la súplica. Por la sangre y los sufrimientos de ellos, por nuestros dolores y nuestras lágrimas, sólo te pedimos, Señor, que conservéis la vida de nuestro Caudillo, que le ayudéis para que logre sus deseos, que son la vida de España y a todos los demás también nos ayudéis, a nosotros, peones, peones sin excepción de esa obra política, de esa obra que al Caudillo se ha encomendado, para poderle tener siempre, libre y limpio, en su caminar victorioso. 

Y ya sólo tengo que pronunciar una frase: ¡Mártires del “España nº. 3” asesinados el 15 de agosto de 1936! ¡Presentes!

Seguidamente sonaron las sirenas de los dos minadores y aparecieron dos hidros de la base naval de los Alcázares, que evolucionaron en torno a los barcos, a escasa altura, en magnífica proeza. Los aviadores de los hidros saludaron, brazo en alto, cuando pasaron frente al “Júpiter” y al “Marte”.

Seguidamente se prepararon las coronas para ser lanzadas al mar. La primera fue arrojada por el general Lombardo, y luego hicieron lo propio todas las autoridades, cubriéndose las aguas de flores, en una gran extensión. También de los hidros lanzaron numerosas coronas sobre el sitio que fue tumba de los mártires.

Lágrimas y flores derramaron sobre las aguas del mar latino todos cuantos asistieron a la ceremonia de impresionante solemnidad, no oyéndose en aquellos instantes más que sollozos y oraciones por los héroes de aquella triste jornada.

Después los minadores regresaron al puerto y los hidros a su base, acogiéndolos un público numeroso con ovaciones y vítores a España, a Franco y a los Caídos, que se prolongaron durante largo rato.

Barco Prisión Río Sil.

Barco Prisión Río Sil. El navío de las 52 muertes.

Río Sil.

El día 21 de julio fueron detenidos en la base aérea de San Javier los jefes y oficiales de los barcos y dependencias de la misma. Con los marinos fueron detenidos algunos jefes y oficiales del Ejército que se hallaban en los castillos.

Los prisioneros fueron encarcelados en las bodegas de los barcos Río Sil y España número 3, entre otros, permaneciendo allí hasta el final de los acontecimientos.

Tras el inicio de la Guerra Civil Española a finales de julio, el acorazado republicano Jaime I, fondeado en el puerto de Málaga fue bombardeado el 12 de julio; esto fue respondido con la formación de un improvisado tribunal que juzgó y condenó a muerte a diez oficiales detenidos por haber intentado sublevarse el 19 de julio, que fueron inmediatamente fusilados en la noche del 12 al 13 de agosto.

Los hechos ocurrieron en alta mar cuando el barco iba rumbo a la base naval de Cartagena para ser reparado y la marinería se amotinó exigiendo su ejecución.

Entre los días 13 y 14 de agosto llegó a la base naval de Cartagena el acorazado Jaime I. Para entonces, los presos llevaban casi un mes de confinamiento en la bodega de los buques.

Poco después, los barcos-prisión zarparon del puerto y los presos fueron asesinados en alta mar entre el 15 de agosto y el 16 de agosto. El total se produjeron 52 muertes en el Río Sil.

Se ha afirmado que el asesinato de estos prisioneros respondió al clima de exaltación y crispación reinante en contra de los sublevados y al bombardeo aéreo previo del susodicho acorazado republicano Jaime I, así como que contó con un apoyo significativo por parte de masas populares.

Según el historiador Michael Alpert, en el caso del Sil los prisioneros fueron arrojados vivos al mar lastrados con grilletes.

También según este historiador los dos buques prisión no fueron asaltados sino que recibieron la orden del nuevo comandante del Arsenal, Manuel Gutiérrez Pérez, de salir al mar “para poner a salvo a los presos” a causa del asesinato en la calle la noche anterior de diez oficiales que habían sido desembarcados “para conducirlos al penal en espera de ser juzgados”.

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Buque prisión Atlante.

El Buque Prisión Atlante. En él se perpretaron 80 ejecuciones.

El Atlante.

El suceso más significativo se produjo el 18 de noviembre de 1936. En Mahón estaba fondeado el Atlante. Un grupo de milicianos republicanos entraron en él y ejecutaron a 80 detenidos, entre militares, civiles y sacerdotes presos. Los milicianos los sacaron del buque mediante listas leídas nominalmente y fueron fusilados en el mismo muelle del puerto de Mahón o en el cementerio de Villa Carlos.

Con respecto a la evolución de la guerra civil en las Islas Baleares David Ginard Féron, en La Causa general, repercusiones económicas y sociales de la guerra civil en las Islas Baleares, escribe lo siguiente:

“La documentación confirma el alto número de ejecuciones de personas de ideología derechista que tuvieron lugar en Menorca durante el primer semestre de la contienda. La gran mayoría de las muertes corresponden a los asesinatos de presos que se produjeron en la Mola de Mahón (a de agosto de 1936) y en el barco-prisión Atlante (18 de noviembre del mismo año), además de un buen número de paseos perpetrados en los primeros meses, mientras que las ejecuciones practicadas después de celebrar un consejo de guerra fueron muy pocas.

En total, se recogen 114 ejecutados residentes en Mahón, 37 en Ciudadela, catorce en El Castell, seis de Alaior, tres de Ferreries, dos de Sant Lluís y uno de Mercadal; si bien hay que tener en cuenta que, como es corriente en la Causa General, en algunos casos una misma víctima aparecía incluida en los informes de dos pueblos diferentes, generalmente aquél del que era vecino y allí donde se produjo la defunción. Salvo alguna excepción, las personas a las que se atribuye ser inspiradores o ejecutores del “terror rojo” eran menorquinas.

En cuanto a la represión de carácter religioso, según una relación elaborada por el Obispado fueron asesinados en Menorca 38 religiosos, a los que habría que añadir dos naturales de la isla que fueron ejecutados en Barcelona. Los informes También constatan los efectos del paso de las milicias de Bayo sobre las iglesias de la isla. se asegura, por ejemplo, que un convento fue completamente destruido y que todos los templos fueron profanados y saqueados”.

“Para que una persona actual pueda hacerse una idea de la magnitud de los hechos, imagínense una matanza en Mahón 60(2) veces mayor que el 11-M. Sin bombas accionadas por móvil, sino cerrojo a cerrojo, bala a bala.

Una matanza perpetrada los días 18 y 19 de noviembre de 1.936, similar en magnitud y formas a la realizada mediante “sacas” de las prisiones bajo la custodia del gobierno de la República en Paracuellos. En Madrid, 4.021(3) asesinados sobre una población de 863.958 habitantes (En realidad los asesinatos cometidos en la provincia de Madrid, en su conjunto, totalizan una cifra entre 12.000 y 15.000 prisioneros asesinados).

Quiero recalcar el hecho de “bajo la custodia de las autoridades de la República” (aunque a ellos, en aquellos momentos, les gustara más ser denominados Gobierno Revolucionario), pues estos asesinatos se realizaron mediante la sustracción de personas que se hallaban en prisión. No mediante otras modalidades, que también padecimos: “paseíllos” o directamente tiro en la cabeza, como los hechos ocurridos en Ferrerias.

Los hechos por los que mi abuelo se encontraba en dicha “prisión” por orden de las autoridades del Gobierno de la República eran muy “graves”.

Militar retirado por la Ley Azaña, monárquico de tradición liberal, escritor e historiador de vocación, fundador y secretario del Ateneo de Mahón, persona profundamente católica, patriota que no le impedía un inmenso amor por su tierra natal, Menorca.

A la conservación de sus costumbres y tradiciones dedicó una parte muy importante de su obra escrita, compaginando modernidad y romanticismo, sin renunciar a sus colaboraciones en La Vanguardia y revistas francesas.

Había decidido defender sus principios mediante el uso de la palabra, que era la forma que le dictaban sus convicciones y valores.

Su gran instinto de humanidad le llevó a intentar paliar el sufrimiento de las familias de los soldados menorquines, que junto a él, se desplazaron con el Batallón expedicionario a la guerra de África, redactando desde ahí puntuales crónicas que se editaban en El Bien Público, aliviando, en parte, las necesidades de información de una época carente de otros medios que hoy disponemos.

No quiso que sus armas fueran utilizadas para causar daño alguno a sus compatriotas, destruyéndolas y no utilizándolas, ni tan siquiera, para evitar su propia detención. Dejo viuda y tres hijos.

Los hechos, calificados de “espontáneos” por algunos historiadores, cuando menos benévolos, omiten que las dos sacas de la prisión se produjeron mediante listas escritas y sin resistencia de la guardia, que sí se opuso a la tercera saca, dato que anula totalmente dicho calificativo.

Los asesinos perpetraron la masacre los días 18 y 19 de noviembre, sin tomarse ni la molestia de realizar la pantomima de “juicios populares”. Asesinaron a unos en el propio Puerto de Mahón y a otros ante las tapias del Cementerio de Es Castell, donde hoy descansan sus restos.

No me parecería justo, realizar este escrito de recuerdo, sin incluir el nombre de todos sus compañeros asesinados, cuyos motivos de encarcelamiento fueron similares en “gravedad” a los suyos.

(1) Lorenzo Lafuente Vanrell. Mahón 1.881-1.936. Comandante de Infantería retirado. Caballero de la Orden Civil de Alfonso XII, de las militares de San Hermenegildo y del Mérito con distintivo rojo, condecorado con las Medallas de Marruecos, de la Paz, del Centenario de las Cortes de Cádiz, etc. Miembro de la Academia del Mediodía de Francia, Corresponsal del Museo de la Infantería Española, Secretario del Ateneo de Mahón en su fundación en 1.905. Hijo Ilustre de Mahón.

(2) Población de Mahón según censo de 1.930 (INE), 17.954 habitantes, asesinados el 18 y 19 noviembre de 1.936, 75. Población de Madrid según censo de 2.001 (INE), 2.938.723 habitantes, víctimas del atentado del 11-M: 200.

(3) Paracuellos – Katyn, ensayo sobre el genocidio de la izquierda. Cesar Vidal. Ed. Libros Libres.

Presbíteros: Benejam Coll, José. Benejam Gorrias, Pedro. Benejam Marques, Juan. Bosch Anglada, José. Bosch Ferrer, Rafael. Camps Triay, Rafael. Capo Medina, Guillermo. Catala Morla, Francisco. Conforto Tuduri, Gabriel. Dalmedo Orfila, Miguel. Franco Goñalons, Jose. Fuxa Bagur, Sebastián. Gomila Rotger, Miguel. Jansa Guardiola, Francisco. Llabres Pons, Guillermo. Mascaro Pons, Miguel. Mascaro Pons, Rafael. Mercadal Anglada, Jaime. Mercadal Pons, Jose. Mercadal Sans, Juan. Orfila Pons, Antonio. Planeéis Riera, Jose. Pons Benejam, Rafael. Pons Pons, Antonio. Pons Pons, Miguel. Pons Preto, Juan. Pons Segui, Antonio. Pons Sintes, Francisco. Quintana Victory, Esteban. Riera Bagur, Pedro. Romero Mercadal, Antonio. Salord Goñalons, Pablo. Serra Mesquida, Rafael. Triay Gornes, Alberto. Tuduri Moll, Jose. Tuduri Moll, Juan. Villalonga Segui, Bartolomé.

No religiosos: Aizpuru Maristany, Juan de. Alberti Vidal, Francisco. Alvarez Alvarez, Fernando. Canut Costa, Leopoldo. Carranza Garcia, Fernando de. Carreras Pons, Antonio. Carrillo Jiménez, Blas. Cots Riera, Francisco. Ferrer Mercadal, Miguel. Ferrer Pons, Miguel. Ferrer Torres, Vicente. Granell Ruiz, Miguel. Guerrero Plaja, Arturo. Hernandez Saiz, Gervasio. Jaume Bisbal, Santiago. Martin Franco, Roman. Moreno Martorell, Alberto. Orfila Pons, Pedro. Palomo Barba, Manuel. Pax Estela, Bernardo. Queipo Malaga, Jose. Quetglas Montserrat, Miguel. Riera Pers, Jose. Rosello Alcover, Francisco. Sada Garcia, Joaquin. Sainz Corrajed, Isidro. Salord de Olives, Gabriel de. Sandino Padilla, Antonio. Sbert Fortuna, Matias. Segui Carreras, Mateo. Seller Pons, Rafael. Tous de Monsalve, Rafael. Vicente Gomez, Manuel. Victori Sastre, Alonso. Vidal Villalonga, Antonio. Vila Fuxa, Pedro.

Descansen en paz. In Memoria”.

Santiago Lafuente Mir,
Mahón, 16 de noviembre de 2006.

Aragón

El Aragón.

Muy poco he podido encontrar, por el momento, sobre la historia carcelaria de este barco.

El 18 de julio de 1936 el vapor “Aragón” se encontraba en el puerto de Mahón y en los primeros días de agosto fue habilitado como prisión flotante.

El 3 de septiembre siguiente –capitán, Martín Escudero Seguí- zarpó en demanda de Cartagena, donde limpió fondos y, a continuación, siguió viaje a Alicante y Almería y el 1 de enero de 1937 salió hacia Málaga con unas 950 toneladas de harina y otros productos alimenticios y 250 toneladas de mineral de plomo.

Unas horas después, cuando se encontraba a unas cuatro millas de la costa española, el vapor “Aragón” fue apresado por el acorazado alemán “Admiral Graff Spee” en represalia por la captura en aguas del Cantábrico, el 23 de diciembre de 1936, del vapor germano “Palos” por los bous “Bizkaya” y “Nabara”, siendo obligado a dirigirse al puerto de Ceuta.

Aragón. El vapor-cárcel.

El Jacinto Verdaguer.

Aún no he conseguido información sobre ete buque prisión. Quien pueda aportarla escriba a demorganica@gmail.com

 

Villamanrique.

 

Buque Prisión Capitán Segarra.

Buque Prisión Capitán Segarra.

Capitán Segarra.

 

Almería fue uno de las ciudades que pasó toda la Guerra Civil en manos de las autoridades republicanas del Frente Popular.

Tras el fracaso del levantamiento que se produjo el 21 de julio, con tres días de retraso sobre el resto del territorio, lo que permitió a los milicianos de los partidos de izquierdas organizar una defensa que consiguiera derrotar a los alzados. De inmediato, el Comité Central, órgano de dirección de la ciudad y coordinador de la provincia que estaba controlado por los partidos del Frente Popular, comenzó la labor de represión.

Durante los primeros días se detuvo a centenares de personas relacionados con los partidos de la derecha: CEDA, agrario, Falange, Carlista,.. y a todos los religiosos que pudieran ser localizados en los pueblos y en la capital de la provincia.

Frente a la idea de que la represión fue espontánea y no organizada, lo que ocurrió en Almería demuestra lo contrario: las sacas que se cometieron durante eran supervisadas directamente por el socialista Eustaquio Cañas Espinosa, Gobernador Civil de la provincia, quien, según los testigos, asistía a estos actos previos a los asesinatos con “visibles muestras de regocijo”.

Desde todos los municipios y desde los centros políticos, todos los prisioneros fueron trasladados a la Prisión Provincial que, en pocos días quedó saturada. Para seguir recibiendo presos se habilitó como cárcel el convento de las Adoratrices, incautado por los republicanos al comienzo de la guerra.

Esta nueva cárcel también quedó saturada y se habilitaron dos barcos mercantes, el Capitán Segarra y el Astoy Mendi, que habían estado destinados al transporte de mineral y cuyas bodegas -habilitadas como celda para los presos- contenía restos tóxicos y pólvo de mineral. Es espacio seguía siendo insuficiente y se habilitó la cárcel del Ingeni, en la fábrica de azúcar abandonada del barrio de Los Molinos.

Más adelante se construirían algunos campos de concentración en municipios de la provincia para albergar a los presos que se seguían deteniendo en los distintos municipios. Se conoce la existencia de dos de estos campos, uno en el municipio de Turón y otro en el de Murtas.

La causa general recoge un listado en Almería de 691 asesinatos cometidos por la represión en la retaguardia a manos de las milicias de los partidos del Frente Popular, armadas por el Gobierno republicano.

Barco carbonero similar al Astoy Mendi.

Buque Prisión republicano Astoy Mendi

Astoy Mendi.

En la prisión flotante del Astoy-Mendi. En la mañana del 28 de agosto los dos obispos y los sacerdotes ingresados con ellos en las Adoratrices, junto a más de otros 40 sacerdotes y paisanos, fueron subidos a unos camiones que les bajaron al barco prisión Astoy Mendi.

Allí les recibieron con un griterío impresionante.

María Salinas testimonia que acudiendo a las Adoratrices como cada día con la cesta de comida para los presos, al verlos salir, preguntó a Luis Fernández, jefe de aquella prisión

«¿A dónde los llevan, por favor?».

Él respondió:

«Ya estarán fregando la cubierta del Astoy-Mendi en el nombre del Sagrado Corazón, de la Santísima Trinidad y de todos los Santos».

El Astoy-Mendi, carguero de mineral, no tenía más respiración en su bodega que la misma entrada de la escotilla. A la derecha de la escalera se acomodaron, como pudieron, los dos obispos. Desde el primer momento tuvieron que vestir, como todos los presos, calzón corto azul y camiseta.

La primera tarde fueron llevados al acorazado Jaime I, surto también en el puerto para palear carbón desde las carboneras a la boca del horno.

Allí tuvieron que escuchar toda clase de befas y escarnios. Algunos de los sacerdotes y religiosos fueron apaleados por negarse a blasfemar.

Aquella noche moría en el barco el P. Martín Santaella Gutiérrez, S. J., asfixiado por el polvo del carbón cuando lo arrojaron a la carbonera.

Los marineros del Jaime I hicieron subir a Mons Ventaja a cubierta y profirieron contra él toda clase de insultos.

Él los «miraba fijo a los ojos, escuchándoles en silencio. Cuando terminaban bajaba los ojos al suelo y después los levantaba al Cielo, como musitando una oración, y les volvía a mirar con una sonrisa»

Benito Sacaluga, jefe de los Servicios de Máquinas de la Escuadra de la República, ante el Consejo de Guerra en relación con los asesinatos en Almería, manifestaba

“de quien decían ser un Obispo, y Oficiales de la Guardia Civil …fueron traídos al buque- Jaime I- para hacer la estiba de las carboneras y él llegó por la mañana, … donde estaba el Comité, y el Cabo Arias le dijo: todos esos Obispos y Guardias Civiles que hay ahí encerrados vamos a buscarlos para que hagan la estiba de las carboneras”

“… Que ese mismo día el declarante vio en la cámara de dinamos, en donde tenía el destino, al que decían era el Obispo de Guadix, allí asfixiado… (le confunde con el Padre jesuita Martín Santaella)… me propuse que los presos políticos, en caso de que les hicieran trabajar, fuera en cubierta acarreando espuertas, donde estuvieran a la vista y no fueran maltratados dentro del barco.”

Tras el agotador trabajo, fueron devueltos al Astoy Mendi, cursando el capitán de que todos los que fueren sacerdotes o profesores se tenían que inscribir en una lista para ser devueltos a la prisión de las Adoratrices.

Los presos recibieron un trato brutal en el Astoy-Mendi, al que se unía el calor asfixiante de la bodega del barco, sin luz y sin ventilación.

El día 29, muy de mañana, los guardianes ordenaron a gritos que se apiñaran en el centro todos los sacerdotes, porque -según dijeron- iban a ser liberados. Fueron identificándose uno a uno, y los milicianos confeccionaron la lista para las «sacas». A don Diego y a don Manuel los milicianos les llamaban «el Ventajilla» y «el Medinilla».

A la hora de comer, les llevaron al Jaime I para que sirvieran la comida a los marineros.

Esa noche, fiesta litúrgica de la Santísima Virgen del Mar, Patrona de Almería, el rosario lo rezaron con especial devoción.

El día 30, narra el testigo don Juan de la Cruz Navarro Gay, que sacaron a don Mons. Ventaja para fregar los wáteres al grito de «¡Obispo, a fregar!».

Juan Navarro quiso evitarle aquella humillación, pero Monseñor le dijo:

«Usted sabe por qué estamos aquí presos. Ya que por obispo me han detenido, me creo con mayor obligación a sufrir, y añadió: «Tenemos que recibir con resignación y paciencia la persecución, porque todos nos debemos considerar culpables»

Por la noche del 30 de agosto, La noche del día 30 de agosto, mientras los presos se hacinaban en la bodega, en el Comité Central y en el Comité de Presos confeccionaban las listas para el próximo «paseo».

Las «sacas» se hacían entre las doce y las dos de la mañana.

Un miliciano empezó a gritar nombres. En la lista, venían los de Mons. Medina y Mons. Ventaja. Uno de los guardianes increpó a don Diego:

«Ahora, Ventaja, te pesará ser obispo».

Monseñor, con la serenidad y la paz que le caracterizó durante su largo calvario, le respondió:

«Ser o no ser obispo, nunca me ha interesado; pero lo que no me pesa ahora, ni nunca me ha pesado, es ser sacerdote».

Última estación: Subida al Calvario y muerte.

Uno a uno, los dieciocho presos nombrados fueron subiendo penosamente la escalerilla y salieron por la escotilla a cubierta; los obispos de Almería y Guadix don Diego Ventaja Milán y don Manuel Medina Olmos; los sacerdotes de Almería don Juan Manuel Felices Pardo, don Antonio García Padilla, don Nicolás González Ferrer y don Francisco Rodríguez Carmona; los sacerdotes de Guadix don Juan Garrido Requena, don Antonio Leiva García y don Torcuato Pérez López; los seglares don Luis Navarro Almendros y don Juan Colomina Pérez y otros seis no identificados.

Puerto de Almería al amanecer del mes de agosto

Junto al castillo de popa, Valentín, «el Bilbaíno», palero del Astoy-Mendi, les fue atando las manos a la espalda. Casi siempre solía hacerlo con alambres y si no con sogas.

Las ráfagas de luz del faro del espigón largo del puerto iluminaban al grupo. Se detuvo junto a la escalerilla del Astoy-Mendi una camioneta conducida por Joaquín Solvas, a quien algunos testigos se refieren como Diego García «el Cura»

Con él venían varios milicianos armados con fusiles y pistolas. Fueron subiendo a los presos a empujones, entre insultos y amenazas. Se cerró el portalón, y los milicianos se situaron apuntando en las cuatro esquinas del cajón. Emprendieron la marcha y, a unos seiscientos metros antes del kilómetro 92 de la carretera, muy cerca de la venta del Co-
sario, se pararon junto al barranco «del Chisme».

La camioneta se adentró unos metros fuera de la carretera.

Serían sobre las cuatro de la mañana. Los milicianos formaron el pelotón de ejecución, y parece se habían sorteado los presos que cada uno debía asesinar. Les ordenaron situarse sobre el pequeño altozano de la ladera este del barranco.

Terminada la contienda, Rafael del Águila declaró ante el juez el lugar exacto de la ejecución del crimen. Asimismo dijo que él había asesinado personalmente

«a uno de los señores obispos, el que era de los dos el más pequeño de estatura».

En la primera de sus declaraciones ante el tribunal que le juzgó en 1940 dijo:

«El obispo de Almería pidió permiso para hablar, concediéndoselo mi hermano Juan, también presente, y dijo el obispo que deseaba los perdonara Dios como él los perdonaba y pidió fuese su sangre la última que se derramase».

Resultan estremecedoras las palabras de su hermano Juan del Águila, que había sido alumno del colegio de La Salle.

A la pregunta «¿Por qué matas?», respondió: «Es la Revolución».

Tras las palabras de don Diego se hizo un silencio hasta que se dió la orden de ¡fuego! Los cuerpos fueron cayendo al pequeño barranco por el que comenzó a correr la sangre de los mártires.

Antonio del Castillo, cobrador del coche Alsina que hacía servicio a la ciudad de Berja, declara que los milicianos lo pararon para pedirle gasolina para quemar los cadáveres, y que se la dio el conductor. Él se apeó y como a unos cincuenta metros de la carretera, vio

«un montón de cadáveres apilados, a los que iban a pegar fuego, tal vez por segunda vez, pues estaban ya ennegrecidos. A poca distancia se veían dos cadáveres cruzados, uno encima de otro, y acercándome reconocí a don Diego Ventaja en el que estaba debajo y
encima a don Manuel Medina.»

El declarante describió con todo detalle como ambos cadáveres no llevaban más indumentaria que un pequeño pantalón azul.

«El cadáver de don Manuel presentaba en el lado izquierdo del pecho una herida como de tres dedos, por la que aún manaba sangre, y por el costado y diversas partes del tronco, otras heridas producidas, al parecer, por gruesas cañas, de las que aún se veían alrededor algunas manchadas de sangre»

Los cadáveres, quemados con gasolina para que no fueran reconocidos, calcinados, quedaron insepultos unos días, hasta que piadosas manos de vecinos los enterra-
ron en el cementerio.

En un primer momento se colocó una lápida en el suelo de la capilla de San Ildefonso, que el 1965, después fue colocada en la cripta ante el nicho donde se encontraban depositados los restos mortales.

D. Cristóbal Fábregas, arrendatario de las contribuciones de Cádiz, era un hombre trabajador, honrado, afable. Muy popular en Almería donde, en el campo de Tabernes, había adquirido una finca con el sólo esfuerzo de su trabajo constante. Era la finca la meta de sus aspiraciones, a ella se consagró por entera para poder dejársela a sus hijos ¡Con qué cariño la cuidaba! ¡con qué desvelos, lentamente, año a año, la iba mejorando!

Un día le dijeron que en sus entrañas encontraría agua abundante, de la que todo el pueblo estaba necesitado. Enseguida empezaron a abrir un profundo pozo una brigada de obreros.

D. Cristóbal no tenía mucha confianza en el resultado de la operación pero no quería perjudicar al pueblo con una negativa y así, en el peor de los casos, podía contratar una temporada a unos trabajadores.

La perforación no daba fruto y a los 90 metros hubo de renunciar a la empresa. ¡No había tal agua! y se tapió el pozo … una sola vez fue abierto de nuevo.

Al estallar la revolución las hordas marxistas se apresuraron a usarlo como triste y espantoso desembarazo de sus múltiples víctimas. Y lo inauguraron arrojando en él al hijo del propietario, D. Ricardo Fábregas.

Un muchacho modélico, sencillo, que pese a su posición contrajo matrimonio con una humilde telegrafista del pueblo con la que formó un matrimonio ejemplar. Pero pronto el pozo adquirió celebridad trágica, enseguida se supo que era la tumba de todas las personas marcadas por los marxistas y a él fueron a parar:

  • D. Andrés Casinello Barreto, diputado cedista.
  • Varios magistrados de la Audiencia de Almería.
  • Los sacerdotes y personas de orden de los pueblos vecinos de Garrucha, Cuevas, Vera, Serón, Puchena, OVera, Huercal …

Primero los acribillaban a tiros, luego los arrojaban al pozo seco … incluso aún moribundos eran arrojados pese a los alaridos de dolor y espanto …

Pero el martirio más terrible tal vez fuera el del joven Octavio Martínez Iniesta. No era persona sospechosa. Pero había cometido un terrible delito, ser el instructor de la Escuela Nacional de Tiro de Almería antes del Alzamiento, esa simple circunstancia selló su destino, por ello le encerraron en las bodegas del buque-prisión Astoy-Mendi, y un mal día fue arrancado violentamente de ella para ser arrojado, vivo, al pozo.

Las piedras se defienden solas

A los españoles les dicen que la Memoria Histórica está destruyendo su patrimonio histórico (no cambiando de lugar sino destruyendo) y ¡les parece bien! con tal de tener sus 1000 euritos a fin de mes… En consecuencia ¡las piedras se defienden solas!

Franco y las Cooperativas.

terroristas del sistema contra la cultura y la historia.
Ataviados como terroristas y ante el abucheo de cientos de personas los operarios descuartizan todos los logros sociales de 40 años de trabajo bien hecho.

Las estadísticas del sistema actual hinchan el número de cooperativas al contabilizar, al menos antes de la burbuja inmoviliaria, a las innumerables cooperativas de viviendas. Pero se trata de cooperativas de vida limitada que desaparecen y no son productivas en el sentido agrario o industrial.

Para que ningún “demócrata” pueda acusarnos de falsear los datos de la historia en muchas entradas del blog, como pueda ser la presente, recurrimos a la adaptación de textos de autores de izquierdas. Se trata de reputados profesores universitarios y catedráticos de “izquierdas” o “liberales” que han investigado parcialmente estos temas aportando trabajos interesantes con datos actualizados.

¿Cual es la aportación más interesante de todas las que se encuentran en estos autores enemigos del franquismo?

La siguiente:

En sus exhaustivas investigaciones no han localizado la menor señal de Corrupción Administrativa generalizada atribuible a las instituciones del Estado Nacional, a Franco ni en la persona de los más destacados mandos falangistas ni burócratas.

En palabras del historiador César Vidal. “Franco no robó”

y al que lo hiciera ¡que no le pilláran!

Dato fundamental, para tener en cuenta, que se desprende de estos estudios.

La “Burbuja” Cooperativa.

Consultando los datos oficales del “Sistema” político actual nos da la impresión de haberse continuado el expansionismo cooperativo del Franquismo superando ampliamente sus conquistas sociales.

Nada más lejos de la realidad.

Ya que el cooperativismo de la “democracia” se basa en simple “apariencia” o “escaparate” sustentado, en gran medida,  por las cooperativas de viviendas que, como ya se ha explicado, tienen una duración limitada y no son productivas. En lugar de las agrícolas o Industriales propias del Franquismo.

Si observamos el gráfico inferior y tenemos en cuenta que la burbuja inmoviliaria tuvo su comienzo en 1997, comenzando entonces el incremento anormal de los precios, y ha durado hasta finales de 2007 o principios de 2008, podemos percatarnos del súbito desplome producido en el número total de cooperativas alrededor de esas fechas.

Cooperativismo y burbuja inmobiliaria en España

Además hay que dejar constancia que la inexistente legislación cooperativa actual trata a los socios cooperativistas como autónomos. Lo que aumenta sus cotizaciones sin recibir prestaciones, que deben procurarse a través de sus propias agencias de seguros.

La legislación actual no favorece en absoluto el cooperativismo.

 

El Cooperativismo antes de Franco.

Los estudios de carácter local -siempre dedicados a cooperativas de vida próspera, que son las únicas de las que se ha conservado documentación- muestran que muchos sindicatos agrícolas actuaron como una pieza clave para el funcionamiento de la agricultura en su área de influencia, y los historiadores interesados en resaltar el dinamismo agrario español durante el primer tercio del siglo XX suelen utilizar este tipo de trabajos para obtener ejemplos con que ilustrar sus argumentos.

Mientras tanto, los escasos datos agregados disponibles apuntan en dirección contraria:

Son los que utilizó Simpson (1997: 303-6) en un libro en el que trataba de mostrar la “somnolencia” del mundo rural español ante los estímulos del mercado antes de la década de 1960.

La solución no parece estar en el término medio, sino en un análisis que haga un amplio uso del matiz para no enmascarar la complejidad del sujeto analizado.

Al contrario que en otros países, el cooperativismo agrario español no fue de carácter especializado, sino que lo más habitual era que en el seno de cada sindicato agrícola existieran secciones de compra-venta de factores productivos, de maquinaria, de crédito o de comercialización de las cosechas. Prácticamente en ninguno de ellos faltaba la sección de abonos químicos.

Algunos distribuyeron cantidades de consideración, y en general contribuyeron a que se difundieran en España las nuevas técnicas de fertilización (Pujol, 1998). Pero los datos diponibles tampoco dan pie a un excesivo optimismo.

Por ejemplo, el regadío valenciano acogió a los sindicatos que despachaban un mayor volumen de fertilizantes, pero en 1919 las cooperativas sólo sirvieron el 20 % del N, K2O y P2O5 consumido en la provincia de Valencia; parece que este porcentaje experimentó un progresivo aumento, pero antes de 1936 tuvo que situarse muy por debajo del 53 % alcanzado en 1980 (Garrido, 1996: 254).

Aunque con menor frecuencia, también solían disponer de una sección de maquinaria, siendo en la agricultura cerealista de la mitad septentrional peninsular donde su actuación como centros difusores de tecnologías ahorradoras de trabajo tuvo una mayor relevancia (Garrabou, 1990: 75; Simpson, 1996: 47).

Sobre todo en Galicia y la cornisa cantábrica, también tuvieron grandes repercusiones sobre la adopción de innovaciones de carácter biológico (Fernández Prieto, 2001: 130-4): algunas cooperativas tenían campos de experimentación, y en conjunto actuaron como correa de transmisión de las orientaciones procedentes del aparato institucional de innovación (Granjas Experimentales, Estaciones Enológicas…) sostenido por el Estado.

Pero el primer cooperativismo agrario español presentó dos importantes debilidades.

  • Por una parte, la mayoría de sindicatos presentaban un bajísimo nivel de capitalización: los 4.255 existentes en 1933 disponían como medía de un capital de 22.000 pesetas (Dirección General de Agricultura, 1934: 393). Pero tras esta cifra se esconden desviaciones regionales muy importantes. Como muestra, los 540 sindicatos de Cataluña tenían como media 52.000 pesetas; los 365 del País Valenciano, 38.200; los 304 de Aragón, 10.500; los 1.296 de Castilla-León, 6.000; y sólo 1.100 pesetas los 314 sindicatos de Galicia. Aunque las medias regionales también son poco representativas, porque una porción importante del capital de los sindicatos de cada región solía estar acaparado por un relativamente reducido –y en ocasiones muy reducido- número de entidades.
  • La segunda debilidad guarda relación con el escaso desarrollo alcanzado por el crédito cooperativo y la comercialización cooperativa de las cosechas. Una carencia muy significativa teniendo en cuenta que el crédito (en Alemania o Francia) y/o la comercialización (en Holanda, Dinamarca, Estados Unidos o Canadá) parece que actuaron como el principal motor del cooperativismo en los países donde éste alcanzó un mayor grado de desarrollo. Es cierto que algunos sindicatos y cajas rurales realizaron a nivel local una importante actividad creditícia, pero en 1924 el crédito cooperativo a penas servía para satisfacer el 5 % de las necesidades financieras del sector agrario (Carasa, 1991: 306).
  • Por lo que se refiere a la comercialización cooperativa, citaré cuatro ejemplos significativos. Protegidos por unos elevados aranceles aduaneros, los cereales y leguminosas ocupaban en 1922 el 76 % de la superficie cultivada en España. Los sindicatos sólo tuvieron una alta cuota en la comercialización del trigo allí donde surgieron fábricas cooperativas de harina, caso de la vallisoletana Tierra de Campos (Martínez, 1982) o de la comarca leridana de la Segarra (Ramon, 1999). Pero las harineras de propiedad cooperativa fueron sorprendentemente escasas. Los pequeños propietarios de trigo de la mitad septentrional peninsular eran el principal pilar de la poderosa Confederación Nacional Católico-Agraria, cuyos 4.451 sindicatos únicamente poseían 12 fábricas de harina en 1920, con una capacidad de molturación –60 tm de trigo/día- que no llegaba a ser el 0,5 % de la española.Habían descendido a 11 en 1937, y la Unión Nacional de Cooperativas del Campo –que a partir de 1942 encuadró obligatoriamente a todo el cooperativismo agrario español- tan sólo disponía de 32 harineras en 1948 (Puyal, 1949: 47).

Impulsada tanto por instituciones públicas y privadas como por un amplio puñado de “apóstoles” de la cooperación, en España se hizo una intesa campaña a favor de la difusión de las cooperativas agrarias, y entre los inicios del siglo XX y la guerra civil de 1936-39 se creó un número más que considerable de ellas.

Pero su capacidad para consolidarse y para realizar una labor eficaz y continuada dependió en gran medida de la capacidad económica que ya tenían previamente los agricultores socios: como ésta solía ser escasa, proliferaron las desapariciones y las primeras cooperativas españolas tuvieron una corta vida media.

Sin duda, el cooperativismo actuó como motor para la dinamización de la actividad agraria española, pero en una medida que aún nos es desconocida.

Todo parece indicar la importancia de esa labor fue mayor allí donde contó con un elevado número de medianos agricultores como socios, pero, por la sencilla razón de que en otros lugares apenas tenían presencia los agricultores de esas características, ello sólo sucedió en zonas que –caso del regadío valenciano- ya se caracterizaban por su gran dinamismo agrícola antes de la aparición de las cooperativas.

Samuel Garrido Herrero.

Memoria Histórica de las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos.

Franco y el Cooperativismo Agrario para la Memoria Histórica.

EL COOPERATIVISMO AGRARIO DURANTE EL FRANQUISMO.

Finalizada la Guerra Civil el nuevo régimen articula la representatividad agraria bajo una unitaria organización corporativa, la Organización Sindical Agraria, previa la liquidación de las organizaciones anteriores, oasando sus pertenencias a la Delegación Nacional de Sindicatos, aplicando la Ley de 23 de septiembre de 1939.

Esta organización estaba constituida por sindicatos agrarios como corporaciones de derecho público, con el doble carácter de entes asociativos y órganos periféricos de la administración del Estado.

  • En el ámbito local eran las Hermandades Sindicales Locales de Labradores y Ganaderos,
  • en el provincial las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias y
  • a nivel nacional la Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos.

En enero de 1940 se había decretado la Ley de Unidad Sindical y en abril la Ley de Bases de la Organización Sindical. En septiembre de 1941 se crearon las Hermandades Sindicales. A partir de 1945, las Cámaras estuvieron reguladas por el Fuero del Trabajo y les incumbía

“la representación y disciplina de los intereses económicos y sociales del agro español”.

Estas hermandades sindicales locales se circunscribían al ámbito municipal y a ellas pertenecían obligatoriamente todos los agricultores del municipio. Entre sus finalidades estaba la de ser:

  • órganos de consulta y colaboración de la administración, representaban los intereses locales de los agricultores para hacer peticiones y
    sugerencias pero sin que ello tuviera un cariz reivindicativo,
  • colaboraban con los planes del Instituto Nacional de Colonización,
  • realizaban labores comerciales y de utilización de medios de producción en común,
  • fomentaban el seguro agrario,
  • canalizaban expedientes hacia la administración y
  • colaboraban activamente en las altas de los agricultores en la Seguridad Social.

LA LEY DE COOPERACIÓN DE 1942.

La primera reorganización de las cooperativas se produjo durante la contienda civil, en 1938 en que emitió la Ley de 27 de octubre que trató de cambiar la regulación existente sobre el régimen de las asociaciones cooperativas que había establecido el régimen republicano mediante la promulgación la Ley de 9 de septiembre de 1931.

En los primeros momentos del nuevo orden político se emitieron un aluvión de normativas y legislación que afectó al cooperativismo. En este marco, la Ley de Unidad Sindical de 28 de enero de 1940 delimitó lo cooperativo de lo sindical, y derogó la anterior normativa de 1938. Una nueva norma, la Ley de Ordenación Sindical del 6 de diciembre de 1940 otorgó a los nuevos sindicatos verticales el control, patronato y fomento de las cooperativas. La Ley de 2 de septiembre de 1941 derogaba la de Sindicatos Agrícolas de 28 de enero de 1906. Todo este conjunto de legislación preparó el terreno para una nueva organización que se plasmó en la Ley de Cooperación de 2 de enero de 1942.

EVOLUCIÓN DEL COOPERATIVISMO AGRARIO: DE LA LEY DE COOPERACIÓN DE 1942 A LA PROMULGACIÓN DE LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS DE 1974.

El nuevo marco legal coincidió con una etapa de notable recuperación del cooperativismo agrario español y de progresiva pérdida de importancia relativa de éste sobre el conjunto del movimiento cooperativista.

En cuanto a lo primero, los datos disponibles muestran que la promulgación de la Ley de Cooperación de 1942 y, especialmente, la aplicación de su correspondiente Reglamento de 11 de noviembre de 1943, se produjo en un contexto de rápido e intenso avance del número de cooperativas agrarias. Aunque las estadísticas oficiales (Tabla 1) no coinciden con los datos aportados por la propia Unión Nacional de Cooperativas del Campo (Tabla 2), en ambos casos se observa como el número de cooperativas agrarias existentes a mediados de la década de 1950 fue muy superior a las que estaban en funcionamiento a principios de los años cuarenta y superaban en prácticamente 500 entidades a las registradas en 1933.

Tabla 1

Nótese la ausencia de datos correspondientes a los años 1934-1936. Así mismo en el texto no se desarrolla las circunstancias, ni las características, ni la capacidad de supervivencia real de las “cooperativas” del año 1933. Se trata de cooperativas católicas y de “partido” o “sindicato” cuyo supuesto florecimiento adolecía de los defectos de una dispersión de entidades, falta de órganos eficaces de segundo grado para la compra en común o la producción cooperativa, amén de un adoctrinamiento tendencioso y partidista que hacía retroceder en cincuenta años su desarrollo estructural cooperativo.

Esta notable expansión del cooperativismo agrario durante los años del primer franquismo contrasta con la tendencia depresiva que había iniciado la cooperación agraria desde mediados de la década de 1920 y que se prolongó hasta principios de la década de 1940 (Tabla 3).

Mientras que durante el período 1923-1942 las tasas de crecimiento anual del número de cooperativas agrarias fueron del -3,93%, durante el período inmediatamente posterior éstas fueron del 9,65%.

De este modo, a partir de los datos obtenidos de las fuentes utilizadas, se observa que la etapa 1942-1955 fue la de mayor expansión de la cooperación agraria durante la etapa que se inicia tras la Guerra Civil y termina con el final del “Régimen de Franco”, y que para el conjunto del período 1900-1975, el número de cooperativas creadas durante el primer franquismo sólo fue mayor durante el período 1917-1923, que fue cuando se produjo la mayor expansión del cooperativismo agrario español.

Tabla 2Tabla 3

El elevado número de fundaciones de cooperativas agrarias que tuvo lugar durante los primeros años del franquismo aún se observa mejor en el Gráfico 1.

Entre los años 1944 y 1955 el Ministerio de Trabajo aprobó prácticamente el 52% de las cooperativas agrarias constituidas durante los años de franquismo, lo que representaba un promedio anual de 402 cooperativas; y sólo entre los años 1944 y 1947 se aprobaron una tercera parte de las entidades creadas bajo el amparo legal de la Ley de Cooperación de 1942, lo que representaba una media anual de prácticamente 900 cooperativas aprobadas.

Durante el resto de años hasta la promulgación de la Ley General de Cooperativas del año 1974 el número de cooperativas aprobadas se mantuvo por debajo de una media anual de 300 cooperativas, y tan sólo durante el trienio 1963-1967 se produjo un leve despunte con la creación de un total de 1.183 cooperativas agrarias, que suponían poco más del 12% de las creadas durante la etapa franquista.

Para profundizar en la evolución del cooperativismo agrario en España durante el primer tercio del siglo XX véase Garrido (1996) y Martínez Soto (2003 y 2003b)

Gráfico 1

Al final del período, los datos disponibles muestran que durante los años de vigencia de la ley de Cooperación de 1942 el Ministerio de Trabajo aprobó un total de 9.277 cooperativas, lo que representaba prácticamente el 45% de las cooperativas agrarias aprobadas entre 1944 y 1974. No obstante, a pesar del elevado número de fundaciones, estos datos parecen indicar que durante estos años el cooperativismo agrario tuvo algunas dificultades para consolidarse.

En realidad, si tenemos en cuenta que en 1974 existían 7.023 cooperativas agrarias y que en 1942 estaban en funcionamiento un total de 1.434, de las 9.277 creadas durante el período 1944-1974 parece que poco más de la mitad (5.589) consiguió consolidarse hasta el final del periodo.

Gráfico 2

En cualquier caso, el notable incremento del número de cooperativas agrarias que tuvo lugar durante el período 1942-1974, en el que este tipo de entidades se multiplicaron prácticamente por cinco, contrasta con la notable pérdida de importancia relativa que la cooperación agraria tuvo sobre el conjunto del cooperativismo español.

El Gráfico 2 muestra como las cooperativas agrarias representaron en torno al 70% de las cooperativas existentes hasta 1955 y que a partir de ese año tendieron a perder peso hasta situarse en 1974 en unos valores cercanos al 45%. Esta progresiva disminución de la importancia relativa del cooperativismo agrario aún se observa más claramente en la evolución de las cooperativas aprobadas por el Ministerio de Trabajo.

Como muestra el Gráfico 3, éstas pasaron de representar prácticamente el 90% de las aprobadas en 1944, a poco más de un 10% en 1974 debido también al aumento del número de cooperativas industriales y de otros tipos.

Gráfico 3

Sin embargo, esta disminución de peso relativo del cooperativismo agrario español tuvo lugar en un contexto, como ya se apuntado, de recuperación y expansión en términos absolutos. En este sentido, un análisis más detallado de la evolución del cooperativismo agrario permite destacar cuáles fueron las principales características de su evolución durante el franquismo y constatar de qué modo se produjo su implantación y localización a lo largo de la geografía española.

El Gráfico 4 muestra que durante los primeros años de franquismo no parece que la ley de Cooperación de 1942 tuviera excesiva incidencia en este apartado, ya que hasta la década de 1960 no se produjeron excesivas transformaciones por lo que a la localización se refiere. En el mencionado gráfico se observa que a mediados de la década de 1950, los núcleos de mayor implantación del cooperativismo agrario seguían siendo los que ya habían destacado durante el primer tercio del siglo XX.

De este modo, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia fueron las regiones que tenían un mayor número de cooperativas agrarias y socios, al concentrar más de la mitad de las asociaciones existentes y de número de asociados.

Por detrás de éstas, también destacaron Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón, que entre las cuatro sumaban más del 25% de las cooperativas agrarias y asociados a éstas.

Gráfico 4

Los datos a nivel provincial (Figura 1) permiten constatar que entre las regiones con mayor presencia del cooperativismo, unas provincias destacaban por encima de las demás.

De este modo, entre las situadas en tierras catalanas, Lleida y Tarragona son las que a la altura del año 1955 concentraron un mayor número de cooperativas agrarias; mientras que por lo que se refiere a los territorios castellano-leoneses fueron las provincias de León, Salamanca y Segovia las que mayor presencia de cooperativas tuvieron.

En cuanto a Galicia destacó el caso de A Coruña, y por lo que se refiere a la Comunidad Valenciana el mayor número de cooperativas estuvo concentrado en la provincia de Valencia.

Por último, fuera de las regiones que concentraron un mayor número de cooperativas, debe destacarse por encima del resto de provincias el caso de Navarra, que a la altura de 1955 ya era la que disponía de un mayor número de cooperativas, un liderazgo que como se observa, mantuvo hasta finales del franquismo.

Retomando el análisis regional, sólo a partir de 1960 parece que se produjo alguna modificación en la implantación del cooperativismo agrario español.

Si bien Castilla y León y la Comunidad Valenciana continuaron situándose a la cabeza del cooperativismo agrario español por lo que a número de asociaciones se refiere, Andalucía adquirió a partir de esa fecha un importante peso relativo, situándose en 1970 en el segundo lugar del ránking de regiones con un mayor número de cooperativas agrarias. De este modo, por detrás quedaban algunas regiones como Cataluña y Galiciaque hasta entonces se habían mantenido entre las zonas de mayor implantación del cooperativismo agrario.

No obstante, y a pesar del notable ascenso del cooperativismo agrario andaluz, la información de la Figura 1 muestra que a nivel provincial los cambios con relación al año 1955 fueron prácticamente inexistentes. Navarra, Valencia, León y Salamanca continuaron siendo las cuatro provincias con un mayor número de cooperativas agrarias.

A Coruña, Tarragona, Segovia, Lleida y Alicante continuaban formando parte del grupo de las 12 provincias con un mayor número de cooperativas; y tan sólo Jaén, de entre las provincias andaluzas, fue la que a la altura del año 1970 consiguió formar parte de este grupo de 12 provincias con mayor número de cooperativas agrarias.

Figura 1

Pero para conocer con mayor detalle la implantación del cooperativismo agrario español es necesario utilizar otras variables distintas a las meramente institucionales de recuento de número de cooperativas existentes. Los datos de la Tabla 1 muestran en este sentido que a pesar del elevado número de creaciones de cooperativas agrarias durante el período 1942-1955, no fue hasta principios de la década de 1960 cuando se alcanzaron los “niveles de asociación” existentes en 1933.

A la altura del año 1960, según los datos que aportan las estadísticas oficiales, el 13% de los trabajadores ocupados en el sector agrario ya formaban parte de alguna sociedad cooperativa, con lo que el porcentaje de cooperativización de la población activa agraria española se situaba en unos valores similares a los del año 1933.

A partir de entonces, como muestran los datos el índice de asociación de los activos agrarios tendió a incrementarse.

Figura 2

Del mismo modo, a partir de la Tabla 1 se observa que coincidiendo con la disminución del número de activos ocupados en el sector primario y el notable incremento del número de cooperativas agrarias, las entidades existentes por cada mil trabajadores agrarios tendieron también a incrementarse.

En este sentido, la mencionada Tabla 1 muestra que del poco más de una cooperativa por cada mil ocupados en el sector agrario en 1933 se pasó a principios de los años setenta a prácticamente tres cooperativas agrarias por cada millar de trabajadores agrarios.

De todos modos, todo ello no contribuyó a que incrementara el tamaño medio de las cooperativas en cuanto a número de socios se refiere.

Figura 3

A nivel provincial, los resultados obtenidos no difieren excesivamente de los apuntados con relación a la localización de las cooperativas agrarias.

Tanto los mayores índices de cooperativización (Figura 2) como de número de cooperativas por cada mil trabajadores ocupados en el sector agrario (Figura 3) se concentran en algunas provincias castellano-leonesas como Segovia, Burgos, León o Palencia; algunas catalanas como Lérida y Tarragona; Navarra, que ya habíamos visto que desde 1955 ocupó el primer lugar en la clasificación provincial de número de cooperativas existentes; y la Rioja, que a pesar de no ser una de las provincias con mayor número de cooperativas sí que disponía de un mayor nivel de asociación entre los trabajadores ocupados en el sector agrario.

En definitiva, como muestran los resultados de las figuras 2 y 3, las zonas de mayor intensidad asociativa se concentraron en los territorios del norte peninsular, mientras que el núcleo formado por Extremadura, Andalucía (con la excepción de Jaén), Murcia y parte de Castilla-La Mancha fue el que tuvo unos niveles de cooperativización más bajos, tanto por lo que se refiere a cooperativas por cada mil trabajadores ocupados en el sector agrario como en lo relativo al porcentaje de trabajadores agrarios asociados a cooperativas.

EL COOPERATIVISMO DE CRÉDITO DURANTE EL FRANQUISMO.

EL COOPERATIVISMO DE CRÉDITO EN LA LEY DE 1942.

La clasificación de las cooperativas que se produjo en la Ley de 1942 consideraba que las del campo podían tener entre otros fines la creación y fomento de institutos o entidades de previsión de todas clases o formas de crédito agrario (personal, pignoraticio o hipotecario), bien directamente dentro de la propia cooperativa, bien estableciéndose o secundando cajas, bancos o pósitos, separados de ellas o bien estableciéndose la cooperativa como intermediario entre tales “establecimientos” y los individuos que las constituyen (art. 37). En el precitado artículo de la Ley encontraban su fundamento legal las cajas rurales en contraste con el artículo 44 que se refería a las cooperativas de crédito en general. Por tanto, las cajas rurales que se constituyeron, lo hicieron bajo la mención expresa estatutaria del artículo 37 (Muñoz Vidal, 1973:26).

Estas entidades se clasificaban en tres categorías:

  • secciones de crédito (en adelante S.C.), reguladas como una organización independiente con autonomía patrimonial dentro de la cooperativa de referencia;
  • las cajas rurales (en adelante C.R.), constituidas por las cooperativas del campo con personalidad jurídica independiente de ellas, aunque se fundaban para servir sólo a los fines de las entidades que las creaban y a los de sus propios socios y por último,
  • la caja rural provincial que tenía como socios a las cooperativas del campo de la provincia.

La diferencia entre las dos primeras modalidades (sección de crédito y caja rural) residía en que la segunda tenía su propia personalidad jurídica y se regía, por tanto, por su propia asamblea,

la primera se debía a los acuerdos que adoptase la entidad matriz.

En el caso de las provinciales (en adelante C.R.P.) se accedía a la categoría de socio individual a través de una cooperativa del campo que estuviese afiliada a ella, de tal manera que la entidad se convertía en intermediaria entre sus asociados –personas físicas- y la CRP, por tanto para ser beneficiario de ésta se le exigía ser socio de una cooperativa agraria local, es la figura del “socio indirecto” (Muñoz Vidal, 1979:12).

En este sentido, las CRP se convertían en cooperativas de segundo grado o escalón, que tenían como socio directo sólo a cooperativas, pero prestando sus servicios a los socios indirectos.

La Ley también se refería en su artículo 44 a las “cooperativas de crédito” señalando que eran las se fundaban para servir a las de otras ramas de la producción y a sus asociados, copiando la mayor parte del articulo su correlativo de la Ley de 1931.

Algunos autores lo han señalado que los redactores de la norma de 1942 decidieron adjetivar el crédito cooperativo en función de las graves anomalías detectadas en algunas cooperativas de crédito no agrarias, sea como fuere, la adjetivación supuso una nueva fórmula legal sin precedentes en el derecho español y sin correspondencia con las leyes cooperativistas de otros países del entorno europeo, esta característica se convirtió en un freno para el desarrollo de las cooperativas de crédito no agrícolas, más si cabe si tenemos en cuenta que su número en ese momento era muy pequeño.

El Decreto-Ley de 11 de noviembre de 1943 reglamentó la precitada Ley de 1942 y en su artículo 42 estableció que cuando una cooperativa organizase su propio servicio de crédito por medio de una entidad con personalidad jurídica, esta constituiría una cooperativa de crédito incluida en su ramo (C.R.), pero al servicio de los socios de la misma que se hubieran inscrito en ella.

Si en 1942-43 las cooperativas eran un simple apéndice de las Hermandades, con la reestructuración política que se operó en el Régimen desde 1951 pasaron a convertirse en una opción válida para tratar de revitalizar la producción agraria y para integrar a una población sin alterar los mecanismos fundamentales del sistema.

Muchas cooperativas escaparon al control de las Hermandades y solicitaron al Servicio Nacional de Cooperación (Ministerio de Trabajo) su registro como tales y se integraron en las respectivas U.T.E.C.O.

LA REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA Y LAS COOPERATIVAS.

El crédito agrícola estuvo organizado en el periodo republicano por el Decreto de 13 de septiembre de 1934, norma que integraba el Servicio Nacional de Crédito Agrario (en adelante S.N.C.A.) en una Sección especial de la Dirección General de Reforma Agraria y que disponía que el capital del Servicio sería de 100 millones de pesetas, de los que 75 aportaría el Estado y 25 restantes las Entidades oficiales de Crédito y las Agrícolas, Ahorro Popular o Previsión. El decreto facultaba al S.N.C.A. para otorgar préstamos a largo y medio plazo y cuentas corrientes de crédito, efectuar redescuentos, descuentos y pignorar warrants y otros valores.

Se limitó al 70 por 100de su capital efectivo lo que se podía dedicar a operaciones con vencimiento superior a tres años. La representación del Servicio en las provincias y comarcas la tendrían los Pósitos, las Cajas de Ahorros, las Cajas Rurales y las instituciones bancarias. Los beneficiarios de los préstamos serían las cooperativas, asociaciones agrarias, entidades y colectividades de carácter agrícola, ganadero o forestal, y los agricultores particulares (individual o colectivamente agrupados). Las garantías de los préstamos serían hipotecarias, prendarias, personales o mixtas, limitando la duración de los préstamos, en el primero de los casos a 25 años sin que pudieran excederse en su cuantía de 50.000 pesetas cuando se tratara de particulares. Los tipos de interés eran: 3,5 por 100 para los préstamos a largo plazo a las entidades agrícolas y el 4,5 por 100, para los de medio y corto plazo.

Este decreto estuvo vigente hasta la promulgación de la Ley de 17 de julio de 1946 que trató de regularizar la contabilidad del S.N.C.A. y distinguir su capital propio del otro formado por los anticipos del Tesoro y los fondos posteriormente cedidos por el Instituto de Colonización y el Servicio Nacional del Trigo. Con el capital propio del Servicio se atendían las peticiones de crédito formuladas por las cooperativas y asociaciones agrarias. La demanda de préstamos por los agricultores fue en aumento progresivo ante la necesidad de proceder a la reconstrucción agrícola y, en 1945, a consecuencia del hundimiento de las cosechas las peticiones aumentaron exponencialmente hasta agotar los escasos fondos disponibles por el S.N.C.A. La agudización periódica de las necesidades crediticias motivadas por las catástrofes naturales de esos años (sequías, inundaciones, etc.) pusieron de manifiesto la insuficiencia de los fondos disponibles para atenderlas desde el Servicio.

Tabla 4

La actuación del S.N.C.A. en sus primeros veinte años de funcionamiento (Tabla 4) pone de manifiesto el desdoblamiento de su función en dos muy distintas que, con casi absoluta independencia, se fueron desarrollado en el tras curso de esos años: la propia del S.N.C.A., acorde con sus normas fundacionales y cuyo volumen de capital estuvo limitado a la modesta suma de 10 millones de pesetas; y la segunda, de mayor importancia, de ejecutor de casi un centenar de disposiciones destinadas a auxiliar a los diversos sectores de la agricultura en los momentos de crisis económica debidos a distintas causas, realizándose a través de una serie de operaciones que, con la denominación genérica de créditos, cubrieron toda una variada gama de préstamos.

Durante el periodo 1925-1945 (Tabla 4) el S.N.C.A. concertó unas 170.000 operaciones que se realizaron en 50 modalidades distintas, invirtiendo en su concesión 540 millones de pesetas. Al propio Servicio le correspondieron 13.794 préstamos por un total de 74 millones pertenecientes a sus fondos; con fondos procedentes de anticipos de la Tesorería del Estado se realizaron un total de 178.916 préstamos por un valor de 422 millones de pesetas y, por último, con fondos procedentes del Servicio Nacional del Trigo se realizaron 8.736 préstamos por un valor de 44 millones de pesetas.

Al cerrar el ejercicio económico de 1945 se encontraban pendientes de reintegro por vía ejecutiva 3.533 operaciones con un importe de 12,5 millones de pesetas, lo que representaba el

2,01 por 100 de los préstamos otorgados y el 2,32 por 100 de los capitales invertidos en su concesión. De esta cifra, 12,5 millones de pesetas, 10 millones aproximadamente procedían de los años 1943 a 1945. Los fallidos se cifraban en menos de 5 millones de pesetas, o sea el 0,9 por 100 de los 540 millones de pesetas invertidos en los préstamos.

El S.N.C.A. constituyó reservas por valor de 4,2 millones de pesetas, que representaban el 0,77 por 100 de las operaciones realizadas, independientemente de los beneficios acumulados que, por importe de 9,8 millones de pesetas, pasaron a incrementar su capital propio. Los gastos del Servicio en esos años ascendieron a 7 millones de pesetas, que suponían el 1,30 por 100 de los créditos otorgados, esta cifra no se repartió equilibradamente, pues la cuantía media de los mismos fue mayor durante el periodo 1940-1945 (715.000 pesetas) frente a los del periodo 1925-1936 (215.000 pesetas).

Durante estos veinte primeros años de funcionamiento –1925-1945– las operaciones realizadas con sujeción a las normas del Servicio obtuvieron mejores resultados, los impagos no llegaron al 1 por 100 y en los de garantía hipotecaria sus fallidos fueron prácticamente nulos.

Los préstamos otorgados a grupos de agricultores constituidos con responsabilidad solidaria (cooperativas, sindicatos, asociaciones, etc.) mostraron un comportamiento bastante satisfactorio para el Servicio, aunque su eficacia era muy limitada por los riesgos que se asumían ante el compromiso colectivo.

Los créditos sobre garantía personal tuvieron muy buena aceptación entre los agricultores a partir de 1939-1942 en que se realizaron los primeros ensayos para su aplicación.

Los préstamos concedidos con la garantía de una cosecha constituida en depósito acusaron resultados poco satisfactorios por ser frecuentes los fraudes por quebrantamiento de los depósitos, la falsa constitución de los mismos y la inexistencia de la prenda. Eran préstamos que se concedían a los agricultores que, a menudo no eran restituidos, de tal manera que finalmente fueron suprimidos.

Este funcionamiento puso de manifiesto las carencias del Servicio, así se hacía necesario distinguir entre función crediticia propiamente dicha y las ayudas económicas a los agricultores.

Mejorar la relación con las entidades colaboradoras (pósitos, cajas rurales, cajas de ahorros y bancos) para una mayor fluidez del crédito destinado a las cooperativas agrícolas y a los agricultores.

Variar ampliamente el plazo de las distintas operaciones para adaptarlas a las responsabilidades económicas de cada caso, según el fin perseguido.

Mejorar los estudios técnico-económicos que fundamentaban las peticiones de crédito de las cooperativas agrarias y controlar su aplicación.

Ante esta situación el Consejo de Ministros elaboró la Ley de 17 de julio de 1946 que aumentaba los medios destinados al crédito agrícola oficial, trataba de fortalecer su organización, dotándolo de competencias para fomentar la creación de grupos de agricultores y cooperativas y le permitía la colaboración con los organismos que pudieran servir de enlaces entre el agricultor y el S.N.C.A.

Se destinaban 1.000 millones de pesetas a sus operaciones que procedían de las aportaciones de la banca privada y de las cajas de ahorros benéficas, que ponían a disposición de Estado hasta el 5 por 100 de los saldos de sus cuentas acreedoras en pesetas efectivas (art. 2), tomando como referencia para el cálculo de la cuota a satisfacer por cada entidad el balance de 30 de septiembre de 1945. La Ley trataba de fomentar la agrupación de los agricultores y la utilización de las cooperativas y cajas rurales, así como otras asociaciones para conceder los préstamos en condiciones más ventajosas.

En esos años el S.N.C.A. canalizó las ayudas extraordinarias (en términos de préstamos) a los naranjeros de Levante damnificados por las heladas o a los agricultores de Murcia, Castellón y Valencia con motivo de las inundaciones por un valor de 20 millones de pesetas que procedían del remanente que existía disponible del Servicio Nacional del Trigo.

El Servicio realizó un plan para el desarrollo de la Ley, señalando las distintas modalidades de operaciones aconsejables, así como las organizaciones bancarias, de ahorro o agrícolas utilizables en las distintas provincias y comarcas, se trataba de mejorar la información sobre los prestatarios y descentralizar las operaciones, al tiempo que trataba de fomentar el desarrollo de cooperativas que pudieran ejercer con sus asociados esa función prestamista.

La Orden Ministerial de 15 de abril de 1948 permitió la constitución de Secciones de Crédito en el seno de las Hermandades de Labradores y Ganaderos, para que el crédito pudiese llegar por esa vía a todos los agricultores.

También se inició, en el marco de lo previsto por la Ley de 1946, una nueva modalidad operatoria, al concertarse convenios de colaboración con las Cajas de Ahorros de Cuenca, Orihuela y del Sudeste de España (actual Caja del Mediterráneo), por las que estas ponían a disposición del Servicio sus oficinas para canalizar préstamos individuales, esta modalidad tuvo una gran aceptación por los agricultores de esos territorios.

El Consejo de Ministros, previo informe del S.N.C.A., autorizó el 9 de julio de 1948 a la Unión Nacional de Cooperativas del Campo (en adelante U.N.C.C.) realizar operaciones análogas a las peculiares de las Compañías de Almacenes Generales, para tratar de desarrollar el préstamo con garantía de depósito de productos agrícolas sin que se produjesen quebrantos como había sucedido con anterioridad. Esto implicaba la facultad de expedir resguardos de garantía o “warrants”, formalizándose, con tal finalidad, un convenio entre el Servicio y la U.N.C.C., en el que se regulaba la emisión y pignoración de los precitados documentos mercantiles para la concesión de préstamos con garantía de depósito.

La actuación del S.N.C.A. continuó incidiendo sobre las cooperativas de todo tipo, así concedió créditos preferentes a estos organizaciones, a sus secciones de crédito, a las cajas rurales, sindicatos de riego, grupos sindicales de colonización y otros tipos de asociaciones agrarias.

La colaboración con las Cajas de Ahorros hizo posible conceder en poco tiempo (en varios meses del año 1949) más de 250 millones de pesetas de los que se beneficiaron cerca de 100.000 agricultores de más de 400 municipios.

Esto era señal inequívoca del desarrollo del Servicio.

Con la aplicación de la Ley de 1946, en los dos primeros años, 176 cooperativas y 659 secciones de crédito-cajas rurales repartieron 331 millones de pesetas de crédito agrícola entre sus asociados, bajo el control de la Junta Nacional de Hermandades y de la U.N.C.C.

Otra colaboración importante la prestaron las Cajas de Ahorros, entidades que tenían una importante maquinaria de información que permitía al Servicio salvar el escollo que suponía su déficit de información sobre los prestatarios individuales y, por tanto, expandir su oferta de préstamos individuales con garantía personal que tan buena acogida tenían entre los agricultores. Esta relación le permitió al Servicio otorgar 540 millones de pesetas entre 1946 y 1950 en esta modalidad, con cargo a los fondos previstos en la ley de 1946.

Buscando la mejora de la actuación del crédito agrícola oficial que se había iniciado con la Ley de 1946, el Consejo de Ministros promulgó la Ley de 17 de julio de 1951, que modificaba la anterior. Esta nueva norma estableció nuevas orientaciones: una ligera subida de los tipos de interés aplicables a los préstamos del S.N.C.A.;

  • la ampliación de los límites de la cuantía máxima de los mismos;
  • la mayor participación del Servicio en los intereses recaudados con objeto de expandir sus posibilidades de actuación propia.

En tan sólo cuatro años trascurridos desde que se había iniciado la aplicación de la Ley de 1946 se rebasó la cifra de 1.250 millones de pesetas de préstamos otorgados a los agricultores y durante el año 1953 ya se había agotado la suma de 1.000 millones que esa norma había puesto a disposición del S.N.C.A.

Con tal motivo se inició los estudios preparatorios de un proyecto de ley que permitiera continuar con esta política crediticia.

El resultado fue la Ley de 30 de marzo de 1954, que facilitó al Servicio otros 1.500 millones de pesetas en concepto de ampliación de los 1.000 millones iniciales del año 1946, estos procederían de la misma fuente que en la anterior ley. Esta suma se repartió más rápidamente que la anterior y se logró que llegase a todas las provincias, alcanzando a 300.000 agricultores, contribuyendo a los inicios de la mecanización y a la financiación de obras de ampliación de los regadíos.

El crecimiento de la demanda de crédito por parte de los agricultores exigió la mejora de la organización financiera del Servicio.

Entre las innovaciones que introdujo esta nueva norma caben citarse:

  • la elevación del límite de la cuantía de los préstamos individuales con garantía hipotecaria hasta 500.000 pesetas cuando su finalidad fuese
  • la realización de obras de mejora de las explotaciones y
  • la implantación de los préstamos para adquisición de maquinaria agrícola con la finalidad de impulsar la mecanización del campo.
  • Se intensificó la colaboración con las Cajas de Ahorros para la intermediación del crédito de carácter individual, de tal manera que se llegó a implantar en todas las provincias, al tiempo que se produjo la práctica inexistencia de fallidos en esta modalidad.

Con la colaboración de la U.N.C.C. y de la Obra Sindical de Colonización se inició la construcción de una red de bodegas (en Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Albacete y Valencia) para hacer frente a la regulación del mercado de vinos que, con motivo de excepcionales cosechas, se encontraba con el problema de la insuficiente capacidad de almacenaje en esas provincias.

También con motivo de secundar la política del Gobierno de lograr un aumento del consumo y mejora de la calidad y condiciones higiénicas de la leche, el Servicio inició la concesión de préstamos para la construcción de Centrales Lecheras.

Los Decretos de 10 de agosto de 1955, 17 de febrero y 16 de marzo de 1956 facilitaron la concesión de préstamos para la reposición de arbolado y viñedo perdidos por la sequía y para atender los daños de las heladas, en cuyos fines se invirtieron 450 millones de pesetas.

El importe de los préstamos concedidos fue creciendo progresivamente, desde los 51 millones del año 1948 a los 1.434 millones de pesetas del año 1955.

En esta ley a las Cajas Rurales se les consideraba como organismos distributivos del crédito, no como intermediarios financieros, incluyéndolas en el mismo paquete que las cooperativas y secciones de crédito. Por tanto, se las consideraba como entes menores, meros demandantes indirectos de préstamos.

Ante la necesidad de incrementar el crédito agrícola el Gobierno elaboró la Ley de 12 de mayo de 1956 que aumentaba los fondos a disposición del crédito agrícola en otros 1.500 millones de pesetas, con lo que se elevaba en definitiva a 4.000 millones de pesetas las disponibilidades que la Ley de 1946 había establecido en 1.000 millones y la del 1954 en 2.500 millones de pesetas.

Gráfico 5

Desde 1947 a 1961 se beneficiaron 1.106.000 agricultores a través de la concesión de 8.272 préstamos a entidades agrícolas de carácter colectivo y 300.290 préstamos de carácter individual, con una inversión total de 16.084 millones de pesetas, alcanzando los préstamos en circulación la cifra de 5.836 millones de pesetas (ver gráficos 5, 6 y 7).

Los 16.084,8 millones concedidos entre 1946 y 1962 devengaron unos intereses de 799 millones de pesetas que se distribuyeron:

  • 583 millones de pesetas (72,9 por 100) para el Tesoro, bancos y cajas de ahorros que aportaron el capital, el 2 por 100 de las sumas dispuestas;
  • 77 millones de pesetas (9,6 por 100) para atender los gastos del S.N.C.A.;
  • 3,2 millones de pesetas (0,4 por 100) para pagar los préstamos fallidos hasta 1961, de los cuales 3 millones corresponden a los fallidos anteriores a 1946;
  • 123 millones de pesetas (15,4 por 100) para fondo de reserva del Servicio y
  • 13 millones de pesetas (1,7 por 100) aplicado a ampliar el capital del Servicio.

Gráfico 6Gráfico 7

Gráfico 8

LA CREACIÓN DE LA CAJA RURAL NACIONAL EN 1957.

En 1957 las cajas rurales se agruparon en una organización nacional que actuaría como órgano de representación y de ayuda mutua, se trataba de la Caja Rural Nacional (en adelante C.R.N.).

Se constituyó como una cooperativa de crédito agrícola de ámbito nacional cuya finalidad era:

  • desarrollar el servicio financiero de la Unión Nacional de Cooperativas del Campo y de las U.T.E.C.O., de las Cajas Rurales y demás entidades cooperativas que practicasen el crédito agrícola y
  • fomentar el crédito agrícola cooperativo, efectuando las operaciones permitidas por las leyes.

Podían asociarse a la C.R.N.: la Unión Nacional de Cooperativas del Campo, las cajas rurales centrales, las cajas rurales provinciales, comarcales o locales y, en general, las entidades que practicasen el crédito agrícola sobre bases cooperativas. Las entidades asociadas debían enviarle información contable y permitir que la entidad les auditase.

En contrapartida, las entidades asociadas estaban facultadas para participar en los órganos de gobierno de la C.R.N. y a elegir sus representantes en los mismos, además de disfrutar de sus servicios y operaciones crediticias.

La máxima autoridad social de la C.R.N. era la Junta General, que era el órgano de expresión de las entidades asociadas. La Junta tenía la facultad de examinar y aprobar, en su caso, la memoria, cuentas y balances de cada ejercicio, la determinación de los fondos societarios y la concreción de la estructura interna de la entidad.

El Consejo Rector o Junta Rectora estaba integrada por once miembros que eran elegidos por cuatro años, este órgano ostentaba, por delegación de la Junta General, las facultades de representación y gestión de la C.R.N., contaba, por tanto con una amplísima delegación de facultades de organización interna y de representación, se reunía cada dos meses y de su seno se designaba una Comisión Permanente que se reunía semanalmente, funcionando con facultades delegadas expresamente por la Junta Rectora.

También contaba en su organización con un Consejo de Vigilancia, de acuerdo con la Ley de Cooperativas de 1942, formado por tres socios nombrados por la Jefatura Nacional de la Obra Sindical de Cooperación a propuesta de la Junta General.

Los fondos de la C.R.N. podían provenir:

  • de las aportaciones de sus socios;
  • de las imposiciones, préstamos y créditos que recibiese;
  • los remanentes líquidos que obtuviese y de los donativos y subvenciones que se le concediesen.

Las entidades asociadas debían poseer, al menos, un título de aportación de capital retenido de 25.000 pesetas que devengaban una rentabilidad del 4 por 100, pudiéndoles exigir la C.R.N. otras aportaciones periódicas o extraordinarias. La C.R.N. sólo podía conceder créditos a sus entidades asociadas.

La C.R.N. nacía con el objetivo de ser designada por los poderes públicos como entidad colaboradora del Estado, con respecto a todos los organismos que otorgaban crédito agrícola, tenía, además, la firme voluntad de ser un organismo interlocutor entre la Administración y sus cajas asociadas. Intentaba, al mismo tiempo, colaborar y asesorar al Estado respecto al crédito agrícola. Sus estatutos la configuraban como una entidad financiera al servicio de las cooperativas agrícolas de segundo grado y de las de crédito agrícola de cualquier ámbito.

LA LEY DE BASES DE ORDENACIÓN DE CRÉDITO Y LA BANCA DE 1962 Y LAS CAJAS RURALES.

La ley 2/1962 de 14 de julio denominada de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca supuso un cambio importante para el sistema financiero del país en los inicios del desarrollismo.

Esta norma nacionalizaba el Banco Hipotecario, el Banco de Crédito Industrial, creó el Banco de Crédito Agrícola en sustitución del S.N.C.A. y el Banco de Crédito a la Construcción.

Estructuraba a los bancos oficiales como entidades de derecho público, con personalidad jurídica y plena capacidad gestora, cuyo capital estaba suscrito totalmente por el Estado.

La ley incluía no sólo a los órganos técnicos a través de los que actuaba la autoridad monetaria (Banco de España, Instituto de Crédito a medio y largo Plazo e Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorros) sino también las instituciones de ahorro (cajas de ahorros, cajas rurales y cooperativas de crédito) y a las instituciones que tradicionalmente habían quedado al margen de la ordenación bancaria (bolsas de valores).

Trataba de ayudar a la puesta en marcha del Plan General de Desarrollo Económico y Social, implantado un funcionamiento acompasado del sistema bancario y la organización crediticia oficial, en los que se debía apoyar en gran medida la financiación del referido Plan.

La Ley no mencionaba en su introducción a las cajas rurales ni a las cooperativas del campo, pero en preámbulo introductorio contaba con las cajas rurales para mejorar los mecanismos tradicionales de financiación a medio y largo plazo, para ello contaba con potenciar a las entidades especializadas en crédito a largo plazo como las oficiales de crédito, las cajas rurales y las cooperativas de crédito agrícola.

La mención más concreta a las Cajas Rurales (en adelante C.R.) se efectuaba en la base 5ª c), que declaraba que las impulsaría para que concediesen créditos a los agricultores con fines sociales y para el acceso a la propiedad agrícola y para que aumentasen la oferta de crédito agrícola, anunciando que las C.R. serían reorganizadas para reformar sus fines al servicio del crédito agrícola. El Ministerio de Hacienda ejercería la inspección y control de las C.R. para “asegurar” el cumplimiento de sus fines y su “coordinación” con la política general del crédito.

Tabla 5 y Gráfico 9

Como hemos indicado anteriormente esta Ley, en su base 4ª, anunciaba la transformación del S.N.C.A. en el Banco de Crédito Agrícola, dependiente del Instituto de Crédito a Medio y largo Plazo.

Por Decreto-Ley de 20 de julio de 1962 se fundaba el banco con un patrimonio de 220 millones de pesetas. La entidad pasó a depender del Ministerio de Hacienda, saliéndose del férreo control del Ministerio de Agricultura, lo que le permitió modernizar y ampliar sus operaciones crediticias.

Las Cooperativas Agrarias y Hermandades aspiraban a la obtención de un crédito barato, ágil y eficaz, lo que implicaba lograrlo en poco tiempo, con trámites rápidos y mínimos gastos.

Esto llevaba como contravalor para el B.C.A. lograr una información fidedigna para poder actuar con garantías y asegurar la correcta inversión del capital prestado, arbitrar una organización solvente y capaz de proporcionar esta información y evitar el coste que hubiera supuesto para el banco crear su propia red de sucursales y agencias por todo el territorio.

Para solventar esas cuestiones perfeccionó sus convenios con las entidades colaboradoras (cajas de ahorros, organismos oficiales, las cajas rurales provinciales “calificadas” e incluso la banca privada) pudiendo utilizar, aunque fuera indirectamente, los servicios de la densa red de miles de sucursales y agencias de esas entidades.

El B.C.A. se reservó para sí la concesión de préstamos a entidades agrícolas (secciones de crédito de las cooperativas, cooperativas, grupos sindicales, comunidades de regantes, etc.) a los denominó “préstamos económico-sociales”. En estos préstamos aceptó la garantía personal solidaria de los socios.

LOS ORÍGENES DE LA MODERNA REGULACIÓN DE LAS CAJAS RURALES.

Hasta 1964 las C.R. no contaban con una regulación específica lo que les permitió incrementar su número de manera autónoma, aunque fueron utilizadas por algunas entidades para saltarse algunas prohibiciones derivadas de la regulación bancaria. En esta situación algunas C.R. experimentaron dificultades financieras, incluso se produjeron quiebras que deterioraron el prestigio de este tipo de cooperativas.

Para atajar esta situación el Ministerio de Hacienda emitió el Decreto de 26 de marzo de 1964, al que siguió la Orden Ministerial de 17 de noviembre de ese mismo año.

En el preámbulo del Decreto se reconocía la función social de las C.R. cooperativas y demás instituciones del crédito cooperativo agrícola, aunque se señalaba que éstas habían crecido sin una regulación sistemática lo que había provocado riesgos en el sistema.

Era necesario que se coordinasen con las demás instituciones de crédito, de manera que fueran útiles para la política económica y, en especial, para el desarrollo del crédito agrícola.

El Ministerio de Hacienda reguló el crédito cooperativo sin mermar las competencias del Ministerio de Trabajo y de la Organización Sindical del Movimiento sobre las cooperativas, con ello daba cumplimiento al mandato de la Ley de Ordenación del Crédito y la Banca de 1962 que prescribía la reorganización de las C.R.

El Decreto destinaba buena parte de su articulado a la regulación de la Caja Rural Nacional buscando su consolidación (art. 3), añadiendo a sus funciones como cooperativa de crédito agrícola las de:

  • mantener una cuenta especial a nombre de las C.R. con el 30 por 100 de los rendimientos líquidos anuales de las mismas;
  • colocar el 50 por 100, como mínimo, de las reservas de riesgos de insolvencia de las C.R. en valores del Estado u en otros autorizados por la Junta de Inversiones;
  • centralizar la documentación contable de todas las C.R.;
  • trasladar a las C.R. las directrices que debían seguir en sus políticas de crédito e inversiones, especialmente en crédito agrícola, según lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda;
  • intermediar entre las C.R. y el Ministerio en la solicitud de éstas de calificación y, finalmente,
  • ayudar a las C.R. ante el Ministerio para que pudieran contraer préstamos con las cajas de ahorros y la banca privada.

Tabla 6

El Ministerio de Hacienda entraba a formar parte del Consejo rector de la Caja Rural Nacional (C.R.N.), aunque esta facultad la mantuvo por un corto lapso de tiempo.

El Ministerio estableció un coeficiente sobre los remanentes líquidos de las C.R. en forma de reserva para atender riesgos y otro de materialización de fondos procedentes de impositores no afiliados a las mismas. Las C.R. pasaron a estar controladas por estas normas establecidas por el Ministerio y a cambio podían obtener el título de “calificadas” lo que les concedía ventajas para obtener fondos del crédito agrícola oficial del B.C.A. y para abaratar las tasas de interés a que obtenían sus créditos. Incluso la calificación les permitía tener un porcentaje inferior de la materialización de los fondos de los imponentes no afiliados. También les facultaba para acceder al redescuento del Banco de España.

Esta normativa dio un estimable impuso al cooperativismo de crédito agrícola y propulso la fundación de Cajas Rurales Provinciales (en adelante C.R.P.). También reguló las relaciones de agrupación y operativa entre cooperativas y la C.R.N. y las de las cooperativas locales con las C.R.P., al tiempo que posibilitó el desarrollo de un convenio de distribución de créditos entre el B.C.A. y las C.R. calificadas.

Este paquete de medidas reactivó el cooperativismo del campo y propició el desarrollo de las C.R.P. (Elduque, 1979: 75-76) que, en muchos casos, fueron promovidas por las C.R. locales que veían en ellas un medio para acceder al crédito agrícola oficial y reestructurar sobre nuevas bases su federación.

Al Decreto le siguió la Orden Ministerial de 17 de noviembre de 1964 que prescribía normas claras de aplicación de lo previsto en él para las C.R. Esta norma era, en lo fundamental, la regulación del proceso de calificación que debían seguir las cajas cooperativas. Llegó a definir (art. 1) las C.R. como cooperativas de crédito al servicio de las cooperativas del campo, incluyendo en ellas a las Secciones de Crédito de las cooperativas siempre y cuando su administración estuviese separada de la general de su matriz.

El Ministerio delegaba en el Instituto de Crédito a medio y Largo Plazo sus facultades de control e inspección y de registro sobre las C.R. calificadas (art. 9).

El control real de la actividad financiera de las C.R. se produjo a partir de la promulgación de la Orden de 22 de enero de 1965, por la que los Intendentes al Servicio de Hacienda pasaban a colaborar en la inspección de las C.R.

El Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo fijó en unas Instrucciones de 12 de febrero de 1965 el sistema de control y el de inspección. Por el primero las C.R. y las Secciones de Crédito con personalidad jurídica independiente debían remitir su documentación contable al Instituto a través de la C.R.N., y, por el segundo, los Intendentes de Hacienda serían los encargados de revisar los balances de las C.R., emitiendo informe al Instituto, en caso de anomalía se producía una visita de inspección específica. El sistema no era muy bueno pues los informes se regulaban en función de la importancia de la entidad, la periodicidad del envío de la información contable era muy dilatada en el tiempo y los Intendentes no eran especialistas en este tipo de gestión. Lo único remarcable es el incremento de la importancia de la C.R.N. en este esquema.

En su avance en la regulación de las C.R. el Ministerio de Hacienda promulgó la Orden de 7 de diciembre de 196715 que clasificaba a estas entidades en tres grupos:

  • Secciones de Crédito de las cooperativas del campo,
  • Cooperativas de Crédito y
  • Cooperativas de Crédito-C.R.

Establecía que las Secciones de Crédito debían limitar sus operaciones activas y pasivas al seno de la cooperativa a la que pertenecían, mientras que las Cooperativas de Crédito estaban facultadas para captar recursos de clientela ajena a su masa social, aunque tenían limitadas sus operaciones de activo a sus asociados. Para poder funcionar las cooperativas debían reunir un mínimo de 100 personas físicas asociadas (socios directos o indirectos16) y poseer un patrimonio no inferior a 500.00 pesetas, así como obtener la autorización del Ministerio de Hacienda.

Esta orden mejoró los sistemas de control sobre las C.R. competencias que pasarían a manos del Servicio de Inspección de las Cooperativas de Crédito del Ministerio de Hacienda, estableciéndose de paso un conjunto de sanciones para penalizar las anomalías. El propio Ministerio se hacía cargo del Registro de Entidades Cooperativas de Crédito compuesto por las secciones de C.R., otras cooperativas de crédito, Cajas Calificadas y Secciones de Crédito de Cooperativas.

A esta normativa siguió otra regulatoria que ampliaba la anterior la Orden Ministerial de 14 de junio de 1968, en ella se delimitaban con claridad las funciones de las C.R. y de la C.R.N. que volvía a cobrar importancia dentro de este sistema como depositaria de los fondos de Reserva de Riesgos de Insolvencia y como intermediaria entre las cajas y el ministerio en los expedientes de calificación.

La calificación de C.R. quedaba restringida a las cooperativas de crédito agrícola que reuniesen un mínimo de veinte entidades asociadas y tuviesen un capital no inferior a 5 millones de pesetas.

Figura 3 bis cfr

La Orden del Ministerio de Trabajo de 24 de noviembre de 1970 creaba la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Figura 3), con la función de de impulsar y representar a las cooperativas de crédito asociadas, al tiempo que asesorarlas en temas de todo tipo y prestar toda clase de servicios. Este nuevo organismo se dedicó fundamentalmente a labores de asesoramiento jurídico fiscal y a la formación de los cuadros cooperativos.

UNIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO

CAJAS RURALES

RESTO DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO

CAJAS RURALES COMARCALES

CAJAS RURALES PROVINCIALES

CAJAS RURALES LOCALES

CAJAS RURAL NACIONAL

Las C.R. iniciaron su homologación con el resto de intermediarios financieros a partir de la Ley de 19 de junio de 1971 sobre organización del crédito y la banca. Las cooperativas de crédito pasaron a estar bajo control de la autoridad monetaria, que se hacía cargo de las competencias que habían correspondido al Ministerio de Hacienda, que a partir de esa fecha emitió varias circulares sobre las C.R. La Circular del Banco de España de 28 de junio de 1971 disponía que las cooperativas de crédito enviarían su documentación financiera directamente al Banco.

En 1971 se aprobaba el segundo Reglamento de las cooperativas por medio del Decreto 2396 de 13 de agosto de ese año. La urgencia de adaptar los textos legales cooperativos a cierto aperturismo político que se estaba operando en el seno del régimen. Se trataba de fortalecer la vida económica de las cooperativas, mediante la liberalización del sistema de funcionamiento de las aportaciones al capital social y la regulación de las entidades de segundo y ulterior grado.

También se trataba de defender los intereses de los socios, reforzando su derecho a la información sobre el funcionamiento de la entidad; se ampliaba la gama de modalidades cooperativas y se potenciaban algunas de las ya existentes (escolares, juveniles, de consumo, vivienda, etc.) y se incrementaba la representación de las Uniones de Cooperativas, introduciendo el órgano de la Junta General como instrumento de participación aunque al mismo tiempo, para neutralizar los posibles excesos democratizadores, se revitalizó al Consejo Superior de la Obra Sindical de Cooperación como instrumento de control de las Uniones.

Esta nueva regulación del crédito cooperativo se hallaba de partida mediatizado por su propia norma base de 1942. Por este motivo, el Reglamento de Cooperación de 1971 no fue más allá de los estrechos límites impuestos por la normativa legal que le daba soporte y resulto ser una herramienta ineficaz para sacar al cooperativismo del marco autoritario de 1942, aunque su regulación jurídica contribuyó a su adaptación a la nueva situación socioeconómica del país e impulsó la implantación de técnicas y sistemas de gestión empresarial más eficaces (Merino Merchán, 1978: 28-29). El artículo del Reglamento de 1971 que afectaba directamente a las C.R. era el 51, en él se señalaba que la organización del crédito cooperativo podía revestir las formas de:  sección de crédito de una cooperativa y cooperativa de crédito. Las secciones estaban limitadas en sus operaciones activas y pasivas al seno de la cooperativa a la que pertenecían.

El Consorcio Nacional de Cajas Rurales Provinciales.

El pequeño tamaño de las C.R. les limitaba en sus operaciones y para captar recursos en el mercado, para intentar solucionar este problema se constituyó el Consorcio Nacional de Cajas Rurales Provinciales que contribuyó a unir el crédito cooperativo agrario.

El 3 de julio de 1974, treinta y ocho C.R.P. firmaban un convenio por el que se creaba un organismo en el seno de la Caja Rural Nacional, bajo su gestión y con su apoyo destinado a: ofrecer garantía mutua a los entidades asociadas, al mantenimiento común de tesorerías en la C.R.N. y tratar de homogeneizar la actuación financiera de las cajas consorciadas. Se trataba de dotar de cohesión y garantía al grupo de entidades participantes, al tiempo que se potenciaba a la C.R.N. En este organismo se excluía a las C.R. de ámbito inferior al provincial.

En el contrato preveía la constitución de dos fondos comunes: el de Riesgos de Liquidez Transitoria y el de Reserva de Riesgos de Insolvencia, así como de un coeficiente de mantenimiento de tesorerías en la C.R.N (Figura 4).

Para el primer fondo se dispondría de un depósito en la C.R.N. del 2,5 por 100 del total de los depósitos de cada una de las entidades contratantes.

El fondo de Reserva para Riesgos de Insolvencia se estatuía con carácter solidario entre las entidades consorciadas y para el coeficiente de mantenimiento de tesorerías se acordó mantener una cuenta en la C.R.N. del 35 por 100 al menos de sus respectivas tesorerías.

En el momento de la formación del Consorcio el funcionamiento de las cajas rurales era muy anárquico debido a que su formación había sido muy desordenada, existían zonas donde la coordinación de las C.R. era muy débil, frente a otras muy centralizadas. Además las relaciones entre las C.R. locales eran muy complicadas y, en determinados ámbitos, fueron hasta conflictivas. Las C.R.P. prestaban escasos servicios a las locales y la C.R.N. no era un auténtico centro de coordinación del crédito cooperativo, era una entidad más con ciertas funciones directivas encomendadas por la normativa (Rodero Franganillo, 1980: 205).

Ante ese panorama, el Consorcio trataba de incrementar la coordinación entre las C.R., desde las de carácter provincial, dada la creciente importancia de estas entidades en el conjunto de la actividad crediticia agraria y como destinatarias del ahorro de este sector.

 

Figura 4

La Ley General de Cooperativas de 1974 y las Cajas Rurales.

La Ley General de Cooperativas de 19 de diciembre de 1974 iniciaba un nuevo periodo para el movimiento cooperativo, al tratar de adaptar a la realidad de ese momento una legislación obsoleta que impedía su desarrollo, al tiempo que reconocía la importancia de las cooperativas para la economía del país. La ley configuraba las sociedades cooperativas en el marco de sus principios tradicionales –rochdalianos–.

Esta nueva norma jurídica establecía dos medidas protectoras de las cooperativas:

  • la regulación del preaviso obligatorio para ejecutar la solicitud de baja, para evitar los problemas de descapitalización, y la
  • posibilidad de que las cooperativas estableciesen, por vía estatutaria, que el aspirante a socio demostrase su afinidad con los objetivos e intereses de la misma.

De la ley destaca la concreción del principio de economía cooperativa, la superación de su tradicional problema de descapitalización, la conceptualización de la cooperativa como empresa no especulativa y una regulación progresiva de la relación de la sociedad con sus asalariados.

En el artículo 53 se mantenía que las cooperativas, sus uniones y federaciones formaban parte del movimiento cooperativo integrado en la Organización Sindical.

En 1977 a través del Real Decreto de 17 de junio de 1977, se estableció la plena libertad de asociación de las cooperativas en uniones, según tipo de actividad y con fines no lucrativos; y transfería las facultades que ejercía la Organización Sindical sobre las cooperativas a la Confederación Española de Cooperativas, cuya estructura y funcionamiento reconocían los principios de autonomía de gestión y libertad asociativa (Jiménez de Parga, 1978: 14). La ley de 1974 no mejoró la situación del movimiento cooperativo español (Soldevilla, 1978: 38-39).

El Reglamento de la Ley General de Cooperativas de 1974 se publicó el 16 de noviembre de 1978 y trató de aclarar y determinar las características fundamentales de las cooperativas, el respeto a la autonomía y la definición de las diversas modalidades de asunción de responsabilidades por los socios.

La ley de 1974 supuso el primer paso hacia la adecuación de la normativa cooperativa española a la que funcionaba en la CEE. Incluso enunciaba lo cooperativa de acuerdo con las bases establecidas por la Alianza Cooperativa Internacional.

El Real Decreto de 17 de junio de 1977 acabó con la atribución de funciones de la Organización Sindical, lo que daba paso a la plena autonomía cooperativa.

En cuanto al crédito cooperativo, la ley le dedicó ocho de sus artículos y una disposición final, que era definido en el artículo 6.2 así:

“En las cooperativas de crédito sólo pueden ser socios las Entidades cooperativas y los socios de éstas. En las Cajas Rurales pueden ser socios, además, tanto los grupos sindicales de colonización puramente agrarios, e integrados exclusivamente por productores agrarios, como sus miembros”.

Por tanto se extendió la concepción de que las cooperativas de crédito eran unas sociedades de crédito creadas por los cooperativistas para financiar fundamentalmente a sus empresas cooperativas y, supletoriamente, para dar préstamos y servicios a los socios de dichas cooperativas (Muñoz Vidal, 1976: 42).

Esta visión del crédito cooperativo no era unánimemente compartida, otra corriente entendía que la finalidad esencial de una C.R. era el fomento del ahorro entre sus socios y el empleo de dicho ahorro en préstamos a los mismos para financiar sus operaciones agrícolas (Rodero Franganillo, 1980: 47).

El artículo 51 de la ley mantenía que una cooperativa de crédito sólo podía asociar a las cooperativas y a los socios de éstas y no podían asociar a aquellas personas que no fuesen, al mismo tiempo, miembros de una cooperativa asociada de crédito. Por tanto, la ley no ampliaba las posibilidades de asociación a una cooperativa de crédito. Este carácter adjetivado del crédito cooperativo fue muy criticado, tanto por estudiosos como por los profesionales de las cooperativas, ya que limitaba la posibilidad de ampliar la masa social de las C.R.

Las operaciones de las C.R. (art. 51.3) se concretaban en:

  • recibir imposición de fondos,
  • realizar servicios de banca necesarios y los que mejor sirvan para el cumplimiento de los fines cooperativos, aunque sólo se podía realizar operaciones activas con sus socios y los miembros singulares de las entidades asociadas.

Por tanto, las C.R. estaban facultadas para realizar operaciones pasivas, es decir captar recursos de los socios y no socios, sin ninguna limitación.

En consecuencia existían tres situaciones distintas:

  • los socios de las C.R.,
  • los miembros de los socios de dichas cajas (cooperativas asociadas a la C.R.) y
  • los que no tenían ninguna de estas condiciones;

sólo los dos primeros podían acceder a las operaciones activas de las C.R. (Pomares Martínez, 1981: 23).

El artículo 60.1 y 3 de la ley establecían que la inspección financiera de las cooperativas era una facultad del Banco de España, lo que no implicaba anular las prerrogativas de control que correspondían al Ministerio de Trabajo. Toda esta regulación suponía cierto continuismo respecto a la Ley de 1942.

El Reglamento de la ley se publicó el 16 de noviembre de 1978, por tanto en los inicios de la nueva etapa “democrática” del país. Trató de las C.R. en doce de sus artículos. No amplió las posibilidades de ser socio de las C.R., e indicó que toda entidad debería contar, al menos, con tres cooperativas asociadas a ella, sin perjuicio de que se pudieran unir las Sociedades Agrarias de Transformación que, a partir de ese momento, eran entidades que podían añadir a la vida de las C.R., aunque no contaban como elementos constitutivos.

El permiso para el funcionamiento de una cooperativa de crédito procedería del Ministerio de Economía. La única posibilidad de aumentar la base social de las C.R. provenía de las Sociedades Agrarias de Transformación y las cooperativas de trabajo asociado para actividades exclusivamente agrarias.

Respecto a las Secciones de Crédito de las Cooperativas, el reglamento se apartaba de la tradicional consideración de éstas como una forma especial de C.R. El artículo 102 separaba a estas entidades y no les permitía usar el nombre de caja rural ni la expresión de cooperativa de crédito. Además éstas no tendrían personalidad jurídica independiente de su cooperativa matriz.

Los estudiosos del cooperativismo y los profesionales criticaron esta definición dado que las secciones de crédito de las cooperativas las consideraban como cajas rurales que se habían convertido en los motores económicos de las cooperativas del campo y que, fundamentalmente, financiaban las campañas de comercialización de sus matrices (Font de Mora 1978:352).

Esta nueva normativa lejos de ordenar las Secciones de Crédito produjo su descontrol, pues las cooperativas del campo siguieron fundándolas como C.R. e incluso el Banco de España reconocía en 1983 a 27 de las mismas.

La Ley de 1974 y su reglamento de 1978 no supusieron un ajuste de las cooperativas y de las C.R. a la realidad del cambio socioeconómico que se estaba operando en el país. A pesar de esta realidad normativa las C.R. siguieron aumentando su cuota de mercado en el crédito agrario, al pasar de conceder el 12,3 por 100 del capital prestado en 1972 al 24,7 por 100 en 1978. Las C.R. mantenían dos problemas fundamentales, mantenían casi el 30 por 100 de sus recursos ajenos en tesorería, por lo tanto restringían su capacidad crediticia, y las C.R. ligadas a las cooperativas del campo tenían una vida muy marginal en el sistema financiero (sólo contabilizaban el 3 por 100 del total de los depósitos del sistema en 1978).

4. LAS CAJAS RURALES Y LA FINANCIACIÓN AGRÍCOLA (1960-1980).

La importancia de las Cajas Rurales (C.R.) fue incrementándose desde la década de los sesenta según demuestran sus datos contables. Esta relativa importancia crediticia que fueron logrando les sirvió para obtener las exenciones fiscales que para las cooperativas disponía el Decreto 888/1969 de 9 de mayo (promulgaba el Estatuto Fiscal de las Cooperativas). Examinando los balances contables de las Cajas Rurales Provinciales (C.R.P.), concretamente sus saldos de depósitos, se aprecia un aumento desde 1.700 millones de pesetas a final de 1955 a más de 75.000 millones en 1975 y que para esta última fecha el valor de esta magnitud para el conjunto de Cooperativas de Crédito Agrícola (CRP, Cajas Rurales locales y comarcales, o desde otra perspectiva calificadas y no calificadas) ascendía a 100.000 millones de pesetas.

Por tanto, a mediados de la década de los setenta las C.R. eran una fuente de financiación de la agricultura de considerable envergadura, con un ritmo de expansión mantenido lo que les convirtió en poco tiempo en el primer intermediario financiero del sector.

La Caja Rural Nacional (C.R.N.) en 1964, después de ocho años de funcionamiento, agrupaba a 142 cajas rurales, de las que 22 eran C.R.P., 10 C.R.P. no calificadas y 110 eran C.R. locales y comarcales. Al finalizar la década de los sesenta la mayor parte de los recursos ajenos controlados por la C.R.N pertenecían a las C.R.P. (72,4 por 100), el resto (27,6 por 100) pertenecía a las C.R. locales y comarcales (Terrón Muñoz, 1987: 164).

Esta situación mostraba el buen funcionamiento de las C.R.P. en el corto espacio de su existencia, la buena acogida que habían tenido en el medio rural por su oferta de productos financieros especializados y el incremento de los acuerdos de fusión de buena parte de las C.R. comarcales y locales en bastantes provincias (Elduque, 1979: 76).

A diferencia del resto de países europeos el desarrollo del cooperativismo de crédito agrario se debió a las entidades provinciales, que crecieron por los procesos de absorción y de expansión de su red de oficinas.

A pesar de este crecimiento las C.R. no eran un elemento fundamental en la financiación de las inversiones del sector agrario, la mayor parte de sus créditos se concedían a corto plazo y con la finalidad de financiar el circulante de cada campaña.

Esta dedicación no implica que no hiciesen préstamos para desarrollar la formación de capital fijo, pero su volumen en comparación con otros agentes financieros (B.C.A. y Cajas de Ahorros) era poco importante (Gráfico 10). Es presumible que muchos créditos a medio y corto plazo concedidos por las C.R. en esos años estaban destinados a sus cooperativas asociadas y, por tanto, los concedidos a empresarios agrarios en sentido estricto eran poco significativos.

La evolución de las C.R. como receptoras de ahorros agrícolas se dejó sentir en otros agentes, sobre todo en las Cajas de Ahorros, que tradicionalmente habían captado esos recursos.

La relación entre los incrementos netos de los depósitos en las C.R. y la renta de los empresarios agrícolas nos muestra una propensión de los empresarios agrícolas a colocar sus excedentes financieros en estas entidades.

La relación por cociente entre el aumento de saldo de depósitos en las C.R.P. y la renta de los empresarios agrícolas fue del 0,6 por 100 en el periodo 1965-67, del 2,5 por 100 en el de 1969-71 y del 5,6 por 100 en el de 1973-1975 (Terrafeta Pujal, 1979: 305), resulta obvio que el aumento de los depósitos en estas entidades pudo repercutir, en términos relativos respecto al valor de la renta, la parte del ahorro disponible para otras colocaciones.

Además si consideramos también los depósitos en las C.R. locales y comarcales (no calificadas) podemos concluir que el cociente entre el incremento total de depósitos derivados del ahorro de los empresarios agrícolas y la renta atribuible a éstos fue, en conjunto, todavía mayor.

Gráfico 10

Este creciente desvío del ahorro de los agricultores hacia las imposiciones en las C.R. se dejó notar en los resultados de las Cajas de Ahorros, entidades que vieron como su participación en la captación de depósitos de ahorros de origen agrario disminuyó.

A pesar de esta tendencia, los resultados de las Cajas de Ahorros eran muy superiores a los de las C.R., aunque estas mostraban un mayor ritmo de expansión. En 1965 las imposiciones en las C.R. sólo representaban el 0,7 por 100 de las que correspondían a las Cajas de Ahorros, en 1971 este porcentaje alcanzaba el 2,6 por 100 y en 1975 llegaba hasta el 6,2 por 100 (incluidos las imposiciones de las cajas rurales no calificadas, -locales y comarcales-).

Este crecimiento es importante si se tiene en cuenta que las C.R. recibían imposiciones de empresarios agrícolas pequeños y medianos, que había sido clientela habitual de las Cajas de Ahorros.

Estas entidades empezaron a ver en las C.R. un competidor que hacía disminuir su capacidad de captación de recursos en el ámbito rural y, en cierta medida, pueda explicar la disminución relativa del saldo de créditos concedidos por éstas entidades al sector. La actividad de las C.R. como financiadoras del sector agrario muestra unos resultados menos brillantes que en la recepción de ahorro procedente del mismo (Tabla 7).

El porcentaje que representan los fondos de tesorería respecto a la cuantía de los depósitos alcanzaba en 1975 para el conjunto de C.R.P. el 33,7 por 100 y para el conjunto de C.R. -cualificadas y no cualificadas- se llegaba al 38,6 por 100 (35,1 en cualificadas y 45,3 en no cualificadas). El porcentaje en la C.R.N. llegaba hasta el 56,5 por 100. Estos elevados coeficientes de tesorería dotaban a las C.R. de una excesiva liquidez, convirtiéndose en una característica peculiar de la estructura financiera de las mismas.

De 1969 a 1975 la magnitud de la tesorería de las C.R.P. nunca bajó del 30 por 100 del valor de los depósitos. Estos fondos se cedían, en su mayor parte, en depósito a la banca privada, lo que implicaba que el volumen de créditos concedidos se situara por muy por debajo de sus posibilidades.

Otro hecho que llama la atención de los balances de las C.R.P. es que en el volumen total de depósitos las imposiciones en cuenta corriente tan sólo representan el 30,4 por 100, en tanto que las de ahorro y a plazo llegan al 69,6 por 100. Esta situación podía repercutir sobre los créditos que concedían, así la mayor parte de los préstamos que otorgaban con sus propios recursos eran a corto plazo -créditos de campaña-, lo que unido a la estabilidad de la cuenta de depósitos no parecía justificar el mantenimiento de unos coeficientes de tesorería tan altos, es decir, no existían razones para que no se reintegrara a los agricultores, en forma de crédito, un mayor porcentaje del ahorro que ellos mismos habían aportado a esta instituciones.

Resultaba paradójico que las C.R. transfiriesen a otras entidades financieras -banca privada- un volumen de recursos que podían destinarse a la financiación de actividades agrarias.

Tabla 7

No obstante el hecho de que las C.R., en su conjunto, canalizaran un volumen considerable del ahorro agrario hacia la financiación directa (compra de títulos y valores) o indirecta (depósitos en la banca privada) de otras actividades no agrarias no debe presuponer un juicio de valor sobre la actuación concreta de cada una de ellas. La significación de un agregado ofrece una representatividad limitada.

Un análisis del las memorias del ejercicio de 1975 correspondiente a una muestra de C.R.P., cuya importancia en términos de volumen de depósitos es notoria, pues en ningún caso eran inferior a 1.000 millones de pesetas (la cuantía del conjunto de los depósitos de la muestra representa cerca de la tercera parte del saldo total de los de las C.R.P.) nos puede dar una imagen más ajustada del comportamiento de estas entidades (Tabla 8).

Tabla 8

Las entidades que formaron el grupo A mantuvieron un coeficiente de tesorería relativamente ajustado (14,5 por 100 de la cifra de depósitos), una inversión en títulos valores de escasa importancia y una cartera de créditos cuyo volumen se aproximaba al de las imposiciones y que representaba un 80 por 100 del pasivo total.

Esta estructura nos muestra una orientación decidida a la atención de financiera de las peticiones de créditos de los empresarios agrícolas, al tiempo que implica la reinversión al sector agrario de los recursos captados del mismo.

En el extremo contrario se sitúan las entidades de la agrupación C, en las que la relación de la tesorería respecto a los depósitos se eleva al 42,8 por 100, la de la cartera de valores al 7,6 por 100 y la de préstamos y créditos a tan sólo el 46,3 por 100, cifras que muestran una elevada transferencia de recursos a otros sectores, es decir, la baja proporción de ahorros del sector que se reinvertían en el mismo.

La agrupación B presenta unos valores intermedios a los ya descritos y muy próximos a los ofrecidos por balance del total de las C.R.P. (columna 4). Estos tipos de comportamiento fueron los prototipos de los distintos comportamientos de las C.R.P. y servirían para clasificar a las distintas entidades existentes ene se momento.

La conclusión de este análisis sería que un grupo amplio de C.R.P. desvirtuó su misión, dado que en vez de evitar el trasvase de recursos del sector agrario han contribuido a esta tarea al colocar en la banca unos elevados saldos de tesorería y, en menor medida, en la inversión de valores mobiliarios.

Gráfico 11

Tabla 9

Esta última afirmación debe ser matizada puesto que se basa en la constatación de un efecto –relevancia de los transvases- y no en el análisis de las causas que lo determinan.

En ocasiones la oferta de capitales prestables por las C.R.P. resultaba ser mayor que la demanda de préstamos que recibían, de tal manera que la aparición de excedentes de tesorería por encima de una política razonable de reservas líquidas obligaba a estas entidades a realizar depósitos en la banca privada. La expansión de las C.R. en esos años, que se manifestó en un elevado número de oficinas operativas (Gráfico 11 y tabla 9), en 1975 ya representaban el 32 por 100 del número de las existentes de Cajas de Ahorros.

Tabla 10

Las C.R. abrieron oficinas en zonas de escasa penetración de otros establecimientos financieros, por lo tanto captaron ahorro disperso que, por lo general presentaba un volumen unitario bajo. Las C.R. constituyeron el agente más próximo para gestionar el ahorro agrario y transformarlo en activos financieros (Tabla 10). Su papel en este sentido se pone de manifiesto cuando observamos la evolución de la estructura de sus depósitos.

De esta manera, en las C.R.P. el saldo de las cuentas corrientes que representaba en 1967 el 64,4 por 100 del total de las imposiciones pasó a ser en 1975 tan solo el 30,1 por 100, por el contrario, en esas mismas fechas, los depósitos de ahorro pasaron del 27,8 al 48,8 por 100 y las imposiciones a plazo fijo de 2,8 al 29 por 100.

Por lo tanto, se produjo un cambio cualitativo en la composición de los depósitos, con un evidente desplazamiento de la “preferencia por la liquidez” hacia la colocación en “inversiones productoras de rentas”.

Otra de las características del tipo de ahorro captado por las C.R., su bajo saldo unitario, muestra el peso considerable que corresponde a los pequeños y medianos agricultores como clientela de las entidades, la cual tenía una limitada capacidad de endeudamiento.

En consecuencia, las C.R. podían encontrarse con desajustes entre ellos la magnitud de los recursos recibidos y los prestados, dando lugar a la existencia de saldos líquidos de una envergadura considerable como sucedía con las entidades de la agrupación C.

El juicio sobre la actividad de las C.R. sólo tiene sentido si se formula de manera personalizada, dado el peso que el ámbito agrario tiene sobre la función financiera.

La alta liquidez comportaba indudables inconvenientes y deficiencias, el más importante de los cuales es la reducción de los fondos potencialmente prestables (Terrafeta Pujal, 1979: 308). La justificación de este comportamiento ha ido en la línea de apuntar hacia las necesidades que tenían las C.R. de obtener altas rentabilidades para poder ofrecer créditos baratos (Genovés y Avella, 1984: 5).

En la segunda columna de la tabla se ofrecen los recursos líquidos que las C.R.P. tenían depositados en la banca privada y como se puede comprobar el volumen de estas colocaciones experimentó un fuerte e ininterrumpido crecimiento entre 1971 y 1980, pasando de 6,2 miles de millones de pesetas en la primera fecha a 98 mil millones de pesetas en la segunda.

La alta liquidez también puede explicarse si consideramos que las C.R. podían financiar únicamente actividades agrarias. La importancia de la financiación privilegiada en el sector agrario, con tipos de interés en torno a 5 por 100 por debajo de los tipos de mercado y el hecho de que la baja rentabilidad y las dificultades para el endeudamiento de muchas empresas agrarias no les permitía acudir al mercado de crédito a los tipos de interés usuales, lo que ocasionó que la rentabilidad que obtenían las C.R.P. de sus depósitos en otras entidades, fuese superior a la que obtenían de sus operaciones activas en préstamos y créditos.

Por tanto, manteniendo un importante porcentaje de tesorería en otras entidades financieras, podían remunerar sus recursos ajenos a un nivel semejante al de la banca privada, a la vez que concedían préstamos a un tipo de interés menor. Esta situación se alcanzaba a costa de que la financiación global del sector agrario fuese bastante más reducida que si los coeficientes de tesorería hubiesen sido de un volumen semejante al de la banca privada y de las cajas de ahorros.

De esta manera se producía un trasvase de fondos desde la agricultura hacia los restantes sectores de la economía, rompiendo la pretensión que se quería alcanzar obligando a las C.R. a que sólo prestasen a sus socios.

La necesidad de altas rentabilidades para la concesión de créditos baratos, era aducida por Martínez-Cubells -presidente de la C.R.N. en 1983- para justificar el alto coeficiente de tesorería de las entidades y su presencia en el mercado interbancario.

Tampoco utilizaron las C.R. la posibilidad de atender otras demandas de préstamo por parte de los agricultores no vinculadas necesariamente a la pura financiación de la actividad, capital circulante, inmovilizado o de sus exportaciones. Tal podría haber sido, por ejemplo, la construcción de viviendas, adquisición de bienes de consumo duradero, etc., operaciones para las que no existía ningún impedimento legal, ya que las cooperativas de crédito agrícola no tenían limitación para realizar operaciones activas de cualquier tipo con sus socios salvo el que se refiere a los porcentajes de crédito concedido a un solo asociado (Rodero Franganillo, 1974:112).

De haberse utilizado esta vía para diversificar las concesiones hasta agotar todas las posibilidades de la demanda, posiblemente se habrían producido drásticas reducciones en el volumen de los excedentes líquidos y, en consecuencia, el trasvase de recursos del sector habría resultado inferior al que se produjo.

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que en la labor de colocación de los recursos captados las C.R. se encontraron con una situación que condicionaba en gran medida su rentabilidad, dada las escasas dimensiones de las entidades, la inexperiencia bancaria de algunos de sus dirigentes y la existencia de un mercado monetario dominado por la inflación, uniéndose a esta realidad el que actuaban en un sector donde los circuitos de financiación privilegiada tenían una gran importancia.

Todos estos factores condicionaron la política inversora de las C.R., arrastrándolas a colocar sus excedentes de tesorería en el mercado interbancario (Martín Mesa, 1988:70-71).

Otro factor a tener en cuenta en este análisis, que se refiere a la necesidad de obtener altas rentabilidades para atender la concesión de créditos baratos, de carácter complementario es la escasa dimensión de las C.R. y el elevado número de oficinas (Gráfico 11 y Tabla 9) operativas que poseían, lo que implicaba un mayores costes de intermediación provocados por las mínimas dimensiones de muchas oficinas, contrapartida de su expansión por todo el ámbito rural del país (Rodero Franganillo, 1983: 49).

Así la ratio depósitos/número de oficinas era en 1983 en la banca privada de 822 millones de pesetas, 562,7 millones de pesetas para las cajas de ahorros y de 255,5 millones para las C.R.P., lo que implicaba claramente unos mayores costes de intermediación. La escasa dimensión de muchas C.R. forzaba, por motivos de seguridad, a mantener unos elevados saldos de tesorería de los que procuraban, como era lógico, obtener la mayor rentabilidad compatible con una considerable liquidez de los recursos invertidos.

La necesidad de colocar los excedentes de tesorería en activos de fácil y rápida liquidación -como lo son los depósitos en la banca privada- estuvo condicionada por la reducida dimensión de una importante parte de las entidades y por el marcado carácter estacional que puede llegar a tener los depósitos (Terrafeta Pujal, 1979: 318).

La inestabilidad de los recursos de las C.R. como consecuencia de la estacionalidad del funcionamiento de los depósitos y créditos provoca en muchas entidades riesgos de liquidez, al tiempo que conlleva la práctica de políticas de reservas muy conservadoras.

Tabla 11

Si nos atenemos a la distribución del volumen de recursos totales (cuentas de depósitos, capital y reserva) se aprecia como en 1976 la cifra de éstos alcanzaba la notable cifra de 108 mil millones, pero cuando esta cifra se examina caja por caja (Tabla 11) denotamos que 15 de ellas tenían un saldo de recursos inferior a los 1.000 millones de pesetas y que en otras 25 este saldo no llega a alcanzar los 4.000 millones de pesetas.

Con un volumen de recursos superior a esta última cifra solo están 7 cajas y de ellas una tan sólo supera los 10.000 millones de pesetas. A esta importante limitación estructural se une otra, no menos importante, referida a la escasa cuantía media de los recursos por oficina operativa. Así, para el conjunto de las C.R.P. este valor tan sólo alcanza los 60 millones de pesetas, cantidad muy inferior a las de las restantes instituciones del sistema financiero (276 millones de pesetas de promedio en las oficinas de las Cajas de Ahorros y 408 millones en las de la banca privada).

Esta situación obligaba a un buen número de C.R. con recursos limitados a llevar una política de tesorería muy prudente. El escaso volumen de recursos por oficina les obligaba a la búsqueda de una elevada rentabilidad para esos fondos, pues a la cobertura de su coste financiero, proporcional a la magnitud de los depósitos, debía añadirse la de los costes funcionales de las oficinas (personal, materiales, etc.), que debido a la pequeña cifra media de los depósitos, suponía un elevado porcentaje de los mismos.

En consecuencia, para la cobertura de los costes del pasivo captado y de sus gastos estructurales las C.R. procuraban emplear sus recursos en las colocaciones más rentables al tiempo que tuviesen una gran liquidez, en este sentido se impusieron los depósitos en la banca privada.

Las C.R. más grandes, con posibilidad de practicar una política menos conservadora respecto a sus reservas, podían obtener una rentabilidad superior de su saldo de depósitos interbancarios prestándolos a los agricultores, consiguiendo un mejor ajuste entre su conducta y el objetivo al que ésta debía responder. Para que esta aplicación de los recursos cumpliese esos objetivos precisaba que los tipos de interés de sus préstamos coincidieran con los que regían en el mercado.

El sector agrario experimentó un continuo deterioro en su relación real de intercambio, tuvo que atender a un continuo proceso de mecanización de las labores agrarias que le permitieron reducir la mano de obra y ahorrar salarios que se elevaron producto del éxodo rural iniciado desde la mitad de la década de los 50, tuvo que reconvertir su oferta para atender un mayor nivel de renta, factores que convirtieron al sector en un sediento demandante de financiación. Por tanto, en principio, no se puede considerar que la elevada tesorería se debiera a la existencia de excedentes de fondos prestables en las C.R., puesto que las necesidades financieras del sector están sobradamente comprobadas. La excesiva tesorería, sería una muestra patente de las deficiencias de las C.R. que provocarían el trasvase de fondos a otros sectores productivos, además este tipo de comportamiento anularía buena parte del espíritu cooperativo de las propias entidades.

CONCLUSIONES.

En los primeros momentos del régimen franquista se produjo la depuración del cooperativismo, las entidades se vieron obligadas a reinscribir a sus socios a efectos de que éstos quedasen registrados e inscritos en la Central Nacional-Sindicalista, menos las antiguas cooperativas católico-sociales, aunque se restringió su autonomía y capacidad de decisión sobre sus propios negocios.

Cualquier presencia de las cooperativas en la intermediación comercial quedaba anulada, por este motivo, las entidades intentaron seguir funcionado apurando la vía de las secciones dedicadas a la prestación de servicios a sus asociados (distribución de piensos, abonos, semillas y otros productos intervenidos, así como los seguros mutuos y las cajas y secciones de préstamos).

Las Hermandades de Labradores actuaron como “controladoras” locales de las cooperativas, que quedaron en una posición residual como apéndices del entramado vertical.

La cooperativa se convirtió en la parte económica de la Hermandad que, como matriz de la misma, se reservaba el control del componente social. En ningún caso las cooperativas dispusieron de autonomía de gestión.

El Reglamento para la constitución de Hermandades de Labradores y Ganaderos de abril de 1942 (elaborado por Delegación Nacional de Sindicatos) sirvió para dar cobertura legal a la transformación, en muchos lugares, de los antiguos sindicatos y cooperativas católicos-agrícolas en hermandades, logrando con ello su acomodo en el marco del nuevo sindicalismo vertical.

La Ley de Cooperativas de 2 de enero de 1942 (el Reglamento de aprobó el 1 de noviembre de 1943) encuadró a las cooperativas en un organismo estatal denominado Obra Sindical de Cooperación, de esta manera las entidades quedaban dentro de la organización sindical del Movimiento y para su control más directo se crearon las Uniones Territoriales de Cooperativas del Campo.

En esos momentos iniciales, utilizando las evidencias disponibles, la mayor parte de las cooperativas eran auténticas “tapaderas” nacidas al abrigo de los cupos de fertilizantes, de exportación, de concesión de maquinaria y de otros efectos, que ofrecían la posibilidad de enriquecerse a sus nuevos directivos. En un mercado intervenido, dominado por la escasez, era más fácil y rentable negociar en el mercado negro con aquellos productos y servicios que manejaban las cooperativas que comerciar con sus cosechas. De esta manera las entidades abandonaron la comercialización de las cosechas y se dedicaron por completo a la distribución de insumos y a la venta de cupos y derechos de transporte a exportadores y corredores.

La Ley de 1942 al forzar la definición del cooperativismo en el marco de las Hermandades, consiguió solucionarlo.

A partir de 1950, coincidiendo con una de las etapas de mayor expansión del cooperativismo agrario bajo el Estado Nacional, estas entidades cobraron cierto interés para las autoridades, se las consideró como una herramienta más para el desarrollo de la producción agrícola y, políticamente hablando, una forma de integrar a la población rural en el sistema.

La Ley estableció el control local de las entidades por parte de un delegado de la Obra Sindical de Cooperación. La norma soslayaba la comprensión de las cooperativas como empresas. Si el Régimen pretendía sacar a la agricultura del marasmo en que se encontraba debía estimular los cauces de participación de los propietarios y de las explotaciones familiares, para esa finalidad las cooperativas eran un instrumento aceptable y además daban cierto aire social a su política.

En ese entorno las Cajas Rurales y las secciones de crédito se convirtieron en herramientas útiles para financiar a sus entidades matrices o asociadas y se buscó su participación en la distribución del crédito agrícola oficial como entidades colaboradoras. Este tipo de cooperativas se rigieron además por normativa que emanaba del Ministerio de Hacienda.

A partir de mediados de la década de 1950 esta modalidad de entidad fue adquiriendo cierta relevancia como financiadora del los gastos de campaña de las explotaciones de sus asociados (créditos a corto plazo) y como captadora de ahorro agrario. La creación de las Cajas Rurales Provinciales amplió el margen de actuación de este tipo de entidades y la fundación de la Caja Rural Nacional en 1957 les doto de ciertos niveles de coordinación general. Será en la década de los 70 cuando su actuación adquiera ciertos niveles de relevancia dentro del sistema financiero del país, a lo que contribuiría la fundación de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito en 1970 y del Consorcio Nacional de Cajas Rurales en 1974.

En el periodo comprendido entre 1960-1975 las cajas rurales de todos los niveles y las secciones de crédito pasaron a depender del Instituto de Crédito a medio y Largo Plazo (1964), nuevamente del Ministerio de Hacienda (1967) y del Banco de España (1971).

La Ley General de Cooperativas de 1974, promulgada en un contexto de pérdida de importancia relativa del cooperativismo agrario y de disminución del número de las entidades existentes, inició un nuevo periodo para el movimiento cooperativo, tratando de adaptar a la realidad económica y social de ese momento. Esta nueva norma trató de mejorar los cauces de captación de socios, los de información interna de las entidades y de su organización como empresas. Trató de acercar el fenómeno cooperativo a las bases de la Alianza Cooperativa Internacional.

El Reglamento de la ley elaborado en 1978 trató de adaptar la ley a la nueva realidad democrática del país, aunque no sirvió para arreglar los problemas que arrastraban las cajas rurales.

Las cajas rurales se convirtieron con trascurso del tiempo en unas entidades relevantes dentro de la financiación agraria, especialmente en lo referido al corto plazo o créditos de “campaña”. Entre 1965 y 1975 llegaron a canalizar un volumen considerable del ahorro agrario hacia la financiación directa o indirecta de otras actividades no agrarias (comprar de títulos y valores y depósitos en la banca privada).

Se produjo una concentración del número de entidades a partir de la creación de las cajas rurales provinciales y de la reducción del número de secciones de crédito en el seno de las cooperativas, pasando de 163 entidades en 1966 a 133 en 1983. Al mismo tiempo se produjo un proceso de expansión del número de oficinas que las convirtió en el agente financiero más próximo para gestionar el ahorro agrario y transformarlo en activos financieros.

En esos años fueron ganando terreno a las cajas de ahorros en cuanto a la captación de depósitos de ahorro en el ámbito rural. A pesar de esas buenas noticias este sector cooperativo no estaba del todo bien estructurado, organizado y coordinado, incluso se produjeron ciertos niveles de enfrentamiento entre las cajas calificadas y las no calificadas, entre las locales y comarcales con las provinciales, etc., lo que disminuía su capacidad potencial de actuación.

Uno de los mayores problemas financieros de las cajas rurales fueron la importancia que tuvieron los fondos de tesorería en sus balances, este hecho se convirtió en una característica peculiar de la estructura financiera. Entre 1969 y 1980 la magnitud de la tesorería de estas entidades nunca bajó del 30 por 100 del valor de los depósitos.

Estos fondos se cedían, en su mayor parte, en depósito a la banca privada, lo que implicaba que el volumen de créditos concedidos se situara muy por debajo de sus posibilidades y que ese dinero se drenara en beneficio de otros sectores económicos.

Adaptado de: A. P. Martínez Soto (Univ. Murcia), J.M. Ramón Muñoz (Univ. Murcia) y S. M. Rodriguez (U. A. de Barcelona) Cooperativismo y crédito agrario en España durante la dictadura franquista.

Hermandad de Labradores y Ganaderos.

Bandera de la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Lgarda.

Las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos (1942-1977).

Con el fin de ofrecer una orientación inicial al lector desconocedor del tema, podemos presentar aquí un primer esbozo sobre este aparato “sindical” en el campo, a partir, fundamentalmente, de la legislación inicial, recopilada en parte por la Junta Nacional de Hermandades (1960). De forma especial, nos fijaremos en el contenido del reglamento promulgado por la orden de la Presidencia del Gobierno del 23 de marzo de 1945.

Las hermandades comenzaron a ser perfiladas el mismo año del final de la guerra, aunque fue a partir de 1942, con Fermín Sanz Orrio como delegado sindical nacional, cuando adquirieron la forma característica que conservaron hasta el periodo de transición política, cuando en 1977 se produjo el desmontaje de todo el sindicalismo vertical (Moyano, 1984: 142-143).

Abandonado inmediatamente el proyecto de 1938 de extender la nueva red asociativa vertical bajo la dirección de un Ministerio de Organización y Acción Sindical, las hermandades iniciaron y desarrollaron su andadura bajo control directo de la Delegación Nacional de Sindicatos, institución no dependiente de ningún ministerio y muy vinculada a la Secretaría General del Movimiento.

Estas condiciones institucionales no significan que se concibiera la actuación de estas entidades menores al margen de la administración central. De hecho, el artículo 24 del reglamento del 23 de marzo de 1945 resaltaba

“su función asesora interviniendo en la preparación y colaborando en el desarrollo de todos los planes y medidas adoptados por el Gobierno del Estado y sus departamentos ministeriales”.

La previsión en el mismo texto normativo de que las hermandades absorberían inmediatamente las juntas locales agropecuarias, organismos básicos de colaboración con el ministerio de Agricultura bajo el fuerte intervencionismo del periodo autárquico (autárquico por imposición extranjera y no por voluntad nacional), también revelan claramente esa conexión básica desde sus orígenes.

El concepto “hermandad” apareció por primera vez en una circular de la Delegación Nacional de Sindicatos del 21 de diciembre de 1939 para designar los tres tipos de entidades locales que se preveía formar para integrar a los distintos elementos de la producción en los distintos sectores económicos.

La ley de Bases de la Organización Sindical, del 6 de diciembre de 19402, habla de “hermandades sindicales”, pero será sobre todo a partir de la circular número 20 de la Delegación Nacional de Sindicatos, del 20 de abril de 1942, cuando se perfilen los rasgos definitorios de estas entidades tal como se recogerían con detalle en la orden del 23 de marzo de 1945. Al promulgarse esta última disposición, ya se había constituido gran número de entidades en gran parte de los núcleos municipales del país y en varias pedanías de mayor relieve.

Además de ser “de Labradores y Ganaderos”, las hermandades sindicales eran con frecuencia también “de Artesanos”, cuando las actividades no agrarias no adquirían una magnitud que condujera a la creación de otros organismos diferenciados de encuadramiento. Aun así, sería la actividad agraria, a tono con las disposiciones básicas que venimos comentando, la que impregna la orientación fundamental de toda esta serie de entidades.

En el reglamento del 23 de marzo de 1945, se consideraba que el “elemento personal” de las hermandades, objeto de encuadramiento o afiliación, venía formado por toda la población agraria, incluyendo a los componentes de cada familia con esa orientación profesional.

Pero como “miembros activos”, posibilitados para participar en las funciones “sindicales” y para ocupar cargos de dirección, se limitaba el espectro a los cabezas de familias campesinas, a los jefes de empresas y a los “productores independientes”, quedando por tanto al margen los trabajadores.

Esta última sería una de las incongruencias que subrayaría un especialista dentro del engranaje del sistema como era Francisco González Sánchez-Girón (1960: 33) al advertir que contradecía el principio de verticalidad en que se amparaba el programa sindical, por otra parte reflejado en la voluntad de organizar Secciones Sociales.

El protagonismo absoluto de los agricultores, proporcional a la dimensión de sus explotaciones, se proyectaba sobre los cauces de ingresos previstos en el reglamento del 23 de marzo de 1945: aunque no se concretaba quiénes debían satisfacer la cuota sindical agraria, sí se especificaba que las exacciones acordadas y sometidas a la asamblea plenaria debían recaer sobre los propietarios de tierra y los cultivadores directos, como beneficiarios principales de los servicios y funciones de estas entidades.

Las disposiciones sobre “unidad sindical” , con su correlato en otras de las medidas comentadas, establecen y reafirman la integración en las hermandades sindicales de los organismos y servicios preexistentes o de nueva creación relacionados con el sector agrario (Cooperativas, Crédito, Colonización, Policía Rural, Colocación Obrera, Estadística, Previsión Social, Comunidades de Regantes, Juntas Agropecuarias, etc.).

Para algunas de esas funciones, las nuevas células integradoras serían asistidas por unas Obras Sindicales vertebradas en las escalas provincial y nacional.

Como en las demás entidades sindicales de la “línea representativa”, en el reglamento del 23 de marzo de 1945 se diferenciaban dentro de las hermandades una Sección Económica, agrupadora de todos los empresarios agrarios y pequeños cultivadores, y una Sección Social, aglutinante de los trabajadores fijos y eventuales del campo.

Ambas Secciones disponían de sus correspondientes juntas, constituidas mediante elección.

Como órganos fundamentales, actuaban

  • el Jefe de la Hermandad, también elegido a partir del reglamento electoral del 22 de marzo de 1947;
  • el secretario, encargado de diversas funciones administrativas;
  • el Cabildo, órgano deliberante que con las dos anteriores figuras reunía a representantes económicos y sociales, a un capellán y a algunos otros elementos, y la Asamblea Plenaria, en la que podían participar todos los miembros.

El reglamento del 23 de marzo de 1945 también preveía la formación de un tribunal jurado, presidido por el jefe de la Hermandad, para velar por el cumplimiento de las
ordenanzas y arbitrar sobre problemas suscitados entre los afiliados, incluyendo los relacionados con el arrendamiento y aparcería de tierras y los de tipo laboral, que más tarde contarían con sistemas específicos dentro de estas entidades sindicales.

En principio, si saltamos sobre el proyecto fallido de unas hermandades comarcales, estas entidades locales aparecían subsumidas en unas hermandades provinciales que también actuaban como hermandades locales de las capitales de provincia y que, a partir de un decreto del 18 de abril de 19475, se fusionaron con las cámaras agrarias en lo que se denominaría Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias (COSA).

Estas instituciones provinciales aparecían dotadas también de Secciones Económicas y Sociales y se insertaban en la Delegación Provincial de Sindicatos o Central Nacional-Sindicalista (CNS).

En la esfera más general, aunque por la orden de servicio número 137 del 22 de febrero de 1947 se creó una Junta Nacional de Hermandades en sustitución del Servicio Nacional que actuaba desde el año anterior, sólo en 1962 se constituyó la tantas veces reivindicada Hermandad Nacional a través de dos decretos: uno del 5 de octubre, que reconocía su personalidad jurídica, y otro del 22 de noviembre, que aprobaba sus estatutos.

En el mecanismo sindical vertical, las hermandades constituían la única célula local relacionada con el sector agrario. Pero, en las esferas provincial y nacional, existió desde un primer momento otra entidad fundamental: los sindicatos verticales del Campo.

Éstos agrupaban, por ramas, a intereses agropecuarios, industriales y comerciantes, con secciones también diferenciadas para empresarios, por un lado, y para técnicos y trabajadores, por otro. Aunque sólo se proyectaron en esas escalas superiores, en la local cabía la posibilidad de formar grupos similares en el seno de las Secciones Económicas de las hermandades.

Por el decreto del 23 de junio de 1941, clasificatorio del conjunto de sindicatos verticales, se estableció la siguiente tipología de los relacionados con el campo: Cereales; Olivo; Vid, Cerveza y Bebidas Alcohólicas; Frutos y Productos Hortícolas; Madera y Corcho; Azúcar; y Ganadería.

Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Artana.

Local de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Artana. Uno de los nuevos pueblos de colonización.

UNA FRECUENTE OMISIÓN.

A propósito de los documentos utilizados como fuentes, Le Goff (1991: 107) señalaba que no basta con observar lo reflejado en ellos, sino también lo omitido.

Hablaba, en este sentido, de la importancia de confeccionar unos “archivos del silencio”.

Algo similar podemos anotar sobre la bibliografía referida a un tema. ¿En qué medida la ausencia de determinados aspectos denota su insignificancia real o se relaciona con esquemas de pensamiento y de trabajo que no los valorizan?

De este modo, la frecuente omisión de las hermandades en trabajos sobre el sector agrario ¿delata su propia inoperancia y su carácter subordinado en la sociedad rural, como mero instrumento de encuadramiento y de ejecución de la política agraria, sin capacidad decisoria? ¿Es producto de factores específicos que las hacen menos visibles que otros elementos? ¿O resulta consecuente, más bien, con la propia lógica de algunas tradiciones de investigación que no las contemplan?

Con frecuencia, el interés en estas entidades desaparece, ya desde la propia época del régimen franquista, tras el que despiertan otros elementos de una vasta red institucional “agraria” y de un complicado engranaje “sindical”. Además, la destrucción documental operada limita las posibilidades de observación: si en las esferas provinciales y locales ha desaparecido una parte sustantiva de los fondos generados, en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, donde se custodia el material de la Delegación Nacional de Sindicatos, es poco lo que ha llegado a nosotros sobre estas entidades.

A la vez, el hecho de que se haya conservado parte de la documentación en algunos archivos provinciales y locales explica que, coincidiendo con la pujanza de la historia local en España desde hace más de una década, este tema haya encontrado un cierto desarrollo.

En los trabajos agrarios generales, ya desde los años sesenta se ignora o apenas rozan la existencia de las Hermandades por parte de los autores de izquierdas.

Desde otros campos distintos a la historia, se producen a veces miradas a este periodo agrario que tampoco incluyen o se detienen en estas entidades. El interés que entre los geógrafos ha despertado el examen de los cambios agrarios tras 1940 no ha incluido este aspecto institucional bajo ningún concepto. Resulta sintomático, al respecto, su total ausencia en los trabajos incluidos en Medio siglo de cambios agrarios en España (Gil Olcina y Morales, eds., 1993). De ellos, sólo el referido a Portugal, de Drain-Mothré, contiene la evocación de una experiencia institucional agraria desarrollada durante el gobierno de Oliveira Salazar, la de los “gremios de lavoura”, con similitudes con la española por su carácter corporativo y su concentración de servicios.

Desde la sociología, aunque no ha sido característico su tratamiento profundo, no han faltado algunas valoraciones generales, como las que veremos de Sevilla-Guzmán y Moyano. Es también el caso de Gómez Benito (1995), que no contempla de manera diferenciada las hermandades al abordar las conexiones entre el pensamiento social y las políticas agrarias del franquismo, pero las inserta brevemente al comentar aspectos como las propuestas de “patrimonios sindicales” de tierras, el desarrollo de la extensión agraria y la presencia de asesores eclesiásticos en estas entidades como expresión de la simbiosis católico-falangista.

Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Segorbe.

Almacén de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Segorbe. Uno de los muchos pueblos de Colonización.

VISIONES DENTRO DEL RÉGIMEN.

Aparte de constituir un motivo frecuente del discurso político, las reflexiones sobre las hermandades sindicales se sucedieron durante su existencia en escritos realizados, sobre todo, en el marco del propio sindicalismo vertical.

Algunos nombres vinculados de una forma u otra a estos organismos publicaron trabajos en Revista de Estudios Agro-Sociales, donde también se informaba de las asambleas celebradas. No faltan, asimismo, libros que, de forma intensa o tangencial, abordan el tema. Aunque su sentido crítico sea nulo o se acople a los cánones del régimen, estos trabajos pueden despertar dos tipos de interés en el historiador: por un lado, por ayudar a captar mejor, tras las ponderaciones oportunas, el carácter, las funciones y posibilidades de estos organismos; por otro, precisamente, por permitir observar de primera mano los propios criterios sustentados y debatidos por quienes actuaban como impulsores y observadores coetáneos dentro de los esquemas ideológicos del sistema.

Se trata, por tanto, de textos de valor heurístico superior al que puede sugerir su usual tono propagandístico, tanto más en la medida que sus autores poseían responsabilidades políticas e intelectuales. Y su potencial de diálogo y de contraste, como ocurre con cualquier estudio del pasado, mejoran si los esquemas de percepción y de reflexión de sus autores se conciben insertos dentro de un contexto sociopolítico, de una tradición analítica y de una ideología como lo están los de cada uno de nosotros.

Cualquier trabajo del pasado –destino, obviamente, de todo trabajo realizado- deja de ser algo “desfasado” o “superado” para pasar a ser algo vivo y sugerente si el que lo utiliza lo traduce a su propio lenguaje y lo interpreta en su contexto desde los esquemas interpretativos que le proporciona el suyo propio.

Dada la variedad de orientaciones de este conjunto de escritos, resulta difícil perfilar unos rasgos generales antes de valorar algunas de sus reflexiones singulares. La perspectiva que domina en ellos es básicamente jurídica e institucional, como corresponde a las funciones de los que los firman. Como en el ámbito del discurso político, aunque sin su misma exaltación retórica, en varios de estos textos tales entidades aparecen presentadas como fórmula integradora de la sociedad rural, con la que se resolvía la lucha de clases preconizada por el marxismo y se defendían de manera conjuntalos intereses de todos los sectores sociales relacionados con las actividades agrarias.

Pero algunos de los análisis, sin dejar de celebrar lo conseguido, vislumbran algunos problemas y tratan de elevar la operatividad de este mecanismo en las políticas agrarias, incluyendo tanto sus vertientes “económicas” como “sociales” y considerando sus distintos niveles.

Varios de estos textos comienzan buceando en los precedentes de esta fórmula asociativa, eludiendo la diferencia fundamental que supone el criterio de reclutamiento, es decir, si rige libertad de asociación o, como en este caso, encuadramiento obligatorio.

De forma inmediata, las hermandades son consideradas herederas de las experiencias nacional-sindicalistas promovidas por Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma y de las corporativistas de la dictadura de Primo de Rivera.

Pero, de forma más general, se alude a las Comunidades de Labradores y Cámaras Agrarias fundadas desde fines del siglo XIX y a los sindicatos creados, bajo inspiración católica, a raíz de la ley del 28 de enero de 1906.

No faltan también alusiones a las Comunidades de Regantes, instituciones mutualistas y otros servicios de mejora. De forma usual, las nuevas entidades son presentadas como lógica manifestación de una verdadera tendencia natural al asociacionismo en defensa de intereses sectoriales y creación de servicios comunes, por lo que sus más lejanas referencias se remontan al asociacionismo gremial medieval y a los pósitos del siglo XVI.

Sólo en algunos de los textos se plantea expresamente cuál es el contramodelo frente al que se alza la nueva fórmula:

“las ramificaciones rurales de los sindicatos de clase y los jurados mixtos del campo de la Segunda República, tipificados como instrumentos que hacían prevalecer el egoísmo y las tensiones sociales frente a la armonía ahora perseguida”.

Como se ve, los antecedentes se descubren en fórmulas interclasistas y en servicios diversos, eludiendo cualquier posible entronque con las experiencias corporativistas de los ya fenecidos regímenes fascistas europeos.

Si tratamos de clasificar esta serie variada de textos, un primer tipo podrían formarlo aquéllos redactados a instancias del sindicalismo vertical o relacionados con la legislación agraria que adoptan básicamente un tono descriptivo y aquiescente, sin carácter crítico, pero tampoco intenso clamor apologético.

Aunque de forma más o menos exhaustiva, estos textos se atienen prácticamente a presentar sus antecedentes, a señalar las sucesivas disposiciones, a describir los organismos que existían en su seno, a trazar la red en sus distintos niveles y a evocar las funciones que se les confiaban.

Éste es el caso de los distintos manuales de la colección “Hermandad” publicados a fines de los años cuarenta, del libro titulado Hermandades Sindicales del Campo (Abella, dir., 1950), y de algunos apartados sobre estas entidades en trabajos sobre la Organización
Sindical (Centro de Estudios Sindicales, 1957; Bellod, 1961) y sobre la legislación agraria (Leal, 1965; Sanz Jarque, 1975).

El texto de Leal presenta las hermandades como cuerpos intermedios entre la familia y el Estado, en el mismo nivel que otras instituciones como los ayuntamientos, las cooperativas y las empresas de cultivo en común.

El capítulo de Sanz Jarque en su manual de Derecho Agrario trata, ante todo, de evocar las disposiciones aparecidas para adaptar el mecanismo a la Ley Sindical del 17 de febrero de 1971. Al comentar sus principios, en este texto del final del régimen, su autor sigue enfatizando el carácter unitario y armonizador que guía a estos organismos, pero, a diferencia de otros varios trabajos anteriores, como el que en seguida comentaremos de González Sánchez-Girón, no plantea la necesidad de subordinación al Movimiento.

Un segundo tipo lo integran aquellos escritos más entusiastas que trascienden del carácter descriptivo y vienen a celebrar efusivamente los resultados derivados del funcionamiento de las hermandades.

Dos artículos publicados en Revista de Estudios Agro-Sociales en fechas alejadas entre sí tienen estos rasgos: el de Gonzalo Marcos (1953) y el de Emilio del Sol (1969). El primero de estos autores era secretario de la Junta Nacional de Hermandades; el segundo, jefe de la asesoría jurídica de la nueva Hermandad Nacional.

De forma peculiar, en una línea apologética que no reconocía fidelidades ideológicas, Marcos destacaba el carácter neutral que la organización tenía en lo político.

No sólo no aludía a su necesaria subordinación al Movimiento, sino que mantenía que los cargos electivos salían de listas confeccionadas sin discriminación política o profesional.

Destacaba también la representación que las hermandades adquirían en múltiples instituciones, desde los municipios hasta las Cortes, las Confederaciones Hidrográficas y distintos organismos dependientes del Ministerio de Agricultura.

Del Sol (1969: 79), por su parte, desliza una crítica velada al gobierno:

“si hoy, en muchos casos, están pujantes y tienen actividad es precisamente por la pasividad y falta de ejercicio de una determinada tutela de estos intereses agropecuarios por la Administración”.

Entre los papeles que este autor les asigna, en plena etapa del desarrollo y la planificación indicativa, aparecen los relacionados con las nuevas líneas de la política agraria: el impulso a la concentración parcelaria y a la “ordenación rural”. Asimismo, subrayaba su protagonismo en proyectos amplios, como el Plan Badajoz y, especialmente, desde sus mismos orígenes, el de la Tierra de Campos.

También un claro tono de exaltación, en la misma revista, tiene el trabajo que Carlos Iglesias Selgas, secretario de la Hermandad Nacional, publicó en 1963 sobre este nuevo organismo, celebrando básicamente las novedades que representaban la distinción de “uniones sindicales estamentales” dentro de los cultivadores y de los trabajadores y las previstas organizaciones de jóvenes agricultores, mujeres campesinas y cooperativas del campo.

Un tercer grupo lo forman aquellos textos que se conciben con sentido crítico, si bien dentro estrictamente de los cauces del régimen e incluso intentando ajustar a fondo el mecanismo a sus principios básicos.

También aquí podemos comentar dos exponentes separados de nombres asimismo vinculados al mecanismo: la ponencia que Diego Aparicio López presentó en la III Asamblea Nacional de Hermandades Sindicales a fines de 1949, publicada en 1950, y el libro publicado por Francisco González Sánchez-Girón en 1960.

El texto de Aparicio López, titulado “Estructura y fines del sindicalismo agrario”, no es el único de este tipo que se leyó en sucesivos foros “sindicales”, pero sí de los más exhaustivos. El que era secretario de la Junta Nacional de Hermandades defendía aquí con ahínco la integración de los viejos sindicatos católicos, que veía entorpecida por las posibilidades de independencia que les daba la ley de Cooperativas del 2 de enero de 1942. En cambio, la creación de las COSA en 1947, al suponer la fusión de las Cámaras Agrarias y las Hermandades Provinciales, iría en su celebrada línea de unidad. Asimismo, la ponencia intentaba clarificar el carácter independiente que, como asociación, debían mantener las hermandades respecto a la administración estatal y las corporaciones provinciales y locales, pero también las relaciones con las Delegaciones Provinciales de Sindicatos y con los Sindicatos del Campo. El texto abundaba en la aspiración manifestada en asambleas anteriores sobre la conversión de la Junta en Hermandad Nacional, que se repetiría también en reuniones posteriores hasta hacerse efectiva en 1962.

Con el apoyo de peticiones en asambleas y congresos agrarios sucesivos, el libro de González Sánchez-Girón (1960) supone un intento de revisar la normativa sobre hermandades sindicales, aún sustentada en la Orden de Presidencia del Gobierno del 23 de marzo de 1945. Se trata, en gran medida, de cuestiones administrativas que no han despertado atención en la historiografía reciente, pero también contempla aspectos que sí enlazan con algunas líneas de interés. Sin dejar de perseguir una concordancia de la realidad con la base jurídico-legal y aconsejando por ello determinados cambios en una y en otra, González Sánchez-Girón descubre varios problemas en el funcionamiento efectivo de estas entidades.

Así, se refiere a su dependencia en materia de apertura y conservación de caminos de los acuerdos municipales, a la falta de autoridad en la administración de riegos o al sometimiento de los Cabildos a las Juntas Provinciales de Fomento Pecuario en materia de pastos, hierbas y rastrojeras.

Considera insuficiente la incorporación real de los trabajadores, con frecuente insustancialidad de las Secciones Sociales. Descubre limitaciones importantes en las condiciones de las ayudas ofrecidas mediante las Secciones de Crédito Agrícola. De los tribunales jurados denuncia que a menudo no existen y otras veces se arrogan funciones que no les competen.

Lamenta también la práctica inoperancia de los Servicios de Gestión Asistencial desde el momento en que sus funciones básicas fueron asumidas por los corresponsales de Previsión Social, y aconseja una reconversión de los mismos hacia la administración de las distintas Obras Sindicales (Colonización, Hogar, Educación y Descanso, Cooperación y Artesanía).

También vislumbra una posibilidad de promover el Servicio de Explotación Económica y Suministros Agrícolas, previsto en la orden del 23 de marzo de 1945, mediante la conversión de las cooperativas en órganos al servicio de todos los encuadrados.

Y propugna asimismo el impulso de los Servicios de Maquinaria Agrícola, aún escasos, como única posibilidad de que muchos pequeños cultivadores, con el apoyo adicional del Servicio Nacional de Crédito Agrícola, puedan afrontar la mecanización.

Una última categoría de trabajos podrían formarla aquéllos que, bajo un objetivo fundamental distinto, se aproximan necesariamente al tema de las hermandades. Como exponentes, podemos referirnos a dos textos coetáneos bastante diferentes entre sí de otros dos nombres una vez más vinculados al mecanismo del sindicalismo vertical: el de Arturo Espinosa sobre relaciones laborales en el campo (1949), de tipo jurídico-institucional, y el del jesuita Martín Brugarola sobre problemas sociales en el medio rural (1950), bajo inspiración católico-social.

El texto de Espinosa se ubica en una fase en que el gobierno, mediante el Ministerio de Trabajo, había asumido un papel directo en las relaciones laborales mediante la fijación de reglamentaciones, pero con una clara demora en el sector agrario: sólo a partir de 1947 –si se exceptúan algunas tablas salariales temporales- habían empezado a regir en las provincias de mayor censo obrero.

Siguiendo el criterio sustentado en algunos encuentros sociales del sindicalismo vertical, Espinosa defendía la necesidad de unas normas mínimas de carácter nacional –una ordenanza general del trabajo en el campo– que incluyera un cierto protagonismo de las hermandades sindicales. En concreto, este papel se restringía en sus planteamientos a la función conciliatoria por contenciosos entre patronos y obreros –incluyendo los surgidos a propósito de la aplicación de esa ordenanza- y aspectos como la fijación de un cuadro-tipo de horarios para faenas según las costumbres de la localidad.

Pero Espinosa también evocaba la aspiración planteada en algunos foros para ser los propios empresarios y trabajadores, en el marco de la Organización Sindical, quienes acordaran las condiciones de trabajo.

Más de diez años después, en un artículo ya posterior a la ley sobre convenios colectivos del 24 de abril de 1958 13 , en Revista de Estudios Agro-Sociales, Espinosa (1962) destacaba la participación efectiva de los trabajadores en las hermandades y resaltaba el papel de las mismas en ese nuevo cauce de negociación de las condiciones laborales en cada término municipal.

El trabajo de Brugarola sobre problemas sociales en el campo ofrece una importancia central a las hermandades sindicales, cuya impregnación religiosa subraya.

Al valorar como problemas cardinales el paro y, subyacentes a él, el sistema de propiedad y el absentismo de muchos grandes propietarios, este autor pone su confianza especialmente en la parcelación asociada a la política colonizadora. Y es aquí donde descubre una primera funcionalidad básica en ayuntamientos y hermandades: la de presionar para la expropiación de fincas por utilidad social.

Pero es más adelante donde dedica un apartado a estas entidades mostrando un gran optimismo en sus posibilidades, aunque constatando su desigual dinamismo en cada zona. Como base de esa confianza, Brugarola (1950: 234) resalta su carácter representativo de una forma que era bastante común desde las instancias “sindicales”:

“El Municipio y la Hermandad aparecen en los pueblos como los dos pilares básicos y fundamentales de la vida activa local, pues si el primero es la célula de la administración, la segunda ha sido oficialmente reconocida como única entidad representativa de los intereses económico-sociales del campo español”.

De manera más específica, este autor valora la trascendencia del mecanismo por el hecho de que un tercio de los concejales de los ayuntamientos son designados por entidades sindicalesen muchos pueblos agrarios, sólo por las hermandades, por ser los únicos organismos sindicales existentes– y por la variedad de servicios que integran, especialmente Cooperativas, Grupos de Colonización y Secciones de Crédito.

Como otro exponente de la inspiración católica se pueden estimar las lecciones y conferencias de la XXI Semana Social de España, celebrada en Valencia en 1962 (Junta Nacional de Semanas Sociales de España, 1963).

A diferencia de las cooperativas, las entidades y organismos sindicales no fueron objeto aquí de una atención diferenciada, pero no faltaron consideraciones en algunos de los escritos presentados. Así, al repasar la evolución agraria bajo el régimen, Ramón Beneyto, director del Servicio de Concentración Parcelaria, destacó aspectos como:

  • la constitución de 4.150 Secciones de Crédito Agrícola,
  • la celebración de 63.071 actos de conciliación entre 1947-1961 y
  • la concertación de más de 700 convenios colectivos.

Vicente Martínez Uberos, miembro de la COSA de Valencia, resaltó la creación en 1961 de una Mutualidad Nacional de Previsión Agrícola bajo cogestión del INP y, en la escala local, de la Organización Sindical. En su exposición sobre las cooperativas agrarias, José Luis del Arco subrayó su enlace con el asociacionismo católico de preguerra, mostrando una actitud contemporizadora al advertir de la

“inevitable sumisión a las nuevas estructuras, pero con respeto absoluto a los principios espirituales que habían informado los antiguos Sindicatos Agrícolas Católicos”.

En otro plano, Luis Hidalgo equiparaba las hermandades a la parroquia y a la escuela en su función de instrucción de la juventud y del trabajador en valores tradicionales.

En general, la absorción por el sindicalismo vertical de otras entidades asociativas, y en particular de los sindicatos católicos, puede hacer pensar en un triunfo exclusivo del falangismo en esta esfera. Pero, en realidad, lo que se impone es esa fórmula integradora de fácil conexión también con otros idearios de derechas y de interés esencial, en conjunto, para el régimen franquista.

La propia trayectoria del falangismo, confundida en la red general del Movimiento, revela ya la disolución de esta tendencia en un ámbito institucional de apoyo general al régimen y a sus valores ideológicos sustantivos.

De igual modo, como tantos autores han destacado y ya desarrollaba con detalle Ludevid (1976: 19-25), la destitución de Gerardo Salvador Merino como delegado nacional de Sindicatos, en el verano de 1941, supuso el final de la vía más netamente autónoma y obrerista del falangismo en este mecanismo para imponerse desde entonces figuras vinculadas en primera instancia al Movimiento.

Es el momento, también, en que otros dos falangistas especialmente franquistas, José Antonio Girón y José Luis Arrese, asumían el Ministerio de Trabajo y la Secretaría General del Movimiento.

En líneas generales, tras esa “domesticación”, en opinión del autor, lo que encontramos es una colaboración profunda del sindicalismo vertical con otras instancias institucionales del régimen, tanto de la administración central como de la local, aunque ello no impide que los cargos “sindicales” de los distintos niveles traten de forma continuada de aumentar sus prerrogativas y funciones en el organigrama general del sistema.

Buena prueba de esto último lo ofrecen las peticiones planteadas en las sucesivas Asambleas Nacionales de Hermandades Sindicales celebradas entre 1946-195724. Una y otra vez, se solicita aquí mayor protagonismo de estas entidades en la política reguladora, se sugiere la creación de organismos específicos en el seno del sindicalismo vertical traspasando –a la vez que modificando- las funciones del SNT), se propugna la creación de nuevos servicios comunales, se abunda en la necesidad de integración efectiva de las cooperativas, se preconiza una presencia mayor de las hermandades en otras instituciones, etc.

La falta de respuesta a una de las aspiraciones planteadas con más insistencia en las primeras asambleas, la de constituir una Hermandad Nacional, refleja bien los límites del triunfo falangista en el ámbito institucional del campo: Criado (2004: 87-88) interpreta ese fracaso en la segunda mitad de los años cuarenta con la misma clave del rechazo a grandes grupos de presión agrarios que antes había conducido a la desarticulación de la Confederación Nacional Católico-Agraria como organización independiente.

Esta serie de demandas de las Asambleas Nacionales de Hermandades revela también, por su propia sustancia y su presencia constante, el papel en gran medida subordinado, básicamente consultivo y de aplicación de las distintas políticas agrarias, que tenía este aparato. En general, ésas serían las funciones básicas de la red del sindicalismo vertical respecto al conjunto de políticas económicas y sociales.

Además, la Organización Sindical no actuaba a solas como mecanismo de presión, pues se mantuvieron otras asociaciones como las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

En la alta política, en España no se creó un cuerpo equiparable a los que en la Italia fascista supusieron el Consejo de Corporaciones y la posterior Cámara de
Fascios y Corporaciones, que vino a sustituir a la de Diputados, pero en las Cortes
instituidas por la ley del 17 de julio de 1942 la Organización Sindical designaba un
sensible número de “procuradores”.

Estos aspectos, al testimoniar que ni el “partido” unificado ni la Organización Sindical tenían un protagonismo único y que, a la vez, servían de expresión a tendencias y fuerzas sociales distintas, podrían venir en apoyo, si se roza el complejo debate sobre la naturaleza del franquismo, de las controvertidas tesis de Linz sobre el carácter no totalitario del régimen y la presencia de un “pluralismo limitado”.

Tales posibilidades también parecen respaldar la propia concepción que los ideólogos del régimen, al tratar de mostrar su equivalencia e incluso su superioridad respecto a las democracias liberales, manejaron del mismo como “democracia orgánica” que sustituía la representatividad basada en el individuo por la sustentada en la familia, el municipio y el sindicato.

En las tres situaciones, que resultan de procesos distintos de crisis social, el nuevo régimen se presentaba como una tercera vía alternativa tanto frente al liberalismo como frente al socialismo.

Prevalecía el interés en evitar la emergencia de los idearios de izquierda y contener la lucha de clases mediante una combinación de represión, encuadramiento en instituciones integradoras y difusión de una ideología populista con un marcado agrarismo.

En el caso español, aunque con transformaciones consecuentes con los cambios contextuales y con el abandono de la fuerte mímesis fascista –con claro declive, especialmente, de ese agrarismo- esas características se mantuvieron en el tiempo.
Extraído de  José María Gómez Herráez: Las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos (1942-1977). Del análisis franquista a la historiografía actual.

Recibo de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Binefar.

Recibo de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Binefar.

Una Visión Crítica de Las Cooperativas en el marco de las Hermandades Sindicales en Albacete durante el periodo 1939-1959.

 

El programa agrario del primer franquismo encontraba sus fuentes en idearios anteriores, principalmente en el falangista y en el católico-social, aunque, desde muy temprano, abandonó sus aspectos más reformistas y pasó a incidir en los de carácter técnico (según Aparicio, 1980: 128).

Estas propuestas, contempladas bajo el optimismo de una realización difícil, pero inminente y redentora, incluian el cooperativismo como garantía para la viabilidad de las pequeñas explotaciones. Sin embargo, entre las razones de la debilidad de la agricultura familiar, varios análisis generales y regionales han valorado, precisamente, la carencia de un movimiento cooperativo fuerte y autónomo.

En este trabajo se pretende una aproximación a las dificultades del cooperativismo y formas próximas de asociación a través de una Central Nacional Sindicalista(C.N.S.), la de Albacete.

En los dos primeros apartados se tratarán de esbozar los orígenes y la evolución de este movimiento en su contexto socioeconómico einstitucional. Para ello, se ha recurrido, con la legislación y el discurso asociativos, a estudios de la época, estadísticas y documentación generada por las entidades y organismos dependientes de esta C.N.S., localizada en el Archivo Histórico Provincialde Albacete (A.H.PA). Estos últimos fondos con otros de la Sección Sindicatos del Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares (A.G.A), han servido también para elaborar el apartado tercero sobre los problemas específicos de este fenómeno. El papel impulsor y controlador que las Obras Sindicales de Cooperacióny de Colonización y las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos jugaban con los Ministerios de Trabajo y de Agricultura, justifica esta elección.

LOS ORÍGENES DEL ASOCIACIONISMO RURAL BAJO EL FRANQUISMO.

El nuevo ordenamiento se inició en plena guerra, poco después de que en enero de 1938 se constituyera el primer gobierno franquista, que contó con un particular -y efímero- Ministerio de Organización y Acción Sindical.

A la exposición programáticadel Fuero del Trabajo, en marzo, que ya prefiguraba el nuevo asociacionismo vertical, seguiría el decreto del 21 de abril, que organizaba las Centrales Nacional-Sindicalis-tas (C.N.S.) para integrar en cada escala provincial, bajo la dirección de un delegado designado entre militantes de F.E.T.-J.O.N.S., a los distintos organismos y entidades sindicales. Entre las leyes de Unidad Sindical (26-enero-1940) y de derogación de la ley de sindicatos de 1906 (2-septiembre-1941), se promulga la de Bases de la Organización Sindical (6-diciembre-1940), que perfila los fundamentos del nuevo engranaje. Asimismo, tras la ley de Colonización de Interés Local (25-noviembre-1940), que regulaba el ofrecimiento de auxilios estatales para obras y mejoras agrarias, se configuró la creación de Grupos Sindicales de Colonización (11-junio-1941), como nueva fórmula jurídica asociativa que sería confiada a una Obra Sindical, la de Colonización, cuya reglamentación sería aprobada en marzo de 1943.

En este contexto de readecuación organizativa, el 2 de enero de 1942 aparecía la Ley de Cooperación.

En ella, aunque se reservaban al ministerio de Trabajo facultades de aprobación e inspección, se señalaba como elemento organizador supremo a la Obra Sindical de Cooperación, creada en el seno de lo que ahora ya era la Delegación Nacional de Sindicatos.

La reglamentación exhaustiva sobre las hermandades sindicales, es decir, sobre las entidades verticales para el ámbito agrario -y en general, en buena medida, para todo el rural- aparecería en una orden presidencial el 23 de marzo de 1945, cuando ya su creación se encontraba muy avanzada. En dicha disposición, se exigía la sujeción disciplinaria de las cooperativas a las hermandades, si bien conservarían

“su patrimonio, administración autónoma y la personalidad jurídica propia y capacidad que precisen para el cumplimiento de sus fines característicos” .

La legislación suponía, pues, tanto la creación de nuevas entidades como la asimilación de asociaciones anteriores que, como las cooperativas católicas, no habían sido desmanteladas por el régimen al estilo de las organizaciones sindicales de izquíerda.

En la provincia de Albacete, bajo gobierno republicano hasta el final de la guerra y sin gran tradición de sindicatos católicos, el nuevo sistema no tenía que superponerse a una infraestructura organizativa previa. El proceso de creación de una nueva red, dentro del esquema sindical vertical, puede seguirse a través de informes y circulares de esta C.N.S.

En octubre de 1939, el delegado sindical provincial de Albacete, Ernesto Cuéllar, emite varias circulares para impulsar la constitución de sindicatos locales, bajo la dirección de delegados que debían colaborar con las autoridades municipales y las jefaturas locales falangistas. Pero los planteamientos, de momento, no se correspondían con una provincia de marcado carácter rural y sin grandes empresas.

Un año después, en octubre de 1940, otros textos del delegado sindical provincial traslucen un proyecto organizativo que ya contemplaba entidades específicas para el ámbito rural.

En él se incluían tres tipos de hermandades:

  • las de Labradores y Ganaderos,
  • las de Industria y Comercio, y
  • las de Artesanía.

Mientras las dos primeras debían disponer de Secciones diferenciadas para patronos y trabajadores, las últimas acogerían grupos de oficios diversos.

Pero tras la ley de Bases de diciembre de 1940 se perfila un esquema más definitivo.

Entre 1941 y 1944 se inscribirían en el Registro Central de Entidades los diversos tipos de asociaciones verticales que prevalecerían en el tiempo:

  • sindicatos provinciales y locales,
  • hermandades sindicales y
  • gremios locales de Industriales y Comerciantes.

En todas ellas, los empresarios y los trabajadores aparecían encuadrados en secciones distintas:

  • la llamada Sección Económica, para los primeros, y la
  • Sección Social, para los segundos.

En la capital albaceteña se constituyeron varios sindicatos provinciales.

Pero sólo se llegaron a formar gremios de Industriales y Comerciantes en ocho núcleos donde tenían su sede las delegaciones sindicales comarcales (Alcaraz, Almansa, Casas lbáñez, Chinchilla, Elche de la Sierra, Hellín, La Roda y Villarrobledo) y en otros tres de mayor relieve demográfico y económico (Caudete, Tarazana de la Mancha y Tabarra).

Más escasos serían los sindicatos locales: tres del textil (Elche de la Sierra, Hellín y Tobarra) y uno del calzado (Almansa).

Así pues, las entidades locales que mayor importancia alcanzaron, tras su constitución definitiva, desde diciembre de 1942, fueron las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos. Hasta 1945, se crearon 88 de estas entidades: las doce situadas en grandes municipios, donde se crearon también entidades para otras actividades, eran sólo de Labradores y Ganaderos, mientras las restantes -Ia mayoría- eran también de Artesanos. Sin embargo, sería la actividad agraria la que imprimiría sus rasgos y sus líneas características a todas ellas.

En la capital se creó una hermandad provincial que actuaría con carácter local, que absorbería a los llamados Sindicatos del Campo, especializados en sectores productivos, y que a fines de los cuarenta se fundió con la Cámara Oficial Agraria en lo que se llamaría Cámara Oficial Sindical Agraria (C.O.S.A.).

En los cincuenta, se constituirían sólo dos hermandades más en la provincia. De este modo, todos los núcleos municipales, y algunas pedanías de mayor tamaño, contaron con este tipo de entidad.

Cuando se constituyeron las hermandades en su versión final, desde diciembre de 1942, la C.N.S. solicitó un cuestionario a los municipios con un punto referido a la existencia o no de cooperativas, que eran vislumbradas como un posible eje sobre el que edificar la nueva institución. En las contestaciones son escasas las referencias afirmativas. Los hay que evocan vagamente experiencias lejanas (Alatoz). Alguno manifiesta la actuación de un sindicato católico hasta su desarticulación durante la guerra (Casas Ibáñez). Caudete señala que persistía una cooperativa-caja rural católica, que ya estaba integrada en la hermandad. Motilleja proporciona un comentario impreciso: “Estuvo fundado un sindicato agrícola, pero cesó por orden superior”. También aparece algún caso donde se alude a iniciativas cooperativistas durante la guerra (Ayna). Pero la mayoría -incluyendo casos donde puede constatarse esa presencia previa, como en Valdeganga señaló que no existían tales asociaciones y que no habían existido nunca (evidentemente, se ignoraban determinadas experiencias de signos diversos).

Dadas las dificultades en el abastecimiento de insumas y los problemas de acceso al crédito, se aprovechó la ocasión para demandar su creación, descendiendo a veces a propuestas específicas como la de Casas Ibáñez de participar, al menos, en una cooperativa vinculada a la hermandad provincial.

Estos datos no se contradicen con la noticia ofrecida por el delegado sindical provincial, José Montero, en una entrevista al periódico Albacete el 12 de abril de 1944: sólo cuatro hermandades, de las 84 existentes en ese momento, habían encuadrado cooperativas.

Según los textos de la Organización Sindical, mediante las hermandades se perseguían dos fines principales: contar con instrumentos locales para aplicar la política agraria del Estado, y encuadrar a toda la población del campo. Bajo estas pautas, podían convertirse en células presentes en la vida de los pueblos, y si bien su ampliación de frentes sería menos rápida de lo previsto, pasarían a controlar numerosos ámbitos.

Por un lado, integrarían a los diversos sectores sociales agrarios, ofreciéndoles unas posibilidades variables de presión, si bien las Secciones Sociales no alcanzaron el papel de los Cabildos, el órgano deliberante de los agricultores.

Además, las hermandades pasarían a subsumir a las demás entidades del campo, bien diluyéndolas, como ocurriría con las juntas locales agrarias, que colaboraban con el Estado en la organización de cultivos, o bien, como en el caso de las cooperativas, de las Comunidades de Regantes y de los nuevos Grupos de Colonización, manteniéndolas de manera diferenciada. En su seno se crearían también servicios diversos (Policía Rural, Colocación Obrera, Previsión Social, Crédito Agrícola, Maquinaria) que tendrían un desarrollo desigual según los casos.

La adscripción, en particular, de las cooperativas, no fue siempre factible y, aparte de la probable fricción con elementos católicos, planteó problemas de clarificación de papeles.

Para algunos especialistas de la época, incluso, las funciones cooperativas debían desarrollarse al servicio de toda la población campesina mediante uno de los servicios comunales previstos en la normativa sobre hermandades, el de Explotación Económica y Suministros Agrícolas (González-Girón, 1960: 81-83).

Ante la casi total ausencia de cooperativas preexistentes en Albacete, hemos tratado de observar el proceso de absorción de una de signo católico en la provincia de Castellón. Se trata de la de San Isidro de Vall d’Uixó, que había sido incautada por el Frente Popular y siguió, con el regreso de su viejo equipo y su adaptación a la nueva legislación, una trayectoria muy similar a la próxima de Borriana (Barrera, 2001: 304 y ss.). En contraste con las quejas sobre el abastecimiento de fertilizantes, en las memorias de los cuarenta de la cooperativa de Vall d’Uixó no aparece lamento alguno por su vinculación al esquema sindical vertical.

El cuadro de noticias refleja una inserción no traumática en este mecanismo, si bien también muestra un característico énfasis en su identidad tradicional católica que va unido al interés en mantener la autonomía de sus distintas secciones. No puede interpretarse su postura como meramente acomodaticia y aquiescente, puesto que al lado se deploran insistentemente las dificultades en el papel esencial de la entidad, la distribución de abonos. Aunque en algún momento se atenúa el rigor de estas críticas aludiendo al panorama general de penuria, en otros casos se plantean serias objeciones -encauzadas tanto a través de la Unión Territorial como, precisamente, mediante la Organización Sindical– por juzgar que la distribución oficial de fertilizantes favorecía a los comerciantes e industriales frente a las cooperativas.

COOPERATIVAS Y GRUPOS SINDICALES DE COLONIZACiÓN.

PERSPECTIVAS Y DESARROLLO.

La insistencia en el tema cooperativo desde hacía décadas había respondido en España a dos tipos de planteamientos.

Por un lado, con esta fórmula interclasista se trataba de mitigar tensiones sociales, presentar opciones distintas al reparto y atraer el apoyo de pequeños cultivadores.

Por otra parte, la cooperación, al propiciar economías de escala, fuerza negociadora e internalización de funciones, contribuye a la preservación y desarrollo de la agricultura familiar.

Estas concepciones subyacen a lo largo del periodo aquí considerado, aunque las primeras, más meramente instrumentales, se mostrarán menos necesarias con el tiempo, mientras los argumentos netamente económicos se verán reforzados en la dinámica de liberalización, crecimiento y desarrollo agroindustrial.

La cooperación suponía, en primer lugar, un planteamiento alternativo frente a la colaboración más intensa del cultivo en común.

Lo manifiesta ya la mencionada ley de partida del 2 de enero de 1942 al señalar como objetivos

“actividades complementarias de las empresas privadas de los socios, con la única excepción de la posible roturación, explotación y saneamiento comunes de tierras sin cultivar”.

Una orden de la Delegación Nacional de Sindicatos de 1943 permitía la explotación “sindical” de fincas, pero el desarrollo de experiencias de cultivo en grupo, bajo el propio deseo de interesados, sólo se produciría desde fines de los cincuenta y sin gran fuerza (Pérez Díaz, 1974: 58-59).

Las Agrupaciones Trigueras de Cultivo en Común, fomentadas en los sesenta por las dificultades de mecanización de las pequeñas explotaciones, se convertirían a menudo en un instrumento ficticio para obtener estos auxilios (Herrero Alcón, 1971: 125 y ss.).

El cooperativismo aparece en informes, discursos, artículos de prensa y asambleas sindicales como fórmula que libraba al campesino de intermediarios y usureros.

Tal insistencia no era nueva en Albacete.

Varias propuestas ya habían abundado en este sentido durante la Segunda República, por ejemplo desde el periódico Defensor de Albacete, afín al Partido Radical, y desde los foros de Unión Agraria Provincial (Gómez Herráez, 1988: 48 y 88).

Las posibilidades en este espacio, con peso del latifundio, pero con importante presencia también de pequeños cultivadores (Sánchez y Mateas, 1977: 29-38), fueron captadas por los paladines falangistas del nuevo asociacionismo.

Esto se manifestó bien en la I Asamblea de Hermandades Sindicales de Albacete, a fines de septiembre de 1946, en la que, tal como preveía la ley de 1942, se constituyó la Unión Territorial de Cooperativas del Campo.

En el acto, Luis Puyal, Jefe de la Unión Nacional de Cooperativas, y Eliseo Sastre, Delegado Provincial de Sindicatos, contemplaron este asociacionismo como instrumento de independencia del campesinado, aumento general de la producción y reducción de precios de consumo.

Pero estas entidades se desarrollan en Albacete, en estos momentos, con gran lentitud, y figuran, si logran alcanzar viabilidad, como verdaderos apéndices de las hermandades en el engranaje de la política reguladora, con la adquisición de insumas como función esencial.

La liberalización económica de los cincuenta supone cambios en el mundo cooperativo a los que sólo lentamente, ya en los setenta, tratará de adecuarse la legislación (Romero, 1981: 38).

Se desarrollarán entidades dirigidas sobre todo a la elaboración y comercialización de aquellos productos con mayores perspectivas de mercado: en Albacete, vino y, a distancia, aceite. Se trataba, según el programa de la Obra Sindical de Cooperación, de hacer desaparecer organismos prácticamente muertos y dar vida e impulso a los que estaban latentes.

En los estudios, informes, conclusiones de asambleas y planes asistenciales de esta C.N.S. pueden encontrarse propuestas para sectores sin tradición cooperativa, como azafrán, ajos, aceitunas, champiñón e incluso nueces y paja, sin que falten también otros con problemas al cesar la autarquía, como los vencejos de esparto de Ayna.

A la vez, tratarán de relanzarse servicios como cajas rurales, uso común de maquinaria, molinos de piensos y, mediante cooperativas de segundo grado, aprovechamiento de subproductos y adquisición de camiones y maquinaria especialmente cara.

En el V Pleno del Consejo Económico Sindical, en febrero de 1962, llega a proponerse, con la difusión de cooperativas comarcales para tipificación y embotellado de vino, la creación de una provincial de azafrán.

Los efectos del nuevo programa, más efectivo, serían sustanciales para parte del campesinado manchego (Rubio, 1966: 93-94).

Aunque con sus rasgos singulares, el proceso se enmarca ahora en las mismas líneas de fondo que Fernández Roca (2001: 186 y ss.) perfila en el surgimiento desde 1962 de cooperativas algodoneras, al liberalizarse este sector y pasar los agricultores a participar en el proceso agroindustrial.

En la Revista de Estudios Agro-Sociales se ofrecían unos datos que revelan la importancia del cambio a escala nacional:

  • el número de cooperativas se había duplicado en las dos primeras décadas del franquismo,
  • pero el de bodegas y almazaras cooperativas lo había hecho sólo en los cincuenta (R. M., 1958: 128).

La comparación de los datos y conceptos en tres documentos fechados en 1951, 1953 Y 1959 ilustran con cierto detalle sobre la línea seguida en Albacete.

En las contestaciones de las hermandades sindicales al cuestionario distribuido en 1951 se observa claramente, además de las dificultades del movimiento, la concentración de las cooperativas existentes en tareas de suministros de medios de cultivo. De los 86 municipios de la provincia, aparecen respuestas de 76 hermandades. De ellas, 45 manifiestan que existen cooperativas; treinta, que no se han creado, y una, que se halla en tramitación. Pero de las 45 que contestan en sentido afirmativo, catorce declaran expresamente que estas entidades asociativas no funcionan, y una más señala que la actividad es muy escasa. Es posible que otras en similar situación omitan este tipo de comentarios.

Algunas de estas hermandades aclaran también, en distintos puntos de la encuesta, que la única actividad desplegada por estas cooperativas es la distribución de suministros. De las 38 que ofrecen datos sobre el número de socios cooperativistas -ocho de las cuales figuran entre las subrayadas por su nula actividad-, más de la mitad no alcanzan los cuarenta. En concreto, quince de tales cooperativas se encontraban entre 20-40 socios, y seis por debajo de los veinte. Cuatro poseían entre 40-60 miembros, y sólo trece superan los sesenta (la de Veste, con 1.269, ocupa una posición preeminente que se mantiene en el tiempo).

El informe de 1953 denota un movimiento más amplio, pero también ficticio en cierta medida. De las sesenta entidades citadas en él, sólo seis escapaban al denominador común de “cooperativas del campo”: cuatro vitivinícolas y dos de cabreros y vaqueros, para adquisición de piensos. Más de la mitad aparecían todavía con menos de cuarenta socios y dieciséis de ellas ni siquiera sobrepasaban los veinte.

Pero, además, el informe advertía que varias no habían alcanzado nunca vida activa y otras se habían paralizado.

La publicación de 1959, que enumeraba y comentaba la marcha de 53 cooperativas, venía a revelar una situación compleja donde convivían algunas obsoletas con nuevas y otras renovadas. En la tabla 1, se han contabilizado estas entidades cuyo cifra global coincide con la de algunos documentos de la C.N.S. en estas fechas- según su especialización y época de fundación:

El alcance del cambio se observa mejor a partir de esta fuente si se combina la información sobre número de socios con la que aparece para la mitad del conjunto sobre capital social. A diferencia de los datos de 1951 y de 1953, ninguna entidad muestra en 1959 menos de veinte socios y más de la mitad supera los sesenta, aunque en entidades sin vida este dato puede ser sólo una pervivencia sobre el papel.

Entre las cooperativas de suministros sólo la de Caudete, de origen católico, y la de San Juan de Albacete, pese a la fuerte crisis que sufrió, manifiestan un relativo potencial. Tanto en socios como en capital, descuellan claramente las vitivinícolas o con Sección Vinícola, seguidas por las almazareras o con Sección Almazarera.

En el primer sector, la densidad cooperativa aparece más marcada en la comarca productora de vid del nordeste, con peso fuerte de pequeñas y medianas explotaciones, que en la más extensa y latifundista, también vitivinícola, de La Mancha. En la primera aparecían quince de las 32 entidades con esta especialización y, pese al tamaño reducido de sus municipios, cinco superaban los cien socios.

En la segunda, pese a que abundaban los pequeños cultivadores sólo tres cooperativas, en los dos grandes núcleos de Villarrobledo y La Roda, giraban en torno a esta cifra.

Las asociaciones almazareras o con Sección Almazarera se distribuían de manera irregular en el territorio si se exceptúa la concentración del suroeste, junto a la provincia de Jaén, donde se ubicaban cinco.

Los datos publicados en otras fuentes sobre número de cooperativas y socios se muestran incluso más problemáticos. Unos documentos que permiten aproximarse a la intensidad general de su difusión en cada provincia son las propias memorias de la Unión Nacional de Cooperativas del Campo (U.N.C.C.), que también contienen información estadística sobre los servicios desplegados.

Aunque nos hallamos lejos de dar un valor absoluto a estos datos, a partir de los que ofrece la memoria de 1956 y de otros que la misma entidad presentó sobre 1959, se ha confeccionado la tabla 220. En el apartado A se reproducen datos relativos a las provincias castellano-manchegas y al total nacional, incorporando también los porcentajes que representa la provincia de Albacete. En el apartado B, se han contabilizado todas las provincias españolas dentro de intervalos determinados según el número de socios cooperativistas.

Dentro del conjunto de provincias que hoy componen Castilla-La Mancha, las cifras de Albacete en estos documentos resultaban inferiores a las de Ciudad Real y, en mayor medida, a las de Cuenca y Toledo. Sólo son superiores a las de Guadalajara, donde dominaba una agricultura de secano que, a diferencia de las demás provincias de la región, excluía prácticamente el viñedo.

Las cifras de Albacete, en cualquier caso, resultaban bajas en el conjunto general, sobrepasando sólo las de algunas otras provincias localizadas principalmente en la España meridional.

En 1956, Albacete se encontraba en la posición 33 por número de cooperativas agrarias locales, y a fines de 1959, la 29 por cooperativas agrarias. Pero, a la vez, por número de socios ocupaba las posiciones 46 y 40 respectivamente.

Entre ambas fechas, Albacete representa uno de los casos que mayor crecimiento experimenta en ambas magnitudes.

Este último dato corrobora el impulso que a fines de los cincuenta recibe el fenómeno bajo las instancias sindicales, aunque también refleja el escaso nivel del que se partía en relación con otras provincias.

Como se decía, las memorias de la suprema unión cooperativista contienen información estadística tanto sobre los servicios disponibles en las entidades de cada provincia como sobre determinadas actividades. A partir del documento de 1956 se ha confeccionado la tabla 3, incorporando también datos sobre las restantes provincias castellano-manchegas y sobre el total nacional. Para orientarnos sobre la importancia relativa de determinados sectores productivos en Albacete, se ha incluido un tercer apartado, el C, con datos procedentes del Anuario de la Producción Agrícola de 1956 (junto a cifras absolutas sobre Albacete, aparece el porcentaje que tales magnitudes representan respecto al total castellano-manchego y respecto al total español en cada sector).

Estos datos, que no agotan el tipo de servicios y de actividades que despliegan las cooperativas, manifiestan también la debilidad del caso de Albacete dentro del conjunto nacional y en el castellano-manchego, donde sólo en Guadalajara aparecen en general cifras menores. Si esto se revela en el número de cajas rurales, incluso en un sector como el vitivinícola, de marcada importancia en Albacete como refleja el apartado e, el número de bodegas cooperativas es escaso y su capacidad supone un porcentaje bajo dentro del total que representan estos establecimientos en el país.

Otros servicios manifiestan similar debilidad: en Albacete, en 1956, no aparecen cooperativas poseedoras de fábricas de harina (doce en el conjunto de España), ni molinos maquileros (siete en España). Según estos datos, sólo una tendría molino de piensos (193, en España) y sólo otra dispondría de almacén (de 362 en España).

Mayor penuria denota la posesión de maquinaria: mientras en el elenco de cooperativas españolas se contabilizan 343 tractores, 589 equipos de cultivo, 327 trilladoras y 1.427 máquinas de otro tipo, a las entidades de Albacete sólo corresponderían, de esos totales, dos máquinas del último apartado.

La escasez con que reciben préstamos, auxilios y anticipos no ofrece similar contraste en el conjunto nacional, dada la nimiedad general de las cifras totales de cooperativas beneficiarias.

Los datos del Censo Agrario de 1972 sobre explotaciones, según su tamaño, en uno u otro tipo de asociaciones, no pueden extrapolarse, por los cambios intensos que separan esta fecha del periodo aquí abarcado, pero sí permiten observar la dirección posterior del movimiento germinado en los cincuenta. El Censo Agrario de 1962 no contiene una información similar, que habría sido de mayor valor para calibrar la incidencia inmediata del impulso oficial al cooperativismo en el marco liberalizador. En la tabla 4, junto a los datos absolutos sobre Albacete (apartado A), se señalan las proporciones que dentro del total de cada tipo de explotaciones, según tamaño, suponen las encuadradas en cooperativas en tres escalas: la de esta provincia, la de las cinco castellano-manchegas y la del conjunto español (apartado 8)2′.

El cuadro transmite un asociacionismo mayor ahora en la transformación y comercialización que en el abastecimiento de medios de producción y uso de maquinaria.

La coincidencia de explotaciones de distintos tamaños es general, aunque la proporción dentro de cada categoría es mayor en todos los casos en las medianas comprendidas entre 10-50 has., seguidas por las de 50-200.

La importancia del sector vitivinícola explica que los porcentajes en las cooperativas de comercialización y transformación resulten más altos en Albacete y en el conjunto castellano-manchego que en el español.

Un terreno asociativo novedoso durante el periodo franquista fueron los Grupos de Colonización. Aunque su esbozo se produce a principios de los cuarenta, la ley de Colonizaciones de Interés Local de 1946 pasó a favorecer su constitución mediante el ofrecimiento de ayudas. Sin embargo, de acuerdo con los datos de Veinte años de paz… , en 1959 sólo estaban en marcha en Albacete las iniciativas de nueve Grupos, otros nueve habían empezado las obras y 41 se hallaban pendientes de trámite. De los dieciocho efectivos, ocho se habían constituido para obras de regadío, otros ocho para bodegas, uno para una almazara y uno último, formado por aparceros de una finca en Mahora, para acceder a la propiedad de la tierra que cultivaban.

Si se contemplan los datos, también problemáticos, sobre número de socios y hectáreas beneficiadas por las obras de estos Grupos, resaltan dos aspectos: la mayor dimensión de los constituidos para levantar bodegas, identificados en su composición con la de algunas cooperativas, y la presencia efectiva de pequeños cultivadores, que puede deducirse de la extensión media por socio. Mientras de los ocho formados para construir una bodega seis superaban los cien socios, para regadío sólo lo hacían dos. Del conjunto, sólo el especial de Mahora poseía más de trescientos miembros. La extensión beneficiada por socio más alta corresponde a uno de sólo doce constituido en El Bonillo para captación de aguas (16 has. por socio). El mínimo aparece en el de Carcelén, también para obras de regadío, con 268 beneficiarios y 45 has. afectadas (0,16 has. como media). En los Grupos para bodegas, las medias son menos distantes entre sí. De los ocho con este cometido, cinco oscilan entre 3,1-4,2 has. de viña por socio, dos superan 5 has. y uno desciende a 2,4. Evidentemente, estas medias esconden diferencias interiores y, seguramente, grados distintos de participación efectiva en cada entidad.

PROBLEMAS EN LA CREACiÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS EN ALBACETE.

La distancia entre las propuestas y la realidad parece evidente, aunque no puede negarse un desarrollo cooperativo que en los últimos años adquirió mayor consistencia.

Es difícil medir los elementos que actuaron como limitaciones, que son constatadas también a nivel interno, en contraste con el triunfalismo público del sindicalismo vertical. Varios de los estudios y declaraciones desde la C.N.S. De Albacete constituyen visiones fatalistas sobre aspectos inconmensurables e intrínsecos al sujeto destinatario de las propuestas, aunque también se valoran factores más fácilmente verificables y explicables desde bases menos abstractas.

En una solicitud para autorizar y financiar un cursillo sobre organización cooperativa, en marzo de 1957, podían encontrarse los dos tipos de criterlos'”:

“El poco o nulo espíritu cooperativo de esta provincia, individualista por idiosincrasia, y el mal funcionamiento de la casi totalidad de las cooperativas existentes, agravado por el mal ejemplo de otras desaparecidas por mala administración o por desconocer los socios cooperadores sus deberes y derechos, está produciendo enormes perjuicios económico-sociales (…) El campo, a mayor abundancia, se halla no solo en manos de intermediarios, sino también de esa lacra social que se llama usura”.

Ambas perspectivas son generales en todo el país. Desde planteamientos católico-sociales, un observador lamentaba la dificultad del movimiento cooperativo en estos términos (Martín Brugarola, 1950: 238):

“En todas partes, la cooperación tiene que luchar contra la indiferencia, la apatía, el individualismo y aun contra la desconfianza y el absentismo de los mismos asociados (…) Los enemigos externos de la cooperativa son la política entendida en mal sentido, la usura, los caciques, los especuladores, los recelos, envidias y vanidades, que causan daños imponderables en los pueblos”.

Un estudio sobre la situación cooperativa en Albacete de 195623 , había perseguido trascender del tópico de la idiosincrasia a partir de una constatación inicial: los depósitos en la banca y la participación en algunas sociedades desmentían la idea de una desconfianza ciega hacia la administración ajena de fondos propios y hacia las potencialidades de la agrupación. Las reticencias ante la cooperación debían hallarse en otras razones.

El primer argumento apuntaba a la lógica global del sistema económico: Educados en un sistema capitalista, al hablarles de que la cooperación no reparte dividendos al capital, porque no son entidades de lucro, sino beneficios al trabajo, les llena de confusión al creer que sus aportaciones se han perdido para siempre.

Después, se subrayaba la existencia de experiencias negativas en el plano financiero, con dos casos flagrantes en la provincia: el de la cooperativa del campo “San Juan”, de la capital, atribuido a errores en la gestión, y el de la industrial “Muebles Legorburo”, relacionado con apropiaciones indebidas de fondos.

En otro informe de la Secretaría Provincial de Cooperación, de 1958, aparecen impresiones personales y pronósticos que ilustran sobre las reacciones contradictorias con que se aceptaron las propuestas asociativas en treinta localidades.

Sobre diecisiete de ellas, el juicio resultaba favorable por la buena acogida de las sugerencias, la creación o renovación de entidades ya existentes, la adquisición de solares para instalar bodegas o almazaras, y la elección efectiva de juntas rectoras.

Los juicios negativos sobre el resto de los casos son muy diversos. A veces, se comunicaba simplemente la apatía y el desinterés manifiestos, como en un caso donde, sin embargo, se constituiría pronto una entidad:

“En esta y otras visitas hechas a la localidad, he observado una carencia absoluta de estímulo en los labradores de Valdeganga, que jamás han respondido, ni aun a pesar de haberles hecho ver siempre los beneficios que se derivarían de una unión en régimen cooperativo. Creo que en este pueblo no hemos de conseguir nada”.

En tres casos, el lamento no se producía por un rechazo ostensible de los posibles interesados, sino por circunstancias especiales.

Así, en Villarrobledo, el problema nacía con la negativa de la cooperativa de San Antón, con bodega propia, a fusionarse con la de Nuestra Señora de la Caridad, que se veía obligada a alquilar un local.

En Villapalacios se habían detectado irregularidades en el funcionamiento y contabilidad de la cooperativa almazarera.

En Balsa de Ves es el propio secretario de la Obra quien considera antieconómico el proyecto, por ser pequeño el lugar y no estar dispuestas sus pedanías a formar parte de la misma cooperativa.

Pero, además, en algunos casos, aparecen denuncias tajantes de obstáculos locales que, por remitir a las propias estructuras sociales e institucionales, serán estudiados más adelante.

En verdad, aparte de elementos de índole telúrica o universal, ligados a costumbres arraigadas o a la dinámica general del capitalismo, deben encontrarse explicaciones en factores más concretos y palpables que, directa o indirectamente, influyendo también en las mentalidades o suponiendo barreras objetivas inmediatas, dificultaban ese desarrollo. El individualismo debe explicarse en unas condiciones y una dinámica concretas (Contreras, 1984: 113 y ss.).

En la medida que las ventajas de la cooperación no se correspondan con el riesgo y con la renuncia que tal vinculación implica en la capacidad de iniciativa individual, mayor en entidades más numerosas y supralocales, las reticencias a la asociación serán más altas (Caballer, 1982: 207).

La documentación consultada sobre Albacete pone al corriente de diversos problemas en el logro y contemplación de esas ventajas.

3.1. Control político.

El control que a través de la Organización Sindical se realiza sobre el movimiento cooperativista marca de forma decisiva su orientación.

Este influjo no fue rotundo y exclusivo, y medir su verdadera magnitud puede representar un reto para historiadores de ámbitos regionales y locales.

Aunque un posible problema -el más acuciante- derivaba de la ocupación de cargos por elementos de izquierdas, otra preocupación provenía de la independencia manifestada por algunas entidades vinculadas al catolicismo agrario.

Antes de considerar la situación en Albacete, sin gran peso anterior del cooperativismo católico o de otras tradiciones, si se exceptúan las colectivizaciones durante la guerra civil, parece oportuno presentar unos textos de cargos centrales que revelan la percepción de este problema a lo largo del periodo.

Tras las expresiones legislativas de principios de los cuarenta y la orden presidencial de marzo de 1945, la voluntad de integrar a las cooperativas resplandece en un plan de actuación sobre las hermandades para el año 1947. En su apartado quinto podía encontrarse esta aspiración:

“fundir los mandos de las Cooperativas con los de las Hermandades procurando una identificación en todos los órdenes, incluso de domicilio, pasando a ser la Cooperativa un servicio especial de la Hermandad”.

Atono con esa identificación, el apartado 18 solícitaba montar las Secciones de Suministros en todas las Hermandades en las que no se haya constituido una Cooperativa del Campo.

Dos documentos posteriores muestran que la preocupación de control se mantiene vigente en el tiempo.

El primero es un apartado de la ponencia presentada en 1949 en la 111 Asamblea Nacional de Hermandades Sindicales por Diego Aparicio López, Secretario General de la Junta Nacional de Hermandades.

El segundo es un informe del Vicesecretario Nacional de Obras Sindicales, Mariano Aniceto Galán, en febrero de 195826 .

En su ponencia titulada “Estructura del sindicalismo agrario”, Diego Aparicio esbozaba un apartado, Hermandades y cooperativas, para explicar de forma singular la

“usual separación entre ambos tipos de entidades, en función de la propia ley de Cooperación de 1942, y urgir a su colaboración, bajo la tutela de la Organización Sindical'”,

Para este alto cargo sindical, la búsqueda de unidad no debía traducirse en una identificación total:

“Tan erróneo será desorbitar el ámbito del cooperativismo atribuyéndole los fines de un sindicato completo como confundir una Hermandad con la tarea de distribuir fertilizantes o conseguir la venta en común de determinados productos”.

Pero era necesaria una imbricación que exigía, como proceso paralelo al fomento de las cooperativas, el reforzamiento de las hermandades.

En el otro documento citado, ya de 1958, el Vicesecretario Nacional de Obras Sindicales insistía en la gran independencia que mantenían las estructuras cooperativistas. El enlace de este movimiento con el de preguerra, fundamentalmente con el de inspiración católica, se dibujaba en este texto en términos categóricos:

“Nuestros mandos cooperativos de carácter provincial y nacional en el ámbito del campo son, con ligeras diferencias, producidas por la lógica desaparición a que Dios nos tiene sometidos en nuestra permanencia en este mundo, las mismas personas que en el año 1906 pudieron regir a esta sociedad cooperativa”.

Mariano Aniceto Galán concluía que resultaba indispensable impulsar las cooperativas como entidades diferenciadas de las hermandades, dado que integrarlas como servicios suyos sembraría desconfianza por agrupar a elementos de muy “distinta condición moral” de cara a operaciones económicas. Pero, a la vez, juzgaba necesarios un mayor poder de los cargos sindicales sobre ellas y, por tanto, una nueva ley y un nuevo reglamento.

Resta plantearnos hasta qué punto en el caso que venimos analizando, el de la provincia de Albacete, se daba esa colaboración entre unas y otras entidades y, de este modo, un control más efectivo desde la Organización Sindical. Pese a que a veces resultan muy subjetivas, escuetas o evasivas, podemos apoyarnos de nuevo en las respuestas de las hermandades al cuestionario de mayo de 1951.

El interés en que se produjera esa concordia -esa actuación de las cooperativas dentro del esquema “sindical” aflora en dos de las cuestiones planteadas. Por un lado, se les preguntaba si existía coincidencia de mandos entre hermandades y cooperativas.

Por otro, apelando más a una impresión que a una constatación, se inquiría si una y otra entidad actuaban de común acuerdo, siguiendo los preceptos de la orden de marzo de 1945.

En conjunto, 38 hermandades responden a la primera cuestión. De ellas, diecinueve manifiestan que sí coinciden los mandos de ambas entidades. Tres más señalan que existen algunos individuos con cargos en las dos instituciones, y cuatro mantienen que sólo el Jefe de la Cooperativa es miembro del Cabildo de la Hermandad. Así pues, restan doce casos donde no se da coincidencia alguna, aunque de ellos cuatro corresponden a cooperativas sin actividad.

También significativas resultan las contestaciones a la segunda cuestión. Al inquirir si los cargos de la cooperativa actúan de común acuerdo con la hermandad, 25 responden afirmativamente, seis lo hacen en blanco o eluden decantarse, y siete contestan que no. Entre las 26 que previamente han contestado que existe coincidencia total, parcial o puntual de cargos, la mayoría -diecinueve- señalan que ambas entidades comulgan en su actuación. De las siete con coincidencia de cargos que no responden a esta cuestión o lo hacen negativamente, cuatro no funcionan. Otra, la de La Roda, apostilla que no existe acuerdo porque la cooperativa se concentra sólo en la distribución de suministros, como si se pretendiera así, simplemente, corroborar la especificidad de funciones de cada entidad. La de Salobre, por su parte, afirma desconocer las razones del desacuerdo.

Lógicamente, las mayores distancias podían surgir entre los doce casos donde no se producía identificación alguna de cargos.

Pero tampoco los datos traducen aquí separaciones y, menos, discordias fundamentales.

También aquí, las cooperativas actúan normalmente en sintonía con las Hermandades -seis casos-, y las contestaciones en blanco -dos- y negativas -cuatro- se refieren preferentemente a situaciones de escasa o nula actividad. En concreto, de los cuatro casos sin coincidencia de cargos ni colaboración, dos corresponden a cooperativas sin actividad. Una tercera hermandad, la de Villavaliente, se limita a constatar de forma lacónica esa separación. y la cuarta, la de Madrigueras, indicaba que la cooperativa no colaboraba con la hermandad por su carácter antiguo. De todo el conjunto, pues, sólo este último caso sugiere una independencia explicable por la existencia previa de la cooperativa y por su no inserción en el esquema sindical. Pero la importancia de este caso excepcional desaparece cuando nos fijamos en otro dato: se trata de una entidad que, según revelaba también en el cuestionario, permanecía inactiva desde 1948.

Ante el manifiesto control que la Organización Sindical parecía tener sobre el panorama cooperativo en Albacete, hemos querido contrastar estos datos con los de otras zonas.

Hemos observado las contestaciones dadas a este mismo cuestionario por unas mismas fechas en las provincias vecinas de Cuenca y Ciudad Real y en las también próximas -y a la vez, con una significativa presencia anterior de cooperativas católicas- de Valencia y Castellón. Los resultados no difieren de forma sustancial.

La coincidencia total o parcial de cargos resulta usual y aunque no se produzca, las contestaciones suelen apuntar una estrecha coincidencia, si bien aparecen más casos de separación entre unas y otras entidades, Tales declaraciones sobre tensiones no deben vulnerar la idea de colaboración básica entre hermandades y cooperativas, que derivaba de la subordinación de las segundas a las primeras y de su usual funcionamiento como uno de los servicios “sindicales”, el del suministro de medios de cultivos.

De hecho, en varias respuestas de estas otras provincias también se subraya con beneplácito esta función en la cooperativa e incluso se manifiesta, en algún caso, que no sólo se realiza en beneficio de los socios, sino también de los demás agricultores de la comunidad.

También ilustrativa al respecto resulta una consideración en algunas situaciones en que no existía cooperativa: sus papeles los realizaba directamente la hermandad.

La necesaria dependencia de la Organización Sindical confería a las cooperativas, como a las hermandades en general, unas funciones de integración social y política que disminuían su capacidad para plantear alternativas autónomas y desligadas de intereses y criterios dominantes.

Una actuación al margen de la Organización Sindical no se veía problemática si se inscribía en las pautas oficiales y permitía una asimilación fácil. Lo muestra, en Albacete, la denuncia planteada en 1950 sobre la cooperativa de Fuentealbilla-“: esta entidad actuaba sin contacto con la Obra Sindical de Cooperación, pero se esperaba una integración plena al ser nombrado su fundador Jefe de la Hermandad Sindical.

En cambio, el conocido caso de la cooperativa de Villamalea revela que cuando se actuaba de manera independiente respecto a instancias oficiales, sobre todo si era desde posturas de izquierda, se ponían en marcha los mecanismos de control y contención.

No extraña, así, que en el nombramiento de cargos se mantuvieran las mismas fuerzas “selectivas” y “depuradoras” que aparecían en el conjunto de instituciones. La afección al régimen como condición necesaria, que promovía esa integración con las hermandades, ha sido destacada en análisis sobre las juntas rectoras de cooperativas de otros ámbitos como el leridano (Pelegrí, 1998: 435). Como ejemplo, en Albacete, a la altura de 1958, para la designación de tesorero y consejo de vigilancia en la cooperativa de Villamalea, la Delegación Provincial de Sindicatos recogía del puesto local de la Guardia Civil informes sobre los candidatos. Con datos sobre sus antecedentes políticos personales y familiares, nivel cultural, “solvencia económica” y “solvencia moral” (con hincapié en el comportamiento religioso). La riqueza (agraria o de otro tipo) y una inquebrantable adhesión al régimen aparecían como mejores cartas de presentación (eran las notas en seis de los once candidatos). La indiferencia y una baja o mediana solvencia económica iban detrás (tres candidatos). Pero el rechazo se concentraba en aquellos casos que, aunque considerados de buena conducta moral en los cánones dominantes, fueran de bajo nivel económico por depender del salario, pertenecieran a familias opuestas al Movimiento, tuvieran “ideas marxistas” y hubieran participado en colectivizaciones (dos candidatos).

Extractos de José María Gómez Herráez: Las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos (1942-1977).

 

Jose Maria Arizmendiarrieta "Solo sacerdote, siempre sacerdote y en todo sacerdote.

José María Arizmendiarrieta es nombrado coadjutor de Mondragón y, al mismo tiempo, delegado de la Falange. «Arizmendiarrieta, a propuesta del Delegado de Juventudes de Guipúzcoa es nombrado por su Obispo Delegado del Frente de juventudes de Mondragón», según consta en documento del Oficio del Obispado de Vitoria de 8 de julio de 1944. El mundo le debe mucho a José María Arizmendiarrieta. Supo plasmar en hechos las inquietudes espirituales como conviene a un mundo necesitado de colaboración y confianza. Demostró que los seres humanos no son irremediablemente entes egoístas que solo en competencia pueden llegar a crear riqueza gracias a “la mano invisible” de los mercados. Él ya lo sabía. Hizo empresa en los años cincuenta con una filosofía social y humanista capaz de valorar al ser humano con absoluta fe en su extraordinaria capacidad. Se anticipó en décadas a la gestión de organizaciones basada en las personas. De hecho aún faltan tramos en la escalera para llegar tan alto como piden éstos pensamientos suyos: Institucionalizar la honradez La auténtica riqueza está en el desarrollo integral de nuestra personalidad Primero hombres, luego cooperativas La posición de la mujer es, en toda sociedad, la medida exacta de su nivel de desarrollo No hay hombre inútil, sino mal utilizado Progresar no es adquirir más, sino ser más, actuar mejor, darse más Socializar el saber para democratizar el poder Formemos una comunidad convencida de serlo y su fuerza será inmensa La propiedad no otorga el derecho al abuso de los bienes El hombre es humano en la medida en que es social Nos quedan sus logros económicos, la presencia e influencia del modo de hacer cooperativo en nuestra sociedad, sus pensamientos clave que resultan plenamente vigentes, y sobre todo el ejemplo. Los seres humanos somos muy influenciables a través del ejemplo y de la sumisión a la opinión mayoritaria, por lo que es crucial hacer visibles las vidas más ejemplares y formar el carácter de las personas para darles motor propio, objetivos sociales y ambiciones espirituales. Jose Maria Arizmendiarrieta es un excelente ejemplo a mostrar. Esa es su mejor e imperecedera herencia.

 

 

El Grupo Mondragón como ejemplo del Cooperativismo Industrial.

 

  1. INTRODUCCIÓN

Comprender la realidad actual de la Experiencia Cooperativa Mondragón (ECM) requiere entender su origen y evolución inicial, dado que, tal y como afirma Perrow (1991: 191), “el presente está enraizado en el pasado”. Se trata de un proceso continuado de institucionalización, esto es,

“el proceso a través del cual, los componentes de una estructura formal se vuelven ampliamente aceptados como apropiados y necesarios, y sirven para legitimar a las organizaciones” (Tolbert y Zucker, 1983: 25).

La ECM es una realidad institucionalizada, es decir una realidad en continuo proceso de construcción social, resultado de las interacciones entre múltiples actores, grupos y organizaciones, tendentes al consenso pero no exentas de divergencias, presiones, y conflictos, en contextos sociales, económicos y políticos que generan una creciente incertidumbre. El resultado de todo ello es un conjunto identificable de sistemas de significado y patrones de comportamiento, de reglas constitutivas y normativas, y de procesos regulativos identificables externamente.

La ECM en los diferentes momentos históricos de su evolución, ha tenido que dar respuesta a las demandas que le han realizado tanto el entorno técnico como el institucional. Habitualmente, los análisis organizativos inciden en los aspectos técnicos pero, con frecuencia, desestiman los aspectos institucionales. Sin embargo, ambos son complementarios en la medida en que contribuyen al logro de la supervivencia de la organización. Las demandas tanto técnicas como institucionales evolucionan con el tiempo en la medida en que el entorno técnico e institucional también se modifica. Es por ello que las organizaciones han de permanecer atentas a ambos entornos para interpretarlos de manera adecuada.

En la medida en que la Experiencia Cooperativa Mondragón logra dar respuesta a las demandas institucionales, su legitimidad se verá incrementada y, de esta manera, también logrará mejores recursos de todo orden para su desenvolvimiento. Por esta razón, la búsqueda de legitimidad se vuelve un elemento de primer orden para el logro de la supervivencia organizativa. La legitimidad es un rasgo conferido por los actores sociales, por lo que la acción legítima será aquélla cuyos valores y expectativas de acción reflejan y coinciden con las de los actores (Galaskiewcs, 1985). Dado que éstos son diversos y puesto que sus valores y expectativas difieren en el tiempo, las organizaciones se ven obligadas a adecuar su acción en el tiempo.

En este artículo analizaremos las fases más relevantes de la evolución de la Experiencia Corporativa Mondragón para el periodo 1955-1985 y los cambios más significativos que, desde el punto de vista organizativo, han tenido que acometer las cooperativas para dar respuesta a las demandas generadas en el entorno.

El periodo analizado consta de dos fases.

La primera, se prolonga de 1955 a 1975, periodo caracterizado por un entorno económico de crecimiento.

La segunda fase, transcurre durante los años 1975-1985, periodo caracterizado por la crisis económica y la necesidad de reorganización para hacer frente a la crisis.

Por último, realizaremos una exposición de los primeros síntomas de desinstitucionalización que se detectan en el cooperativismo a partir de la segunda mitad de los años sesenta del pasado siglo.

  1. CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CAMPO ORGANIZATIVO (1955-1975)

La ECM se inició en el año 1955 en Vitoria, cuando cinco jóvenes compraron un pequeño taller de “construcción de aparatos domésticos”, empezando a producir cocinas de petróleo. La empresa se denominó ULGOR y en el año 1956 se instaló en Mondragón. Estos jóvenes eran trabajadores de la empresa Unión Cerrajera y habían recibido las enseñanzas morales y sociales del sacerdote falangista José Mª Arizmendiarrieta.

En el año 1955, en el marco del surgimiento de conflictos laborales que se extendieron por los núcleos industriales de la provincia, decidieron abandonar la seguridad que les brindaba la Unión Cerrajera y fundaron su propia empresa. El proyecto empresarial iniciado,

“rápidamente accedió, con beneficios casi constantes, a ser una empresa puntera en la zona. Se acordaron retornos del 75 y 80% sobre los anticipos percibidos, solamente reconduciendo el 25 y el 20% de los excedentes obtenidos, durante media docena de ejercicios aproximadamente, hacia las cuentas individuales de los socios”.

Los resultados económicos que se fueron obteniendo rebasaron todas sus previsiones, incluso las más optimistas.

La autarquía económica en la que vivía el Estado español fue un factor determinante del rápido crecimiento logrado por las cooperativas, así como la nueva política económica impulsada por el Gobierno de Franco a partir de la elaboración del Plan de Estabilización Económica (1959-1961) impulsada por miembros del Opus Dei.

El Plan de estabilización se realizó siguiendo las directrices de Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre otras medidas relevantes, se liberalizó la economía, acabando con el aislamiento y reduciendo el intervensionismo del Estado. Junto a ello, se recortó el gasto público, se abrió la economía al exterior, se devaluó la moneda y se facilitaron las inversiones extranjeras. Todas estas medidas contribuyeron a que a partir de 1961 comenzara un periodo ininterrumpido de crecimiento económico que se alargó hasta la denominada crisis del petróleo.

Este nuevo entorno económico contribuyó positivamente al desarrollo y rápido crecimiento de la ECM. Este hecho fue una fuente de legitimidad, en gran parte de carácter pragmático (Schuman, 1995), que ayudó a disipar las dudas que pudieran existir respecto a la eficiencia económica del nuevo modelo económico adoptado.

Si bien la ECM nació bajo la idea de crear una nueva empresa a modo de comunidad de trabajo de acuerdo con el ideario moral de Arizmeniarrieta, de manera temprana, el crecimiento y el desarrollo ocuparon un lugar central en el modelo.

Con la permanente orientación de Arizmendiarrieta, y tras analizar su propia experiencia y los problemas de otras empresas, los fundadores elaboraron un conjunto de principios para mantener el equilibrio entre el crecimiento y la autonomía organizativa. Para fomentar el empleo y, al mismo tiempo, limitar el crecimiento de las entidades existentes, se estableció la norma de segregar toda línea de producción de una cooperativa que, por su grado de eficacia en fabricación y comercialización, permitiese la creación de una nueva cooperativa. Esta política fomentaba el crecimiento a través de la complementariedad de intereses.

En un inicio, se crearon nuevas empresas para satisfacer las necesidades que ULGOR pudiera tener respecto a componentes de fabricación o maquinaria utilizada en su planta. De esta manera, las nuevas empresas tenían un mercado inicial asegurado con la venta de productos a ULGOR, pero además, disponían de libertad para vender sus productos siempre que encontrasen comprador. De esta manera se crearon las primeras cooperativas.

  • ARRASATE, empresa productora de máquina herramienta fue fundada en 1958. Vendía parte de su producción a ULGOR y progresó hasta consolidar su propio mercado nacional e internacional. Sus fundadores han sido alumnos de la Escuela Profesional.
  • COPRECI, fundada en 1963, fue creada para fabricar componentes de cocina para ULGOR. Inicialmente le vendía casi toda su producción de válvulas, termostatos y otros componentes de cocinas domésticas e industriales. Progresivamente fue ampliando su mercado.
  • EDERLAN se creó en 1963 al unirse la fundición de ULGOR con Comet, una fundición privada en quiebra.
  • FAGOR ELECTROTÉCNICA o FAGELECTRO, como se llama coloquialmente, empezó como la División Electrónica de ULGOR, fabricando componentes electrónicos, principalmente semiconductores y seleccionadores de televisión. En 1966 pasó a ser cooperativa autónoma.

A la hora de planificar las empresas segregadas, los dirigentes de Mondragón tenían que pensar en la manera de mantener su vinculación sin limitar en exceso la autonomía de cada una de ella. Tenían que idear un proceso para crear una entidad nueva a partir de un departamento de otra empresa, pero también había de mantener el equilibrio entre los intereses de los miembros de la nueva firma y los de los socios que se quedaban en la empresa matriz. Para dar respuesta a estas interrogantes se creó El Grupo Cooperativo ULARCO.

El Grupo ULARCO junto a la Escuela profesional y la Caja Laboral serán las instituciones clave, a través de las cuales se desarrollará la Experiencia Cooperativa.

2.1. La escuela profesional

En la Escuela Profesional se han ido formando durante décadas miles de jóvenes que posteriormente se han incorporado a las cooperativas en calidad de técnicos, cuadros medios y directivos. Fue la primera obra de Arizmendiarrieta (1943). Durante los años cuarenta y cincuenta, la Escuela Profesional fue prácticamente la única alternativa para miles de jóvenes de la comarca para adquirir unos conocimientos que les permitiera la incorporación cualificada al mundo del trabajo.

La Escuela Profesional va a ser la transmisora, no sólo de conocimientos de carácter profesional sino también de normas sociales y valores establecidos por Arizmendiarrieta.

En sus años de formación, combinado en muchos casos con el trabajo en la cooperativa ALECOOP, los estudiantes desarrollarán las bases cognitivas y las representaciones sociales que posteriormente trasladarán a las cooperativas cuando se incorporen a ellas. Las relaciones entre los alumnos y los profesores eran de cercanía y confianza, alejadas del boato y del formalismo. Durante sus años de estudio, los estudiantes establecieron relaciones de amistad, que se trasladaron posteriormente a las cooperativas. Esta adquisición de conocimientos, rutinas, esquemas de funcionamiento y relación no se realizó de acuerdo a una lógica planificada, sino que tenía más bien un carácter pre-consciente y espontáneo. De hecho, en la Escuela Profesional no había una formación específica y reglada de aspectos relativos al cooperativismo, ni en sus aspectos ideológicos, ni en cuanto a sus orígenes, historia, etc.

De acuerdo con Moscovici, las representaciones se originan o emergen en la dialéctica que se establece entre las interacciones cotidianas de los sujetos, su universo de experiencias previas y las condiciones del entorno y “sirven para orientarse en el contexto social y material, para dominarlo” (Moscovici, 1979: 18). Las representaciones son una forma de pensamiento informal, un tipo de saber empírico, que además se articula al interior de los grupos con una utilidad práctica, en esencia como una guía para la acción de los sujetos, es decir, un saber finalizado. Estas representaciones sociales en el caso de muchos trabajadores y directivos de Mondragón se iniciaban a muy temprana edad dentro de la Escuela Profesional.

2.2. Grupo ULARCO

La empresas que crearon el primer grupo cooperativo, denominado ULARCO fueron: Ulgor, Arrasate, Copreci, Ederlan y Fagor Electrónica.

Entre todas ellas existía un elevado nivel de complicidad y confianza, lo que facilitó su constitución.

Fue Arizmendiarrieta quien en 1964 elaboró el diseño básico de la organización del Grupo ULARCO:

“La solidaridad intercooperativa constituye un nuevo paso en el fortalecimiento de las empresas y en el empeño de la liberación. Se han previsto y regulado las transferencias de personal, de recursos económicos, a través de los ‘fondos de reconversión de resultados’, de la utilización en común de diversos servicios, y el establecimiento de las condiciones para regular las prestaciones que existan entre las diversas cooperativas. Los complejos que se originan mediante estas mancomunaciones han quedado institucionalizados al ir provistos de los correspondientes órganos de gestión y dirección, con estructura análoga a las comunidades de trabajo de base” (Ormaechea, 1997: 540).

En 1962, Gorroñogoitia se manifestaba en los siguientes términos:

“tenemos por delante la bella y fantástica tarea de alumbrar la superestructura que necesitan las cooperativas que, en su aspecto económico y empresarial, debe adecuarse a los tiempos que se avecinan” (Ormaechea, 1997: 96).

Y continuaba,

“el objetivo que perseguimos es crear un “complejo industrial” técnicamente armónico que aborde, no solamente la producción de bienes de consumo, sino también los bienes de equipo y componentes de diversas características, complejo en el que ULGOR -y sus hombres- deben de ser célula motriz de despegue” (Ormaechea, 1997: 97).

El artículo 2 de los estatutos del Grupo ULARCO estableció su objetivo en los siguientes términos:

”Esta asociación, basada en un régimen de compromiso recíproco y de solidaridad comunitaria, tendrá por objeto promover la conjunción óptima y dinámica de las exigencias de unas auténticas comunidades de trabajo y los presupuestos de la empresa moderna con el adecuado despliegue técnico, financiero y mercantil”. (Ormaechea, 1997: 541).

Se incluyó un sistema de abastecimiento intercooperativo por el cual las empresas se proveían mutuamente de bienes de equipo al coste del mercado.

La creación de una dirección general del Grupo Cooperativo obligaba a idear una nueva estructura con varios niveles organizativos. Un contrato multilateral estableció la naturaleza de la participación de las empresas del Grupo, instando una administración colegial en vez de una ejecutiva. No fue hasta 1969 cuando ULARCO asumió tareas ejecutivas, reforzando la tendencia a centralizar las decisiones importantes, así como un mayor nivel de reconversión de resultados.

La Asamblea General de ULARCO estaba formada por los miembros de los Consejos Rectores de las cooperativas que integran el grupo, los gerentes y los miembros de los consejos de dirección de esas unidades y los interventores de cuentas. Corresponde a la Asamblea General la aprobación de cuentas y presupuestos, la adopción de decisiones sobre admisión y expulsión de cooperativistas y la aprobación de los principios de política general.

El Consejo General de ULARCO estaba constituido inicialmente por tres miembros de cada cooperativa. Al crearse nuevas cooperativas dentro de ULARCO, el número de representantes de cada una de ellas descendió a dos y, posteriormente, a uno.

Correspondía a la Dirección General de ULARCO, nombrada por el Consejo General del Grupo, la planificación y coordinación, la revisión y recomendación de planes anuales y a largo plazo del conjunto del Grupo, y la coordinación de las respectivas políticas comerciales. Correspondía también a la Dirección General el estudio y la puesta en marcha de sistemas de administración y estructuras administrativas comunes, la adquisición de licencias de fabricación, el mantenimiento de relaciones con organizaciones exteriores y la supervisión de la creación de nuevos servicios y empresas. La Dirección General ofrecía a las entidades integrantes del Grupo servicios jurídicos, contables, de personal y algunos de índole comercial. La centralización de las tareas de personal facilitó el traslado de socios de una cooperativa a otra dentro del Grupo. Esta movilidad fue y ha seguido siendo un medio importante de estabilización del empleo en periodos de crisis.

El Consejo Social Central estaba compuesto al principio por dos representantes del Consejo Social de cada una de las cooperativas. Corresponde al Consejo Social Central el estudio y la evaluación de los planes de la Dirección. Esto significa que la Dirección debía de mantener informado al Consejo Social y consultar con sus miembros los planes importantes. El Consejo Social Central debía de informar a su vez a los Consejos Sociales de las cooperativas.

La base de la interacción de las empresas del Grupo ULARCO, estaba en la elaboración de los planes financieros (denominados más adelante planes de gestión), práctica en gran parte desconocida en su entorno empresarial. Las cooperativas asociadas conservaban su independencia, pero de común acuerdo, deseaban un desarrollo armonioso y coordinado, que tuviera en cuenta las necesidades de cada cooperativa y del conjunto.

Los planes financieros debían de recoger los siguientes aspectos: programas de fabricación y de ventas; previsión de gastos; previsión de resultados; programa de inversiones; análisis financiero y principios de política general de desarrollo. Estos planes pasaban a la Dirección General del Grupo para su aprobación en función de los intereses comunes.

En relación al Régimen Laboral, se estableció que éste fuera uniforme para todas las cooperativas, es decir que los anticipos laborales fueran uniformes en todas las cooperativas, así como la clasificación profesional.

La admisión de nuevos socios, no era una atribución de cada cooperativa, sino del Grupo. Además, cada cooperativa se comprometió a poner a disposición del Grupo hasta el 25 % de sus socios, para ser transferidos a otras cooperativas, en caso de reconversión industrial o por la existencia de excedentes de personal. La transferencia de socios llevó consigo la transferencia de capitales. Esta norma que posteriormente se extendió a los demás Grupos cooperativos fue de gran importancia para hacer frente a la crisis económica de finales de los años setenta y siempre que las empresas han pasado por dificultades.

En relación al régimen económico se establecieron una serie de disposiciones encaminadas a reforzar la interdependencia entre las diferentes cooperativas. Las disposiciones más importantes fueron las aportaciones intercooperativas (cada cooperativa invirtió en las demás hasta un 20 % de su capital); la transferencia de patrimonio al Grupo (el 25 % del patrimonio de cada cooperativa pasó a disposición del Consejo general); y la reconversión de resultados, es decir que de los excedentes (beneficios) obtenidos por cada cooperativa se aportaron a un fondo común el 20 % de los mismos y de manera progresiva hasta alcanzar el 70 % el sexto año.

El Grupo Cooperativo ULARCO se dotó de una estructura organizativa tanto en los aspectos económicos como institucionales que carecía de precedentes. Años después, estimuladas por la Caja Laboral Popular, la mayor parte de las cooperativas de Mondragón se unieron para formar grupos semejantes, primeramente de carácter comarcal. El Grupo ULARCO será el referente para todos ellos.

2.3. Caja Laboral Popular

Caja Laboral Popular (CLP) surgió por iniciativa de Arizmendiarrieta en el año 1959, cuando aun la cooperativa industrial ULGOR no tenía resueltos sus problemas técnicos ni de comercialización, ni siquiera los jurídicos. En su fundación toman parte las cooperativas industriales ULGOR, Arrasate y Funcor, y la cooperativa de consumo San José.

La preocupación de Arizmendiarrieta era tener acceso al capital para que las empresas cooperativas no tuvieran dificultades de inversión:

“Hoy necesitamos de recursos extraños. Pero si queremos trabajar para el desarrollo de un movimiento cooperativo, si aspiramos a ser algo más que unos guerrilleros aislados de una buena causa, tenemos que ir pensando en una cobertura económica coherente e idónea” (Del Arco, 1983: 20).

Creía que las cooperativas no podrían reunir capital atrayendo a los inversores privados; que los bancos privados serían reacios a conceder créditos a las cooperativas de trabajadores; y que estas perderían su independencia si se endeudaban con la banca privada.

En la memoria de CLP del año 1960, Arizmendiarrieta explica el significado y sentido de la denominación que han elegido:

“Nos denominamos CAJA, porque una intención nuestra es la de cooperar para impedir que se malogra nada de lo que tanto sudor cuesta adquirirlo. Creemos que hay manantiales que no han aflorado a la superficie, que pueden explorarse, o que se derraman estérilmente.

Hemos querido adoptar un apellido: LABORAL. Para eso hemos adoptado el término Laboral, que alude a nuestro linaje y es al mismo tiempo nuestro blasón. Junto a la naturaleza concedida por Dios para todos los hombres, la verdadera fuente de prosperidad y bienestar es el trabajo. Nosotros queremos que lo que proceda del trabajo se cubra con una nueva aureola, sirviendo para aliviar y hacer fecunda la actividad propia de nuestros hijos.

Hemos querido completar nuestro nombre con un sobrenombre: POPULAR. La razón de ser de este sobrenombre es que, en primer lugar, esta entidad nace a impulsos de un movimiento auténticamente social y, como tal, popular. Han sido unas cooperativas, unas entidades constituidas sobre base humana y con una estructura eminentemente social, con predominio indiscutible del factor personal sobre lo económico, las que han contribuido a su nacimiento.

Pero no queremos adscribir la vida y el desenvolvimiento de CLP al círculo en el que nace, antes bien aspira a ser un instrumento de realización de los correspondientes ideales sociales en un ámbito social y territorial más amplio.

Cada libreta y cada título de CLP deben de considerar sus poseedores como un resorte que ponen en sus manos para tener a su servicio la capacidad, los planes y el desenvolvimiento de esa entidad. El trabajo y el ahorro son los pilares de nuestro porvenir y, de todas formas, creemos que este “espíritu de cooperación” con el que nace y consagra sus desvelos CLP, puede y debe ser una fórmula y un camino que puede contribuir poderosamente en el momento presente al bienestar humano y prosperidad de nuestros pueblos” (Larrañaga, 1981: 147).

Desde su fundación, CLP se constituyó en el motor de la Experiencia Cooperativa. Gorroñogoitia lo expresa diciendo lo siguiente:

“Para comprender la dinámica de esta Experiencia hay que apelar al conjunto de los elementos que la componen, y, en este caso, tener conciencia exacta de que los dos elementos estructurales básicos, soporte de la promoción del resto de la realidad cooperativa, han sido CLP y la Escuela Profesional Politécnica. La primera ha facilitado los capitales exigidos por nuestra promoción y la segunda ha puesto a disposición los hombres necesarios para su desarrollo” (Caja Laboral Popular, 1967: 240-241).

En el momento de su creación, la Asamblea General de CLP estaba estructurada de modo que representaba los intereses de las cooperativas a las que sirve y, al mismo tiempo, los de los trabajadores-propietarios de la entidad. En la Asamblea, los trabajadores estaban en desventaja en una proporción de dos a uno, pero sólo ellos podían elegir representantes para el Consejo Social de CLP.

El Consejo Rector estaba constituido por doce miembros, ocho en representación de las cooperativas y cuatro en representación de los trabajadores de CLP. Los ocho primeros eran altos directivos de las cooperativas más importantes.

Un área que fue adquiriendo relevancia dentro de CLP fue su División Empresarial, cuyo objetivo era la promoción de proyectos de empresas cooperativas. En este sentido, gestionaban tareas relacionadas con los planes de viabilidad de un proyecto empresarial, concesión de créditos etc. A partir de la década de los ochenta, a raíz de la grave recesión económica, la División Empresarial prestó una atención preferente a ayudar en la reorganización de las empresas con dificultades económicas.

Durante el periodo 1955-1966, se crearon 38 empresas cooperativas industriales y 3 cooperativas de consumo, la mayoría de ellas con un vínculo más o menos estrecho con CLP.

Son muchos los grupos de trabajadores de distintas poblaciones las que, teniendo la idea de crear una empresa, se acercaban a Mondragón a conocer la Experiencia Cooperativa que empezaba a ser conocida. En muchos casos, los Estatutos de ULGOR sirvieron de referencia y en no pocos se adoptaron tal cual.

El propio Arizmendiarrieta se desplazaba para contactar con los trabajadores y animarles para que transformaran sus incipientes talleres en empresas cooperativas.

Durante todo este periodo, se puso de manifiesto el carácter rector que CLP y su División Empresarial ejercía sobre el conjunto de las empresas cooperativas a ellas vinculadas, especializándose en tareas de promoción de actividades en régimen cooperativo y de asesoría a las empresas en funciones diversas (financiera, de gestión, etc.).

  1. PROCESO DE REORGANIZACIÓN DEL GRUPO ULARCO ANTE LOS CAMBIOS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS (1975-1985)

A partir de la década de los setenta, el contexto social, económico y político cambió de manera sustancial. La situación económica, motivado en primera instancia por el incremento del precio de la energía, se vio alterada radicalmente.

Por otro lado, la necesidad de abordar el mercado exterior obligó a reducir costes mediante la innovación tecnológica y la adecuación de los cuadros directivos a una nueva coyuntura internacional. A esta coyuntura económica hay que añadir el inicio de la transición política, periodo convulso a nivel político y social en el País Vasco.

La aprobación del Estatuto de Autonomía en 1979, junto con la ratificación del Concierto Económico por parte de la Constitución española y, consecuentemente, el establecimiento de la autonomía fiscal, supuso un cambio institucional de gran magnitud, que tuvo una incidencia relevante en la reactivación de la maltrecha economía vasca. Para ello, el Gobierno Vasco creó la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI), agencia de desarrollo empresarial encargada de dar apoyo y servicio al tejido industrial vasco. Paralelamente, El Parlamento vasco aprobó el año 1982 la Ley de Cooperativas de Euskadi que supuso dotar a las cooperativas de un nuevo marco jurídico en un contexto de recesión económica.

El cambio de fase tuvo su reflejo en los resultados económicos obtenidos por las cooperativas. Así, ULGOR sufrió sus primeros retornos negativos (pérdidas) en 1971. Se recuperó el año siguiente y comenzó una tendencia ascendente que duró hasta finales de los años setenta. Posteriormente, en el periodo 1980-1984 volvió a tener retornos negativos.

Con la excepción de Copreci, tanto Arrasate como Ederlan y Fagor Electrónica, pasaron por dificultades de rentabilidad a finales de los setenta. Esta situación era nueva para las cooperativas, dado que desde su inicio había conocido un ciclo económico expansivo.

Ante esta situación, el Grupo ULGOR llevó a cabo los siguientes cambios organizativos:

3.1. Progresiva centralización en la toma de decisiones a nivel de Grupo

En el año 1969 las cinco cooperativas asociadas decidieron proceder a la completa integración de sus actividades. Un cambio que tenía como fin la obtención de un desarrollo empresarial unificado de ULARCO como Grupo, dotándole de personalidad jurídica propia. Se nombró un Director General con autoridad ejecutiva sobre las direcciones de las cooperativas asociadas. Durante los primeros años de la reestructuración, Los Servicios Centrales de ULARCO enfatizaron dos actividades principales: Finanzas y Personal.

El nivel de reconversión de resultados se estableció en el cien por cien. Las empresas empezaron a someter regularmente informes de gestión a los Servicios Centrales y se creó un Fondo Social Intercooperativo.

En 1971, se creó el Departamento de Personal. Entre las primeras tareas que tuvo que asumir este Departamento fue la gestión del desempleo. Para ello elaboró guías para el traslado intercooperativo de personal.

Una manifestación clara del incremento de la influencia de ULARCO en la gestión diaria de las cooperativas fue la elaboración creciente de normas formales: normas de valoración de los trabajadores; normas para el nombramiento de gerentes y directores; normas que regulan los préstamos inter-cooperativos; normas para prohibir huelgas internas y para regulas las huelgas por motivos externos; normas sobre el funcionamiento de los órganos sociales, etc. Estas normas se elaboraban a través de un proceso de consulta con los órganos de gobierno de las cooperativas asociadas. No obstante, mientras que los primeros procedimientos del Grupo surgían y se desarrollaban por iniciativa de las empresas, ahora las normativas se originaban en los Servicios Centrales del Grupo.

Estas medidas ayudaron a hacer frente a la crisis. Las fluctuaciones de empleo no eran tan acusadas como las de los retornos económicos. El personal excedente en la mayoría de los casos fue reubicado dentro de la propia empresa o dentro del Grupo. Las empresas y actividades que sufrían pérdidas se apoyaban en los recursos financieros conjuntos del Grupo mientras se reorganizaban para mejorar su eficiencia y rentabilidad.

En los años ochenta, la crisis se agravó aún más, hasta poner en grave riesgo la supervivencia misma del sistema cooperativo. La consecuencia directa fue incrementar el nivel de centralización y de cohesión del Grupo, al percatarse de la necesidad de cambios más estructurales a nivel individual y a nivel del Grupo. La tendencia fue ir hacia la creación de una sola organización.

3.2. Reorientación hacia el mercado internacional y modernización de las plantas productivas

A finales de los años setenta y principios de los años ochenta, las pérdidas económicas de las empresas del Grupo eran generalizadas. Se inicia simultáneamente un proceso de reorganización enfocado al mercado internacional y una importante modernización de sus plantas productivas, apoyado por el Gobierno Central y el Gobierno Vasco a través de subsidios y créditos especiales vía el SPRI.

3.3. Creación del Grupo FAGOR

Después de un amplio debate dentro de las cooperativas y su posterior votación en sus respectivas asambleas generales, en un proceso que se prolongó hasta el año 1986, la nueva estructura organizativa fue aprobada pero con una falta de unanimidad.

El Grupo ULARCO pasó a denominarse Grupo FAGOR, con el objetivo de lograr una adecuada identidad corporativa, dado que la marca FAGOR era la más conocida en el mercado.

La nueva estructura del Grupo FAGOR dio un nuevo y mayor peso a los criterios de eficiencia técnica y gestión que en su estructura orgánica anterior. Fue un nuevo equilibrio caracterizado por una mayor centralización de las decisiones importantes.

La Asamblea General de FAGOR asumió funciones anteriormente en manos de las cooperativas: aprobación del lanzamiento y cese de actividades, incluyendo el cese y la disolución de cooperativas asociadas; aprobación de los planes de reestructuración y modernización de la empresas asociadas y los procedimientos en caso de que hubiera una intervención en una cooperativa; aprobación de las  políticas de personal, finanzas, tecnología y marketing dentro de todo el Grupo.

La nueva estructura del Consejo General aumentó la función ejecutiva en las empresas asociadas: ratificación del nombramiento de gerentes; aprobación de las normativas sobre las finanzas y la contabilidad en las empresas y supervisión de su cumplimiento; fomento y aprobación de las formativas relacionadas con la política de personal, empleo, formación, organización, condiciones de trabajo y otras; fomento y aprobación de las políticas de tecnología, marketing, nuevas actividades, modernización, planificación y sistemas de información.

Los reglamentos de 1986 dieron al Director General más responsabilidad ejecutiva sobre las decisiones relacionadas con las cooperativas, además de desarrollar y proponer el plan estratégico del Grupo que debían de seguir las cooperativas. Además de desarrollar las normativas de personal, finanzas, tecnología, marketing y otros, adoptó las medidas necesarias para asegurar su realización eficaz. Finalmente, se estableció que “las decisiones del director general, dentro de sus áreas de competencia, serán obligatorias para los órganos representativos y los individuos dentro de las cooperativas del Grupo” (Regulación orgánica del Grupo FAGOR, junio 1986: 14).

En este contexto, los aspectos sociales fueron aparcados ante las prioridades económicas. La crisis económica, después de dos largas décadas de crecimiento y de obtener importantes retornos económicos, enfrentó a los cooperativistas ante la cruda realidad a la que se respondió mediante reubicaciones de cooperativistas en distintas cooperativas, reducción de anticipos laborales, extornos económicos, calendarios laborales móviles, relevos, flexibilización de la jornada, etc. Consecuentemente, el grado de frustración e insatisfacción de los socios fue creciente. Las tensiones obedecían en gran medida a la ansiedad que provocó la crisis económica y las consecuencias que para ellos se derivaban en el día a día.

Con estas palabras se dirigió Alfonso Gorroñogoitia a los socios de ULGOR en el año 1981, con ocasión del 25 aniversario de la cooperativa:

“La áspera circunstancia económica que vivimos, con sus desagradables secuelas en todos los planos, pero particularmente en lo personal, que afecta a tantos compañeros de trabajo cargándoles de justificadas preocupaciones, no propicia el clima adecuado para una festiva celebración de este aniversario (…) Pero para lo que sí nos tiene que servir esta fecha es para hacer un acto de afirmación y fe en nosotros mismos y en nuestras posibilidades como personas, como hombres y mujeres, y como comunidad solidaria. No lo dudéis, terminaremos saliendo del `túnel oscuro` de esta crisis y terminaremos saliendo reforzados y rejuvenecidos. Llegaremos a celebrar las bodas de oro, el 50 aniversario. Por supuesto no todos los ahora presentes a título personal, pero sí la mayoría, y en todo caso ULGOR S.COOP. como entidad. Porque sabremos, querremos y podremos asumir los esfuerzos necesarios para alcanzar esta meta y para seguir aportando a la sociedad y a nosotros mismos las cuotas de progreso y emancipación populares que nuestra conciencia nos demanda y nuestro País nos exige” (Molina, 2006: 150).

Conforme la crisis económica incidía con mayor fuerza, se generalizó la creación de Grupos Cooperativos de carácter comarcal. Además del Grupo originario ULARCO-FAGOR, que marcó la pauta y el modelo a seguir por todas las demás, se crearon 13 grupos más, englobando a un total de 94 empresas.

Este modelo de agrupaciones de empresas era algo desconocido en el mundo de las cooperativas y no existían referencias en las cuales basarse a la hora de establecer el marco normativo que regulara las relaciones entre ellas. Por tanto, hubo que ser creativo para dar respuesta a las necesidades que la situación de crisis económica estaba provocando en muchas empresas. Es preciso resaltar el carácter comarcal de estos grupos cooperativos, ya que su unidad estaba basada en aspectos tales como su proximidad física, el conocimiento en muchos casos personal de sus miembros, la afinidad ideológica, la identificación con el territorio, etc. Estos aspectos cimentaron la formación de los grupos cooperativos, siendo en muchas ocasiones razones más poderosas que las de carácter puramente económico. Sólo en un segundo estadio, a partir de 1984, se dieron las condiciones para pasar a constituirse los grupos denominados sectoriales, pero, aun entonces, el aspecto comarcal y otro tipo de afinidades y proximidades prevalecieron en muchos ámbitos.

  1. PRIMEROS SÍNTOMAS DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN, NUEVAS FUENTES DE LEGITIMACIÓN Y RESPUESTAS ORGANIZATIVAS

En la medida en que la ECM creció, y lo hizo con gran rapidez durante la primera década de su andadura, aparecieron los primeros síntomas de desinstitucionalización, entendida ésta como procesos de debilitamiento de las prácticas institucionalizadas. Este hecho se produjo a partir de la segunda mitad de la década de los sesenta, prácticamente a los diez años de la fundación de la primera cooperativa.

Durante esos años se produjeron cambios en las representaciones sociales entre los integrantes del cooperativismo, junto a modificaciones en las bases de legitimidad que hasta entonces habían acompañado al proceso de institucionalización del cooperativismo de Mondragón. Todos estos cambios a nivel cognitivo y normativo van a provocar nuevas formas de organización del trabajo que tomarán como referencia el Modelo Noruego de Organización del Trabajo.

4.1. Diversificación de las representaciones sociales, emergencia de problemas organizativos y conflictos

Todas las fuentes bibliográficas consultadas coinciden al detectar los cambios que se empiezan a generar a partir de la segunda mitad de la década de los sesenta. Así, Riaza (1968) realiza el primer estudio de carácter sociológico confirmando que la cooperativa comenzaba a perder la condición de “sociedad humana”. Su análisis  advertía de los “riesgos de un crecimiento demasiado intenso y rápido, en número de socios y en una producción compleja en su variedad y exigencia técnica”. Mostraba fallos en la participación social de los trabajadores y en la comunicación entre éstos, especialmente de las de las categorías más bajas con los directivos. Se percibía una creciente desgana en la participación en las asambleas, lo que se achacaba al “ritmo impresionante, incluso peligroso,” del crecimiento de la empresa. El estudio concluye con los siguientes términos:

“Podemos decir que la empresa en lo técnico y económico ha llegado a un nivel muy alto de perfeccionamiento y en lo cooperativo va caminando a un ritmo aceptable, aunque quizá algo menor en la directriz de conseguir consolidar la comunidad de trabajo que ULGOR es, haciéndola cada vez más auténtica y consolidada” (Riaza, 1968: 82).

Estos síntomas se ven confirmados y reforzados a partir del año 1975. Así, la investigación de Ruth Fischer (1975) concluye que el rápido crecimiento estaba superando la capacidad integradora de la empresa, generando problemas de masificación y comunicación social entre los estamentos de trabajadores, lo que acrecentaba la sensación en muchos de éstos de que la cooperativa era poco más que un lugar de trabajo, y no una comunidad que les dotaba de una identidad colectiva. Comenzaban a detectarse actitudes de desconfianza, fundamentalmente canalizadas hacia los mandos intermedios. De acuerdo con este estudio, la asimilación de ideologías marxistas entre una parte importante de los trabajadores ayudó a representar ideológicamente una percepción dialéctica de las relaciones laborales en el interior de la cooperativa. En el año 1974, junto con el comienzo de las primeras dificultades económicas, se produjeron severos conflictos en las cooperativas de ULARCO, concretamente en ULGOR y FAGOR ELECTROTÉCNICA, tomando tintes más dramáticos en la primera. El foco específico del conflicto fue la introducción de un nuevo manual de valoración estructural. Este conflicto debe situarse en el contexto social y político del cambio de régimen político que se estaba viviendo en aquellos años y que provocó una gran convulsión social y política.

El conflicto desembocó en una huelga que se prolongó durante tres días. Fue la primera huelga por “motivos internos” (de índole laboral y no “político”) en una cooperativa de Mondragón. Era, por tanto, un hecho sin precedentes en una organización en la cual la normativa de huelga tenía un carácter muy restrictivo. La huelga generó una gran tensión y tuvo como resultado la expulsión de 17 socios trabajadores de ULGOR (no siendo readmitidos hasta el año 1978) y 397 socios fueron sancionados.

El conflicto dejó abiertas muchas heridas internas, una crisis institucional importante y la moral bastante dañada. El desenvolvimiento de la crisis puso de manifiesto que la legitimidad institucional de la ECM podía ser puesta en cuestión, algo imposible hasta entonces. El contexto social y político estaba cambiando y la ECM había quedado rezagada respecto de la transformación que se había producido en el entorno. A nivel cognitivo nuevas interpretaciones de la realidad se iban configurando dentro de las cooperativas, al margen de las interpretaciones impregnadas de religiosidad que habían prevalecido hasta entonces, pero que ya desde finales de los años sesenta se ven desplazadas por las formulaciones de corte nacionalista y socialista.

Consecuentemente, la legitimidad normativa también se pone en cuestión. Aspectos hasta entonces admitidos como incuestionables, como el manual de valoración y en general el modelo de trabajo básicamente taylorista se pone en solfa y se plantea si es coherente con las bases filosóficas del modelo cooperativo (“la persona como centro”). También el funcionamiento de los órganos institucionales (concretamente el papel del Consejo Social) son cuestionados. Para dar salida a este aspecto, se instituyó la figura de los “consejillos” para facilitar la comunicación entre los trabajadores de base y los representantes del Consejo Social.

William Foote Whyte y Katheleen King Whyte realizaron un análisis sobre el cambio de la cultura cooperativa que se apreciaba en aquellos momentos (1979-1994). Realizaron un sondeo en las cooperativas del Grupo ULARCO para estudiar dos dimensiones de la participación de los cooperativistas: el gobierno y la organización del trabajo. Los sociólogos norteamericanos contemplaron la disputa en torno a la participación que se mantenía entre directiva y mandos intermedios, por un lado, y los consejos sociales, por otro lado. La participación de los socios, tanto en la gestión del trabajo como en el gobierno, se reveló mucho más amplia que en las empresas de la zona. El estudio detectó una cultura organizativa diferenciada, fuertemente arraigada en aspectos de autocrítica y adaptación a las condiciones cambiantes del entorno. La capacidad para el cambio y la negociación fueron puestas de manifiesto en el periodo de reconversión industrial.

Este estudio tuvo su continuidad en 1985, bajo la supervisión de David Greenwood, quien comenzó una investigación de orientación más antropológica. Descubrió que la información a la que tenían acceso los socios del Grupo ULARCO tendía a ser mal asimilada, lo que generaba apatía y desinterés. Asimismo, se reveló la existencia de una sólida conciencia de diferencia entre los miembros del Ejecutivo y los trabajadores manuales, catalogados como “los de arriba” y “los de abajo”. Ello revelaba una mentalidad social de desigualdad y una actitud general entre los trabajadores, especialmente los de mano de obra directa, de cansancio ante la retórica igualitarista del vocabulario directivo y su dificultad para concretarse en prácticas de gobierno y gestión de la cooperativa más cercana a sus sensibilidades. Asimismo, las reubicaciones de personal realizadas, habían dejado un fuerte malestar entre los trabadores que sufrieron estas medidas, debido al aislamiento y soledad que habían sentido en sus nuevos puestos de trabajo y al sentimiento de “cosificación” que habían vivido en su entorno laboral.

El ser socio de la cooperativa se asociaba con los siguientes aspectos: la participación en la gestión del trabajo y de la empresa (aspecto por cuya aplicación práctica se mostraba insatisfacción pero que no se cuestionaba); la seguridad en el empleo; la libertad de expresión y la posibilidad de promoción en función del esfuerzo personal.

4.2. El crecimiento como elemento de legitimación pragmática

En el periodo que transcurrió en el proceso de construcción y consolidación de la ECM, las bases de legitimidad pivotaban entre la construcción de una comunidad de trabajo frente al modelo de empresa tradicional y el logro del desarrollo comunitario como objetivo a alcanzar. Si en un primer momento la comunidad de trabajo es el elemento legitimador de la ECM, progresivamente se ve desplazado por el desarrollo comunitario. Es necesario subrayar que la experiencia nace a finales de los años cincuenta, cuando los valores asociados al desarrollo comienzan a ocupar un lugar importante en las representaciones sociales de los individuos. En la búsqueda de legitimidad, no son sustituidos unos elementos por otros, sino que se presentan de manera agregada y buscando coherencia entre ambos. Para los actores más ideologizados, la creación de la comunidad de trabajo tendrá un valor de primer orden, pero no renunciarán al desarrollo (económico) comunitario. Por el contrario, los individuos menos ideologizados valorarán sobre todo las posibilidades de promoción (desarrollo) individual (también comunitario) y económico. En todo este proceso de búsqueda de legitimidades, el lenguaje y la capacidad dialéctica de los actores sociales tuvieron una gran importancia (en los primeros años, las Asambleas Generales podían durar jornadas enteras).

Por otro lado, de cara al exterior, la ECM contenía una potencial amenaza a los ojos de la clase empresarial por su carácter diferenciado y sus mensajes heterodoxos. Ante ellos, los dirigentes cooperativos trataron de ganar la confianza de las instancias gubernativas y económicas, disipando las dudas que el proyecto cooperativo pudiera suscitar. En este sentido, el discurso pragmático asociado al crecimiento y desarrollo económico se va ir afianzando progresivamente, constituyendo tanto un elemento de cohesión interno como un medio para tranquilizar a los grupos empresariales tradicionales.

4.3. Organización del trabajo y relaciones laborales

En relación al modo de gestionar las cooperativas, éste no se diferenciaba sustancialmente del modo tradicional que los primeros cooperativistas habían conocido y padecido en las empresas de capitales de las que provenían. Empresas en su gran mayoría dominadas por unas relaciones de carácter autoritario-paternalista, donde imperaban las lógicas tayloristas y los modos de producción fordistas. Empresas disciplinadas pero que aun no dominaban plenamente las formas y maneras de la producción industrial, dado que se encontraban aún en un proceso inicial.

Las primeras cooperativas tomaron como referencia estos modelos, si bien fueron pioneras en la incorporación de prácticas de gestión empresarial que no eran habituales en su entorno. Entre ellas, tres tuvieron gran relevancia para su organización empresarial: los planes de gestión; los planes estratégicos y los manuales de valoración de los puestos de trabajo. Sobre estos ejes se estableció la organización del trabajo y las relaciones entre los miembros de la cooperativa. Estos elementos con el tiempo llegaron a consolidarse en la cultura empresarial cooperativa y fueron los mimbres de su gestión prácticamente hasta los años ochenta.

Junto a ello, los dos órganos más relevantes de las cooperativas, esto es, el consejo rector y la gerencia, mantuvieron una colaboración y complicidad muy estrecha respecto de las claves de gestión de la cooperativa. Las relaciones internas entre los trabajadores y los órganos de dirección eran relaciones de cercanía y de confianza, pero también de exigencia y disciplina, “mediante una relación interpersonal, al ser todos conocidos, siendo prácticamente todos compañeros de la niñez o, por lo menos, con muchos años de convivencia” (Uribe-Echeberria, 1981: 75). El sistema se caracterizó por disponer de un “ejecutivo fuerte y por ejercer un liderazgo autoritario-benevolente (paternalista), aunque después en la calle fuesen amigos y tuvieran mucha relación personal”.

El consejo social, como órgano representativo del colectivo, “servía como lugar de aprendizaje de temas empresariales y sociales, ya que el Presidente del Consejo Rector daba mensualmente sus explicaciones sin tener en cuenta limitaciones de tiempo. Lo mismo podía durar tres como seis horas, repartidas si era preciso en dos o tres días” (Uribe-Echeberria, 1981: 75). Estas informaciones “equivalían al refuerzo para aumentar o mantener la motivación de eficiencia” (Uribe-Echeberria, 1981: 77). La comunicación era en general descendente en todos los aspectos de trabajo normal en la empresa, “ya que los conocimientos estaban en la cúspide de la jerarquía” (Uribe-Echeberria, 1981: 77).

Hasta la primera mitad de los años setenta, el trabajo fue abundante y los resultados económicos sobrepasaron todas las previsiones.

En las cooperativas se ganaba bien, tan bien o algo mejor que en las empresas del entorno, y además las sumas capitalizadas por los socios eran considerables. Como afirma Uribe-Echeberria:

“en la Junta General [Asamblea General], de 1963, había un buen porcentaje que no se enteraba de lo que se decía, pero se compensaba con la fe en los líderes, y sobre todo, con los resultados positivos de su gestión” (Uribe-Echeberria, 1981: 75).

En relación a la organización del trabajo de las cooperativas, Gorroño señala que ésta

“ha sido netamente taylorista, en la búsqueda de la eficiencia a través de la especialización en movimientos y tareas simples. Concluiremos que, aun subsistiendo una correcta gestión democrática en los términos en que la misma fue definida, la conjunción de ambos factores ha conducido a la no incitación de la participación en el hecho empresarial” (Uribe-Echeberria, 1981: 126).

El modelo tenía un carácter directivo muy marcado, con amplias competencias asumidas por parte de la gerencia, y el producto era de baja tecnología, por lo que se requerían trabajadores de pocos conocimientos y la necesidad de participar y, por tanto, de generar un marco que lo posibilitara no era ni prioritario ni adecuado.

El crecimiento de las cooperativas era tan acelerado en el periodo 1963-1966, que su sistema de valoración por oficios y profesionales dejó de ser eficaz, dando lugar a la modificación del reglamento de régimen interior, para definir niveles donde aparecían las nuevas clasificaciones de ejecutivos subordinados, intermedios importantes y altos ejecutivos. Fue ULGOR quien elaboró el primer manual de valoración de puestos de trabajo, siendo muy novedoso en su entorno empresarial.

Con la clasificación apareció también la organización burocrática de los puestos de trabajo, siendo éstos definidos por escrito en términos de movimientos que debían hacer los operarios y que eran archivados por la organización. Este hecho ilustra el interés y la insistencia de las cooperativas por racionalizar y estandarizar la contribución de cada socio a la cooperativa y el establecimiento del consiguiente reconocimiento económico. Comités de valoración determinaron el valor estructural de cada puesto, el valor funcional que varía por calificaciones y experiencia del personal, además de los aspectos negativos o peligrosos que merecían una compensación adicional.

Antes de llegar a la Organización Científica del Trabajo mediante la valoración de los puestos, era el encargado o jefe el que definía la tarea a realizar por sus subordinados. Con la definición de puestos burocráticamente, el mando perdió mucha de su libertad de acción. El subordinado ganó en seguridad y las relaciones con el mando fueron más impersonales. Era la organización quien definía los puestos, sobre todo, en las cadenas de montaje y lo hacía con iguales requerimientos para todos ellos. Por eso la valoración era sencilla y rápida. Otro aspecto que se quería suprimir con la valoración de los puestos de trabajo eran los favoritismos de los mandos hacia determinadas personas.

Las cooperativas fueron también pioneras en la elaboración de los planes de gestión anual. Este documento fue elaborado por la gerencia y en él se determinaba por escrito los objetivos anuales y las acciones planificadas para su consecución. Mensualmente se realizaba un seguimiento y control del mismo para verificar y corregir las posibles desviaciones del mismo.

Mediante el manual de valoración y el plan de gestión anual los principios de eficiencia y de impersonalidad van a salir reforzados y con ellos el modelo de gestión burocrático.

A partir del año 1970, la dirección general del Grupo ULARCO introdujo modificaciones a la cuestión de la participación de los trabajadores en las cooperativas. Se estimó que las crecientes tensiones que se estaban produciendo en los centros de trabajo obedecían a la contradicción interna entre el sistema democrático de gobierno de las cooperativas y el sistema rígido y autoritario de la organización del trabajo. Por ello, la dirección debía de estudiar a fondo las posibilidades de implantar nuevas formas de organización del trabajo que fuesen eficaces económicamente y que, al mismo tiempo, estuviesen más en armonía con los valores sociales en los que se basaba el cooperativismo.

Desde ULARCO, se alentó a las direcciones de las cooperativas para que estudiaran y planificaran la introducción de Nuevas Formas de Organización del Trabajo (NFOT), tomando como referencia las aportaciones teóricas de Einar Thorsrud y las experiencias realizadas en la factoría Volvo de Kalmar (Noruega).

“Las NFOT buscan el protagonismo del hombre en el trabajo. El protagonismo supone el aprovechamiento máximo y desarrollo de las potencialidades del hombre, ampliación de su círculo de intereses a través del trabajo, superación profesional y humana a partir del trabajo. […] El protagonismo del hombre supone la atribución de funciones adecuados al nivel de conocimientos y experiencia, y la responsabilización plena del trabajador por la labor que realiza […] Para ello se trata de organizar el trabajo en torno a equipos de trabajo en lugar de las cadenas de montaje, lo que parece previsible que traiga cambios en la estructura organizativa: cierta descentralización en la toma de decisiones y reducciones en la mano de obra indirecta y probablemente, de ciertos niveles de decisión” (ULARCO, 1975: 37-43).

A partir de 1972 Copreci comenzó la implantación de las NFOT de manera sistematizada, con la intención de acumular una experiencia que fuera extendida al conjunto de las cooperativas del Grupo ULARCO, implantándose con diferente grado de desarrollo en ULGOR, F. Arrasate, F. Ederlan, Fagelectro y F. Industrial. Sin embargo, estas experiencias se fueron abandonando progresivamente y, en el año 1976, sólo Copreci continuaba aplicándolas. Después de más de cuatro años de aplicación, se realizó la siguiente valoración (Copreci, 1976: 26-32):

“En la elaboración y aplicación de los distintos proyectos no se ha tenido suficientemente en cuenta la unidad que constituyen los distintos elementos del sistema socio-técnico. Con frecuencia se han operado con alguno de ellos sin tener en cuenta su incidencia en otros elementos. (Se evidencia) la acentuación excesiva de los aspectos económicos junto con la subestimación de los problemas humanos (…) una diferenciación bastante rigurosa entre la fase preparatoria de los proyectos y la de su realización. La preparación de los proyectos ha sido obra casi exclusiva de los niveles superiores de la organización y de los técnicos. De hecho, las personas que habían de estar implicadas en los proyectos (incluyendo los encargados) no han participado en esa fase. Para concluir observamos que el enfoque inicial ha ido desplazándose hacia una visión totalmente productiva y tecnicista. […] Si se ha optado por el camino fácil y con una visión a corto plazo es porque realmente no existía el convencimiento, al menos generalizado, en las NFOT”. Respecto a las implantaciones realizadas en otras empresas del Grupo ULARCO y respecto a las posibilidades de implantar las NFOT en las mismas se estima que “el pretender que en ULARCO se puedan implantar las NFOT manteniendo intactas la organización actual del trabajo, los sistemas vigentes de información y control, omitiendo los alicientes remunerativos, no deja de ser algo ilusorio en lo que a veces creemos”.

Los intentos por superar los modelos tayloristas de organización del trabajo, introduciendo para ello cambios organizativos y lograr así una coherencia mayor entre el ideario cooperativo y las prácticas empresariales, además de mejores resultados empresariales, tienen su continuidad con la introducción del paradigma de la calidad en los años noventa.

No obstante, el resultado poco satisfactorio obtenido con la introducción de las Nuevas Formas de Organización del Trabajo, radicó en el hecho de considerar a las organizaciones exclusivamente como realidades socio-técnicas, olvidado que están insertas en sistemas culturales de significado que es preciso considerar. Estas nuevas formas de organización, no tienen una validez universal, sino que han de adecuarse a los entornos culturales en los que se insertan si se pretende lograr éxito en su aplicación. De lo contrario, el rechazo que generan entre quienes han de llevarlos a la práctica, impiden su plena implementación.

  1. CONCLUSIÓN

A lo largo de este periodo de tres décadas (1955-1985), se produce el surgimiento y la consolidación de la Experiencia Cooperativa de Mondragón.

Esta Experiencia, radicalmente innovadora en su origen, llegó a tener 19.161 trabajadores en el año 1985; unas ventas por valor de 841,4 millones de euros y un total de 94 cooperativas asociadas a Caja Laboral, distribuidas por toda la geografía vasca. En estos treinta años, las cooperativas conocieron coyunturas económicas muy favorables que supieron aprovechar para crecer, junto con otras más desfavorables en las que desplegaron todo su potencial de intercooperación para resistir y fortalecerse.

En este periodo, se produjeron cambios significativos en las bases institucionales del Grupo. Los profundos cambios sociales, económicos y políticos acontecidos en la sociedad vasca, fueron acompañados por cambios de tipo cognitivo y normativo en el seno del cooperativismo, mientras que los aspectos reguladores se mantuvieron, siendo estos últimos, los elementos identitarios más vigorosos del cooperativismo.

El discurso moral de Arizmendiarrieta, único referente ideológico del Cooperativismo de Mondragón, fue perdiendo significado entre los cooperativistas prácticamente desde el inicio del despegue industrial y el cambio social de valores a él asociado.

Así, en la década de los ochenta, del personalismo cristiano propuesto por Arizmendiarrieta se transita hacia los modelos nórdicos de democracia industrial.

No obstante, estos modelos socio-técnicos de organización, no tuvieron el desarrollo esperado debido en gran medida a que en su implantación no se tuvieron en cuenta las diferencias culturales existentes, siendo una de las claves a considerar en estos procesos. Por todo ello, a finales de los años ochenta, el cooperativismo se encontró sin referentes ideológicos claros.

Junto a ello, la búsqueda de legitimidad dejó de estar sustentada en la creación de ámbitos comunitarios de producción al servicio del desarrollo comunitario para centrarse en el crecimiento económico como único elemento legitimador del proyecto cooperativo.

De esta manera, La Experiencia Cooperativa Mondragón quedó progresivamente asimilada cultural y cognitivamente e fue incapaz de producir un discurso propio y original. Con una capacidad muy limitada de plantearse objetivos y retos más acordes con su origen y con la comunidad en la que surgió y en la que se sustenta.

Durante el periodo de crisis económica, se realizaron grandes esfuerzos y sacrificios por parte de los trabajadores, dando lugar a profundos aprendizajes que perdurarán en el tiempo.

En primer lugar, el modelo cooperativo había pasado por una dura prueba de la cual salió fortalecido. Se había pasado por un periodo crítico pero en conjunto el Grupo no había perdido un solo puesto de trabajo sino que había crecido, al contrario de lo ocurrido en el resto de la industria.

Para ello, todos habían realizado sacrificios, pero eso formaba parte de las reglas del juego que, si en otros momentos les había permitido obtener grandes resultados económicos en la actualidad, les exigía esfuerzos suplementarios.

El modelo cooperativo había pasado su prueba de fuego y había encontrado los mecanismos internos para hacerles frente.

En segundo lugar, el cooperativismo se había dado cuenta aun con mayor intensidad de que la orientación empresarial, fuertemente enraizada hasta entonces, debía de ser asumida, definitivamente, como la más importante frente a aspectos de índole social e ideológico. Lo económico, la orientación al mercado y la necesidad de una mayor agresividad se afianzó fuertemente en el Grupo y los aspectos ideológicos perdieron posiciones.

Si bien a finales de los años sesenta y en la década de los setenta las posiciones ideológicas afines al nacionalismo vasco se extendieron también entre los cooperativistas, reemplazando en cierta medida el vacío ideológico dejado por el cristianismo, progresivamente irá perdiendo espacio a favor de visiones más pragmáticas y desencantadas de la realidad empresarial.

Con esta percepción, se concluyó la década de los ochenta y el cooperativismo estaba ya dispuesto a iniciar, de manera pionera, su proceso de internacionalización, pero para ello debía de iniciar un proceso de reinstitucionalización bajo el nueva denominación de Mondragón Corporación Cooperativa.

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Los Crímenes de Guerra del Franquismo.

El Engaño de la Memoria Histórica y la manipulación de los datos.

No queremos que nadie haga política con los muertos. (Pero los políticos de la falsa Memoria Histórica nos obligan a ello).

Memoria Histórica o más bien Mentira Histórica.

Entre los historiadores que defienden interpretaciones contrapuestas ¿Como sabemos quien miente?

La respuesta es de cajón. Siempre es más factible que mientan quienes perciben subvenciones y publican libros de opiniones, políticamente correctos para la oligarquía actual, que no se sustentan sobre un trabajo completo de investigación ni aportan documentación suficiente.

Quienes son independientes y aportan una cantidad contundente de pruebas y datos es más fácil que se acerquen a la verdad.

Luego están los “libros de historia” de supuestas eminencias (mayoriatariamente socialistas anglosajones) que, al fundamentarse exclusivamente en la propaganda frentepopulista, han quedado completamente obsoletos desde el punto de vista del rigor histórico, aunque no suceda lo mismo con su influencia política en nuestra sociedad. Ya que son estas mentiras las que pasan a los medios de comunicación de masas como la radio, el cine o la televisión.

La grandilocuente propaganda del “siempre victorioso” Frente Popular ha regresado en nuestros días para instalarse en el subconsciente colectivo a través de los medios al servicio del sistema. Entre los cuales se encuentran los libros escolares, cuyo mayor demérito no es ponderar a los perdedores de la contienda exagerando sus supuestos méritos sino, simple y llanamente, mentir como bellacos.

Contra esta Mentira Histórica nada mejor que divulgar la Realidad Histórica fundamentada en datos concretos y conocidos por todos los historiadores independientes.

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¿Cómo se lleva a cabo este engaño?

 

1º/ Las fosas comunes son corrientes en todas las guerras y contienen los cadáveres de los caídos en combate. Por ejemplo en Somosierra hay numerosas fosas comunes de época napoleónica con los muertos de la batalla de Somosierra. Por lo tanto las únicas fosas que pueden aportar datos son las que contengan represaliados.

2º/ Los historiadores ya conocen que hubo varios miles de represaliados “in situ” durante y tras las batallas. Esto se produjo en ambos bandos y sucede en todas las guerras (por ejemplo durante la II GM los soldados americanos mataban a los prisioneros alemanes y estos a los rusos).

Pío_Moa.Estamos cansados de oír hablar de los miles de fosas del franquismo y del mapa de las fosas elaborado por los poderes públicos –“toda España era una fosa” repiten historiadores “académicos” y charlatanes varios-; y, ciertamente, así tenemos un mapa visualmente impactante -lo que es una forma de manipular-, con tantos puntos/fosa que se pierde la silueta de España, pero si se revisa atentamente el resultado veremos que lo que se señalan son las fosas comunes existentes en casi todos los cementerios de España que, como se indica pero no se borran de mapa, en gran parte de los casos, no contienen restos de represaliados.

Los historiadores “académicos” se escudan en la metodología para avalar sus escritos y deslegitimar cualquier otra investigación. Pero es precisamente en su metodología donde aparece la trampa: uno de los “padres” de la investigación de la “represión franquista” no tuvo reparo metodológico alguno a la hora de:

-incluir los soldados muertos en combate en las listas de represaliados por el franquismo;

-otro reputado investigador, en las tierras de Castilla-La Mancha, probablemente porque no le gustaban los datos, decidió que los ejecutados por los republicanos por sentencia de los Tribunales Populares -algo que mantienen los memorialistas- no debían de ser considerados como víctimas de la represión republicana y por tanto quedaron excluidos de su estudio (los demás historiadores “académicos” utilizan su número como el total de la provincia);

-otros, víctimas del localismo, excluyen a los asesinados por los republicanos en una provincia que no eran de la provincia, y así es posible que acaben desapareciendo de los cómputos;

-alguno elimina a los no identificados que figuran en los registros de cementerio que, naturalmente, en parte, no están en los listados de “Caídos” realizados en el franquismo en los cuarenta, que algunas investigaciones indican que debe ser revisada al alza;

-un manto de silencio oculta las otras víctimas de la represión republicana, los anarquistas y troskistas asesinados en su retaguardia por socialistas y comunistas, por no hablar de los ejecutados en el frente por las unidades comunistas –“el campesino” fue tristemente famoso por ello- por retroceder (recientemente los de la “memoria” han abierto una fosa, que han vuelto a cerrar con el silencio, de soldados republicanos asesinados por sus compañeros) y estaríamos hablando de algún que otro millar que no sé si alguno de los “académicos” los endosará al franquismo -Garzón se negó a investigar el caso-.

-Un día sí y otro también nos encontramos con las cifras especulativas de las víctimas de la “represión franquista”: 100.000, 150.000, 200.000. Aunque a los historiadores “académicos” les guste el cuento -tampoco es plan de que en unos años alguien les saque los colores- suelen hablar de 100.000 o, los más atrevidos, de 150.000, pero sin ninguna base empírica.

-¿Cómo llegar a tan mágica cifra? Sumando cosas, es más, atribuyendo al guarismo de la “represión” a cualquiera que falleciera por enfermedad en prisión, campos de prisioneros y hasta de hambre en la posguerra.

Dejando a un lado la validez metodológica y teórica del aserto debemos preguntarnos: ¿qué pasaría si aplicáramos el aserto a la represión republicana?

Me quedo con los 80.000 asesinados por los republicanos atendiendo a los datos de la Causa General (un estudio actualizado de la Fundación Francisco Franco los eleva a 110.000 con nombres y apellidos ( tal vez al incluir a los represaliados de su propio bando) pero según los estudios de Ricardo de la Cierva el Nº de Caídos por Dios y por España fué exactamente 113.178 asesinados).

Y ahora sumemos la sobremortalidad de la zona republicana derivada del hambre, penalidades, enfermedades de prisión –en la zona republicana hubo varias decenas de miles de internados en prisiones y en los campos de trabajo, constituidos a finales de 1936 por el gobierno presidido por el socialista Largo Caballero-, tal y como hacen algunos historiadores “académicos” y memorialistas, unas 140/150.000 personas que murieron víctimas del hambre y la enfermedad, debido a lo que fue la incontestable incompetencia del gobierno republicano (en la zona nacional la sobremortalidad difícilmente alcanzaría las 17.000 personas).

Las víctimas de la república del Frente Popular superarían así, ampliamente, las 200.000 personas, según este modo de contar y endosar responsabilidades.

También aquí cabría hablar, dado el número, del genocidio cometido por los republicanos (en puridad tendríamos los minigenocidios, entendiendo como tales el intento de exterminio absoluto, perpetrados contra los troskistas, los religiosos y los falangistas).

Pío Moa.

 

La Corrupción no está en las Fosas sino en el Sistema.

La Corrupción de las Fosas de la memoria Histórica.

El Mito de los 100.000 represaliados.

 

Efectivamente, según las declaraciones de Francisco Echeverría, uno de los principales investigadores de las fosas:

¿Cuántas exhumaciones llevan realizadas, cuántas identificaciones? ¿Han elaborado un mapa de emplazamientos?  

“En España, hemos exhumado entre unos equipos y otros casi 400 fosas distintas en estos 16 años, recuperando más de 8.500 esqueletos.

Se dice que son ciento y pico  mil los desaparecidos. No llegaremos nunca a encontrar los restos de cien mil personas”.

8.500 esqueletos diseminados en toda España de los que no sabemos la cifra exacta que corresponde a represaliados sin juicio previo, matiz importante, del bando nacional (y más sabiendo que los republicanos fueron represaliados por su propio bando y que se han atribuido fosas de este tipo a los sublevados).

El Frente Popular asesinó casi al doble de esa cifra solo en la provincia de Madrid. Y lo hizo organizadamente y consentido por los responsables gubernamentales. Esta es la gran diferencia.

Sobre el “agradecimiento de los familiares” a la Memoria Histórica por unos sucesos ya conocidos ocurridos hace 81 años… (algunos no saben como justificar el pesebre… ).

 

La Corrupción de las Fosas Mentidas.

Lo único claro es que sin estas subvenciones políticas no habría fosas.

 

El Negocio de las Fosas Corruptas es una Industria de Cadáveres. (Datos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica).

 

La ARMH se marca como objetivo principal la localización de víctimas de la “represión durante la Guerra Civil Española” en la zona controlada por el bando nacional.

De ahí que la mayor parte de las subvenciones de la organización central vayan dirigidas a exhumaciones: 180.000 euros en 2006, 60.000 en 2007, 120.000 en 2008, 45.000 en 2009 y 57.900 en 2010.

Las diferentes secciones provinciales o comarcales de la ARMH han recibido cuantiosas sumas por parte del Ministerio de la Presidencia para poder llevar a cabo sus proyectos: la de Palencia recibió en 2006 59.685,26 euros por un “inventario de fosas”; la de Castilla y León, 40.000 euros en 2007 para instalar placas conmemorativas… En total, el Gobierno ha subvencionado 61 actividades de la ARMH entre 2006 y 2010.

¿DE DÓNDE HA SALIDO LA FINANCIACIÓN PÚBLICA QUE LA ARMH HA GESTIONADO?

El 10 de septiembre de 2004 bajo Real Decreto, se crea la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las llamadas “víctimas de la guerra civil y del franquismo”. La misma se dotaría de un presupuesto para abrir un proceso de concesión de subvenciones para diversas actividades relacionadas con la recuperación de la denominada “Memoria histórica”.

Las primeras subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las “víctimas de la guerra civil y del franquismo” fueron convocadas el 28 de enero de 2006. Así sucesivamente hasta el año 2011. El pago de las mismas se haría efectivo a comienzo del siguiente año. Los proyectos subvencionados tendrían un límite presupuestario, 45.000,00€ y 60.000,00€ según convocatoria.

AÑO CONVOCATORIA LÍMITE PROYECTOS POR ASOCIACIÓN PRESUPUESTO
2006 ORDEN PRE/99/2006 3 3.000.000,00 €
2007 ORDEN PRE/4007/2006 1 3.017.000,00 €
2008 ORDEN PRE/3542/2007 2 3.300.000,00 €
2009 ORDEN PRE/3536/2008 1 3.870.000,00 €
2010 ORDEN PRE/786/2010 1 5.681.000,00 €
2011 ORDEN PRE/809/2011 1 5.681.000,00 €
2012 NO CONVOCADAS 0 2.500.000,00 €

Durante estos años, la ARMH presentó el número máximo de proyectos que cada convocatoria permitía, en el siguiente cuadro veremos la cuantía y la denominación de los proyectos:

AÑO Nº PROYECTO DENOMINACIÓN CANTIDAD RECIBIDA PRESUPUESTO % DEL TOTAL
2006 26.1 Grupo 1 de Exhumaciones 60.000,00 € 3.000.000,00 € 2 %
2006 26.2 Grupo 2 de Exhumaciones 60.000,00 € 3.000.000,00 € 2 %
2006 26.3 Exhumaciones en la provincia de Burgos 60.000,00 € 3.000.000,00 € 2 %
2007 49.1 Investigación, exhumaciones varias localidades 60.000,00 € 3.017.000,00 € 1,9 %
2008 34.1 Exhumación en varias provincias 60.000,00 € 3.300.000,00 € 2 %
2008 34.2 Exhumación en varias provincias 60.000,00 € 3.300.000,00 € 2 %
2009 71.1 Exhumaciones en varias provincias 45.000,00 € 3.870.000,00 € 1,1 %
2010 111.1 Exhumaciones en diversas provincias 57.900,00 € 5.681.000,00 € 1 %
2011 67.1 Investigación y exhumación de 6 fosas comunes en varias provincias españolas 60.000,00 € 5.681.000,00 € 1 %
TOTAL 522.900,00 € 24.549.000,00€ 2,13 %

OTRAS ASOCIACIONES CON LAS QUE LA ARMH HA COLABORADO Y HA COMPARTIDO MEDIOS ECONÓMICOS PÚBLICOS

La ARMH ha compartido presupuesto y actividades comunes con otras Asociaciones o con otras Agrupaciones de Familiares que han optado a las ayudas destinadas actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo incluidas en las mismas convocatorias (2006-2011).

Dichas Asociaciones y Agrupaciones de Familiares de Víctimas del franquismo, con diferente NIF y diferente Junta Directiva que la ARMH, pero compartiendo los mismos fines fundacionales que según el artículo 4 de la ARMH son:

AÑO ASOC. Ó AAFF Nº DE PROYECC. DENOMINACIÓN CANTIDAD RECIBIDA % DEL PTO. TOTAL
2007 ARMH-CyL 48.1 Instalación de placas conmemorativas 40.000,00 € 1,33
2008 ARMH-CyL 33.1 Exhumación en varias Provincias 1 60.000,00 € 1,82
2008 ARMH-CyL 33.2 Exhumación en varias Provincias 2 60.000,00 € 1,82
2009 ARMH-CyL 70.1 Exhumaciones en las provincias de León,Burgos y Segovia 45.000,00 € 1,16
2010 ARMH-CyL 113.1 Exhumaciones en la Provincia de León 56.400,00 € 0,99
2010 AF4C 148.1 Exhumación e identificación de los Cuatro deColumbrianos 40.564,33 € 0,71
2011 ARMH-LEÓN 51.1 Investigación y exhumación de tres fosas en la provincia de León 60.000,00 € 1,06
2011 AF4C 61.1 Homenaje y mausoleo de los 4 de Columbrianos y otras  de la GC en León. 13.436,80 € 0,24
2011 AFVB 114.1 Excavación, exhumación arqueológicas e identificación en Boimorto en O Amenal y Ortoño (A Coruña) 41.537,05 € 0,73
TOTAL 416.938, 18€ 1,7 %

Foro por la Memoria

Esta organización nace “desde una perspectiva claramente vinculada a la izquierda” en noviembre de 2002. Pretende localizar, señalizar y excavar las fosas comunes y “devolver los restos mortales de los caídos a las familias que así lo deseen”. Presidida por José María Pedreño, la asociación se reparte por provincias de Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Madrid, o Asturias, y también tiene un área internacional –”Foro por la Memoria de Argentina”-.

Foro por la Memoria ha recibido 35 subvenciones por parte del Ministerio de la Presidencia entre 2006 y 2010, repartidas en todas sus facciones. Por ejemplo, Foro por la Memoria de Segovia recibió en 2010 34.944,50 euros para investigar en los archivos los “Trabajos forzados en los batallones de Trabajadores”, y Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, por la elaboración de documentales “para la recuperación de la memoria”, 28.000 euros en 2008.

Fundación Francisco Largo Caballero

Creada en 1978, entre sus fines se encuentra “la preservación de la memoria histórica de la UGT y del movimiento obrero”, el “reconocimiento y divulgación de los líderes” del mismo y “en especial de Largo Caballero”, y la cooperación con las universidades en la investigación histórica.

Desde 2006 hasta 2010, la Fundación Francisco Largo Caballero, vinculada a UGT, ha recibido una suma total de 345.610,75 euros, de los cuales, 221.540 euros han sido destinados al proyecto denominado “Archivo Oral del sindicalismo socialista”.

‘Las de Azaña’

La Asociación Manuel Azaña (AMA) fue fundada en 1993 en el ámbito de la Comunidad de Madrid y, tres años más tarde, pasó a tener carácter nacional. En su web, el texto de presentación reza que

“la AMA es una entidad independiente y se sostiene con las aportaciones de sus socios”.

Esto no es del todo así.

Así pues, la AMA recibió 40.000 euros en 2006 por la “Reconstrucción del archivo de antiguos militantes de Izquierda Republicana” o 30.000 en el mismo año por un monumento a fusilados en el Cementerio del este de Madrid.

Por su parte, la Asociación Manuel Azaña de León ha recibido subvenciones por parte del Ministerio de la Presidencia en seis ocasiones.

Asociaciones, sindicatos, universidades

De este tipo de subvenciones se han beneficiado todo tipo de asociaciones vinculadas a la ‘memoria histórica’, así como sindicatos y universidades.

Han recibido subvenciones la Fundación 1º de Mayo, la Fundación Pere Ardiaca, la Asociación La Gavilla Verde… También afloran las asociaciones del tipo “Familiares de Fusilados” –Marrupe, Palencia, Burgos o Murillo de Gallego-.

Pero también asociaciones vinculadas a sindicatos, como la ya antes citada Fundación Francisco Largo Caballero o la Fundación Progreso y Cultura, también vinculada a UGT.

Para este tipo de actividades, algunas universidades también se han visto beneficiadas con subvenciones, como la de Vigo, la del País Vasco, la de Oviedo y la de Burgos.

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El Gobierno del PP agotó las subvenciones. ¡Pero se continúa en las autonomías! y ello a pesar de su déficit presupuestario.

Las subvenciones que el Gobierno de Zapatero concedió a diversos colectivos (fundaciones, asociaciones, sindicatos, agrupaciones familiares, etcétera), en virtud de la aplicación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica, no han sido destinadas, en una gran parte, a la exhumación de fosas comunes, como era uno de sus principales objetivos. De los 13.787.000 euros de dinero entregado, tan solo 3.474.762, un 25,20 por ciento del total, se han invertido para la realización de estas exhumaciones, según el informe que ha realizado el senador del Partido Popular, Joan Huguet.

Los populares discreparon de los datos ofrecidos por el ministro, que elevaron a 19.476.000 euros las subvenciones concedidas entre 2006 y 2010. El PP entiende que el dinero solo se puede contabilizar desde el año 2008, ya que la Ley se aprobó en diciembre de 2007.

Entidades «sospechosas»

El informe de los populares detalla exhaustivamente el destino del dinero. Así, señalan que en el año 2008 el total de las subvenciones ascendió a 3.907.000 euros, de los que 883.000 se destinaron a exhumar fosas, mientras que el grueso del dinero, 3.024.000 se dedicó a otros proyectos «de dudosa finalidad», según Huguet.

En 2009, las subvenciones ascendieron a 3.966.000, de los que solo 1.295.000 fueron para las exhumaciones y el resto a «estudios, homenajes, recopilaciones, etcétera», subraya Huguet.

En 2010 el presupuesto destinado para subvenciones ha sido de 5.914.000 euros, de los que 1.296.762 han sido para exhumaciones y 4.617.000 para otros fines.

A la vista de estos datos, el senador popular denuncia que el dinero que está dando el Gobierno no «se está destinando a localizar y realizar exhumaciones de fallecidos antes, durante y después de la Guerra Civil».

Además, advierte que tienen la «sospecha» de que algunas de las asociaciones que se han visto beneficiadas con estas subvenciones «se han creado ex novo para este Ley».

El senador Huguet subraya que no se pueden computar como subvenciones dentro de la Ley de Memoria Histórica las que se concedieron con anterioridad a su aprobación y que esta circunstancia «demuestra que no era necesaria una Ley de Memoria Histórica, ya que se estaban llevando a cabo exhumaciones de fosas, que incluso ya se realizaron durante el Gobierno de Aznar».

El Gobierno afirmó que el importe total de las subvenciones ha sido de 19.475.985 euros, de los que 5.918.306 han sido para la exhumación de fosas, 2.654.640 para testimonios orales o escritos, 2.154.017 para archivos y censos y 1.731.997 para la realización de documentales, entre otras partidas. El total de entidades subvencionadas ha sido de 573, de las que 370 son asociaciones, 73 fundaciones, 53 agrupaciones familiares, 14 sindicatos y 13 universidades.

En 2011, los Presupuestos Generales del Estado dedicaron 6.253.850 euros a las víctimas de la dictadura franquista y la Guerra Civil.

En 2013, esa partida desapareció: el Estado no dedicará un solo euro a la reparación de la memoria de los represaliados (y se creen muy valientes después de las cantidades que han dilapidado).

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Subvenciones Autonómicas millonarias para los amiguetes de la izquierda. De las que sólo una pequeña parte se emplea en excavar las “Fosas de la Guerra Civil” que se encuentran mayoritariamente en los cementerios. Pocas de estas fosas contienen restos de represaliados, la mayoría son muertos en combate.

¿O sea que las Autonomías no forman parte del Estado?

 

¡SE LO LLEVAN MUERTO!

2016 Presidencia del Gobierno – Lehendakaritza: Ayudas para la realización de proyectos de recuperación de la memoria histórica 2016: 105.000 (euro)

Forma de pago:

1.- El abono de la subvención que se concede al amparo de la presente convocatoria, se efectuará del siguiente modo:

a) Un primer pago por importe equivalente al 75% de la subvención concedida, tras la aceptación expresa de ésta, o trascurrido el plazo de diez días desde la notificación de su concesión sin mediar renuncia expresa de la misma.

b) Un segundo pago, en 2017, por el importe resultante de la liquidación efectuada tras la justificación del empleo de la subvención concedida, ante la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, en los términos previstos en el artículo siguiente, del empleo de la subvención concedida.

La Junta de Andalucía no especifica el total en 2016 en internet, tan solo indica que la cuantía máxima que se concede es de 106.000 euros cada una ocultando cuidadosamente la cuantía total. La desverguenza no tiene límites en este caso al indicar que la concesión es para la Memoria Histórica “democrática”, o sea solo muertos “democráticos” anarquistas y comunistas prosoviéticos, pero con el dinero de todos incluso el de los demócratas de verdad.

La Generalitat Valenciana también intenta que no se vea por internet el total de 2017 aunque nos dice que cada proyecto puede disponer de 90.000€ cada uno.

Y así todas las demás…

Esto es solo la punta del Iceberg, una pequeña parte del pastel de huesos en un momento de crisis generalizada. Un negocio multimillonario. Dignos continuadores de los “Verdugos de la República” nos devuelven a la República de las alpargatas y las viviendas de alquiler.

¿Que hacen los españoles no marxistas que no salen a tomar las calles ante este latrocinio?

Franco Indultó a la mitad de los condenados por los Tribunales Militares.

Franco evitó la condena de Inocentes.

Mito y mitos de la Guerra Civil.

 

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Gran vía – Madrid, cambio de nombre bajo el gobierno de la II República.

 

La guerra civil española ha sido uno de los grandes mitos del siglo XX. Empleo aquí la palabra “mito” en un sentido negativo, en el sentido en que podría emplearla Paul Johnson cuando dice que esta guerra ha sido uno de los sucesos sobre los que más se ha mentido. A su vez, el mito general se compone de otros mitos parciales. Quizá los más difundidos hayan sido la batalla de Madrid, la matanza de Badajoz y el bombardeo de Guernica. Comentaré brevemente los tres, por su significación especial.

A los ojos de millones de personas, la batalla de Madrid en noviembre de 1936 se convirtió en una epopeya de las izquierdas y los demócratas, que habrían conseguido detener a los fascistas e infligirles una derrota decisiva por vez primera en Europa. Hasta Mao Tse-tung pide imitar el caso de la capital española en su libro Sobre la guerra prolongada. Según él, la revolución china necesitaba unos cuantos Madrid.

Hoy conocemos con bastante precisión lo ocurrido.

Las tropas de Franco fueron, efectivamente, detenidas ante la ciudad, pero tal hecho no puede considerarse una hazaña épica. Los atacantes eran muy pocos, en torno a 20.000, y sin apenas armamento pesado. Los defensores, mucho más numerosos, disfrutaban de ventaja táctica y estaban mejor armados, pues ya habían llegado los tanques, los aviones y la artillería soviéticos, de calidad superior a la de sus enemigos.

Llegaron asimismo las primeras brigadas internacionales, reclutadas por la Comintern, y asesores militares soviéticos de primera clase, como acreditarían luego en la II Guerra Mundial frente a los alemanes.

En tres ocasiones los defensores de Madrid intentaron valerse de su gran superioridad para envolver y destruir a las tropas atacantes, y en ninguna tuvieron éxito. Tampoco Franco logró tomar la ciudad, y el resultado final para él fue un fracaso, pero no una derrota, pues retuvo la iniciativa militar.

Decoración urbana del Frente Popular.

Decoración urbana durante la República.

El relativo éxito izquierdista de la batalla de Madrid se debió fundamentalmente a la intervención soviética, y tiene una profunda marca comunista en todos sus aspectos. Fueron las armas y lasbrigadas internacionales mandadas por Stalin las que dieron su mayor ventaja a las izquierdas y, sobre todo, las que elevaron su moral de lucha, pues sin una moral alta la superioridad material sirve de poco. Y fueron las nuevas unidades militares, exigidas por los stalinistas para sustituir a las irregulares columnas milicianas, las que contuvieron a las columnas de Franco, cuando ya el Gobierno había huido a Valencia. También la intensísima agitación y propaganda entre la población durante las tres semanas de la batalla tuvieron un carácter marcadamente soviético, y lo mismo el terror de retaguardia: se produjo, por ejemplo, la mayor matanza de prisioneros ocurrida en la guerra, la de Paracuellos del Jarama.

La izquierda disponía de milicias armadas y uniformadas

Muchos partidos y sindicatos disponían, mucho antes de la guerra, de milicias armadas y uniformadas (las de la foto con camisa roja) como el PSOE y otros muchos.

La creación del mito de la batalla de Madrid fue a su vez una obra maestra de la propaganda comunista, apoyada en todo el mundo por el aparato de la Comintern dirigido por Willi Münzenberg. Siguiendo la táctica de los frentes populares aprobada en el VII Congreso de la III Internacional, esa propaganda resaltaba el papel de los comunistas y de la URSS, pero no de forma abrumadora. Ante todo, atribuía al “pueblo madrileño”, a “la unidad de los antifascistas” o de “las fuerzas de la democracia y el progreso”, el mérito por la trascendental e histórica victoria.

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Mírala… La Puerta de Alcalá.

Varias consecuencias cruciales tuvo la batalla de Madrid.

En primer lugar, volvió mucho más masiva la intervención extranjera, ya que, a resultas de la intervención soviética, se creó la Legión Cóndor, y algún tiempo después vinieron las tropas italianas, aumentando el riesgo de conflagración europea.

En segundo lugar, la guerra se había hecho hasta entonces sólo con pequeñas columnas, unidades irregulares de unos miles de hombres, pero desde esa batalla se transformó en guerra regular, con movilización general y ejércitos de más de un millón de soldados en cada bando.

En tercer lugar, la contienda pudo haber terminado en unas pocas semanas, pero iba a prolongarse casi dos años y medio más. Ésta fue la consecuencia más trascendental. Vistas las cosas con esta perspectiva, no sé si hay para felicitarse mucho de aquella defensa de Madrid, no especialmente heroica, por lo demás.

Otra gran leyenda de la guerra fue la matanza de Badajoz por las tropas de Franco que acababan de conquistar la ciudad. Voy a detenerme un poco en ella porque, después de la publicación de mi libro Los mitos de la guerra civil, he podido comprobar cómo políticos e historiadores de izquierda, españoles y extranjeros, se aferran a ese mito con increíble tenacidad, lo tratan como artículo de fe y me acusan, sin ninguna prueba, de falsear los hechos.

Badajoz fue tomada el 14 de agosto de 1936 por fuerzas al mando del teniente coronel Yagüe. Y al día siguiente, según la versión más difundida de la leyenda, sintetizada por un periódico izquierdista de Madrid:

“Yagüe hizo concentrar en la Plaza de Toros a todos los prisioneros milicianos y a quienes, sin haber empuñado las armas, pasaban por gente de izquierda. Y organizó una fiesta. Y convidó a esa fiesta a los cavernícolas de la ciudad, cuyas vidas habían sido respetadas por el pueblo y la autoridad legítima. Ocuparon los tendidos caballeros respetables, piadosas damas, lindas señoritas, jovencitos de San Luis y San Estanislao de Kotska, afiliados a Falange y a Renovación, venerables eclesiásticos, virtuosos frailes y monjas de albas tocas y mirada humilde. Y entre tan brillante concurrencia fueron montadas algunas ametralladoras. Dada la señal –suponemos que mediante clarines— se abrieron los chiqueros y salieron a la arena, abrasada por el sol de agosto, los humanos rebaños de los liberales, los republicanos, socialistas, comunistas y sindicalistas de Badajoz. Confundíanse los viejos y los niños. También figuraban mujeres: jóvenes algunas, ancianas otras; gritaban, gemían, maldecían, increpaban, miraban con terror y odio hacia las gradas repletas de espectadores. ¿Qué iban a hacer con ellos? ¿Exhibirlos? ¿Contarlos? ¿Vejarlos? Pero pronto, al ver las máquinas de matar con los servidores al lado, comprendieron. Quisieron retroceder, penetrar nuevamente en los chiqueros. Pero fueron rechazados, a golpes de bayoneta y de gumía, por los legionarios y los cabileños que estaban a su espalda. Y se apelotonaron, lívidos, espantados, esperando la muerte. Yagüe estaba en el palco, acompañado de su segundón, Castejón. Le rodeaban, obsequiosos y rendidos, terratenientes, presidentes de cofradías, religiosos, canónigos, señoras, damiselas vestidas con provinciana elegancia. Levantó un brazo y sacó un pañuelo. Y las ametralladoras comenzaron a disparar”.

Ésta es, básicamente, la leyenda de la matanza de Badajoz, adornada a menudo con detalles como el toreo de los presos y otras torturas. Habrían muerto en aquella “fiesta” entre 1.200 y 5.000 presos, según autores.

De genocidio nada.

El Falso genocidio fue ampliamente difundido por la prensa de la Transición.

La exposición vista, que tanto ha circulado, tiene de entrada un error considerable: los chiqueros son corrales estrechos en los que se retiene a los toros antes de sacarlos al ruedo. En una plaza de segunda categoría, como la de Badajoz, no debía de haber más de cuatro chiqueros, y en ellos cabrían, muy apiñados, no más de un centenar de personas. Pero los lectores suelen pasar por alto estos fallos cuando la prosa empleada logra crear una fuerte emocionalidad. Leer tales relatos, expresados en tono solemne y seguro, moviliza nuestros sentimientos de justicia ultrajada a favor de las víctimas y contra los presuntos verdugos.

La izquierda repite cien veces la misma mentira hasta que sea una verdad incuestionable para sus seguidores.

El origen del mito de la corrida de toros debió ser el Bando de Yagüe pegado sobre un cartel de una corrida celebrada el día 5 de junio.

Hoy sabemos –y sin duda lo sabían entonces los creadores del mito- que no hubo tal “fiesta” en la plaza de toros, el 15 de agosto ni el día siguiente, y seguramente ninguno.

El día 15 el periodista portugués de izquierdas Mario Neves escribe en sus crónicas para el periódico lisboeta O Seculo:

“Nos dirigimos enseguida a la plaza de toros, donde se concentran los camiones de las milicias populares. Muchos de ellos están destruidos. Al lado se ve un carro blindado con la inscripción ‘Frente Popular’. Este lugar ha sido bombardeado varias veces. Sobre la arena aún se ven algunos cadáveres. Todavía hay, aquí y allá, algunas bombas sin estallar, lo que hace difícil y peligrosa una visita más pormenorizada”.

En esas condiciones, el espectáculo descrito por la leyenda es imposible. Pero corrió el rumor, en la muy próxima frontera portuguesa, de que en la plaza fusilaban gente, y Neves volvió el día 16. Allí vio

“algunas decenas de prisioneros que aguardan su destino. Pero la plaza no tiene un aspecto diferente del que observamos ayer, lo que nos lleva a suponer que el rumor es infundado. Los mismos automóviles destruidos y los mismos cadáveres, que ayer tanto me impresionaron y que aún no han sido retirados”.

La creación del mito no se debe en este caso a los comunistas, aunque éstos lo aprovecharían muy a fondo. Su principal autor fue un periodista useño, llamado Jay Allen, muy ligado a la propaganda del Frente Popular, a quien nunca habían impresionado las matanzas de derechistas (o sencillamente católicos) ocurridas en Madrid.

Allen fue a Badajoz (o dice que fue) al día siguiente de una masacre perpetrada por las izquierdas en la Cárcel Modelo madrileña, el 22 de agosto. Esta matanza causó fuerte impresión fuera de España, pues entre las víctimas se contaban intelectuales y ministros republicanos de tendencia centrista.

Allen informó al diario Chicago Tribune de una “carnicería de 4.000 personas en Badajoz”, de fusilamientos acompañados de banda de música y de la arena de la plaza de toros empapada de sangre en más de un palmo de profundidad. Desde luego no pudo ver nada de lo que cuenta, pues habría llegado una semana más tarde, pero, sorprendentemente, asegura que le informaron las propias autoridades responsables de los crímenes.

Esto suena muy improbable. A decir verdad, cabe dudar de que Allen haya estado a Badajoz.

Un mes antes había publicado una entrevista con Franco, expresándose en tonos insultantes hacia el general, y no parece fácil que después de ello se atreviera a volver al territorio franquista. Y menos aún que los jefes franquistas le hicieran confidencias tan perjudiciales para ellos mismos, o le dieran las facilidades de movimiento que asegura haber tenido. Al parecer, aquellas autoridades deseaban confirmar al mundo, y ampliar, lo que decía de ellas la propaganda enemiga. El testimonio de Allen, por indirecto, e improbable en cuanto a las fuentes, resulta por lo menos dudoso, pero de él han derivado las versiones posteriores, más o menos enriquecidas por la fantasía de cada comentarista.

Se me ha acusado de negar que hubiera alguna matanza en Badajoz. La acusación es tan falsa como el espectáculo de la plaza de toros. Como he señalado, muchos presos fueron fusilados en esa ciudad entre agosto y noviembre (lo normal en aplicación de la legislación militar, aunque no sucedió en la plaza de toros sino en otros lugares. Además se produjeron venganzas civiles tras la marcha de las tropas), igual que en otras muchas poblaciones de los dos bandos. El número total lo ha estudiado el historiador de derechas Martín Rubio, a partir de los registros, estimándolo en medio millar. Autores de izquierda ecuánimes, como el profesor Sánchez Marroyo, elevan la cifra al triple, suponiendo deficiencias en las inscripciones registrales, aunque no aclara bien cómo obtiene el número. Otros autores, más adictos a la propaganda que a la veracidad, suben las cifras a 5.000 y hasta a 9.000.

Cabe concluir, pues, con casi total seguridad, que no tuvo lugar el famoso espectáculo de la plaza de toros que ha dado lugar al gran mito de Badajoz. Sí hubo numerosos fusilamientos de presos o de personas de izquierdas en los meses siguientes, un hecho por desgracia repetido en otras ciudades. Pero el mito necesitaba mucho más, pues quería retratar la inmensa maldad de los llamados fascistas y encubrir los crímenes realizados por las izquierdas, que en comparación parecerían menores y justificados.

En fin, la leyenda no dejaba de ser un acicate para asesinar a las derechas y a los católicos, pues ¿qué otra cosa merecerían semejantes sádicos? En tal sentido la siguen utilizando diversos políticos, historiadores y periodistas que, con ayudas económicas oficiales, se dedican en España a la dudosa tarea de desenterrar las mentiras y los rencores del pasado so pretexto de recuperar, dicen, “la memoria histórica”.